La fábrica de denuncias existe. Lo ha probado ayer el ministro de la Producción , Rafael Rey al acudir raudo a Palacio de Gobierno a recabar copias de facturas y boletas y salir a denunciar la compra de lentes y perfumes.
Rey se entrevistó con el gerente general de la fábrica de denuncias, el mismísimo Presidente de la República , quien le entregó un estudio pormenorizado de los gastos de su antecesor en Palacio de Gobierno.
¿Alguien se ha preguntado quien realizó ese trabajo?, ¿habrá sido parte de un informe de auditoría interna?, ¿o algún informe preliminar de Contraloría? Nada de eso. Es el resultado de un grupo de trabajo que desde hace cinco meses trabaja para García en Palacio y cobra honorarios por recibo.
El ministro Rey presentó documentación interna de Palacio que ha sido manipulada por esta gente, ajena al sistema nacional de control. Ese fajo de facturas llegó luego a medios de comunicación amigos como Frecuencia Latina.
Desde el patio central de la fábrica, Rey hizo su trabajo y reveló la compra de perfumes, lentes para sol y cigarrillos para Chantal. Luego, se paseó por todos los medios a repetir lo mismo.
Triste papel el del presente Gobierno. Encausar a su antecesor por la compra de perfumes, anteojos y cigarrillos, es rebajar el nivel de la política a un punto jamás antes visto.
Pero la respuesta del Gobierno no sólo se limitó a utilizar a su rabona política, Rafael Rey, para salir a defenderlo. Rey cumplió en exceso su tarea y se encargó de colocar a sus protegidos -Carmen Burga y Peter Menacho- en Radioprogramas del Perú, los testigos del caso de las firmas falsas que recibieron dinero y celulares de su ONG.
Respecto a las cifras concretas del gasto de Palacio, lo que sostiene el Gobierno es un chiste. Junta presupuestos de otros sectores y los suma. Así, carga en la cuenta de Toledo los gastos del combustible del avión presidencial (que pertenecen al sector Defensa), los gastos de la Secretaría de Comunicaciones (que están en el pliego de la Presidencia del Consejo de Ministros), los gastos por viáticos (que los asume el sector que viaja), y hasta el gasto de un documental del ministerio de Industria. Es decir, junta papas con camotes.
No pues, señor García, así no se maneja la contabilidad del Estado. Eso no es serio. Es una chambonada que sólo busca enlodar personas.
El resultado ha sido un primer jalón de orejas para el Gobierno de parte de los empresarios, en este caso, José Miguel Morales, Presidente de la Confiep , quien expresó su fastidio por el grado de intolerancia que percibe en contra del Presidente Toledo.
Fastidio que empiezan a sentir otros sectores de la población y señal de que no todos han perdido la sensatez.
28 diciembre, 2006
26 diciembre, 2006
Gastos, trastos y oropel
El Presidente ha vuelto a derrapar el cargo. Lo degrada cada vez que se aleja del justo medio y acusa sin pruebas por afán protagónico. Esta vez las ha vuelto a emprender contra su sucesor, Alejandro Toledo, acusándolo de despilfarro en los gastos de Palacio.
Ya lo hizo antes, el 30 de agosto de este año, cuando justificó la contratación de un procurador -amigo suyo- para investigar los supuestos gastos superfluos del gobierno anterior.
No contento con eso, García también contrató un equipo de fotocopiadores y los puso a trabajar en el piso ocho del Edificio Pizarro hurgando facturas. Luego las distribuyó a la prensa. (Ver post del 5 de diciembre).
Ahora vuelve a la carga y señala que en Palacio se gastaron 340 millones de soles en cinco años. "Eso a mí me parece un crimen, que no se hayan robado (el dinero) es una cosa, pero que los han gastado con una largueza casi delictual si es un problema", declaró a la prensa tras salir de la misa de Navidad.
La cifra de 340 millones de soles en gasto es espantosa y distorsionada por donde se la mire. Lo que se gastó en el despacho presidencial del 2001 al 2006 fue 187 millones 834 mil 036 nuevos soles. Es decir, 152 millones de soles menos de lo que ha malinformado el Presidente.
García tiene un problema serio con el manejo de las cifras y las infla y manipula con descaro. ¿Será por eso que quiere manejar el Instituto Nacional de Estadística (INEI) para que nadie fiscalice los indicadores de gestión de su gobierno?
La única largueza en este juego parece ser la lengua presidencial que no la puede contener en medio de un proceso de investigación a cargo de la Fiscalía de la Nación que ha tenido que hacerle ver al señor Presidente que no se puede iniciar juicio a nadie con simples recortes de periódicos que a su vez son simples reproducciones de fotocopias que le alcanzan sus esbirros de Palacio.
Hoy en Palacio los gastos han disminuido, pero no los consumos. Sucede que existen generosos donantes que se encargan de aliviar las cuentas de las atenciones palaciegas, sin comprometer el presupuesto asignado al despacho presidencial.
Se sabe que muchas de las atenciones en licores, almuerzos y finos bocadillos de la familia y amigos del Presidente son solventados por el bolsillo del diligente secretario general. Lo que nadie sabe es con dineros de quién se pagan esos gastos.
Esa es la diferencia fundamental entre los gastos del anterior gobierno y la manera cómo se manejó el presupuesto del despacho presidencial desde siempre. Nadie encontró, por supuesto, archivos contables de lo gastado por Fujimori o García cuando estuvieron en el poder.
Toledo creó el pliego presupuestal para el despacho presidencial; monto que a partir del 2002 se presenta anualmente al Congreso, se discute y aprueba. La ejecución del mismo se publica en una página web bajo el concepto de transparencia informativa.
¿Quién paga ahora las comilonas palaciegas? Nadie lo sabe, nadie pregunta y nadie investiga tampoco. ¿Quién dona al despacho productos diversos para las atenciones oficiales que siempre existen? ¿Quién está enjuagando estos trastos? Sería bueno conocerlo.
Como el cobre necesita un baño ácido para refulgir, García requiere primero echar barro a su antecesor acusándolo de despilfarro y boato para luego él bruñir su imagen de prudencia y austeridad. Lo que no calcula es que todos empiezan a darse cuenta que ese brillo es sólo de oropel.
