Los blogs son la expresión más reciente de la libertad de expresión. Si bien nacieron en Estados Unidos, como un medio para expresar emociones personales –y en gran medida lo siguen siendo-, en nuestro país hay un gran variedad de ellos que surgen como respuesta a la necesidad de expresar lo que los mass media no se atreven.
Un ejemplo de ello es lo que –simbólicamente- ocurrió el día en que el Presidente García comunicó al mundo que tenía seis hijos y no cinco como pensábamos todos los peruanos. Los guantes de seda que se pusieron los medios planos para tratar el tema originó que los lectores usaran medios alternativos para conocer a fondo el asunto.
Los blogs, en este sentido, se convirtieron en referente para un grupo numeroso de gente que buscaba información adecuada y un nivel de crítica que revelara –en este caso, al inquilino de Palacio- que no podía mentir tan alegremente, sin que por lo menos le llamáramos la atención.
Los blogs airean la prensa monocorde, paralizada por el poder de turno. Es el caso de pepitaspuntocom, atacada injustamente el domingo en un artículo de la prensa plana. No se puede comparar lo que hizo el mafioso Faisal y su inmundicia contra la prensa opositora con la frescura y atrevimiento de pepitaspuntocom.
El proyecto Faisal era alimentado por el Servicio de Inteligencia Nacional del delincuente Vladimiro Montesinos como parte de un plan de sometimiento de los medios de comunicación. Pepitas nace para responder, desde la tribuna ciudadana y democrática, en un contexto de parálisis y falta de reflejos de la prensa nacional.
Faisal era un proyecto concebido desde del Estado represor; Pepitas se crea desde la sociedad civil. Uno representa la libertad de prensa coaccionada; el otro es libertad de expresión ciudadana.
Desde aquí hacemos un llamado a los cibernautas para cuidar este espacio ancho y libre, y no permitir que ni hoy ni mañana se ciernan amenazas sobre blogs anónimos, sí, pero responsables. El ciberespacio es libre. Las ideas también.
29 enero, 2007
Balance: 180 días de Show Politic
Desde la primera semana en que el Gobierno permitió el ingreso de cámaras de televisión a los ambientes de Palacio para mostrar “las oficinas de Eliane Karp” se definió la principal característica del segundo debut de García en el poder: el show politic.
No es un arma nueva en política. Es la vieja propaganda difundida a través de nuevas herramientas. Es la política en la era mediática o la mediatización de la política o, para decirlo en palabras de Giovanni Sartori, la expresión política en la era del homo videns.
García ha avanzado en esta segunda etapa de la palabra hablada –homo sapiens- al culto de la imagen –homo videns- convirtiendo la política en un ejercicio emotivo, menos racional, provocado por el uso de imágenes y gestos que tienen a los medios de comunicación como protagonistas.
Estamos en el gobierno no de la real politic, sino del show politic, donde la imagen prevalece a la obra. Antes de qué hacer, primero es qué decir. Los reporteros ingresan al Consejo de Ministros no para ser testigos del debate de la agenda pública, sino para testimoniar al Presidente en acción, ridiculizando a sus ministros; verlo mandar, imponiendo autoridad.
El otro componente que aparece nítido en estos primeros seis meses de gestión es el voluntarismo y la emotividad presidencial. El Presidente luce como un ser que lucha contra sí mismo y contra las sombras del pasado. Sabe que necesita reivindicarse ante la Historia y pretende demostrarnos que es austero, disciplinado, trabajador y que cumple lo que dice. Pero lo traiciona su sobreactuación.
Su obstinación por ampliar la pena de muerte, su actitud persecutoria contra el ex Presidente Toledo, su intemperancia ante críticas de la prensa, su agitación constante de la masa, sus permanentes impromptus; todo ello, lo devuelve peligrosamente, a su propio pasado.
El cóctel que forman estos ingredientes se complica cuando se busca dividir a la opinión pública con propuestas populistas y se arrincona a instituciones democráticamente elegidas, como ocurrió con el Congreso en el caso de la pena de muerte, y con los gobiernos regionales, en el caso del nimio gasto público ejecutado y la posterior absorción del CND.
La democracia peligra cuando transforma al líder en caudillo. No hay peor alimento para el autócrata de espíritu que la masa insuflada por poses populistas. El ego ciego y henchido, con seguridad llevará al líder a confundir orden con autoritarismo, elocuencia con sentencia, intuición con certeza transformando al hombre en profeta. Más aún si hay una cámara de televisión de por medio.
Pan y circo recomendaron los romanos. No ha cambiado mucho el arte de la política. Economía y show mediático es la fórmula actual de los primeros seis meses del gobierno aprista. Pan y Medios en otras palabras.
No es un arma nueva en política. Es la vieja propaganda difundida a través de nuevas herramientas. Es la política en la era mediática o la mediatización de la política o, para decirlo en palabras de Giovanni Sartori, la expresión política en la era del homo videns.
García ha avanzado en esta segunda etapa de la palabra hablada –homo sapiens- al culto de la imagen –homo videns- convirtiendo la política en un ejercicio emotivo, menos racional, provocado por el uso de imágenes y gestos que tienen a los medios de comunicación como protagonistas.
Estamos en el gobierno no de la real politic, sino del show politic, donde la imagen prevalece a la obra. Antes de qué hacer, primero es qué decir. Los reporteros ingresan al Consejo de Ministros no para ser testigos del debate de la agenda pública, sino para testimoniar al Presidente en acción, ridiculizando a sus ministros; verlo mandar, imponiendo autoridad.
El otro componente que aparece nítido en estos primeros seis meses de gestión es el voluntarismo y la emotividad presidencial. El Presidente luce como un ser que lucha contra sí mismo y contra las sombras del pasado. Sabe que necesita reivindicarse ante la Historia y pretende demostrarnos que es austero, disciplinado, trabajador y que cumple lo que dice. Pero lo traiciona su sobreactuación.
Su obstinación por ampliar la pena de muerte, su actitud persecutoria contra el ex Presidente Toledo, su intemperancia ante críticas de la prensa, su agitación constante de la masa, sus permanentes impromptus; todo ello, lo devuelve peligrosamente, a su propio pasado.
El cóctel que forman estos ingredientes se complica cuando se busca dividir a la opinión pública con propuestas populistas y se arrincona a instituciones democráticamente elegidas, como ocurrió con el Congreso en el caso de la pena de muerte, y con los gobiernos regionales, en el caso del nimio gasto público ejecutado y la posterior absorción del CND.
La democracia peligra cuando transforma al líder en caudillo. No hay peor alimento para el autócrata de espíritu que la masa insuflada por poses populistas. El ego ciego y henchido, con seguridad llevará al líder a confundir orden con autoritarismo, elocuencia con sentencia, intuición con certeza transformando al hombre en profeta. Más aún si hay una cámara de televisión de por medio.
Pan y circo recomendaron los romanos. No ha cambiado mucho el arte de la política. Economía y show mediático es la fórmula actual de los primeros seis meses del gobierno aprista. Pan y Medios en otras palabras.
27 enero, 2007
Allanarse no es alanarse
El debate en torno al fallo de la CIDH ha introducido en el lenguaje político una palabra que ha sido distorsionada en su definición original: allanarse.
Esgrimida por el oficialismo suena a “echarse”, “rebajarse”, “condenarse”, en lugar de su acepción jurídica más simple que es “aceptar” o “reconocer”, “convenir”.
En los hechos del Caso Castro Castro el Estado peruano se allanó parcialmente, es decir, reconoció el asesinato extrajudicial de un grupo de internos rendidos.
El allanamiento es un recurso usado por los gobiernos democráticos para tropelías cometidas, por lo general, por gobiernos autoritarios.
En América Latina, en las últimas dos décadas, se han producido 21 allanamientos por casos de violaciones de derechos humanos.
Existen tres tipos de allanamiento: 1) De Hecho, cuando se acepta el suceso, 2) De Derecho, cuando se precisan los artículos vulnerados de la Convención Americana y 3) De Reparaciones, en base al principio universal de que toda responsabilidad del Estado que produce daño genera reparación.
En el caso Castro Castro, el Estado peruano se allanó de Hecho, pero no de Derecho ni en las Reparaciones. Por eso se dice que se “allanó parcialmente”.
El congresista del Apra, Javier Velásquez Quesquén –autor de la acusación constitucional contra el ex Presidente Alejandro Toledo por este caso-, no entiende esta precisión de la palabra allanamiento.
Él cree que allanarse es “echarse”. Confunde allanar con su definición gramatical de “aplanar”, “alisar”, “rebajar”. Por eso afirma en su denuncia que el Presidente Toledo “no defendió como debía los intereses del Estado” y que se apresuró al allanarse “al no haber agotado la jurisdicción interna”.
El recurso de excepción de la jurisdicción interna corresponde a la primera fase del proceso, en la Comisión de Derechos Humanos, antes que la denuncia pase al órgano jurisdiccional. Esa fase se agotó durante el régimen de Fujimori.
De modo que si hay un responsable de no haber utilizado el recurso de excepción de no agotamiento de la jurisdicción interna es el socio de Velásquez Quesquén, Alberto Kenya Fujimori Fujimori.
La denuncia contra Toledo no es jurídica ni constitucional; es eminentemente política. Se trata de liquidar a quien se considera enemigo del régimen de turno. No importa que en el caso Castro Castro se haya actuado como corresponde a un Estado democrático, que protege los derechos humanos y acata responsablemente las sentencias de los órganos supranacionales.
Velásquez Quesquén, Aurelio Pastor y Nidia Vílchez deben dejar de buscar chivos expiatorios que sirvan de pretexto para salir de la jurisdicción interamericana, ampliar la pena de muerte en el país y librarse de las sombras del pasado que acosan desde las tumbas y las fosas comunes. Lo que estos parlamentarios apristas deben diferenciar y recordar es que “allanarse” no es “alanarse”.
Esgrimida por el oficialismo suena a “echarse”, “rebajarse”, “condenarse”, en lugar de su acepción jurídica más simple que es “aceptar” o “reconocer”, “convenir”.
