Minería y Estudio de Inclusión Social

Una propuesta interesante ha surgido desde la empresa privada peruana que el gobierno bien podría tener en cuenta para aterrizar la propuesta de inclusión social en las poblaciones con recursos naturales que rechazan -muchas veces de manera violenta-, la inversión y extracción de sus riquezas.

Raúl Delgado Sayán, presidente ejecutivo de CESEL, ingeniero de gran experiencia en obras de infraestructura en nuestro país, ha propuesto que así como es requisito obligatorio para aprobar la viabilidad de un proyecto, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, se realice una especie de Estudio de Inclusión Social de carácter vinculante que asegure a las comunidades los beneficios del desarrollo, las cuales se comprometen a respetar el proyecto en todas sus fases.

Delgado Sayán sostiene que, actualmente, el mayor problema a superar en cualquier proyecto de inversión que tenga como escenario las comunidades altoandinas o amazónicas del país se encontrará con un primer escollo que es la madre de todos los problemas futuros: la desconfianza.

Los pobladores desconfían de las empresas que por lo general llegan a sus tierras, explotan sus riquezas, dañan el medio ambiente y se van sin dejar nada a las poblaciones del área de influencia del recurso.

En lugares donde el Estado por lo general también está ausente, es muy difícil lograr desarrollar lazos de confianza y respeto entre los actores locales, los representantes de la empresa y la institucionalidad oficial.

¿Cómo hacer para romper con esta tendencia histórica de explotación y pobreza; de desarrollo y riquezas para unos y atraso y pobreza para otros?

La propuesta señala que se debe realizar un estudio profundo, exhaustivo,  de planificación del desarrollo sobre la viabilidad de la comunidad en las tres fases del proyecto: exploración, explotación y cierre de la mina.

El Estado invertirá en infraestructura básica, la empresa privada adelantará sus ganancias y formará el recurso humano necesario para la etapa de funcionamiento del proyecto y realizará los planes y prospectos para potenciar e identificar nuevas actividades económicas.

La población se preparará entonces para recibir los beneficios antes de la fase de explotación del recurso y, sobre todo, tendrá claro que la actividad minera no será para toda la vida, por lo que deberá adecuarse para la fase de cierre de la mina buscando otras alternativas económicas y de mercado.

Para evitar que alguna de las partes incumpla su palabra se firmaría este Estudio de Inclusión Social que sería vinculante para las partes: Estado, Empresa y Comunidad. Esta experiencia, en parte, se realizó con las comunidades de Grau y Cotabambas en Apurímac con el Proyecto Minero Las Bambas.

Fue arduo el trabajo de sensibilización y negociación que el 2004 realizó el Estado para convencer a estas comunidades andinas de lo conveniente que era para ellos la explotación de este proyecto cuprífero de más de 4, 200 millones de dólares de inversión.

Nació así la idea de crear un Fondo Fideicomiso de 45 millones de dólares, convertido hoy en el Fondo Social Las Bambas de 63 millones de dólares para construir colegios, postas médicas, instalar agua y desagüe, y capacitar al recurso humano necesario para las actividades mineras.

La propuesta de un Estudio de Inclusión Social se desprende de esta experiencia.

Las comunidades no protestan por violentas o radicales. El caldo de cultivo de esa conducta quizás se explique en la desconfianza histórica instalada en su memoria colectiva, lo que las impulsa al grito desesperado de no ser actores del desarrollo.

El restablecimiento del CND

El presidente Ollanta Humala recibió en Palacio a 20 de los 24 presidentes de los gobiernos regionales quienes le expresaron el respaldo a su gobierno y a la democracia. Los llevó el presidente del Congreso,  Daniel Abugattas, apenas tres días después que Gregorio Santos, representante regional de Cajamarca, públicamente llamara a “sacar” al primer mandatario de sus funciones.

Ha sido una buena reacción del presidente del Congreso, pero, mejor, el cambio de opinión del Presidente de la República. Pocos días atrás, Alejandro Toledo le proponía a Humala, como salida a la crisis por conflictos sociales, restituir el Consejo Nacional de Descentralización (CND), una instancia de coordinación y espacio de diálogo entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales creado por el gobierno de Toledo.