Ya lo hizo antes, el 30 de agosto de este año, cuando justificó la contratación de un procurador -amigo suyo- para investigar los supuestos gastos superfluos del gobierno anterior.
No contento con eso, García también contrató un equipo de fotocopiadores y los puso a trabajar en el piso ocho del Edificio Pizarro hurgando facturas. Luego las distribuyó a la prensa. (Ver post del 5 de diciembre).
Ahora vuelve a la carga y señala que en Palacio se gastaron 340 millones de soles en cinco años. "Eso a mí me parece un crimen, que no se hayan robado (el dinero) es una cosa, pero que los han gastado con una largueza casi delictual si es un problema", declaró a la prensa tras salir de la misa de Navidad.
La cifra de 340 millones de soles en gasto es espantosa y distorsionada por donde se la mire. Lo que se gastó en el despacho presidencial del 2001 al 2006 fue 187 millones 834 mil 036 nuevos soles. Es decir, 152 millones de soles menos de lo que ha malinformado el Presidente.
García tiene un problema serio con el manejo de las cifras y las infla y manipula con descaro. ¿Será por eso que quiere manejar el Instituto Nacional de Estadística (INEI) para que nadie fiscalice los indicadores de gestión de su gobierno?
La única largueza en este juego parece ser la lengua presidencial que no la puede contener en medio de un proceso de investigación a cargo de la Fiscalía de la Nación que ha tenido que hacerle ver al señor Presidente que no se puede iniciar juicio a nadie con simples recortes de periódicos que a su vez son simples reproducciones de fotocopias que le alcanzan sus esbirros de Palacio.
Hoy en Palacio los gastos han disminuido, pero no los consumos. Sucede que existen generosos donantes que se encargan de aliviar las cuentas de las atenciones palaciegas, sin comprometer el presupuesto asignado al despacho presidencial.
Se sabe que muchas de las atenciones en licores, almuerzos y finos bocadillos de la familia y amigos del Presidente son solventados por el bolsillo del diligente secretario general. Lo que nadie sabe es con dineros de quién se pagan esos gastos.
Esa es la diferencia fundamental entre los gastos del anterior gobierno y la manera cómo se manejó el presupuesto del despacho presidencial desde siempre. Nadie encontró, por supuesto, archivos contables de lo gastado por Fujimori o García cuando estuvieron en el poder.
Toledo creó el pliego presupuestal para el despacho presidencial; monto que a partir del 2002 se presenta anualmente al Congreso, se discute y aprueba. La ejecución del mismo se publica en una página web bajo el concepto de transparencia informativa.
¿Quién paga ahora las comilonas palaciegas? Nadie lo sabe, nadie pregunta y nadie investiga tampoco. ¿Quién dona al despacho productos diversos para las atenciones oficiales que siempre existen? ¿Quién está enjuagando estos trastos? Sería bueno conocerlo.
Como el cobre necesita un baño ácido para refulgir, García requiere primero echar barro a su antecesor acusándolo de despilfarro y boato para luego él bruñir su imagen de prudencia y austeridad. Lo que no calcula es que todos empiezan a darse cuenta que ese brillo es sólo de oropel.
24 diciembre, 2006
VRAE: ensalada de coca
Fernando Rospigliosi, especialista en temas de defensa, narcotráfico y terrorismo, maneja la teoría que la emboscada de Machente fue un golpe del narcotráfico a un operativo exitoso realizado por la policía antidrogas semanas atrás. Para responder la estrategia represiva del Estado, los narcos contrataron a su brazo armado, Sendero Luminoso y emboscaron la patrulla para decir: aléjense de nuestras tierras. No los queremos aquí.
Otro analista, Jaime Antezana, sostiene que la emboscada fue más bien en respuesta a la presencia de los ministros de Defensa e Interior que estuvieron en esas tierras apenas dos semanas antes del atentado. En esa oportunidad, las autoridades anunciaron acciones conjuntas de las fuerzas armadas y policiales, mayor presupuesto para el sector y la conformación de la región policial del VRAE. Es decir, mayor presencia del Estado en esa zona.
Un tercer observador político, Santiago Pedraglio, afirma que es necesario que las autoridades definan cuál de las fuerzas es la más activa para poder delinear qué tipo de estrategia diseñar, qué fuerzas se requieren y qué papel se le debe asignar a las Fuerzas Armadas y Policiales.
En lo que no hay duda es en la importancia que ha ganado el eje del Valle del Río Apurímac – Ene (VRAE) en el mapa de la droga en el Perú, al punto que hay quienes piensan que en poco tiempo esta zona desplazará al Alto Huallaga en la producción de hojas de coca.
Según las conservadoras cifras de Devida la producción de cultivos de coca en el país es 48,200 hectáreas. De éstas, el 65,4% están en el Alto Huallaga, Monzón y en el VRAE.
En su informe oficial, "Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011", Devida reconoce que el narcotráfico en el Perú ha pasado de productor y exportador de PBC a ser productor y exportador de cocaína, sin necesitar a intermediarios colombianos o mexicanos.
El narcotráfico inyecta además unos 380 millones de dólares netos a la economía nacional, producto de la sobre producción de hoja de coca que excede en once veces la demanda legal. Aunque hay quienes piensan que esta cifra se debe multiplicar por cuatro.
Para atender el mercado tradicional y medicinal se necesitan unas 9 mil toneladas de hoja de coca, pero se producen 106 mil toneladas de hoja de coca. Un fuerte impacto que es responsable de un tercio de las tierras deforestadas en el país. Demasiado como para pensar en usarlas en ensaladas como propuso recientemente el Presidente Alan García, ¿verdad?
Otro analista, Jaime Antezana, sostiene que la emboscada fue más bien en respuesta a la presencia de los ministros de Defensa e Interior que estuvieron en esas tierras apenas dos semanas antes del atentado. En esa oportunidad, las autoridades anunciaron acciones conjuntas de las fuerzas armadas y policiales, mayor presupuesto para el sector y la conformación de la región policial del VRAE. Es decir, mayor presencia del Estado en esa zona.