En los hechos del Caso Castro Castro el Estado peruano se allanó parcialmente, es decir, reconoció el asesinato extrajudicial de un grupo de internos rendidos.
El allanamiento es un recurso usado por los gobiernos democráticos para tropelías cometidas, por lo general, por gobiernos autoritarios.
En América Latina, en las últimas dos décadas, se han producido 21 allanamientos por casos de violaciones de derechos humanos.
Existen tres tipos de allanamiento: 1) De Hecho, cuando se acepta el suceso, 2) De Derecho, cuando se precisan los artículos vulnerados de la Convención Americana y 3) De Reparaciones, en base al principio universal de que toda responsabilidad del Estado que produce daño genera reparación.
En el caso Castro Castro, el Estado peruano se allanó de Hecho, pero no de Derecho ni en las Reparaciones. Por eso se dice que se “allanó parcialmente”.
El congresista del Apra, Javier Velásquez Quesquén –autor de la acusación constitucional contra el ex Presidente Alejandro Toledo por este caso-, no entiende esta precisión de la palabra allanamiento.
Él cree que allanarse es “echarse”. Confunde allanar con su definición gramatical de “aplanar”, “alisar”, “rebajar”. Por eso afirma en su denuncia que el Presidente Toledo “no defendió como debía los intereses del Estado” y que se apresuró al allanarse “al no haber agotado la jurisdicción interna”.
El recurso de excepción de la jurisdicción interna corresponde a la primera fase del proceso, en la Comisión de Derechos Humanos, antes que la denuncia pase al órgano jurisdiccional. Esa fase se agotó durante el régimen de Fujimori.
De modo que si hay un responsable de no haber utilizado el recurso de excepción de no agotamiento de la jurisdicción interna es el socio de Velásquez Quesquén, Alberto Kenya Fujimori Fujimori.
La denuncia contra Toledo no es jurídica ni constitucional; es eminentemente política. Se trata de liquidar a quien se considera enemigo del régimen de turno. No importa que en el caso Castro Castro se haya actuado como corresponde a un Estado democrático, que protege los derechos humanos y acata responsablemente las sentencias de los órganos supranacionales.
Velásquez Quesquén, Aurelio Pastor y Nidia Vílchez deben dejar de buscar chivos expiatorios que sirvan de pretexto para salir de la jurisdicción interamericana, ampliar la pena de muerte en el país y librarse de las sombras del pasado que acosan desde las tumbas y las fosas comunes. Lo que estos parlamentarios apristas deben diferenciar y recordar es que “allanarse” no es “alanarse”.
24 enero, 2007
Fallo CIDH: explicación ausente II
El 25 de noviembre de 2006 la CIDH dictó sentencia respecto al denominado caso Castro Castro, luego que el Estado peruano reconociera el asesinato extra judicial de 41 presos integrantes de Sendero Luminoso en mayo de 1992. El contenido de este fallo se conoce de manera parcial y tergiversada, en especial, el capítulo concerniente a las reparaciones individuales que la CIDH recomienda para los deudos de las víctimas (Ver Politikha, 4 de enero de 2007).
Lo que pocos conocen es que tres días después, el 28 de noviembre de 2006, la Corte Interamericana se pronunció sobre el Caso La Cantuta. En este fallo, la CIDH establece que los asesinatos, desapariciones y torturas que la Corte Suprema de Justicia del Perú imputa al Grupo Colina y al ex Presidente Alberto Fujimori son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar impunes y que no prescriben jamás.
Esta explicación sigue ausente de parte de los voceros del Gobierno. Ni el canciller García Belaúnde, ni la Ministra de Justicia, María Zavala, ni el Presidente de la República se han referido al caso, o han dado cuenta a la Nación sobre el contenido de este fallo que sería decisivo el en proceso de extradición que se sigue en Chile a Fujimori.
El Gobierno no sólo oculta la sentencia del crimen de La Cantuta, sino que manipula la sentencia Castro Castro. Ese es el quid del asunto. Usando a la prensa corifea hace escarnio sobre las reparaciones civiles y el homenaje a los asesinados (lo que, en efecto, puede ser discutible), pero no se refiere al reconocimiento que hace el Estado de que un grupo de internos fue asesinado cuando ya se habían rendido.
El primer deber de un Estado es proteger la vida de sus ciudadanos, aún cuando éstos hayan decidido sublevarse en armas contra el Estado. La vida se respeta hasta en combate. Por eso el reconocer que hubo asesinato en Castro Castro no es una falla del Estado ni sus representantes. Es el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales para que los ciudadanos no vean violados sus derechos con impunidad.
Sancionar a los responsables de la muerte de internos rendidos es proteger –mañana más tarde- el derecho a la vida que tenemos todos los peruanos. Lo dice el artículo primero de la Constitución: el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana.
Tampoco se ha dicho toda la verdad respecto a “los fallos procesales” en que habría incurrido el pasado Gobierno en este tema. Se quiere incluso acusar constitucionalmente al Presidente de la República “por no haber defendido correctamente los intereses del Estado” e inhabilitarlo políticamente.
La denuncia de la matanza de Caso Castro Castro se presentó el 18 de mayo de 1992. El 12 de junio de ese mismo año, la Comisión abrió el caso y transmitió la denuncia al Gobierno del Ex Presidente Fujimori. Le dio un plazo para responder de 90 días. Dentro de este plazo, se debió presentar el recurso de no agotamiento de la jurisdicción interna, pero no se hizo. El 11 de setiembre de 1992, Fujimori envió respuesta, negando los hechos.
La Comisión recibió entonces una nueva denuncia. Fujimori tenía nuevamente 90 días para responder, pero no lo hizo. Simplemente, no respondió. La Comisión acumuló los dos casos y el 5 de marzo de 2001 (nueve años después) aprobó su informe de admisibilidad del caso.
En dicho informe, la Comisión señala: "El Estado, por su parte, no ha efectuado excepción alguna relacionada con el requisito de agotamiento de los recursos de jurisdicción interna”. En este punto la Corte Interamericana ha señalado que “la excepción de no agotamiento de los recursos internos para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual podrá presumirse la renuncia tácita a valerse de los mismos”.
Es decir, que en base al procedimiento no esgrimido por Fujimori en la fase inicial del proceso, la Comisión admitió el caso y dio por agotados los recursos de la jurisdicción interna, por renuncia tácita del Estado representado… por Fujimori. Es por esta falla del procedimiento de defensa legal del Estado que ahora se le quiere acusar constitucionalmente al Presidente Alejandro Toledo.
Esta es la explicación que se le reclama al Presidente García. No hacerlo sería faltar a sus deberes de función, entre ellos, el inciso 9 del Art. 118 de la Constitución: cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Pero, sobre todo, sería faltar a la verdad.
Lo que pocos conocen es que tres días después, el 28 de noviembre de 2006, la Corte Interamericana se pronunció sobre el Caso La Cantuta. En este fallo, la CIDH establece que los asesinatos, desapariciones y torturas que la Corte Suprema de Justicia del Perú imputa al Grupo Colina y al ex Presidente Alberto Fujimori son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar impunes y que no prescriben jamás.
Esta explicación sigue ausente de parte de los voceros del Gobierno. Ni el canciller García Belaúnde, ni la Ministra de Justicia, María Zavala, ni el Presidente de la República se han referido al caso, o han dado cuenta a la Nación sobre el contenido de este fallo que sería decisivo el en proceso de extradición que se sigue en Chile a Fujimori.
El Gobierno no sólo oculta la sentencia del crimen de La Cantuta, sino que manipula la sentencia Castro Castro. Ese es el quid del asunto. Usando a la prensa corifea hace escarnio sobre las reparaciones civiles y el homenaje a los asesinados (lo que, en efecto, puede ser discutible), pero no se refiere al reconocimiento que hace el Estado de que un grupo de internos fue asesinado cuando ya se habían rendido.
El primer deber de un Estado es proteger la vida de sus ciudadanos, aún cuando éstos hayan decidido sublevarse en armas contra el Estado. La vida se respeta hasta en combate. Por eso el reconocer que hubo asesinato en Castro Castro no es una falla del Estado ni sus representantes. Es el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales para que los ciudadanos no vean violados sus derechos con impunidad.
Sancionar a los responsables de la muerte de internos rendidos es proteger –mañana más tarde- el derecho a la vida que tenemos todos los peruanos. Lo dice el artículo primero de la Constitución: el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana.
Tampoco se ha dicho toda la verdad respecto a “los fallos procesales” en que habría incurrido el pasado Gobierno en este tema. Se quiere incluso acusar constitucionalmente al Presidente de la República “por no haber defendido correctamente los intereses del Estado” e inhabilitarlo políticamente.
La denuncia de la matanza de Caso Castro Castro se presentó el 18 de mayo de 1992. El 12 de junio de ese mismo año, la Comisión abrió el caso y transmitió la denuncia al Gobierno del Ex Presidente Fujimori. Le dio un plazo para responder de 90 días. Dentro de este plazo, se debió presentar el recurso de no agotamiento de la jurisdicción interna, pero no se hizo. El 11 de setiembre de 1992, Fujimori envió respuesta, negando los hechos.
La Comisión recibió entonces una nueva denuncia. Fujimori tenía nuevamente 90 días para responder, pero no lo hizo. Simplemente, no respondió. La Comisión acumuló los dos casos y el 5 de marzo de 2001 (nueve años después) aprobó su informe de admisibilidad del caso.
En dicho informe, la Comisión señala: "El Estado, por su parte, no ha efectuado excepción alguna relacionada con el requisito de agotamiento de los recursos de jurisdicción interna”. En este punto la Corte Interamericana ha señalado que “la excepción de no agotamiento de los recursos internos para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual podrá presumirse la renuncia tácita a valerse de los mismos”.
