Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

31 diciembre, 2015

En defensa de la Descentralización

La descentralización es un proceso irreversible. No debe detenerse, ni retroceder. Por el contrario, debiera mejorarse, ajustarse, reimpulsarse. Necesita redireccionarse.

No hay reforma más importante que se haya realizado en democracia, que la descentralización. Hasta antes del 2002, se larvó en Perú un Estado centralista, arcaico, burocrático. En buena parte sigue siéndolo, pero cada vez menos.

Los casos de corrupción en los gobiernos regionales son una amenaza seria para el proceso de descentralización. Podría  incluso revivir el manejo centralista del Estado.

La mitad de los gobernadores regionales en problemas con la justicia. Obras paralizadas por pago de coimas en licitaciones y concursos. 700 en todo el país –según la Contraloría–, por un valor de 4.500 millones de soles.

A primera vista parece que la descentralización lo único que ha descentralizado es la corrupción.

Pero no es así. Aquí lo que ha pasado es que el gobierno nacional deshizo el mecanismo institucional necesario para monitorear el proceso.

El gobierno del Presidente Toledo dejó una arquitectura legal que consideraba la transferencia gradual de competencias. Instituyó una instancia de coordinación ­–El Consejo Nacional de Descentralización­–, que el siguiente gobierno simplemente eliminó. Y el actual no restituyó.

En lugar del CND se creó una Secretaría de Descentralización, de tercer nivel, sin autonomía técnico-funcional ni político-administrativa.

Se confundió autonomía con autarquía. Y se transfirió recursos sin mejorar las competencias y capacidades. Los gobiernos regionales avanzaron en mejorar sus presupuestos, pero no su capacidad de gasto.

Hoy los gobernadores regionales no se reúnen con regularidad con el Presidente de la República. El jefe del Estado no despacha con los representantes de los gobiernos subnacionales para monitorear planes de desarrollo u obras de envergadura que exceden el ámbito regional.

El Presidente trabaja con sus ministros, sectorialmente; pero no lo hace regionalmente con los gobernadores. No existe ese nivel de coordinación nacional-subnacional. Con excepción, claro de los Consejos de Ministros Descentralizados, modalidad que inició el Presidente Toledo en su gobierno.

Se requiere continuidad en las coordinaciones. Regularidad. Obligatoriedad. 

Quizás sea necesario que así como se tiene a la CIAEF para articular las políticas económicas y financieras y a la CIAS para coordinar la política social, se cree un mecanismo de coordinación entre el presidente y los gobiernos subnacionales, que podría ser una Comisión Nacional de Asuntos Regionales (CIAR), o restituir el Consejo Nacional de Descentralización con los mismos fines.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo tiene una instancia que podría cumplir ese objetivo: el Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI), en el que participan los presidentes regionales y una representación de alcaldes,  (LOPE Art. 19. Inc. 13). Está a cargo del Presidente del Consejo de Ministros, pero, en la práctica, es letra muerta. Nunca se le ha convocado.

Aquí lo que requiere es el liderazgo del Presidente de la República. Es el jefe de Estado quien debe redireccionar el proceso de descentralización. Y dejar que la PCM o un nuevo CND ejecute un programa nacional de fortalecimiento de capacidades.

La descentralización no es un fin en sí mismo; es un mecanismo para llegar al ciudadano. Construir el Estado con rostro humano es un proceso impostergable. No hay vuelta atrás en el deseo de llegar con calidad, eficacia y eficiencia al ciudadano. Y ese mecanismo es la descentralización, anhelo de los pueblos desde la fundación de la República.




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25 diciembre, 2015

Justicia y penas con sentido común



La sentencia de 6 años y 8 meses de prisión efectiva contra Silvana Buscaglia Zapler por abofetear e insultar a un policía que le aplicó una infracción de tránsito, es a todas luces exagerada. Más aún si la condena por homicidio simple es de 6 años.

El principio de autoridad de la policía ha sido reparado y eso está bien; pero a costa de la proporcionalidad de la pena. La sanción es justa, pero desproporcionada.

La señora Buscaglia es una de los más de 1,098 casos que según LaRepública, se han resuelto en apenas 72 horas debido a la aplicación del Decreto Legislativo 1194 que permite aplicar jucios rápidos cuando el infractor es detenido en flagrancia.

Estos juicios sumarios estaban previstos desde el 2004, pero no eran obligatorios, sino potestativos.

Hoy si una persona comete cualquier delito y es apresado en plena flagrancia el fiscal tiene la obligación de procesarlo y el juez de sentenciarlo, en horas.

El problema es que las penas han aumentado. Lo que puede llevar a sentencias extremas como el de la señora Buscaglia, cometiéndose abusos e injusticias.