Un tercer observador político, Santiago Pedraglio, afirma que es necesario que las autoridades definan cuál de las fuerzas es la más activa para poder delinear qué tipo de estrategia diseñar, qué fuerzas se requieren y qué papel se le debe asignar a las Fuerzas Armadas y Policiales.
En lo que no hay duda es en la importancia que ha ganado el eje del Valle del Río Apurímac – Ene (VRAE) en el mapa de la droga en el Perú, al punto que hay quienes piensan que en poco tiempo esta zona desplazará al Alto Huallaga en la producción de hojas de coca.
Según las conservadoras cifras de Devida la producción de cultivos de coca en el país es 48,200 hectáreas. De éstas, el 65,4% están en el Alto Huallaga, Monzón y en el VRAE.
En su informe oficial, "Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011", Devida reconoce que el narcotráfico en el Perú ha pasado de productor y exportador de PBC a ser productor y exportador de cocaína, sin necesitar a intermediarios colombianos o mexicanos.
El narcotráfico inyecta además unos 380 millones de dólares netos a la economía nacional, producto de la sobre producción de hoja de coca que excede en once veces la demanda legal. Aunque hay quienes piensan que esta cifra se debe multiplicar por cuatro.
Para atender el mercado tradicional y medicinal se necesitan unas 9 mil toneladas de hoja de coca, pero se producen 106 mil toneladas de hoja de coca. Un fuerte impacto que es responsable de un tercio de las tierras deforestadas en el país. Demasiado como para pensar en usarlas en ensaladas como propuso recientemente el Presidente Alan García, ¿verdad?
23 diciembre, 2006
Pena de Muerte o Discours de Mort
La emboscada a la camioneta policial fue feroz; en el peor estilo senderista. La ministra del Interior, Pilar Mazzeti, ha revelado detalles del atentado. Agazapados en los matorrales, los atacantes aguardaron a sus víctimas durante horas. Cuando los tuvieron en la mira les dispararon sin tregua. 148 tiros de fusiles de guerra. Los policías no tuvieron opción de repeler el ataque. Luego de acribillarlos, los homicidas se acercaron y los remataron.
Fue un acto de crueldad suma que ha llevado –del verbo incontenible del Presidente de la República-, ha reabrir el debate en torno a la aplicación de la pena de muerte para terroristas. Luego de un acto de extrema violencia como el descrito, es lógico que la pasión se desborde.
Pero la diferencia entre el gobernante y los gobernados debe ser, precisamente, discernir entre acciones emotivas y actos racionales. Serenarse en los momentos más difíciles y aquietar la pasión para pensar como conductor y no como un simple mortal que clama venganza.
¿Puede el Estado responder a la violencia extrema con la misma arma? ¿Cómo enfrentar un acto calificado de vesánico y demoníaco por el propio Jefe del Estado, sin caer en la lista de países bárbaros?
Algunos lectores han equivocado mi interpretación sobre el uso legítimo de la violencia con la decisión de aplicar –y eventualmente ampliar- la pena de muerte.
“El Estado debe eliminarlos sin contemplaciones. No valen aquí argucias como instaurar un diálogo político o incorporarlos a la vida política, como reclamaron los rezagos senderistas en el reportaje de televisión. Quien usa las armas para hablar debe esperar respuesta en el mismo lenguaje”, señalé en mi post anterior.
Me refería a las leyes de la guerra. No a la aplicación de la pena capital. En el combate armado hablan las armas. En la vida civil rige la ley. En la convivencia democrática la ley y la justicia. En el campo de batalla, los soldados tienen el deber de protegernos con el uso de sus armas. Si Sendero dispara a matar, las Fuerzas Armadas y Policiales tienen el legítimo derecho de eliminarlos de la misma manera.
La pena de muerte implica salirnos del amparo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir del 10 de enero del próximo año, el Congreso pondrá en agenda este tema. Se discutirá la propuesta enviada por el Ejecutivo el pasado 11 de noviembre. El debate excederá el foro legislativo. Es necesario que así sea para asegurar que la decisión que se adopte sin apasionamientos, ni odios.
La emboscada senderista ha caído como anillo al dedo al discours de mort del Presidente García. Pero, cuidado, pena de muerte en combate es una cosa y pena de muerte por venganza o cálculo político, es otra totalmente distinta.
Fue un acto de crueldad suma que ha llevado –del verbo incontenible del Presidente de la República-, ha reabrir el debate en torno a la aplicación de la pena de muerte para terroristas. Luego de un acto de extrema violencia como el descrito, es lógico que la pasión se desborde.
Pero la diferencia entre el gobernante y los gobernados debe ser, precisamente, discernir entre acciones emotivas y actos racionales. Serenarse en los momentos más difíciles y aquietar la pasión para pensar como conductor y no como un simple mortal que clama venganza.
¿Puede el Estado responder a la violencia extrema con la misma arma? ¿Cómo enfrentar un acto calificado de vesánico y demoníaco por el propio Jefe del Estado, sin caer en la lista de países bárbaros?
Algunos lectores han equivocado mi interpretación sobre el uso legítimo de la violencia con la decisión de aplicar –y eventualmente ampliar- la pena de muerte.
“El Estado debe eliminarlos sin contemplaciones. No valen aquí argucias como instaurar un diálogo político o incorporarlos a la vida política, como reclamaron los rezagos senderistas en el reportaje de televisión. Quien usa las armas para hablar debe esperar respuesta en el mismo lenguaje”, señalé en mi post anterior.
Me refería a las leyes de la guerra. No a la aplicación de la pena capital. En el combate armado hablan las armas. En la vida civil rige la ley. En la convivencia democrática la ley y la justicia. En el campo de batalla, los soldados tienen el deber de protegernos con el uso de sus armas. Si Sendero dispara a matar, las Fuerzas Armadas y Policiales tienen el legítimo derecho de eliminarlos de la misma manera.
La pena de muerte implica salirnos del amparo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir del 10 de enero del próximo año, el Congreso pondrá en agenda este tema. Se discutirá la propuesta enviada por el Ejecutivo el pasado 11 de noviembre. El debate excederá el foro legislativo. Es necesario que así sea para asegurar que la decisión que se adopte sin apasionamientos, ni odios.