Es decir, que en base al procedimiento no esgrimido por Fujimori en la fase inicial del proceso, la Comisión admitió el caso y dio por agotados los recursos de la jurisdicción interna, por renuncia tácita del Estado representado… por Fujimori. Es por esta falla del procedimiento de defensa legal del Estado que ahora se le quiere acusar constitucionalmente al Presidente Alejandro Toledo.
Esta es la explicación que se le reclama al Presidente García. No hacerlo sería faltar a sus deberes de función, entre ellos, el inciso 9 del Art. 118 de la Constitución: cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Pero, sobre todo, sería faltar a la verdad.
21 enero, 2007
La Portátil de la Muerte
Si existiera una auténtica oposición -inteligente, ágil, articulada-, la “Portátil de la Muerte ” que se concentró en Palacio de Gobierno debiera merecer la investigación del Congreso por mal uso de recursos estatales.
Lo que se vio el viernes por la tarde en el patio principal de Palacio fue un escándalo. Señoras pobres, empleadas temporalmente en el programa estatal “A Trabajar Urbano”, fueron llevadas en masa con la promesa de que les renovarían su contrato laboral un mes más. El noticiero de Canal 4 tiene el testimonio grabado.
Una delegación del alcalde de Bellavista, Callao, del Movimiento “Chim Pum Callao”, de Alexander Kouri Boumachar, también se hizo presente no sólo con banderolas, sino con ómnibus contratados por el municipio.
La congresista del Apra, Nidia Vílchez, de Huancayo –convertida en la portavoz del Presidente García en su lucha personal por la extensión de la necrofilia legal– también movilizó un grupo de gente desde su terruño.
El alcalde aprista de Breña, se sumó igualmente a la “movilización espontánea” convocada desde hace una semana a través de comunicados pagados por la Afavit y por un autodenominado Comité de Defensa de Nuevo Chimbote, que no es otro que un grupo de apristas promovidos por el alcalde de ese distrito.
La marcha unió a fujimoristas, apristas y kouristas adiestrados por el vicepresidente Giampietri, encargado de organizar el trabajo psicológico a través de los mensajes uniformes de las banderolas.
Sobre un reclamo auténtico de justicia, producto del dolor de familiares que perdieron a sus hijos y esposos a manos de un sanguinario grupo genocida, se montó un aparato portátil que pidió el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la aplicación de la pena de muerte para terroristas y violadores de menores de edad.
El presidente Alan García coronó esta luctuosa marcha exacerbando los ánimos de la población, distanciándola de los congresistas y confrontándolas con ellos. En el colmo de su paroxismo, se colgó en el pecho la foto de dos víctimas de la violencia terrorista.
Habló de la justicia de Dios y del sufrimiento de Cristo y dijo que el hijo de Dios redimirá su sufrimiento cuando se castigue con la máxima sanción a los culpables, tal como el pueblo exige. Demagogia pura salida de las catacumbas políticas.
Nada, pues, calma al Príncipe. Enceguecido por la pasión, suelta ahora a las masas para que arremetan en las calles a su clase dirigente. Ya no le importa, ni cuida, los detalles. Usa el aparato del Estado para sus fines.
Los clarines de la parca empiezan a sonar.
La Portátil de la Muerte –el título le corresponde a Rosa María Palacios– está en marcha. Entre los gritos de ¡muerte a los terroristas! y ¡No a la corte interamericana!, también se oyen los herrumbrosos quejidos de cadenas oxidadas… arrastrándose.
Lo que se vio el viernes por la tarde en el patio principal de Palacio fue un escándalo. Señoras pobres, empleadas temporalmente en el programa estatal “A Trabajar Urbano”, fueron llevadas en masa con la promesa de que les renovarían su contrato laboral un mes más. El noticiero de Canal 4 tiene el testimonio grabado.
Una delegación del alcalde de Bellavista, Callao, del Movimiento “Chim Pum Callao”, de Alexander Kouri Boumachar, también se hizo presente no sólo con banderolas, sino con ómnibus contratados por el municipio.
La congresista del Apra, Nidia Vílchez, de Huancayo –convertida en la portavoz del Presidente García en su lucha personal por la extensión de la necrofilia legal– también movilizó un grupo de gente desde su terruño.
El alcalde aprista de Breña, se sumó igualmente a la “movilización espontánea” convocada desde hace una semana a través de comunicados pagados por la Afavit y por un autodenominado Comité de Defensa de Nuevo Chimbote, que no es otro que un grupo de apristas promovidos por el alcalde de ese distrito.
La marcha unió a fujimoristas, apristas y kouristas adiestrados por el vicepresidente Giampietri, encargado de organizar el trabajo psicológico a través de los mensajes uniformes de las banderolas.
Sobre un reclamo auténtico de justicia, producto del dolor de familiares que perdieron a sus hijos y esposos a manos de un sanguinario grupo genocida, se montó un aparato portátil que pidió el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la aplicación de la pena de muerte para terroristas y violadores de menores de edad.
El presidente Alan García coronó esta luctuosa marcha exacerbando los ánimos de la población, distanciándola de los congresistas y confrontándolas con ellos. En el colmo de su paroxismo, se colgó en el pecho la foto de dos víctimas de la violencia terrorista.
Habló de la justicia de Dios y del sufrimiento de Cristo y dijo que el hijo de Dios redimirá su sufrimiento cuando se castigue con la máxima sanción a los culpables, tal como el pueblo exige. Demagogia pura salida de las catacumbas políticas.
Nada, pues, calma al Príncipe. Enceguecido por la pasión, suelta ahora a las masas para que arremetan en las calles a su clase dirigente. Ya no le importa, ni cuida, los detalles. Usa el aparato del Estado para sus fines.
Los clarines de la parca empiezan a sonar.
La Portátil de la Muerte –el título le corresponde a Rosa María Palacios– está en marcha. Entre los gritos de ¡muerte a los terroristas! y ¡No a la corte interamericana!, también se oyen los herrumbrosos quejidos de cadenas oxidadas… arrastrándose.
19 enero, 2007
García y la Lucha de Masas
No es correcto pensar que el Gobierno haya decidido archivar su proyecto de extender la pena de muerte. Hay apenas un replanteó táctico. Los ministros ahora callan, pero quienes hablarán en adelante serán las calles. Es el turno de las masas.
El Presidente García es un fiel seguidor de este tipo de lucha política: sacar a combatir a las masas y decidir el curso de la confrontación en actos masivos. Debe recordarse lo que le dijo a la periodista María Teresa Braschi en la ya célebre entrevista que ofreció al Canal 2 en su departamento de Bogotá, poco antes de su retorno al país.
En esa oportunidad, al referirse al papel de la oposición en su lucha contra el régimen de facto de Fujimori, García reveló que había privilegiado “la lucha parlamentaria”, en lugar de la lucha de las masas, en las calles.
“Si yo fuera el alcalde de Villa El Salvador, Martín Pumar, estaría encabezando marchas continuas a Palacio de Gobierno a la cabeza de reivindicaciones sociales, más agua, más energía eléctrica, más titulación; no haría una oposición sólo en el Congreso”, dijo en esa oportunidad García.
La lucha de masas es una categoría marxista utilizada para explicar la lucha de clases movilizadas en pos del poder. Es, en el fondo, una forma de lucha política expresada en movilizaciones sociales que tienen como función principal la agitación y la propaganda.
El APRA y las diversas variantes de la izquierda en nuestro país han usado este método de lucha desde sus inicios. El Presidente García sólo ha decidido ponerlo en práctica para ganar terreno en la definición por ampliar la pena de muerte para terroristas y violadores de menores de edad.
La primera señal en este terreno es la marcha que hoy hará a Palacio de Gobierno la Asociación de Familiares de Víctima del Terrorismo (Afavit) para apoyar el referéndum pro pena de muerte para terroristas. Los marchantes acudirán también al Palacio de Justicia y luego al monumento El Ojo que Llora donde exigirán el retiro de los nombres de los subversivos.
Según la agencia oficial Andina, “la marcha de la Afavit también expresará su rechazo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena al Estado el pago de indemnizaciones a los familiares de los terroristas muertos en el penal Castro Castro en 1992, además de exigir un reconocimiento público”.
"Es una injusticia que aquellos que destruyeron familias enteras y dejaron miles de huérfanos, sean indemnizados. Todos los que hemos sufrido por el terrorismo debemos movilizarnos para expresar nuestro rechazo al terror y al injusto fallo de la Corte Interamericana", ha declarado Mercedes Carrasco, presidenta de Afavit.
García ha decidido colocar parlantes a las víctimas y a través de ellas enfrentar la resistencia que encuentra en el Congreso, hurgando en lo sórdido y morboso que tiene el tema, especialmente en el caso de las violaciones a menores. En esta línea, el presidente de la Comisión de Constitución, Aurelio Pastor, ha propuesto llevar a las víctimas al Congreso para escuchar sus “desgarradores testimonios”.
Es un método peligroso porque por un lado desprestigia a un poder del Estado, y por otro, estimula sentimientos primarios de la masa. Tal parece que el razonamiento es: perdida la batalla de la razón y los argumentos, ingresamos ahora al terreno de los sentimientos y la barbarie.
Ya lo dijo muy bien Enrique Bernales: el único antecedente que la Historia consigna un referendum para aprobar la pena de muerte fue la que convocó Poncio Pilatos. Lo que nos recuerda que las masas por numerosas o mayorías que sean y representen, se equivocan.
El Presidente García es un fiel seguidor de este tipo de lucha política: sacar a combatir a las masas y decidir el curso de la confrontación en actos masivos. Debe recordarse lo que le dijo a la periodista María Teresa Braschi en la ya célebre entrevista que ofreció al Canal 2 en su departamento de Bogotá, poco antes de su retorno al país.
En esa oportunidad, al referirse al papel de la oposición en su lucha contra el régimen de facto de Fujimori, García reveló que había privilegiado “la lucha parlamentaria”, en lugar de la lucha de las masas, en las calles.
“Si yo fuera el alcalde de Villa El Salvador, Martín Pumar, estaría encabezando marchas continuas a Palacio de Gobierno a la cabeza de reivindicaciones sociales, más agua, más energía eléctrica, más titulación; no haría una oposición sólo en el Congreso”, dijo en esa oportunidad García.