Lo que esta señora cometió fue una falta de respeto absoluto a la autoridad, con violencia y prepotencia (Ver video aquí). El transfondo ­–lo han asegurado psicólogos y expertos en el tema–, probablemente encierre un desprecio racista de un grupo social que considera inferior al resto.

Pero 6 años y 8 meses por esta agresión, es desproporcionado.

Para que las sanciones por delitos en flagrancia no se conviertan en un abuso de la autoridad tiene que haber sentido común en quien ejerce la ley. O un contrapeso de opiniones que vayan en busca de la proporcionalidad de la pena.

El decrecho anglosajón tiene un modelo que podríamos empezar a pensar en introducirlo en nuestro sistema: el common law.

No existe en el derecho romano occidental. El common law es –en la práctica– una corte de personas no especializadas en derecho que administran justicia siguiendo el sentido común y la proporcionalidad del delito y la pena.

El common law se basa en las costumbres, en la jurisprudencia de casos anteriores, pero, principalmente, en el sentido común, antes que en la norma escrita o el código.

Los casos son juzgados con diversos puntos de vista; no solo el jurídico o estrictamente normativo y legal.

Un tribunal múltiple en lo profesional y hasta pluricultural podría encontrar un mejor equilibrio en encontrar la proporcionalidad de la pena. Y no estar atado como el juez que sentenció a la señora Buscaglia a una pena escrita establecida en el Código Penal.

La selección de estos jueces podría ser incluso por sufragio universal.

Y podría introducirse en nuestro sistema de administración de justicia de manera parcial, solo para casos como el que comentamos o delitos de tránsito sin lesiones graves y/o muerte, jucio de alimentos, agresiones de pareja, entre otros.

Después de todo, el Art. 138 de la Constitución Política del Perú señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo.



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11 diciembre, 2015

Recuperar el imperio de la ley



La captura y confesión de los autores materiales e intelectuales del asesinato del alcalde de Samanco, Francisco Ariza Espinoza y su abogado, Henri Aldea Correa, es un cóctel que mezcla dos características de lo peor del ser humano: codicia y venganza.

El alcalde fue asesinado por sus propios regidores para usurpar el poder y manejar el presupuesto público destinado a obras, en beneficio propio. Su asesor legal fue ultimado, en venganza, por otro abogado, que meses antes fue despedido por su sucesor de la pequeña Municipalidad Distrital de Samanco, Provincia del Santa, en la Región Ancash.

El móvil que une ambos asesinatos es la corrupción.

El alcalde era un estorbo para quienes consideraban el presupuesto municipal un botín. El abogado, una víctima de la venganza, al no considerar que el hombre que despidió había "invertido" 200 mil soles en la campaña de Ariza Espinoza.

Para ejecutar su plan, los asesinos contrataron sicarios ­–uno de ellos menor de edad–, quienes emboscaron al alcalde y su abogado en plena carretera, donde los acribillaron y les prendieron fuego. Sin piedad.

Fue un magnicidio. Pero no por razones políticas o ideológicas, sino por las más oscuras pasiones que, también en la política, exhibe el ser humano.

No es raro que esto ocurra. Por el contrario, se está volviendo más bien una actuación común, particularmente en una región convulsionada por el manejo turbio de la cosa pública, como Ancash. Las diferencias, las luchas intestinas por el poder, el afán de enriquecimiento rápido, la dilapidación del erario público, se arreglan, de manera fulminante, a balazos. 

El sicariato, la extorsión y la disputa armada entre bandas delincuenciales por el botín presupuestal de las obras públicas en ejecución, se colude muchas veces con malas autoridades electas, policías, jueces y fiscales.

Es la lucha del Estado contra el crimen organizado.

Y en esta guerra de supervivencia del orden legal, me temo, la solución no puede venir del propio sistema de administración de justicia. 

Necesitamos es organizar un nuevo cuerpo de élite policial de investigaciones ­­–al estilo FBI–, con recursos e inteligencia que enfrente este problema de raíz.

Una policía de investigaciones nueva, especializada, con recursos y capacidad operativa, asesorada por organizaciones policiales del más alto nivel en el mundo, que retome el control del Estado y la paz social.

El trabajo de recuperar los valores cívicos para adecentar la política toma mucho tiempo. Se debe hacer. Pero, mientras eso se consolida y da frutos, se deben acometer acciones eficaces e inmediatas de lucha frontal contra el crimen organizado.

La política no tiene que ser sangre y muerte; venganza y crímen. 

Si no nos civilizamos, el Estado tiene la obligación de imponer el orden y la fuerza. Y eso es, simplemente, volver al imperio de la ley.  

Tenemos que parar en seco el caos político y delincuencial que se vive en algunas regiones del país.

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