La emboscada senderista ha caído como anillo al dedo al discours de mort del Presidente García. Pero, cuidado, pena de muerte en combate es una cosa y pena de muerte por venganza o cálculo político, es otra totalmente distinta.
18 diciembre, 2006
El oscuro Sendero
Sendero ataca nuevamente. Una camioneta de la Policía Antidrogas fue emboscada y acribillida en el camino. Ocho muertos. Los peritos contaron más de 100 orificios de bala en el auto siniestrado. Es una demostración de fuerza de un grupo que política y militarmente fue derrotado, pero que todavía mantiene un grupo de hombres armados deambulando por la selva.
Estos hombres atacan no para conquistar el poder como ilusoriamente pensaron sus fundadores a inicios de los ochenta, sino para proteger una zona económica que vive gracias al narcotráfico. Son mercenarios a sueldo de los cocaleros y carteles.
Hace unas semanas, este grupo reapareció en televisión. A diferencia del pasado en que sus combatientes se mimetizaban con los campesinos, lucieron uniformes con logotipos impresos en el pecho que decían “PCP, Ejercito Guerrillero Popular”. Una pantomima, un show para la televisión. En ese reportaje mostraron armas de guerra modernas, algunas de largo alcance.
El hecho que se disfracen de guerrilleros y que ofrezcan conferencias de prensa para la televisión no quiere decir que no se les tome en serio. El ataque de ayer en La Mar, Ayacucho , así lo demuestra. La emboscada al grupo policial antidrogas y a trabajadores de la Empresa Nacional de la Coca, Enaco, indica quienes son ahora sus principales objetivos militares. Es una guerra contra el poder del narcotráfico.
El Estado debe eliminarlos sin contemplaciones. No valen aquí argucias como instaurar un diálogo político o incorporarlos a la vida política, como reclamaron los rezagos senderistas en el reportaje de televisión. Quien usa las armas para hablar debe esperar respuesta en el mismo lenguaje.
Sendero nació a inicios de los ochenta y usó la lucha armada como vía para fundar lo que llamo la “Nueva República”. Ese proyecto político fue derrotado en el campo y en la ciudad, cuando las comunidades se revelaron contra él y cuando las Fuerzas Armadas entendieron –y aplicaron- una de las leyes de guerra: ganarse a la población.
Fue una guerra dolorosa, con errores, excesos y con muertos inocentes, por cierto. De alguna u otra manera, todos hemos pagado sus consecuencias. Por eso mismo, no podemos permitir que resurja el terror como método de lucha.
Si antes Sendero emboscaba patrullas y remataba a sus víctimas con pedradas inmensas en la cabeza, hoy no se ahorra las balas para matar. Sendero podrá haber cambiado de táctica –ya no ataca poblados indiscriminadamente, ni causa apagones-, pero, en esencia, sigue siendo la misma maquinaria de guerra; disminuida numéricamente -se calcula unos 300 combatientes-, aunque mejor armada.
Más de 60 mil víctimas del terrorismo no dejan lugar a dudas. Los remanentes de Sendero Luminoso deben ser sofocados. El Estado no debe permitir -nunca más-, que retorne el oscuro sendero de la muerte.
Estos hombres atacan no para conquistar el poder como ilusoriamente pensaron sus fundadores a inicios de los ochenta, sino para proteger una zona económica que vive gracias al narcotráfico. Son mercenarios a sueldo de los cocaleros y carteles.
Hace unas semanas, este grupo reapareció en televisión. A diferencia del pasado en que sus combatientes se mimetizaban con los campesinos, lucieron uniformes con logotipos impresos en el pecho que decían “PCP, Ejercito Guerrillero Popular”. Una pantomima, un show para la televisión. En ese reportaje mostraron armas de guerra modernas, algunas de largo alcance.
El hecho que se disfracen de guerrilleros y que ofrezcan conferencias de prensa para la televisión no quiere decir que no se les tome en serio. El ataque de ayer en La Mar, Ayacucho , así lo demuestra. La emboscada al grupo policial antidrogas y a trabajadores de la Empresa Nacional de la Coca, Enaco, indica quienes son ahora sus principales objetivos militares. Es una guerra contra el poder del narcotráfico.
El Estado debe eliminarlos sin contemplaciones. No valen aquí argucias como instaurar un diálogo político o incorporarlos a la vida política, como reclamaron los rezagos senderistas en el reportaje de televisión. Quien usa las armas para hablar debe esperar respuesta en el mismo lenguaje.
Sendero nació a inicios de los ochenta y usó la lucha armada como vía para fundar lo que llamo la “Nueva República”. Ese proyecto político fue derrotado en el campo y en la ciudad, cuando las comunidades se revelaron contra él y cuando las Fuerzas Armadas entendieron –y aplicaron- una de las leyes de guerra: ganarse a la población.
Fue una guerra dolorosa, con errores, excesos y con muertos inocentes, por cierto. De alguna u otra manera, todos hemos pagado sus consecuencias. Por eso mismo, no podemos permitir que resurja el terror como método de lucha.
Si antes Sendero emboscaba patrullas y remataba a sus víctimas con pedradas inmensas en la cabeza, hoy no se ahorra las balas para matar. Sendero podrá haber cambiado de táctica –ya no ataca poblados indiscriminadamente, ni causa apagones-, pero, en esencia, sigue siendo la misma maquinaria de guerra; disminuida numéricamente -se calcula unos 300 combatientes-, aunque mejor armada.
Más de 60 mil víctimas del terrorismo no dejan lugar a dudas. Los remanentes de Sendero Luminoso deben ser sofocados. El Estado no debe permitir -nunca más-, que retorne el oscuro sendero de la muerte.
16 diciembre, 2006
Escenarios y conflictos
En una disertación en ESAN (*), un empresario minero, un economista y un analista de inversión concuerdan en su apreciación sobre lo que nos espera el 2007: seguirá el crecimiento, siempre que no se alteren factores de comportamiento en China y Estados Unidos. En caso contrario, afirman, “habrá una desaceleración y una posible recesión en la economía mundial”. A partir de estas dos premisas desarrollan dos escenarios probables, uno optimista y otro pesimista.
