Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

28 octubre, 2012

Parar la inconducta social de La Parada


La violencia desatada en el mercado informal más grande de la ciudad -La Parada-, emporio de esforzados y madrugadores trabajadores, emprendedores y comerciantes, pero también nido de ratas, delincuentes y malhechores de toda laya, debe ser condenada desde todo punto de vista.

En primer lugar por resistir con violencia a la autoridad edil.

La Municipalidad de Lima ha centrado sus esfuerzos en dos temas principales que requieren solución en la ciudad y sobre los cuales las autoridades locales anteriores parecían haberse rendido: el transporte público y la comercialización de alimentos.

En ambos casos, la lucha es contra la costumbre, las mafias organizadas y el lucro proveniente del desorden. 

La reubicación del comercio mayorista asentado por años en La Parada es una medida conveniente para Lima. No se puede permitir que mafias informales, acostumbradas a coimear a funcionarios ediles permisivos, se opongan a ordenar y modernizar la ciudad.

Pero, además, esta ola de violencia debe ser condenada por el impacto negativo que genera en el mundo al mostrarnos como un país que se resiste de manera tribal a la ley, algo difícil de entender en un país que crece sostenidamente desde hace una década.

Las imágenes de violencia y el ataque a la policía que hemos observado todos a través de los medios de comunicación no se condicen con el nivel de desarrollo que estamos alcanzando los peruanos. No somos salvajes ¿O sí? Un país que crece económicamente debe hacerlo también socialmente. Y esto pasa por ser respetuoso de la ley y las disposiciones de la autoridad.

Puede que los brotes de violencia en diversos mercados de la capital hayan sido rumores convertidos en psicosociales, pero, al menos, el ocurrido en el Mercado de la Tercera Zona de Collique fue real. Allí hubo grupo de vándalos aprovechando a río revuelto. De allí la necesidad de que el gobierno local, pero, sobre todo, el gobierno nacional garanticen la tranquilidad y seguridad ciudadanas.

Creemos que debe investigarse si existe alguna conexión entre la ola de violencia desatada y algunos  grupos políticos opositores a la alcaldesa Villarán que vienen siendo procesados por la Justicia. Como señala el comunicado de Perú Posible, en torno al proceso de revocatoria contra Susana Villarán, “existe un trasfondo político vinculado a la campaña de moralización que viene desarrollando desde la Municipalidad de Lima”.

La sensación de orden en un país no es como creen algunos fujimoristas la imposición de la fuerza a través de la guardia de asalto. El orden empieza con una autoridad que se hace respetar. En este caso, la autoridad de Lima que ha decidido poner las cosas en su sitio en dos áreas vitales para la ciudad: el transporte público y la comercialización de alimentos en los mercados.

Dos espacios donde nos encontramos todos los ciudadanos de a pie y donde por años se ha aceptado la ley del más fuerte, del más corrupto y del más violento. La costumbre no genera derechos. Menos si éstos vulneran derechos ajenos. Es momento de respetar y hacer respetar las reglas de juego. Y castigar las inconductas sociales y el lumpenismo corrupto que deben ser conductas del pasado que no tienen cabida en un nuevo orden global, respetuoso de la ley.
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02 octubre, 2012

El dilema de Humala


El presidente Humala debe resolver el dilema. O accede al pedido de la familia –aún no presentado– y le otorga el indulto humanitario a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y corrupción; o lo rechaza.

Para llegar a resolver dicho dilema, el presidente Humala debe tener en cuenta consideraciones políticas, jurídicas, médicas, pero también éticas y morales, así como un alto sentido de responsabilidad y justicia, en su condición de jefe del Estado.

En todos estos campos existe opinión a favor y en contra. Y cualquiera que sea su decisión, marcará una línea divisoria; un antes y un después en su gobierno.

En el campo médico, el presidente Humala no debiera tener problemas para decidir. El pedido de indulto humanitario debe estar debidamente sustentado ante una junta de galenos de primer nivel -si es possible con asesoramiento internacional-, cuyo informe sobre la enfermedad de Fujimori y el grado en que se encuentra no pueda ser cuestionado. Peritos médicos de parte, no sirven en casos como este.

No hay forma que el Presidente Humala pueda sortear este primer paso. Una junta médica debe confirmar si la laceración que tiene Fujimori en la boca está en fase terminal o es de consideración muy grave. El indulto humanitario sólo procedería en esas circunstancias, debidamente comprobadas.

En el terreno jurídico las opiniones están divididas. El presidente del Poder Judicial y el representante del Ministerio Público, han señalado -matices más, matices menos-, que no habría impedimento legal para que el primer mandatario otorgue el indulto humanitario. Pero existe una ley dada por el propio Fujimori que impide otorgar este beneficio a los condenados por secuestro agravado, y existe jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que niega el indulto o la amnistía para delitos de lesa humanidad.

En el plano político, la decisión del presidente Humala es mucho más delicada. Para empezar, tiene que considerer dos escenarios. El primero, una decisión favorable, abriría un clima de polarización y  confrontación con sectores democráticos del país –sindicatos, gremios, ongs, sociedad civil– lo que podría llevarlo a perder en el Congreso el apoyo de Perú Posible y de otras fuerzas democráticas, debilitando así su manejo en este poder del Estado, poniendo, incluso, en riesgo, la gobernabilidad del país. El segundo, descartar el indulto, significaría comprar estabilidad un periodo de tiempo más y delimitar el campo de la oposición, dejando el protagonismo a la bancada fujimorista. Algo que ya hemos visto en estos primeros meses de gobierno.

Donde realmente Humala asumirá su rol ante la Historia es en las consideraciones de orden ético y morales. En primer lugar, debe meditar sobre la responsabilidad que atañe a un ex presidente que deshonró el máximo cargo que la Nación puede confiar a un ciudadano. Desde el propio Estado, Fujimori organizó, toleró o dirigió, un grupo de asesinos. Es la peor afrenta que un ser humano puede cometer desde el poder. En ningún momento, Fujimori ha aceptado su responsabilidad, ha mostrado arrepentimiento o siquiera ha pagado la reparación civil que le impuso la justicia. 

El jefe del Estado debe entender que para el fujimorismo, el indulto humanitario, no es un acto de clemencia, sino de justicia. Y eso no se puede admitir. Sería pretender olvidar el pasado o, peor aún, premiar la impunidad. Sería olvidar a las víctimas de La Cantuta, Barrios Altos y otros. Y sería olvidar el dolor de los familiares. El presidente Humala insurgió contra una dictadura corrupta. Tiene ahora la oportunidad de honrar esa postura o de mancharla con una decisión contraria al principio de justicia. Eso es algo que deberá resolver en la soledad de su conciencia.

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