En esa oportunidad, el presidente Humala rechazó de plano la idea y se mostró desconfiado de institucionalizar el diálogo de manera permanente. “Eso sería como tener un sindicato de presidentes regionales que presentan su pliego de reclamos para negociar en bloque; no Alejandro, de ninguna manera”, dijo el Presidente Humala.

Evidentemente era un error de visión. Crear canales de diálogo y concertación es la característica de la democracia. Lo ha demostrado la reunión de presidentes regionales. “Las elecciones terminan cuando se cuenta el último voto, de ahí para adelante debemos trabajar en equipo (...) No podemos perder más tiempo en confrontaciones”, señaló el coordinador de la Asamblea General de Gobiernos Regionales (ANGR), César Villanueva.

La ANGR es una sociedad civil creada para impulsar el proceso de descentralización y representar a los gobiernos regionales ante el gobierno nacional. No es una instancia impulsada desde el Estado; ésta era el CND, donde existían representantes de los tres niveles de gobierno y que actuaba como mecanismo de distención ante los conflictos sociales, pero, más importante aún, era el rol de acompañamiento y fortalecimiento del proceso de descentralización.

En las últimas semanas, desde el gobierno, sólo se ha escuchado críticas a este proceso. Desde cambiarles la denominación de presidentes regionales a gobernadores, su poca capacidad de gasto, la baja calidad de los servicios públicos a su cargo, hasta la posibilidad de abrir proceso al más rebelde de todos, el presidente regional de Cajamarca.

Tener una instancia de diálogo permanente, que sea parte de la estructura del Estado para escuchar a los niveles subnacionales de gobiernos en la instancia nacional no es formar un sindicato o una federación de protestantes. Es incorporar una práctica democrática al proceso de toma de decisiones. Es desarrollar un mecanismo de interrelación que puede servir para cosas como las que hicieron esta semana los presidentes del Congreso y de la República: reunirse, conversar, proponer, debatir, acordar. En suma, hacer política.

Las reformas políticas y administrativas que requiere el Estado,  la reforma del canon y su redistribución a nivel nacional, incluyendo aquellas regiones que no tienen recursos naturales, bien pueden ser discutidas en una instancia de este tipo desarrollando estrategias de coordinación y colaboración efectiva donde puedan debatirse políticas y estrategias que acerquen y construyan en lugar de confrontar como hasta el momento parece ser la lógica de uno y otro lado.

¿Ya ve presidente Humala? Sentarse en una mesa a conversar no es malo. Y hacerlo de manera permanente, mejor aún. Desde esta perspectiva, aquí tiene usted una idea que puede incluir en su mensaje de 28 de julio: restituya el CND y, si teme que alguien le recuerde que este mecanismo fue creado en el gobierno de Alejandro Toledo, no se preocupe; cámbiele de nombre. Lo importante es que el Estado recupere sus mecanismos de interlocución y representación para, de manera civilizada, asumir los problemas del país y arribar a  soluciones razonadas y consensuadas.

No se aisle, Presidente

El país ha ingresado a una etapa de confrontación muy complicada. En Cajamarca, los colegios están cerrados, los negocios igual. Las carreteras se cierran por zonas. Hay piquetes de revoltosos dando vueltas por allí. En otras provincias como Celendín o Bambamarca, la cosa luce peor.

En Espinar, Cusco, no hay autoridad con quien dialogar; su alcalde está preso en Ica. En diversos puntos del país se registran movilizaciones en apoyo a Espinar y Cajamarca.

El partido de gobierno ha perdido tres congresistas. Y se teme que otros dos se sumen a la diáspora política, generando incertidumbre ante la elección de la próxima Mesa Directiva del Congreso.

En suma, un sistema democrático que es arremetido por fuerzas políticas radicales, obtusas, y un Poder Ejecutivo jaqueado, sin capacidad de respuesta. ¿Qué hacer? ¿Qué debiera hacer el Presidente de la República?

Dos consejos, Presidente. Uno, dialogue con el pueblo. Dos, actúe políticamente.