En el escenario optimista, China continuará creciendo a un ritmo de 10% anual y necesitará nuestras materias primas. El precio de los minerales seguirá subiendo cumpliendo un ciclo expansivo pocas veces visto. Estados Unidos, enfrentará su déficit fiscal, el dólar se recuperará frente al Euro, al Yen y al Yuan y el petróleo mantendrá su precio de alrededor de 60 dólares el barril. En el Perú, mantendremos el ritmo exportador, firmaremos el TLC con los Estados Unidos y la política no alterará las reglas de juego tanto en inversión como en asuntos tributarios.
En el escenario pesimista, China cae producto de una escasez de materias primas en el mundo, los minerales vuelven a sus niveles de precios bajos, Estados Unidos recalienta su economía y entra a un enfriamiento brusco que lo lleva a la recesión, el dólar sigue cayendo y el barril de petróleo se dispara. En el Perú, no firmamos el TLC, no alcanzamos el grado de inversión previsto, se endurece la legislación laboral, se alteran las reglas de juego y se ahuyenta el capital de inversión.
En ambos escenarios -concuerdan el empresario, el economista y el analista-, lo que ocurra con los conflictos sociales, alrededor de proyectos mineros, será clave.
El minero recuerda que su empresa desarrolla proyectos en el Perú hace más de medio siglo y jamás encontró tanta resistencia de las comunidades campesinas como hoy en día. En la época de terrorismo –revela- sus colegas tenían claro que frente a la amenaza terrorista había dos salidas: o armaban un ejército mercenario para defender sus capitales e inversiones, o se aliaban a las comunidades campesinas.
Luego, confiesa que de cinco proyectos que tienen en ejecución, los cinco están hoy paralizados por conflictos con poblaciones altoandinas. Lo que sucede-explica- es que el Estado ha sido ineficaz para invertir el dinero de las regalías en las comunidades donde reside el mineral. “Todo se lo lleva la caja central y no queda nada o muy poco para las poblaciones”.
Esas comunidades son las más pobres entre las pobres del país. Viven por encima de los 3,500 metros, sus hijos nacen con desnutrición crónica y carecen de servicios adecuados de salud, nutrición o educación; en su gran mayoría son quechuablantes. Este ejército de excluidos no siente los beneficios del Estado, ni de la mina.
Contra lo que pudiera pensarse, el conflicto que estalla en estas zonas no es sólo por diferencias o reclamos a la empresa minera. La Defensoría del Pueblo ha identificado también controversias por linderos, tierras, agua y límites territoriales. Es decir, luchan por su supervivencia. Por lo más elemental que tiene el ser humano para vivir: tierra y agua.
No basta pues con aplicar métodos que mejoren los canales de comunicación entre las mineras y las poblaciones, dentro de lo que hoy se llama política de responsabilidad social de las empresas. Es eso y mucho más. Hay un problema de dignidad, de ciudadanía, de calidad de vida, de justicia.
En tierras agrestes como esas, donde además del mineral, muy pocas cosas pueden crecer y cultivarse para ocupar un lugar en este mundo ancho y ajeno, es necesario que el Estado rediseñe su política de inversiones públicas. Las comunidades campesinas no pueden ver más pasar el oro o el cobre, sin que les deje nada.
Si el Estado es ineficiente, habrá que buscar otro mecanismo. La empresa, la región, el gobierno local y la propia comunidad tienen que participar en un modelo que vigile el uso adecuado de fondos; no para construir monumentos o palacios municipales, sino obras de infraestructura, postas de salud, colegios, centros de producción. Si no lo hacemos, las regiones se movilizarán y harán sentir su voz. No importará en qué escenario se mueva el mundo; prevalecerá el conflicto.
(*) Forum: "La Economía Peruana Rumbo al 2007", 14 de diembre de 2006, Asociación de Egresados de ESAN.
En el escenario optimista, China continuará creciendo a un ritmo de 10% anual y necesitará nuestras materias primas. El precio de los minerales seguirá subiendo cumpliendo un ciclo expansivo pocas veces visto. Estados Unidos, enfrentará su déficit fiscal, el dólar se recuperará frente al Euro, al Yen y al Yuan y el petróleo mantendrá su precio de alrededor de 60 dólares el barril. En el Perú, mantendremos el ritmo exportador, firmaremos el TLC con los Estados Unidos y la política no alterará las reglas de juego tanto en inversión como en asuntos tributarios.
En el escenario pesimista, China cae producto de una escasez de materias primas en el mundo, los minerales vuelven a sus niveles de precios bajos, Estados Unidos recalienta su economía y entra a un enfriamiento brusco que lo lleva a la recesión, el dólar sigue cayendo y el barril de petróleo se dispara. En el Perú, no firmamos el TLC, no alcanzamos el grado de inversión previsto, se endurece la legislación laboral, se alteran las reglas de juego y se ahuyenta el capital de inversión.
En ambos escenarios -concuerdan el empresario, el economista y el analista-, lo que ocurra con los conflictos sociales, alrededor de proyectos mineros, será clave.
El minero recuerda que su empresa desarrolla proyectos en el Perú hace más de medio siglo y jamás encontró tanta resistencia de las comunidades campesinas como hoy en día. En la época de terrorismo –revela- sus colegas tenían claro que frente a la amenaza terrorista había dos salidas: o armaban un ejército mercenario para defender sus capitales e inversiones, o se aliaban a las comunidades campesinas.
Luego, confiesa que de cinco proyectos que tienen en ejecución, los cinco están hoy paralizados por conflictos con poblaciones altoandinas. Lo que sucede-explica- es que el Estado ha sido ineficaz para invertir el dinero de las regalías en las comunidades donde reside el mineral. “Todo se lo lleva la caja central y no queda nada o muy poco para las poblaciones”.
Esas comunidades son las más pobres entre las pobres del país. Viven por encima de los 3,500 metros, sus hijos nacen con desnutrición crónica y carecen de servicios adecuados de salud, nutrición o educación; en su gran mayoría son quechuablantes. Este ejército de excluidos no siente los beneficios del Estado, ni de la mina.