La lucha de masas es una categoría marxista utilizada para explicar la lucha de clases movilizadas en pos del poder. Es, en el fondo, una forma de lucha política expresada en movilizaciones sociales que tienen como función principal la agitación y la propaganda.
El APRA y las diversas variantes de la izquierda en nuestro país han usado este método de lucha desde sus inicios. El Presidente García sólo ha decidido ponerlo en práctica para ganar terreno en la definición por ampliar la pena de muerte para terroristas y violadores de menores de edad.
La primera señal en este terreno es la marcha que hoy hará a Palacio de Gobierno la Asociación de Familiares de Víctima del Terrorismo (Afavit) para apoyar el referéndum pro pena de muerte para terroristas. Los marchantes acudirán también al Palacio de Justicia y luego al monumento El Ojo que Llora donde exigirán el retiro de los nombres de los subversivos.
Según la agencia oficial Andina, “la marcha de la Afavit también expresará su rechazo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena al Estado el pago de indemnizaciones a los familiares de los terroristas muertos en el penal Castro Castro en 1992, además de exigir un reconocimiento público”.
"Es una injusticia que aquellos que destruyeron familias enteras y dejaron miles de huérfanos, sean indemnizados. Todos los que hemos sufrido por el terrorismo debemos movilizarnos para expresar nuestro rechazo al terror y al injusto fallo de la Corte Interamericana", ha declarado Mercedes Carrasco, presidenta de Afavit.
García ha decidido colocar parlantes a las víctimas y a través de ellas enfrentar la resistencia que encuentra en el Congreso, hurgando en lo sórdido y morboso que tiene el tema, especialmente en el caso de las violaciones a menores. En esta línea, el presidente de la Comisión de Constitución, Aurelio Pastor, ha propuesto llevar a las víctimas al Congreso para escuchar sus “desgarradores testimonios”.
Es un método peligroso porque por un lado desprestigia a un poder del Estado, y por otro, estimula sentimientos primarios de la masa. Tal parece que el razonamiento es: perdida la batalla de la razón y los argumentos, ingresamos ahora al terreno de los sentimientos y la barbarie.
Ya lo dijo muy bien Enrique Bernales: el único antecedente que la Historia consigna un referendum para aprobar la pena de muerte fue la que convocó Poncio Pilatos. Lo que nos recuerda que las masas por numerosas o mayorías que sean y representen, se equivocan.
16 enero, 2007
Pena de Muerte o Pena Demente
En setiembre del 2006, una alerta sobre el Perú recorrió el mundo: tres proyectos de ley presentados al Congreso proponían ampliar la pena de muerte en el país para violadores de niños. Uno de los proyectos era firmado por Unidad Nacional, otro por el Partido Aprista y un tercero era enviado por el propio Ejecutivo.
A poco de instalado el nuevo Gobierno, el país comunicaba que, en materia de derecho internacional, habíamos decidido ir contra corriente. Actualmente más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Es decir, 129 países decidieron no conferir al Estado el poder de eliminar al hombre.
En materia de Derechos Humanos, el Perú retrocedía y optaba por quedar del lado de los países que mantienen la pena de muerte como castigo capital: Afganistán, Arabia Saudí, Burundi, China, Estados Unidos, Irán, Indonesia, Libia, Ruanda, Sierra Leona, Sudán, Trinidad y Tobago, Uzbekistán y Yemen.
Hoy, sin embargo, la alerta al mundo se ha redoblado. Es el propio Presidente de la República el impulsor de esta drástica medida, luego que el Congreso decidiera rechazar las propuestas hace una semana. Contra la opinión de todos, contra la Constitución, el jefe del Estado propone embarcar al país en un referéndum de consulta.
No están de acuerdo con la propuesta el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Arzobispo de Lima y los más destacados jurisconsultos del país. Pero nada de esto parece importarle al Presidente que arremete con todo. En una reunión con su partido político ha logrado que éste salga a apoyarlo y se juegue por la consulta ciudadana.
De esta manera, el Presidente contradice la tendencia abolicionista internacional. La pena de muerte es un castigo bárbaro. Es una forma disfrazada de la vieja ley del Talión. Tú vida por la vida que cobraste. No hay moral superior del Estado en este procedimiento. Hay ira y destrucción.
No está demostrado que la pena capital disuada al criminal. Porque si miramos con cautela el asunto, para sujetos que no tienen cura, para aquellas escorias sociales, la muerte puede ser hasta un premio. El peor castigo es el encierro de por vida.
Matar a un criminal es una respuesta simplista. Los problemas humanos son mucho más complejos. Eliminar violadores no acaba con el delito. La muerte legal, dictada por los tribunales, en cualquiera de sus formas, es una afrenta a la dignidad humana.
El artículo 4.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la pena de muerte no puede extenderse a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. El Perú es signatario de La convención americana.
En 1993, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva que claramente señala que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe de manera absoluta a los países miembros ampliar el uso de la pena de muerte a cualquier delito que no fuera castigado con la pena capital cuando el Estado pasó a estar vinculado por la Convención.
Pero nada de esto parece importar. Retirar al Perú del ámbito de la convención dejaría desprotegidos a los peruanos de abusos contra los derechos humanos cometidos por tribunales nacionales. El propio Presidente de la República no habría podido recuperar plenamente sus derechos si no fuera por este amparo supranacional.
De prosperar la medida, el país ingresaría peligrosamente a una senda oscura de autoritarismo, con una democracia disminuida y sin plenos derechos.
A poco de instalado el nuevo Gobierno, el país comunicaba que, en materia de derecho internacional, habíamos decidido ir contra corriente. Actualmente más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Es decir, 129 países decidieron no conferir al Estado el poder de eliminar al hombre.
En materia de Derechos Humanos, el Perú retrocedía y optaba por quedar del lado de los países que mantienen la pena de muerte como castigo capital: Afganistán, Arabia Saudí, Burundi, China, Estados Unidos, Irán, Indonesia, Libia, Ruanda, Sierra Leona, Sudán, Trinidad y Tobago, Uzbekistán y Yemen.
Hoy, sin embargo, la alerta al mundo se ha redoblado. Es el propio Presidente de la República el impulsor de esta drástica medida, luego que el Congreso decidiera rechazar las propuestas hace una semana. Contra la opinión de todos, contra la Constitución, el jefe del Estado propone embarcar al país en un referéndum de consulta.
No están de acuerdo con la propuesta el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Arzobispo de Lima y los más destacados jurisconsultos del país. Pero nada de esto parece importarle al Presidente que arremete con todo. En una reunión con su partido político ha logrado que éste salga a apoyarlo y se juegue por la consulta ciudadana.
De esta manera, el Presidente contradice la tendencia abolicionista internacional. La pena de muerte es un castigo bárbaro. Es una forma disfrazada de la vieja ley del Talión. Tú vida por la vida que cobraste. No hay moral superior del Estado en este procedimiento. Hay ira y destrucción.
No está demostrado que la pena capital disuada al criminal. Porque si miramos con cautela el asunto, para sujetos que no tienen cura, para aquellas escorias sociales, la muerte puede ser hasta un premio. El peor castigo es el encierro de por vida.
Matar a un criminal es una respuesta simplista. Los problemas humanos son mucho más complejos. Eliminar violadores no acaba con el delito. La muerte legal, dictada por los tribunales, en cualquiera de sus formas, es una afrenta a la dignidad humana.
El artículo 4.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la pena de muerte no puede extenderse a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. El Perú es signatario de La convención americana.
En 1993, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva que claramente señala que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe de manera absoluta a los países miembros ampliar el uso de la pena de muerte a cualquier delito que no fuera castigado con la pena capital cuando el Estado pasó a estar vinculado por la Convención.
Pero nada de esto parece importar. Retirar al Perú del ámbito de la convención dejaría desprotegidos a los peruanos de abusos contra los derechos humanos cometidos por tribunales nacionales. El propio Presidente de la República no habría podido recuperar plenamente sus derechos si no fuera por este amparo supranacional.
De prosperar la medida, el país ingresaría peligrosamente a una senda oscura de autoritarismo, con una democracia disminuida y sin plenos derechos.
15 enero, 2007
El Príncipe agitado
Maquiavelo enseñó que un Príncipe no debe preocuparse de la fama de cruel si con ello mantiene a sus súbditos unidos y leales. La razón es que “con poquísimos castigos ejemplares, será más compasivo que aquellos que, por excesiva clemencia, dejan prosperar los desórdenes de los que resultan asesinatos y rapiñas”.
Es decir que para asegurar el orden y la tranquilidad de un país, un Príncipe no debe temer imponer mano dura a su régimen si con esto castiga ejemplarmente a quienes fomentan desórdenes y conspiran contra el propio régimen. La muerte de unos pocos asegura la paz de los muchos.
La recomendación de Maquiavelo, sin embargo, no rige para todos los Príncipes, ni principados, sino en especial para los nuevos, es decir, para aquellos que forman por primera vez su reino y ven amenazados su comarca, sea por vecinos codiciosos o por ciudadanos descontentos o ávidos de poder.
Situación en la que no estamos, ciertamente.
Si la amenaza de la continuidad del gobierno de la Nación no está en peligro, ¿cuál podría ser la razón de fondo del Presidente García para insistir –de manera terca y caprichosa, como ha dicho Lourdes Flores- en ampliar la pena de muerte en el Perú para terroristas y violadores de menores de edad?
Una explicación racional bastante sólida refiere que el Presidente busca colisionar con el ámbito supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de evitar sanciones futuras que lo involucran directamente, como es el asesinato de más de 100 presos en El Frontón en 1986, durante su primer gobierno.
La sanción de la CIDH es inminente por lo que no habría otro camino que salirse de su competencia. Promover la pena de muerte sería, entonces, sólo la justificación que necesita para obtener la impunidad. En este mismo nivel de razonamiento estaría Alberto Fujimori; de ahí su apoyo y entusiasmo ante la propuesta presidencial aprista.