En el primer caso, explique usted el cambio que ha tenido. Su pensamiento inicial se ha transformado en el poder. Ha madurado. Bien, explíquelo. Dígale usted al pueblo los beneficios de la inversión, de la gran minería.

Haga docencia. Lidere la Nación. Díganos con claridad a dónde vamos, qué idea de país tiene ahora y a dónde lo quiere llevar. Puede hacerlo de a pocos, como ahora en la inauguración de agua potable en Villa María del Triunfo.

También puede viajar a diferentes puntos del país y tener contacto directo con la gente. Hable con el pueblo. Explique las cosas difíciles en términos sencillos. No tenga miedo. Hablando se entiende la gente.

Puede usar el mensaje a la Nación, aunque, la verdad, creo que ese formato acartonado no va con usted. Endurece su lenguaje.

En el segundo caso, haga política. Reúnase con sus congresistas. Con sus ministros. Convoque a especialistas. Conozca. Analice. Ejecute. Y delegue. No pretenda inmiscuirse en pequeños detalles. Dar instrucciones no significa manejar directamente las cosas.

Concerte. Persuada. Negocie. Conceda. No sólo exija. Mande. Ordene. O Imponga. La política implica trabajo, sangre, sudor y lágrimas.

Lo que no puede hacer, Señor Presidente, es esconderse. Encerrarse. Quedarse en Palacio. O contentarse con los twitts de su esposa o, ahora, del Primer Ministro.

No puede tampoco permanecer en silencio forever. Su silencio tiene un límite. Usted sabe que los problemas no se resuelven ignorándolos; sino afrontándolos.

Olvídese de las encuestas. Hable. Viaje. Explique. Convenza. No hacerlo, alimentará el clima político; enrareciéndolo. En serio, presidente, no se aisle.

Espinar, la fuerza, el miedo y la violencia

La forma como el gobierno encaró la protesta de los pobladores de Espinar ante la empresa minera Xtrata Tintaya, revela un modelo que ya se vio antes en Cajamarca por el tema Conga: romper el diálogo, decretar el estado de emergencia, bloquear las cuentas municipales y procesar judicialmente a los líderes locales acusados de azuzadores y revoltosos.

Estamos ingresando ante un modelo de gobierno asentado en la fuerza antes que en el diálogo. La fuerza pública acompañada de la fuerza de la ley. El modelo Valdes.

La forma cómo se apresó al alcalde de Espinar Oscar Mollohuanca es sintomática. Un grupo de policías ingresó a la municipalidad provincial y lo sacó a la fuerza para entregarlo al Ministerio Público.

El alcalde fue denunciado por delitos contra la seguridad pública, atentado contra la seguridad común, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y apología del delito. En tiempo record, fue trasladado de jurisdicción y terminó encarcelado 5 meses –de manera preventiva– en el penal de Cachiche de Ica, mientras dura el proceso judicial.

Espinar marca un punto de quiebre en la relación Estado – conflictos sociales.  

El presidente Humala parece haber llegado a la conclusión de que existe una acción coordinada de fuerzas políticas que conspiran contra su gobierno camufladas en un discurso de defensa medioambiental cuando en realidad se oponen ideológicamente a cualquier tipo de inversión privada.

La dificultad de esta forma de pensar es que confunde el accionar violento de las dirigencias de problemas reales de la población: estado ausente en las zonas de influencia de la minería, empresas desvinculadas de programas de desarrollo, falta de información sobre impacto real de las actividades extractivas en las comunidades.

La intermediación del Estado en la resolución de los conflictos sociales es una falencia. Esta tarea está en manos del presidente del Consejo de Ministros, pero ni él ni la Unidad de Prevención de Conflictos Sociales parecen darse abasto para encontrar soluciones negociadas.

La negociación es un proceso de larga maduración. No es una solución inmediata a un problema desbordado. Se requiere voluntad de ambas partes y metodología para acercar posiciones. Pretender el uso de la ley y la fuerza pública en una situación de conflicto, muchas veces, no abre, sino cierra las puertas a la negociación. El actual procedimiento adoptado por el gobierno en el caso de Espinar marca la pauta de enseñar a través del miedo. Pero el miedo es un estado de perturbación que llevado al extremo puede generar una salida aún más violenta.  