Contra lo que pudiera pensarse, el conflicto que estalla en estas zonas no es sólo por diferencias o reclamos a la empresa minera. La Defensoría del Pueblo ha identificado también controversias por linderos, tierras, agua y límites territoriales. Es decir, luchan por su supervivencia. Por lo más elemental que tiene el ser humano para vivir: tierra y agua.
No basta pues con aplicar métodos que mejoren los canales de comunicación entre las mineras y las poblaciones, dentro de lo que hoy se llama política de responsabilidad social de las empresas. Es eso y mucho más. Hay un problema de dignidad, de ciudadanía, de calidad de vida, de justicia.
En tierras agrestes como esas, donde además del mineral, muy pocas cosas pueden crecer y cultivarse para ocupar un lugar en este mundo ancho y ajeno, es necesario que el Estado rediseñe su política de inversiones públicas. Las comunidades campesinas no pueden ver más pasar el oro o el cobre, sin que les deje nada.
Si el Estado es ineficiente, habrá que buscar otro mecanismo. La empresa, la región, el gobierno local y la propia comunidad tienen que participar en un modelo que vigile el uso adecuado de fondos; no para construir monumentos o palacios municipales, sino obras de infraestructura, postas de salud, colegios, centros de producción. Si no lo hacemos, las regiones se movilizarán y harán sentir su voz. No importará en qué escenario se mueva el mundo; prevalecerá el conflicto.
(*) Forum: "La Economía Peruana Rumbo al 2007", 14 de diembre de 2006, Asociación de Egresados de ESAN.
13 diciembre, 2006
La huella herida
La muerte del dictador Augusto Pinochet ha desatado pasiones en Chile. Un hombre, mezclado entre la muchedumbre, aguardó durante horas la cola que hizo la gente para despedir al general. Cuando llegó al féretro, en nombre de su abuelo, lanzó un escupitajo feroz sobre el ataúd.
Era Francisco Cuadrado Prats, nieto del general Carlos Prats, asesinado junto a su esposa Sofia, en Buenos Aires, en 1974. El muchacho fue rescatado por la policía de los fanáticos pinochetistas que casi lo linchan.
Otra mujer cogió un palo y arremetió contra las lunas de una empresa constructora que había dado día libre a sus obreros para asistir a la Plaza Italia , lugar de reunión de los chilenos que celebraron la muerte de quien consideran el general homicida. Los carabineros la detuvieron, pero la soltaron al poco tiempo, según dijeron, porque no representaba un peligro para la sociedad.
El pueblo chileno ha quedado dividido y probablemente confundido. 17 años de dictadura ordenó el país y el Estado, sentó las bases de un cambio económico y reorientó la sociedad. Pero lo que no pudo hacer el régimen fue cerrar heridas. Físicas y morales.
El poder ilegítimo genera fuerza ilegítima. Lo observó Ortega y Gasset cuando describió la diferencia entre el bolchevismo y el fascismo. “El gobierno soviético usa la violencia para asegurar su derecho, pero no hace de aquella un derecho”. El fascismo, en cambio, no se preocupa de de dar fundamento jurídico a su poder. La legitimidad es la fuerza consagrada por un principio. “El fascismo gobierna con la fuerza de sus camisas (negras) -las 30 mil camisas de fuerza-”.
Pinochet utilizó la fuerza ilegítima para gobernar. Impuso autoridad sobre la base de estados de emergencia y de sitio; actuó con sobresaltos y emboscadas, con nocturnidad. Contra esa fuerza, se alzaron miles de chilenos –algunos resistieron dentro de su país, otros tuvieron que irse por diversas partes del mundo. El servicio secreto, la DINA , fue el aceite del régimen.
Las fuerzas opositoras tuvieron que unirse para derrotar al enemigo. Nació así la Concertación , modelo de resistencia y convivencia democrática con un solo objetivo: recuperar la libertad y la democracia y demostrar que sí se puede gobernar con alternancia de grupos organizados.
Pinochet núcleo a sus fuerzas armadas, pero dividió a su pueblo. Reacomodó estructuras económicas, pero desacomodó estructuras sociales. Los gritos a favor y en contra frente a su tumba son el fiel reflejo de su legado. Pinochet se ha ido, pero ha dejado profundas heridas abiertas entre los chilenos. El tiempo se encargará de cerrarlas. Aunque la huella quedará.
Era Francisco Cuadrado Prats, nieto del general Carlos Prats, asesinado junto a su esposa Sofia, en Buenos Aires, en 1974. El muchacho fue rescatado por la policía de los fanáticos pinochetistas que casi lo linchan.
Otra mujer cogió un palo y arremetió contra las lunas de una empresa constructora que había dado día libre a sus obreros para asistir a la Plaza Italia , lugar de reunión de los chilenos que celebraron la muerte de quien consideran el general homicida. Los carabineros la detuvieron, pero la soltaron al poco tiempo, según dijeron, porque no representaba un peligro para la sociedad.
El pueblo chileno ha quedado dividido y probablemente confundido. 17 años de dictadura ordenó el país y el Estado, sentó las bases de un cambio económico y reorientó la sociedad. Pero lo que no pudo hacer el régimen fue cerrar heridas. Físicas y morales.
El poder ilegítimo genera fuerza ilegítima. Lo observó Ortega y Gasset cuando describió la diferencia entre el bolchevismo y el fascismo. “El gobierno soviético usa la violencia para asegurar su derecho, pero no hace de aquella un derecho”. El fascismo, en cambio, no se preocupa de de dar fundamento jurídico a su poder. La legitimidad es la fuerza consagrada por un principio. “El fascismo gobierna con la fuerza de sus camisas (negras) -las 30 mil camisas de fuerza-”.
Pinochet utilizó la fuerza ilegítima para gobernar. Impuso autoridad sobre la base de estados de emergencia y de sitio; actuó con sobresaltos y emboscadas, con nocturnidad. Contra esa fuerza, se alzaron miles de chilenos –algunos resistieron dentro de su país, otros tuvieron que irse por diversas partes del mundo. El servicio secreto, la DINA , fue el aceite del régimen.
Las fuerzas opositoras tuvieron que unirse para derrotar al enemigo. Nació así la Concertación , modelo de resistencia y convivencia democrática con un solo objetivo: recuperar la libertad y la democracia y demostrar que sí se puede gobernar con alternancia de grupos organizados.
