Mediante resolución suprema, el gobierno ha autorizado a las FF.AA. intervenir en Cajamarca en resguardo de establecimientos públicos y privados, servicios de agua, luz, aeropuertos, vías de acceso en las provincias de Cajamarca, Celedín, Hualgayoc y Contumazá.
¿Significa esto que Humala ha militarizado los conflictos sociales?
No, necesariamente. La declaratoria de emergencia es una medida constitucional excepcional que el gobierno ha decidido usar ante el fracaso del diálogo entre representantes del gobierno y dirigentes locales.
El dispositivo señala que la actuación de las FFAA constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional y no releva la activa participación de ésta. Es decir, no le entrega a las FF.AA. el comando político-militar.
La militarización de los conflictos sociales es la represión a sangre y fuego de las protestas con la consecuente baja de civiles a manos de los militares. “El país no soportaría otro baguazo”, dijo con razón el ex presidente Alejandro Toledo.
El artículo 137° de la Constitución establece que, el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, el Estado de Emergencia.
En estas condiciones, el Estado reestablece el orden y la tranquilidad públicas, necesarios para que se desarrollen con cierta normalidad las actividades de los ciudadanos.
Esperamos que la población de Cajamarca asuma esta medida con cautela y precaución, retome el diálogo y arribe a una solución definitiva a sus reclamos.
Sólo en condiciones de paz social, es posible estudiar la viabilidad del proyecto minero Conga que tiene un cuestionado Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en el gobierno anterior.
El país necesita la inversión privada, pero no a costa de impactar negativamente de manera irreversible en el medioambiente. Corresponde, en consecuencia, revisar el EIA y hacer nuevos estudios.
Por otro lado, el gobierno tiene la obligación de garantizar la vida, restablecer los servicios básicos y hacer respetar la propiedad pública y privada.
El Estado de Emergencia genera, de todos modos, una situación de tensión que requiere un alto sentido de responsabilidad de parte tanto de las fuerzas del gobierno como de los agitadores sociales para que no se desborden las pasiones.
Por el bien del país, nadie espera que hablen las balas.
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