Perú, Julio 2007: Democradura

El gobierno ha reaccionado con mano de hierro a las protestas sociales. Utilizando de manera ilegal las facultadades que le delegó el Congreso para legislar en materia de terrorismo, lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, ha presentado dos decretos legislativos que perforan el régimen democrático, empujándolo hacia la oscura frontera de la democradura, un paso antes de la dictadura.

El primero es el que pena con inhabilitación del cargo a presidentes regionales y alcaldes que participen en una huelga o manifestación pública. El segundo, es el que faculta a la Policía y Fuerzas Armadas a usar sus armas contra la población quedando exenta de responsabilidad penal si causan lesión o muerte.

Son decretos legislativos que exceden las facultades otorgadas por el Congreso y colocan al gobierno aprista en una situación de tránsito hacia un régimen autoritario que conculca y reprime las libertades ciudadanas. Reclamar, movilizarse o aún realizar marchas, huelgas o paros, no encajan dentro de la figura penal de crimen organizado.

El miedo y un evidente afán de castigo a las autoridades políticas que se movilizaron junto a las organizaciones sociales y frentes de defensa, paracen ser los principales motivos que gatillaron esta respuesta represiva.

Arrinconado por la ola de protesta social, la ira contenida del presidente García lo ha hecho pasar, gradualmente, de los insultos a la dirigencia sindical, a la condena; de la condena a la represión y detención, y de éstas a la violencia legal y, eventualmente, la muerte.

Alguien debe recordarle al Presidente que las balas nunca detuvieron las movilizaciones sociales. Por el contrario, dispositivos como aquellos, salidos de modelos autoritarios, pueden exacerbar más los ánimos. Normalmente, los muertos sacan gobiernos. Sino, preguntémosle a Gonzalo Sánchez de Lozada que le pasó en Bolivia.

El camino para plantear una acción de inconstitucionalidad queda abierto, y así lo han hecho saber los presidentes regionales de Lambayeque, Yehude Simon; de Cusco, Hugo Gonzales; de Arequipa, Juan Manuel Guillén y de Tacna, Hugo Ordoñez.

Los sectores democráticos tienen aquí una nueva tarea por delante: declarar la inconstiucionalidad de los dispositivos. Es por atropellos como el que comentamos que se requiere un Congreso que contrapese el poder que el gobierno pretende concentrar.

Lo decíamos en el post anterior; había que darle contenido a la lista opositora. “Que no se vea como la suma de apetitos personales, sino como el acuerdo inteligente y responsable de grupos electoralmente representativos que tienen claro las leyes y reformas que se necesitan para mejorar la calidad de representación e interlocución del Parlamento con la sociedad”.

Bueno, pues, aquí hay un primer punto de la agenda. Explicar y recordar los alcances de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo. Y parar ¡ya!, el temerario cambio de timón del gobierno aprista hacia la democradura.

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