Otra explicación, menos racional, pero sostenida con insistencia en las últimas semanas es de orden psicológica. García está obsesionado por no descender en su popularidad y necesita enganchar con la población con propuestas efectistas -castigo máximo a los violadores y terroristas- que lo mantengan vinculado a las grandes mayorías.
En las últimos días se lo nota eufórico, adrenalínico, con mayor propensión a los tics nerviosos de entrecejas, como si una fuerza interior lo dominara y no la pudiera controlar. Mala señal para un jefe del Estado que, como decíamos a fines del año pasado (Ver artículo de Politikha: "Pena de Muerte o Discours de Mort"), debe discernir entre acciones emotivas y actos racionales. Y en los momentos más difíciles, serenarse y aquietar la pasión.
Una tercera explicación es la que señala Maquiavelo. Imponerse mediante el miedo. Abogar por un modelo de orden y paz con mano dura y autoritarismo. El Príncipe asume aquí un liderazgo caudillista que lo puede llevar a confrontar y arrasar con instituciones y los demás poderes del Estado.
Entre ser amado y temido un Príncipe debía escoger lo segundo, decía Maquiavelo. Aunque advertía que buscando ser temido, no termine siendo odiado.
El problema de esta vía no es tanto que no lo quieran al Presidente, o incluso que lo odien. El problema de fondo es que su autoritarismo lo lleve a colisionar y someter las instituciones, primero, y a perpetuarse en el poder, después. Por esta razón, es justo el reclamo de exigirle al Príncipe… que se calme.
Es decir que para asegurar el orden y la tranquilidad de un país, un Príncipe no debe temer imponer mano dura a su régimen si con esto castiga ejemplarmente a quienes fomentan desórdenes y conspiran contra el propio régimen. La muerte de unos pocos asegura la paz de los muchos.
La recomendación de Maquiavelo, sin embargo, no rige para todos los Príncipes, ni principados, sino en especial para los nuevos, es decir, para aquellos que forman por primera vez su reino y ven amenazados su comarca, sea por vecinos codiciosos o por ciudadanos descontentos o ávidos de poder.
Situación en la que no estamos, ciertamente.
Si la amenaza de la continuidad del gobierno de la Nación no está en peligro, ¿cuál podría ser la razón de fondo del Presidente García para insistir –de manera terca y caprichosa, como ha dicho Lourdes Flores- en ampliar la pena de muerte en el Perú para terroristas y violadores de menores de edad?
Una explicación racional bastante sólida refiere que el Presidente busca colisionar con el ámbito supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de evitar sanciones futuras que lo involucran directamente, como es el asesinato de más de 100 presos en El Frontón en 1986, durante su primer gobierno.
La sanción de la CIDH es inminente por lo que no habría otro camino que salirse de su competencia. Promover la pena de muerte sería, entonces, sólo la justificación que necesita para obtener la impunidad. En este mismo nivel de razonamiento estaría Alberto Fujimori; de ahí su apoyo y entusiasmo ante la propuesta presidencial aprista.
Otra explicación, menos racional, pero sostenida con insistencia en las últimas semanas es de orden psicológica. García está obsesionado por no descender en su popularidad y necesita enganchar con la población con propuestas efectistas -castigo máximo a los violadores y terroristas- que lo mantengan vinculado a las grandes mayorías.
En las últimos días se lo nota eufórico, adrenalínico, con mayor propensión a los tics nerviosos de entrecejas, como si una fuerza interior lo dominara y no la pudiera controlar. Mala señal para un jefe del Estado que, como decíamos a fines del año pasado (Ver artículo de Politikha: "Pena de Muerte o Discours de Mort"), debe discernir entre acciones emotivas y actos racionales. Y en los momentos más difíciles, serenarse y aquietar la pasión.
Una tercera explicación es la que señala Maquiavelo. Imponerse mediante el miedo. Abogar por un modelo de orden y paz con mano dura y autoritarismo. El Príncipe asume aquí un liderazgo caudillista que lo puede llevar a confrontar y arrasar con instituciones y los demás poderes del Estado.
Entre ser amado y temido un Príncipe debía escoger lo segundo, decía Maquiavelo. Aunque advertía que buscando ser temido, no termine siendo odiado.
El problema de esta vía no es tanto que no lo quieran al Presidente, o incluso que lo odien. El problema de fondo es que su autoritarismo lo lleve a colisionar y someter las instituciones, primero, y a perpetuarse en el poder, después. Por esta razón, es justo el reclamo de exigirle al Príncipe… que se calme.
13 enero, 2007
América Latina: ¿regreso al futuro?
Caminar hoy en día por la calles de Managua y conversar con su gente es como volver al pasado. Las categorías marxistas-leninistas para explicar el curso de la historia del país siguen vigentes. “Es la ley de lucha de contrarios; finalmente se ha impuesto una línea”, dice un parroquiano para explicar el triunfo del sandinismo.
El discurso inaugural de Daniel Ortega, anunciando la estatización del servicio de agua, la educación y la energía, así como su inclusión al proyecto del Presidente venezolano, Hugo Chávez, La Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA), refuerza esta sensación.
Hay expectativa por el cambio, es cierto, pero por el cambio hacia atrás. Dieciséis años de gobiernos de centro y de derecha no han logrado calar del todo en la memoria colectiva de la gente, en especial, los más pobres que se adhieren a fórmulas desesperadas impuestas desde el Estado para salir de la miseria.
La guerra es otro factor presente en las conversaciones de barrio con los nicaragüenses. Casi no hay familia que no tenga un recuerdo personal de la guerra que llevó al sandinismo al poder y de la Contra que intentó derrocarlo. Existen miles de historias de primos, tíos o hermanos que lucharon entre sí en bandos distintos. Muchas veces como una forma de sobrevivir. Tomar las armas aseguraba alimentación, vestido y una ocupación.
Chávez no llegó con las manos vacías a Managua. Llevó y regaló 25 tractores, producto de una donación que hizo conjuntamente con el gobierno de Irán. Firmó la integración de Nicaragua al ALBA, anunció la próxima inauguración de un banco venezolano en Nicaragua, y suscribió un acuerdo para construir una central de energía con petróleo subsidiado.
Los gestos populistas ganan el respaldo de la gente. Mientras tanto, la región va de tumbo en tumbo, sin mantener el timón del desarrollo y ahogándose en fórmulas que ya han probado ser un fracaso. El sector informal crece en América Latina, sin lograr dar el salto para dejar de ser exportadores de materias primas.
Los capitales van no sólo donde hay mercado, también donde existe seguridad jurídica y estabilidad política. Vista en conjunto, éste no parece ser el caso de América Latina. La responsabilidad no es sólo de los países de la región, lo es también de la miopía de los Estados Unidos que mantiene interés preferente en países del ex bloque soviético o Asia -o en la guerra contra países islámicos- y deja de lado a sus vecinos hispanoparlantes del sur.
Europa invirtió más de 22 mil millones en carreteras cuando anexó a sus vecinos del este. Estados Unidos no tiene la misma política de ayuda. Su estrategia pasa por incorporar a Latinoamérica al ALCA. Como señala Andrés Oppenheimer en su libro “Cuentos Chinos”, repitiendo la política de Clinton para la región, Goerge W. Bush señala para América Latina, “Trade, no aid” (Comercio, no ayuda).
Tal parece que -una vez más- nos empeñamos en ir en contra del sentido de la historia. No aprendemos de nuestros errores y no queremos ver lo que hacen regiones como China, India, el Sudeste Asiático, o Europa del Este para generar trabajo, ofrecer productos competitivos y luchar un espacio en el mercado mundial. América Latina representa apenas el 7,6% del producto bruto mundial y el 4,1% del comercio mundial. Una migaja de la torta.
De continuar con modelos que sólo buscan repartir lo que no tienen y encerrarse en fórmulas de comercio intrarregionales, en lugar de abrirse a otros bloques, estaremos condenados a seguir siendo una región mayoritariamente pobre y sin futuro. O en el mejor de los casos, una región de luces y sombras. Lo que ocurre en Nicaragua es sólo un capítulo de una historia de fracaso conocida.
El discurso inaugural de Daniel Ortega, anunciando la estatización del servicio de agua, la educación y la energía, así como su inclusión al proyecto del Presidente venezolano, Hugo Chávez, La Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA), refuerza esta sensación.
Hay expectativa por el cambio, es cierto, pero por el cambio hacia atrás. Dieciséis años de gobiernos de centro y de derecha no han logrado calar del todo en la memoria colectiva de la gente, en especial, los más pobres que se adhieren a fórmulas desesperadas impuestas desde el Estado para salir de la miseria.
La guerra es otro factor presente en las conversaciones de barrio con los nicaragüenses. Casi no hay familia que no tenga un recuerdo personal de la guerra que llevó al sandinismo al poder y de la Contra que intentó derrocarlo. Existen miles de historias de primos, tíos o hermanos que lucharon entre sí en bandos distintos. Muchas veces como una forma de sobrevivir. Tomar las armas aseguraba alimentación, vestido y una ocupación.
Chávez no llegó con las manos vacías a Managua. Llevó y regaló 25 tractores, producto de una donación que hizo conjuntamente con el gobierno de Irán. Firmó la integración de Nicaragua al ALBA, anunció la próxima inauguración de un banco venezolano en Nicaragua, y suscribió un acuerdo para construir una central de energía con petróleo subsidiado.
Los gestos populistas ganan el respaldo de la gente. Mientras tanto, la región va de tumbo en tumbo, sin mantener el timón del desarrollo y ahogándose en fórmulas que ya han probado ser un fracaso. El sector informal crece en América Latina, sin lograr dar el salto para dejar de ser exportadores de materias primas.
Los capitales van no sólo donde hay mercado, también donde existe seguridad jurídica y estabilidad política. Vista en conjunto, éste no parece ser el caso de América Latina. La responsabilidad no es sólo de los países de la región, lo es también de la miopía de los Estados Unidos que mantiene interés preferente en países del ex bloque soviético o Asia -o en la guerra contra países islámicos- y deja de lado a sus vecinos hispanoparlantes del sur.