Encuentro, acuerdos y desacuerdos

La reunión del Presidente Ollanta Humala y del ex presidente Alejandro Toledo en Palacio de Gobierno, siendo un acto democrático, usual en un país civilizado, ha sido tomada por los demás grupos políticos bajo sospecha.

Una conversación alturada, donde se trataron diversos temas de agenda nacional, con franqueza y seriedad, ha sido resumida a tratativas para obtener cupos para la Mesa Directiva del Congreso.

La agenda política fue por un lado y la agenda mediática la cambió por otro.

Bajo la modalidad de 1 + 1, los líderes de Gana Perú y Perú Posible conversaron en estricto privado. Después de más de dos horas, se unieron dirigentes políticos de ambas agrupaciones: Javier Reátegui, Carlos Ferrero, Marcial Ayaipoma, Carmen Omonte y Luis Thais por Perú Posible y Freddy Otárola y Víctor Isla por Gana Perú.

Los temas conversados fueron de índole nacional: el accionar del narcoterrorismo, los conflictos sociales y las inversiones mineras, las relaciones Perú – Chile y el fallo de La Haya, el aumento salarial a las Fuerzas Armadas y Policiales.

La tónica que usó Perú Posible en esta parte de la reunión fue de absoluta franqueza y crítica constructiva y directa de estos primeros once meses de gobierno.

El presidente escuchaba y tomaba nota de cada una de las recomendaciones que planteaba la dirigencia de PP.

Al final, Ollanta Humala hizo una síntesis precisa de cada una de las intervenciones y repitió pormenorizadamente las observaciones y propuestas que le hicieron, denotando agudeza, inteligencia, memoria y capacidad de síntesis.

Quedaba claro que la invitación del Presidente Humala fue a Perú Posible.

Nada de lo que se dijo semejaba a una toma y daca. Ningún atisbo de negociaciones debajo de la mesa. Al salir a la prensa, el ex presidente Toledo reiteró que Perú Posible no apoya al gobierno, sino a la gobernabilidad. Esto en buen cristiano significa que PP apoya todo aquello que considere positivo para el país y que se opondrá a lo que sea contrario a este propósito.

Perú Posible –lo dijo también Toledo en la rueda de Prensa– renunció hace tiempo a participar en el Ejecutivo, sea asumiendo ministerios, embajadas u organismos públicos en general.

Su ámbito de acción se limitará al Poder Legislativo y, en ese contexto, pensando en lo que para él mismo significó la conducción del país en el quinquenio 2001-2006, admitió haber conversado con el presidente Humala sobre la futura Mesa Directiva del Congreso y opinó que sería conveniente que el partido de gobierno continuara al frente del Poder Legislativo con los respectivos contrapesos. Eso fue todo.

¿Se adelantó Toledo en hacer este anuncio? ¿Debió consultarlo previamente con su bancada? Si Toledo debió decir o no su posición es un cálculo que no tuvo en ese momento, pero no deja de ser la posición del líder de la agrupación convocada a Palacio de Gobierno.

Toledo habló en representación de Perú Posible. ¿Puede alguien dejar de reconocerle ese derecho? Como acaba de decir el propio presidente Ollanta Humala, “Perú Posible es el buque insignia que hizo el trabajo a nivel nacional para lograr esa importante votación que tuvieron, que permitió que otros partidos se beneficiaran yendo al Congreso”.

Por otro lado, discrepar o asumir caminos diferentes no debe sorprender a nadie. Es parte de la vida política y de los objetivos planteados por cada estructura partidaria. Si los intereses no sólo difieren, sino que son contrapuestos o irrenunciables, entonces, no hay más remedio que sancionar las diferencias y resolver la alianza política, sin traumas ni rencores, sino con madurez, altura y respeto. El país necesita políticos maduros. Los aliados democráticos de hoy no pueden volverse enemigos acérrimos del mañana. Simplemente eligen su propio camino en pos de un mismo objetivo.