Pinochet núcleo a sus fuerzas armadas, pero dividió a su pueblo. Reacomodó estructuras económicas, pero desacomodó estructuras sociales. Los gritos a favor y en contra frente a su tumba son el fiel reflejo de su legado. Pinochet se ha ido, pero ha dejado profundas heridas abiertas entre los chilenos. El tiempo se encargará de cerrarlas. Aunque la huella quedará.
11 diciembre, 2006
El viejo saurio ha muerto
A los 91 años, de un paro cardíaco y sin admitir culpa por la muerte de más de 3 mil chilenos, murió el dictador de Chile, Augusto Pinochet. Su historia política está unida a la traición. A los dieciocho días de haber sido nombrado comandante general del Ejército, encabezó un golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende.
Pinochet gobernó con mano dura y se quedó 17 años en el Poder. Tras su salida, en 1990, manejó el ejército durante otros ocho años. Enrumbó a Chile por la senda económica que hoy todos gozan, pero a costa de violentar los derechos ciudadanos.
Un informe secreto de la embajada norteamericana en Chile revelado recién hace unos meses trazó un perfil psicológico de Pinochet tras el golpe de Estado: “Es un producto de las barracas y los cuarteles, es duro, directo. No fuma, y bebe con moderación. Habla algo de francés y poco inglés. Tiene sentido del humor”.
Desde el punto de vista de la guerra fría, Pinochet fue ahijado de Estados Unidos. Nixon se felicitó del golpe dado por el generalísimo contra el gobierno socialista de la Unidad Popular. Pinochet se sentía orgulloso de haber sido -según acostumbraba a decir- el primero en derrotar a los comunistas antes de la caída del muro.
Con su muerte se va cerrando el capítulo más largo de las dictaduras latinoamericanas que tuvo como protagonistas a Stroessner en Paraguay, Bordaberry en Uruguay, Banzer en Bolivia, Velasco en Perú y Videla en Argentina.
En 1998, el juez español Baltasar Garzón reinvindicó al mundo civilizado al detenerlo en Londres por cargos de terrorismo, tortura y genocidio. Salió libre a los 500 días, pero de ahí en adelante la justicia chilena se dio valor y le retiró su inmunidad vitalicia.
Fue dueño de un cinismo a prueba de balas. Cuando se descubrieron las primeras fosas comunes, una periodista le preguntó:
- Se han encontrado dos muertos en una tumba, general.
- Habrá sido por economía, pu- respondió Pinochet con una mueca de sonrisa en los labios.
Según el informe Rettig de 1991, su gobierno generó 3.197 víctimas, de las que 1.192 son detenidos desaparecidos. Muchas de esas víctimas se produjeron los primeros días del asalto a la moneda cuando el Estadio Nacional de Santiago se convirtió en un campo de concentración
Apenas hace una semana, su esposa María Lucía Hiriart Rodríguez –mujer de temple y coraza aún más dura- leyó un pronunciamiento en el que el general Pinochet admitía su responsabilidad política en los luctuosos sucesos que generó su mandato. Jamás admitió responsabilidad penal.
Pinochet se fue sin que la justicia se pronuncie. El juicio tendrá que seguir, sobre todo después de conocerse que a las violaciones de derechos humanos se suma la inmensa fortuna adquirida por el general y su gente producto de un proceso de corrupción incubado desde el poder. Porque en esto último, el longevo general no fue distinto a otros especimenes de pelaje similar que han demostrado -en diverso tiempo y lugar- que dictadura y corrupción van siempre de la mano.
Pinochet gobernó con mano dura y se quedó 17 años en el Poder. Tras su salida, en 1990, manejó el ejército durante otros ocho años. Enrumbó a Chile por la senda económica que hoy todos gozan, pero a costa de violentar los derechos ciudadanos.
Un informe secreto de la embajada norteamericana en Chile revelado recién hace unos meses trazó un perfil psicológico de Pinochet tras el golpe de Estado: “Es un producto de las barracas y los cuarteles, es duro, directo. No fuma, y bebe con moderación. Habla algo de francés y poco inglés. Tiene sentido del humor”.
Desde el punto de vista de la guerra fría, Pinochet fue ahijado de Estados Unidos. Nixon se felicitó del golpe dado por el generalísimo contra el gobierno socialista de la Unidad Popular. Pinochet se sentía orgulloso de haber sido -según acostumbraba a decir- el primero en derrotar a los comunistas antes de la caída del muro.
Con su muerte se va cerrando el capítulo más largo de las dictaduras latinoamericanas que tuvo como protagonistas a Stroessner en Paraguay, Bordaberry en Uruguay, Banzer en Bolivia, Velasco en Perú y Videla en Argentina.
En 1998, el juez español Baltasar Garzón reinvindicó al mundo civilizado al detenerlo en Londres por cargos de terrorismo, tortura y genocidio. Salió libre a los 500 días, pero de ahí en adelante la justicia chilena se dio valor y le retiró su inmunidad vitalicia.
Fue dueño de un cinismo a prueba de balas. Cuando se descubrieron las primeras fosas comunes, una periodista le preguntó:
- Se han encontrado dos muertos en una tumba, general.
- Habrá sido por economía, pu- respondió Pinochet con una mueca de sonrisa en los labios.
Según el informe Rettig de 1991, su gobierno generó 3.197 víctimas, de las que 1.192 son detenidos desaparecidos. Muchas de esas víctimas se produjeron los primeros días del asalto a la moneda cuando el Estadio Nacional de Santiago se convirtió en un campo de concentración
Apenas hace una semana, su esposa María Lucía Hiriart Rodríguez –mujer de temple y coraza aún más dura- leyó un pronunciamiento en el que el general Pinochet admitía su responsabilidad política en los luctuosos sucesos que generó su mandato. Jamás admitió responsabilidad penal.
Pinochet se fue sin que la justicia se pronuncie. El juicio tendrá que seguir, sobre todo después de conocerse que a las violaciones de derechos humanos se suma la inmensa fortuna adquirida por el general y su gente producto de un proceso de corrupción incubado desde el poder. Porque en esto último, el longevo general no fue distinto a otros especimenes de pelaje similar que han demostrado -en diverso tiempo y lugar- que dictadura y corrupción van siempre de la mano.