Europa invirtió más de 22 mil millones en carreteras cuando anexó a sus vecinos del este. Estados Unidos no tiene la misma política de ayuda. Su estrategia pasa por incorporar a Latinoamérica al ALCA. Como señala Andrés Oppenheimer en su libro “Cuentos Chinos”, repitiendo la política de Clinton para la región, Goerge W. Bush señala para América Latina, “Trade, no aid” (Comercio, no ayuda).
Tal parece que -una vez más- nos empeñamos en ir en contra del sentido de la historia. No aprendemos de nuestros errores y no queremos ver lo que hacen regiones como China, India, el Sudeste Asiático, o Europa del Este para generar trabajo, ofrecer productos competitivos y luchar un espacio en el mercado mundial. América Latina representa apenas el 7,6% del producto bruto mundial y el 4,1% del comercio mundial. Una migaja de la torta.
De continuar con modelos que sólo buscan repartir lo que no tienen y encerrarse en fórmulas de comercio intrarregionales, en lugar de abrirse a otros bloques, estaremos condenados a seguir siendo una región mayoritariamente pobre y sin futuro. O en el mejor de los casos, una región de luces y sombras. Lo que ocurre en Nicaragua es sólo un capítulo de una historia de fracaso conocida.
09 enero, 2007
Daniel Ortega: el rostro del poder
En uno de sus últimos actos públicos, el saliente Presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, inauguró en el centro de Managua, una pinacoteca que muestra, por primera vez en su historia, los rostros de 52 de los 77 gobernantes ha tenido este país desde 1934 hasta hoy. Como ocurre con varios países de nuestra América, Nicaragua tuvo presidentes de los que no se conocía ni siquiera sus rasgos físicos. No es el caso de Daniel Ortega, quien, después de 16 años, vuelve al poder ungido, no por las armas, sino por los votos. Ortega será el presidente número 78.
Hay esperanza entre los nicaragüenses por esta segunda oportunidad de quien fuera el comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional que tomó el poder en 1979 tras una intensa insurrección armada. Una encuesta recientemente revelada por el opositor Diario La Prensa de la familia Chamorro, indica que el 60% de los nicaragüenses tiene expectativas por lo que hará Ortega esta vez.
El presidente Bolaños deja el país estabilizado políticamente, con el mercado norteamericano abierto tras el Tratado de Libre Comercio firmado entre los países centroamericanos y los Estados Unidos (CAFTA), y con exportaciones que se acercan a los 1,000 millones de dólares.
El mayor reto del gobierno entrante será crear más empleo y mantener la estabilidad política y jurídica que le permita atraer el interés de inversionistas extranjeros. Nicaragua es hoy por hoy un país aceptado en la comunidad financiera internacional y Ortega no puede volver a cometer los errores del pasado que dejaron a Nicaragua casi en la bancarrota.
Ni la revolución sandinista, ni el modelo de apertura iniciado por Violeta Chamorro lograron reducir la pobreza. Nicaragua es actualmente la segunda nación con mayor índice de pobreza en América Latina, después de Haití. 80% de su población vive con 2 dólares diarios, mientras que 47% lo hace con 1 dólar diario. El sueldo mínimo bordea los 65 dólares.
La sucesión democrática que ha tenido Nicaragua en los últimos años no ha hecho olvidar el entrampamiento que vivió producto de la Guerra Fría. El FSLN fue apoyado en el poder por Cuba y la Unión Soviética. Por aquellos tiempos se realizaron reformas sociales en salud y educación, se confiscaron bienes y se nacionalizaron empresas. La gente aún recuerda -y añora- la gratuidad de los servicios públicos.
Hay quienes calculan que la guerra del frente sandinista costó a Nicaragua unos 50 mil muertos. Estados Unidos respondió con un bloqueo económico, armó a los ex guardias nacionales del derrocado Somoza y generó una guerra contrarrevolucionaria que produjo otros 30 mil muertos. Resultado: el país quedó arruinado.
Los presidentes centroamericanos lograron que sandinistas y contras firmaran un acuerdo de paz -Esquípulas II-. Ortega se vio obligado a adelantar las elecciones. Fue entonces que ganó Violeta Chamorro y se iniciaron 16 años de gobiernos de centroderecha. El ex comandante siguió compitiendo en 1996 y en 2001, pero perdió sucesivamente a manos de los partidos conservadores. Al quedar segundo en las elecciones generales, de acuerdo al mandato constitucional, obtuvo un escaño en la Cámara de Diputados.
Pero hay quienes afirman que el FSLN siguió "gobernando desde abajo", es decir, siguió siendo un bloque político que hizo valer sus votos en el Congreso y en el aparato burocrático del Estado. De manera que todo ese tiempo, Ortega se mantuvo activo en política. Hasta el pasado mes de noviembre de 2006 en que ganó con el 38% de los votos y hoy asume nuevamente la conducción de su país.
Por las calles de Managua se ven aún los paneles que usó en su campaña. Es una fotografía inmensa en primer plano, que lo muestra sonriente, con la frase “Nicaragua triunfa”. Es un latigazo a la memoria. Quizás el viejo ex comandante no quiere que los nicaragüenses olviden su rostro, como lo han hecho con otros 27 gobernantes a lo largo de su historia. Habrá que escuchar su discurso para saber si Ortega cambió y si está a tono con los nuevos tiempos.
Hay esperanza entre los nicaragüenses por esta segunda oportunidad de quien fuera el comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional que tomó el poder en 1979 tras una intensa insurrección armada. Una encuesta recientemente revelada por el opositor Diario La Prensa de la familia Chamorro, indica que el 60% de los nicaragüenses tiene expectativas por lo que hará Ortega esta vez.
El presidente Bolaños deja el país estabilizado políticamente, con el mercado norteamericano abierto tras el Tratado de Libre Comercio firmado entre los países centroamericanos y los Estados Unidos (CAFTA), y con exportaciones que se acercan a los 1,000 millones de dólares.
El mayor reto del gobierno entrante será crear más empleo y mantener la estabilidad política y jurídica que le permita atraer el interés de inversionistas extranjeros. Nicaragua es hoy por hoy un país aceptado en la comunidad financiera internacional y Ortega no puede volver a cometer los errores del pasado que dejaron a Nicaragua casi en la bancarrota.
Ni la revolución sandinista, ni el modelo de apertura iniciado por Violeta Chamorro lograron reducir la pobreza. Nicaragua es actualmente la segunda nación con mayor índice de pobreza en América Latina, después de Haití. 80% de su población vive con 2 dólares diarios, mientras que 47% lo hace con 1 dólar diario. El sueldo mínimo bordea los 65 dólares.
La sucesión democrática que ha tenido Nicaragua en los últimos años no ha hecho olvidar el entrampamiento que vivió producto de la Guerra Fría. El FSLN fue apoyado en el poder por Cuba y la Unión Soviética. Por aquellos tiempos se realizaron reformas sociales en salud y educación, se confiscaron bienes y se nacionalizaron empresas. La gente aún recuerda -y añora- la gratuidad de los servicios públicos.
Hay quienes calculan que la guerra del frente sandinista costó a Nicaragua unos 50 mil muertos. Estados Unidos respondió con un bloqueo económico, armó a los ex guardias nacionales del derrocado Somoza y generó una guerra contrarrevolucionaria que produjo otros 30 mil muertos. Resultado: el país quedó arruinado.
Los presidentes centroamericanos lograron que sandinistas y contras firmaran un acuerdo de paz -Esquípulas II-. Ortega se vio obligado a adelantar las elecciones. Fue entonces que ganó Violeta Chamorro y se iniciaron 16 años de gobiernos de centroderecha. El ex comandante siguió compitiendo en 1996 y en 2001, pero perdió sucesivamente a manos de los partidos conservadores. Al quedar segundo en las elecciones generales, de acuerdo al mandato constitucional, obtuvo un escaño en la Cámara de Diputados.
Pero hay quienes afirman que el FSLN siguió "gobernando desde abajo", es decir, siguió siendo un bloque político que hizo valer sus votos en el Congreso y en el aparato burocrático del Estado. De manera que todo ese tiempo, Ortega se mantuvo activo en política. Hasta el pasado mes de noviembre de 2006 en que ganó con el 38% de los votos y hoy asume nuevamente la conducción de su país.
Por las calles de Managua se ven aún los paneles que usó en su campaña. Es una fotografía inmensa en primer plano, que lo muestra sonriente, con la frase “Nicaragua triunfa”. Es un latigazo a la memoria. Quizás el viejo ex comandante no quiere que los nicaragüenses olviden su rostro, como lo han hecho con otros 27 gobernantes a lo largo de su historia. Habrá que escuchar su discurso para saber si Ortega cambió y si está a tono con los nuevos tiempos.
06 enero, 2007
El ojo que llora
Más que un “Ojo que llora”, los peruanos debemos erigir un monumento al “Corazón que sangra”, para recordar el dolor producido por décadas de violencia y guerra interna que originó más de 30 mil muertos. Y que nunca debemos olvidar.
Todos los pueblos que han pasado etapas dolorosas de guerras internas o externas erigen estos monumentos a la memoria de los caídos. No es en honor a las víctimas agresoras, sino en recuerdo de los civiles, por lo general, atrapados entre dos fuegos.
En Israel, pueblo que sufrió el exterminio nazi, existe no un monumento, sino un Museo del Holocausto, todo un complejo arquitectónico, el Yad Vashem, que recuerda esta etapa oscura de la historia de la humanidad.
A la inauguración del Yad Vashem, en noviembre del 2005, acudieron representantes oficiales de más de 40 países, incluido el secretario general de Naciones Unidas de entonces, Kofi Annan. La estructura tiene 4.200 metros cuadrados de superficie y 180 metros de largo.
Está construido de tal manera que al final del recorrido –la mayor parte de él, bajo tierra- uno sale hacia una colina abierta desde donde se divisa Jerusalén en señal de libertad y esperanza, todo lo contrario a lo que significó el cautiverio y exterminio nazi.
A nadie se le ocurre señalar que es una apología a los verdugos de los campos de concentración. Uno no puede evitar sobrecogerse ante los recuerdos, fotos, ropa y utensilios del diario vivir de miles de hombres, mujeres y niños israelíes que alguna vez estuvieron vivos.
El momento más sobrecogedor es cuando se atraviesa una pirámide por el centro, casi en penumbras, con espejos colgados y un juego de velas que simbolizan el alma de los niños, víctimas inocentes de la guerra. Justo antes de salir a la colina de Jerusalén.
La violencia, la muerte, ha marcado el siglo XX. La humanidad ha sufrido la pérdida de millones de seres humanos debidos a guerras, levantamientos, sublevaciones o revoluciones.
El historiador Erick Hobsbawn usó esta visión para dividir el Siglo XX en dos: el Siglo XX corto: 1914 a 1991, y el Siglo XX largo: 1789 a 1914. Sólo en los últimos años que nos ha tocado vivir –desde la Primera Guerra Mundial hasta la desaparición del bloque soviético- hubo al menos 205 millones de muertos productos de guerras internas, externas y globales.
Hannah Arendt reflexionó acerca de esto y señaló el carácter no político de los horrores a los que puede llegar el hombre cuando suprime la política, es decir, la actividad de los ciudadanos libres para interactuar en el mundo. Fue ella también la que por primera vez llamó “Crímenes de humanidad” a los crímenes del nazismo.
La violencia ciega y absurda debemos tenerla siempre presente para no volver a caer en ella. Por eso, indigna lo que una parte de la prensa viene haciendo al trastocar el verdadero sentido del monumento de la artista Lika Mutal, erigido en homenaje de los peruanos que faltan, que no están, que desaparecieron por efecto de la guerra interna.
No es un monumento a los terroristas, por Dios. Hay 32 mil piedras, que forman once círculos concéntricos, de las cuales, alrededor de 27 mil tienen nombres y apellidos de conciudadanos muertos o desaparecidos. De peruanos que algún día estuvieron vivos.
Cuánta razón tuvo el Premio Nobel de la Paz y sobreviviente de Auschwitz,Elie Wiesel, al reinagurar el Museo del Holocausto de Israel y decir: “No intentamos contar la historia para que la gente llore, porque no queremos piedad. Decidimos contar la historia para que el mundo sea mejor, para que aprenda y recuerde”. Con ese mismo espíritu debemos ver "El ojo que llora" y recordar que mientras haya muertes humanas injustas, absurdas, atroces, siempre habrá corazones que sangran.
Todos los pueblos que han pasado etapas dolorosas de guerras internas o externas erigen estos monumentos a la memoria de los caídos. No es en honor a las víctimas agresoras, sino en recuerdo de los civiles, por lo general, atrapados entre dos fuegos.
En Israel, pueblo que sufrió el exterminio nazi, existe no un monumento, sino un Museo del Holocausto, todo un complejo arquitectónico, el Yad Vashem, que recuerda esta etapa oscura de la historia de la humanidad.
A la inauguración del Yad Vashem, en noviembre del 2005, acudieron representantes oficiales de más de 40 países, incluido el secretario general de Naciones Unidas de entonces, Kofi Annan. La estructura tiene 4.200 metros cuadrados de superficie y 180 metros de largo.
Está construido de tal manera que al final del recorrido –la mayor parte de él, bajo tierra- uno sale hacia una colina abierta desde donde se divisa Jerusalén en señal de libertad y esperanza, todo lo contrario a lo que significó el cautiverio y exterminio nazi.
A nadie se le ocurre señalar que es una apología a los verdugos de los campos de concentración. Uno no puede evitar sobrecogerse ante los recuerdos, fotos, ropa y utensilios del diario vivir de miles de hombres, mujeres y niños israelíes que alguna vez estuvieron vivos.
El momento más sobrecogedor es cuando se atraviesa una pirámide por el centro, casi en penumbras, con espejos colgados y un juego de velas que simbolizan el alma de los niños, víctimas inocentes de la guerra. Justo antes de salir a la colina de Jerusalén.
La violencia, la muerte, ha marcado el siglo XX. La humanidad ha sufrido la pérdida de millones de seres humanos debidos a guerras, levantamientos, sublevaciones o revoluciones.
El historiador Erick Hobsbawn usó esta visión para dividir el Siglo XX en dos: el Siglo XX corto: 1914 a 1991, y el Siglo XX largo: 1789 a 1914. Sólo en los últimos años que nos ha tocado vivir –desde la Primera Guerra Mundial hasta la desaparición del bloque soviético- hubo al menos 205 millones de muertos productos de guerras internas, externas y globales.
Hannah Arendt reflexionó acerca de esto y señaló el carácter no político de los horrores a los que puede llegar el hombre cuando suprime la política, es decir, la actividad de los ciudadanos libres para interactuar en el mundo. Fue ella también la que por primera vez llamó “Crímenes de humanidad” a los crímenes del nazismo.
La violencia ciega y absurda debemos tenerla siempre presente para no volver a caer en ella. Por eso, indigna lo que una parte de la prensa viene haciendo al trastocar el verdadero sentido del monumento de la artista Lika Mutal, erigido en homenaje de los peruanos que faltan, que no están, que desaparecieron por efecto de la guerra interna.
No es un monumento a los terroristas, por Dios. Hay 32 mil piedras, que forman once círculos concéntricos, de las cuales, alrededor de 27 mil tienen nombres y apellidos de conciudadanos muertos o desaparecidos. De peruanos que algún día estuvieron vivos.
Cuánta razón tuvo el Premio Nobel de la Paz y sobreviviente de Auschwitz,Elie Wiesel, al reinagurar el Museo del Holocausto de Israel y decir: “No intentamos contar la historia para que la gente llore, porque no queremos piedad. Decidimos contar la historia para que el mundo sea mejor, para que aprenda y recuerde”. Con ese mismo espíritu debemos ver "El ojo que llora" y recordar que mientras haya muertes humanas injustas, absurdas, atroces, siempre habrá corazones que sangran.
04 enero, 2007
Fallo CIDH: explicación ausente
Lo que ocurrió los primeros días de mayo de 1992 con los senderistas sublevados en el Penal Miguel Castro Castro fue una ejecución. No fue un enfrentamiento solamente. O el debelamiento a sangre y fuego de un motín. Allí no hubo fuerza represiva del Estado contra un grupo insurgente como piensa, cree y defiende Rafael Rey. Hubo asesinato a sangre fría de presos rendidos.
Este es el fondo del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la sanción a un Estado que extralimitó el uso legal de la fuerza. La pena por haber violado el más elemental de los derechos humanos; el derecho a la vida. No se pretende borrar, por cierto, las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso. Este grupo ha sido sancionado por las Naciones Unidas como uno de los más sanguinarios de la historia; genocida y antipatriótico. Pero eso no borra los errores cometidos por el Estado en su lucha contra el mal. Hacerlo sería avalar el pensamiento Pinochet que en su carta póstuma admitió que "Los conflictos graves siempre son y serán fuente de abusos y exageraciones".
En el penal Castro Castro se ejecutó una operación planificada por la cúpula militar en el poder presidida por Alberto Fujimori Fujimori. El objetivo fue liquidar –aprovechando el motín– a la cúpula senderista. Y así se hizo. 41 senderistas, rendidos, fueron acribillados. Así lo corroboran las investigaciones policiales, judiciales, los testigos y la Comisión de la Verdad.
Esta es la explicación que el Presidente Alan García le debe al país, como bien ha señalado el valiente ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner Febres. El país necesita conocer la verdad, para poder enterrar su pasado.
Con la ventaja moral de quien entregó al país un documento que revela una de las tragedias sociales más dolorosas de la historia peruana, el ex comisionado reclama al Jefe del Estado no ponerse de perfil en este tema, ahora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencia.
"No está bien que el primer mandatario se ponga de perfil frente a un hecho que corresponde a la historia del Perú (el asesinato extrajudicial de dirigentes de Sendero Luminoso en el penal Castro Castro), en el que hay responsabilidad demostrada del Estado peruano y concretamente del señor Fujimori. Eso tiene que ser explicado. El país merece saber qué pasó", ha señalado Salomón Lerner.
García no la explica, no la puede contar, porque tiene un pacto con Fujimori. Un pacto de impunidad. El pacto está sellado con sangre; sangre derramada por ambos gobiernos en acciones similares. Uno tiene su frontón todavía humeante y demolido; destruido por un comando de la Marina al mando del ahora primer vicepresidente de la República (cuya sentencia está pendiente de resolución, precisamente en la CIDH). Al otro lo persiguen, por ahora, 41 senderistas arrodillados y rematados. Y aún hay más.
Ambos utilizan la misma maniobra táctica: denostar la CIDH a través de sus pregoneros, y cuestionar las indemnizaciones planteadas con el objetivo de desacatar el fallo primero y salirse de la Corte después. Así no habrá instancia alguna que los siga molestando.
El fallo de la CIDH es un argumento que podría favorecer la extradición de Fujimori. Y el gobierno lo sabe. La justicia chilena debe escuchar el razonamiento de Lerner: "(…) la respuesta del Estado fue asimétrica. Fujimori aprovechó que los senderistas se resistían al traslado para eliminar selectivamente a sus principales líderes. Fue un crimen de lesa humanidad, se mató conscientemente a determinadas personas". "Aunque no lo quiera admitir, Fujimori tiene la responsabilidad política. De eso no hay duda".
El debate en torno a las indemnizaciones y al “Monumento al Ojo que llora” es un ruido interesado. La atención debe centrarse en si el Estado instrumentó, como parte de su política represora, el asesinato de presos rendidos. Si la respuesta es sí, entonces, el Jefe del Estado debe asumir su papel ante la historia y contarle a la Nación lo sucedido. Y acatar el fallo. No hacerlo es guardar un silencio cómplice ante el país, la verdad y la historia.
Este es el fondo del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la sanción a un Estado que extralimitó el uso legal de la fuerza. La pena por haber violado el más elemental de los derechos humanos; el derecho a la vida. No se pretende borrar, por cierto, las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso. Este grupo ha sido sancionado por las Naciones Unidas como uno de los más sanguinarios de la historia; genocida y antipatriótico. Pero eso no borra los errores cometidos por el Estado en su lucha contra el mal. Hacerlo sería avalar el pensamiento Pinochet que en su carta póstuma admitió que "Los conflictos graves siempre son y serán fuente de abusos y exageraciones".
En el penal Castro Castro se ejecutó una operación planificada por la cúpula militar en el poder presidida por Alberto Fujimori Fujimori. El objetivo fue liquidar –aprovechando el motín– a la cúpula senderista. Y así se hizo. 41 senderistas, rendidos, fueron acribillados. Así lo corroboran las investigaciones policiales, judiciales, los testigos y la Comisión de la Verdad.
Esta es la explicación que el Presidente Alan García le debe al país, como bien ha señalado el valiente ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner Febres. El país necesita conocer la verdad, para poder enterrar su pasado.
Con la ventaja moral de quien entregó al país un documento que revela una de las tragedias sociales más dolorosas de la historia peruana, el ex comisionado reclama al Jefe del Estado no ponerse de perfil en este tema, ahora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencia.
"No está bien que el primer mandatario se ponga de perfil frente a un hecho que corresponde a la historia del Perú (el asesinato extrajudicial de dirigentes de Sendero Luminoso en el penal Castro Castro), en el que hay responsabilidad demostrada del Estado peruano y concretamente del señor Fujimori. Eso tiene que ser explicado. El país merece saber qué pasó", ha señalado Salomón Lerner.
García no la explica, no la puede contar, porque tiene un pacto con Fujimori. Un pacto de impunidad. El pacto está sellado con sangre; sangre derramada por ambos gobiernos en acciones similares. Uno tiene su frontón todavía humeante y demolido; destruido por un comando de la Marina al mando del ahora primer vicepresidente de la República (cuya sentencia está pendiente de resolución, precisamente en la CIDH). Al otro lo persiguen, por ahora, 41 senderistas arrodillados y rematados. Y aún hay más.
Ambos utilizan la misma maniobra táctica: denostar la CIDH a través de sus pregoneros, y cuestionar las indemnizaciones planteadas con el objetivo de desacatar el fallo primero y salirse de la Corte después. Así no habrá instancia alguna que los siga molestando.
El fallo de la CIDH es un argumento que podría favorecer la extradición de Fujimori. Y el gobierno lo sabe. La justicia chilena debe escuchar el razonamiento de Lerner: "(…) la respuesta del Estado fue asimétrica. Fujimori aprovechó que los senderistas se resistían al traslado para eliminar selectivamente a sus principales líderes. Fue un crimen de lesa humanidad, se mató conscientemente a determinadas personas". "Aunque no lo quiera admitir, Fujimori tiene la responsabilidad política. De eso no hay duda".
El debate en torno a las indemnizaciones y al “Monumento al Ojo que llora” es un ruido interesado. La atención debe centrarse en si el Estado instrumentó, como parte de su política represora, el asesinato de presos rendidos. Si la respuesta es sí, entonces, el Jefe del Estado debe asumir su papel ante la historia y contarle a la Nación lo sucedido. Y acatar el fallo. No hacerlo es guardar un silencio cómplice ante el país, la verdad y la historia.
01 enero, 2007
Política y Economía el 2007
La Política
Palacio de Gobierno seguirá siendo la cocina de los fogonazos políticos del próximo año. El Presidente Alan García, sin atender las recomendaciones de sus colaboradores –sabemos que García no tiene, ni admite, asesores-, seguirá apareciendo en televisión mañana, tarde y noche, haciendo del verbo su mejor arma.
El debate de la ampliación de la pena de muerte, animará el Congreso los primeros días de enero. Pero la discusión más rica estará en los extramuros del Congreso, en la sociedad civil, la iglesia, los medios de comunicación y los organismos democráticos internacionales.
Las regiones iniciarán proceso de articulación, más como mecanismo de negociación frente al poder central que como proyecto político descentralista. El proceso será gradual. Primero se unirán por macroregiones, tal como lo ha anunciado Yehude Simon, que articulará a los presidentes del norte. El Presidente de Arequipa, Juan Manuel Guillén, podría liderar a sus colegas del sur y Vladimiro Huaroc -si moderniza su discurso de izquierda académica-, podría hacer lo propio con sus pares del centro. Alex Kouri y Federico Salas buscarán bloquear esta iniciativa, buscando ser la pieza de recambio el 2011.
Los conflictos regionales dejarán el estado de latencia y se manifestarán con crudeza y realismo. El resto de asociaciones gremiales, sindicales, laborales lucharán por conservar su reducido espacio de poder manifestándose en paros y huelgas. El primer encontronazo del Ejecutivo con los profesores, dependerá del número de despedidos que genere el examen de evaluación.
La Economía
Primeros signos de preocupación del manejo doméstico en medio de un escenario internacional sin mayores amenazas. El primer campanazo fue la condonación de deudas del Banco de Materiales. Le siguió luego el fallido intento de gravar con impuesto a la renta los ahorros del público y ahora tenemos la liberación sectorial de aranceles.
Todos reconocen que el presente gobierno está cosechando lo dejado por el gobierno anterior, fruto del manejo responsable de la caja fiscal y de una adecuada política de promoción de las exportaciones. Producto de ese ahorro nacional hoy se puede pagar la deuda social a jubilados, policías y fuerzas armadas.
Fruto del esfuerzo de todos los peruanos, ahora el Estado puede continuar la política de inversiones en proyectos de gran impacto social como agua y desagüe, carreteras y aumentar los recursos de “Juntos”, el programa de subsidio directo a los más pobres.
Pero pensar que las reservas tengan un techo de 20 mil millones de dólares –llegado el cual deben gastarse- o creer que la política monetaria depende del Ministerio de Economía y no del Banco Central de Reserva, además de considerar que desde el Gobierno se puede orientar el desarrollo económico, son señales de un pasado que considerábamos superado.
Ningún gobierno heredó jamás una situación económica en crecimiento y una situación política estable como la que recibió este Gobierno. Las transiciones democráticas en el Perú fueron siempre periodos de crisis económicas y desesperanza política.
El mejor capital que por ahora tienen los peruanos es el optimismo. Pero al mismo tiempo al ser un indicador más psicológico que tangible, es frágil y puede trocar en decepción o pesimismo si no se cumplen las expectativas previstas. Es responsabilidad de todos mantenernos vigilantes y cuidar que nada afecte este momento especial que atravesamos como país. Feliz año 2007.
Palacio de Gobierno seguirá siendo la cocina de los fogonazos políticos del próximo año. El Presidente Alan García, sin atender las recomendaciones de sus colaboradores –sabemos que García no tiene, ni admite, asesores-, seguirá apareciendo en televisión mañana, tarde y noche, haciendo del verbo su mejor arma.
El debate de la ampliación de la pena de muerte, animará el Congreso los primeros días de enero. Pero la discusión más rica estará en los extramuros del Congreso, en la sociedad civil, la iglesia, los medios de comunicación y los organismos democráticos internacionales.
Las regiones iniciarán proceso de articulación, más como mecanismo de negociación frente al poder central que como proyecto político descentralista. El proceso será gradual. Primero se unirán por macroregiones, tal como lo ha anunciado Yehude Simon, que articulará a los presidentes del norte. El Presidente de Arequipa, Juan Manuel Guillén, podría liderar a sus colegas del sur y Vladimiro Huaroc -si moderniza su discurso de izquierda académica-, podría hacer lo propio con sus pares del centro. Alex Kouri y Federico Salas buscarán bloquear esta iniciativa, buscando ser la pieza de recambio el 2011.
Los conflictos regionales dejarán el estado de latencia y se manifestarán con crudeza y realismo. El resto de asociaciones gremiales, sindicales, laborales lucharán por conservar su reducido espacio de poder manifestándose en paros y huelgas. El primer encontronazo del Ejecutivo con los profesores, dependerá del número de despedidos que genere el examen de evaluación.
La Economía
Primeros signos de preocupación del manejo doméstico en medio de un escenario internacional sin mayores amenazas. El primer campanazo fue la condonación de deudas del Banco de Materiales. Le siguió luego el fallido intento de gravar con impuesto a la renta los ahorros del público y ahora tenemos la liberación sectorial de aranceles.
Todos reconocen que el presente gobierno está cosechando lo dejado por el gobierno anterior, fruto del manejo responsable de la caja fiscal y de una adecuada política de promoción de las exportaciones. Producto de ese ahorro nacional hoy se puede pagar la deuda social a jubilados, policías y fuerzas armadas.
Fruto del esfuerzo de todos los peruanos, ahora el Estado puede continuar la política de inversiones en proyectos de gran impacto social como agua y desagüe, carreteras y aumentar los recursos de “Juntos”, el programa de subsidio directo a los más pobres.
Pero pensar que las reservas tengan un techo de 20 mil millones de dólares –llegado el cual deben gastarse- o creer que la política monetaria depende del Ministerio de Economía y no del Banco Central de Reserva, además de considerar que desde el Gobierno se puede orientar el desarrollo económico, son señales de un pasado que considerábamos superado.
Ningún gobierno heredó jamás una situación económica en crecimiento y una situación política estable como la que recibió este Gobierno. Las transiciones democráticas en el Perú fueron siempre periodos de crisis económicas y desesperanza política.
El mejor capital que por ahora tienen los peruanos es el optimismo. Pero al mismo tiempo al ser un indicador más psicológico que tangible, es frágil y puede trocar en decepción o pesimismo si no se cumplen las expectativas previstas. Es responsabilidad de todos mantenernos vigilantes y cuidar que nada afecte este momento especial que atravesamos como país. Feliz año 2007.
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