08 diciembre, 2006
El valor de la palabra
En economía el valor del dinero cambia con el tiempo. Dependiendo de cómo evolucione la administración de bienes y servicios, éste puede aumentar o disminuir. En política, el valor de la palabra tiene un comportamiento similar. El tiempo puede ayudar a mejorar o disminuir su valor. En ambos procesos, el factor clave es: confianza.
Y la confianza, tanto en economía como en política, es resultado de factores psicológicos, es decir, que los fantasmas del pasado pueden agitarse en cualquier momento, alterando su curva de comportamiento.
Es lo que pasó ayer con el fallido anuncio del ministro de Economía, Luis Carranza, que en todos los idiomas anunció el intento de castigar el interés bancario de ahorristas que tuvieran más de 7 mil soles. Tuvo que salir el Primer Ministro y el propio Presidente a desmentir tamaño despropósito.
Pero el problema sigue latente. ¿Podemos confiar en la palabra de un hombre que antaño prometió no tocar el dinero de los ahorristas y cuando llegó al poder congeló los depósitos en dólares y estatizó la banca? ¿Qué ha pasado con el valor de la palabra del Presidente Alan García en estos últimos años?
Es evidente que García recuperó el valor de su palabra; de lo contrario, no estaría donde está hoy sentado. Pero que no crea que la confianza es un factor permanente e inmutable. Todo lo contrario, es fluctuante y escurridiza.
García no tuvo reparos en autoflagelarse en público para desterrar cualquier fantasma interventor en el ahorro de la gente. Lo grave es que su ministro de economía no ha descartado del todo su política de cobrar renta sea al 1% de los ahorristas o a las operaciones bursátiles o a las transacciones de los fondos privados de pensiones.
El Presidente de la República recibió en esta segunda elección un pagaré de confianza a plazo fijo, no un cheque en blanco para hacer lo que le da la gana. Si el ministro de economía quiere cambiar esta forma de compromiso de pago debe irse a su casa.
Porque lo que ha evidenciado este caso, no es una cuestión de falta habilidad política –que es obvio que el ministro no la tiene-, sino de política de gestión, de administración de la hacienda pública. El gobierno está buscando hacer caja a costa del dinero de los privados.
Suficiente castigo tenemos los ahorristas con el reducido interés bancario que se paga por los depósitos, en contraposición al altísimo costo del dinero que tiene el préstamo, como para soportar que el Estado quiera meter las manos con uñas y todo.
Finalmente, el Presidente García debe tener siempre presente que el valor del dinero puede recuperarse con sacrificio y doble trabajo, mientras que el valor de la palabra se mantiene o aumenta con el tiempo en tanto se la honre.
Y la confianza, tanto en economía como en política, es resultado de factores psicológicos, es decir, que los fantasmas del pasado pueden agitarse en cualquier momento, alterando su curva de comportamiento.
Es lo que pasó ayer con el fallido anuncio del ministro de Economía, Luis Carranza, que en todos los idiomas anunció el intento de castigar el interés bancario de ahorristas que tuvieran más de 7 mil soles. Tuvo que salir el Primer Ministro y el propio Presidente a desmentir tamaño despropósito.
Pero el problema sigue latente. ¿Podemos confiar en la palabra de un hombre que antaño prometió no tocar el dinero de los ahorristas y cuando llegó al poder congeló los depósitos en dólares y estatizó la banca? ¿Qué ha pasado con el valor de la palabra del Presidente Alan García en estos últimos años?
Es evidente que García recuperó el valor de su palabra; de lo contrario, no estaría donde está hoy sentado. Pero que no crea que la confianza es un factor permanente e inmutable. Todo lo contrario, es fluctuante y escurridiza.
García no tuvo reparos en autoflagelarse en público para desterrar cualquier fantasma interventor en el ahorro de la gente. Lo grave es que su ministro de economía no ha descartado del todo su política de cobrar renta sea al 1% de los ahorristas o a las operaciones bursátiles o a las transacciones de los fondos privados de pensiones.
El Presidente de la República recibió en esta segunda elección un pagaré de confianza a plazo fijo, no un cheque en blanco para hacer lo que le da la gana. Si el ministro de economía quiere cambiar esta forma de compromiso de pago debe irse a su casa.
Porque lo que ha evidenciado este caso, no es una cuestión de falta habilidad política –que es obvio que el ministro no la tiene-, sino de política de gestión, de administración de la hacienda pública. El gobierno está buscando hacer caja a costa del dinero de los privados.
Suficiente castigo tenemos los ahorristas con el reducido interés bancario que se paga por los depósitos, en contraposición al altísimo costo del dinero que tiene el préstamo, como para soportar que el Estado quiera meter las manos con uñas y todo.
Finalmente, el Presidente García debe tener siempre presente que el valor del dinero puede recuperarse con sacrificio y doble trabajo, mientras que el valor de la palabra se mantiene o aumenta con el tiempo en tanto se la honre.
07 diciembre, 2006
Noche de sables
La noche que Toledo llegó a Palacio a conversar con García el ambiente estaba movido. Los edecanes, más nerviosos que nunca, mantenían en ambientes separados a dos hombres que el Presidente consultaba alternadamente.
Uno era el ministro de Defensa, Allan Wagner, quien llevaba en un fólder la carta que días antes cursó al general Reinoso pidiendo explicaciones sobre el aumento de combustible en el Ejército y la relación detallada de la línea de mando.
La hora de Reinoso había llegado y se discutía la manera en que se nombraría a su sucesor. Wagner -general sin uniforme, como todo diplomático de carrera-, abogaba por mantener la institucionalidad y promover un cambio siguiendo la línea de mando.
El otro personaje, de cejas pobladas y mirada torva, susurraba al oído del Presidente otro modelo de sucesión; uno generacional que colocara al partido de gobierno al mando del Ejército. Este personaje, de reminiscencias árabe-palestinas, actuaba como un ministro de Defensa en la sombra; con una daga curva en la mano.
Finalmente, el Presidente tomó su decisión. Asumió su papel de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de un sablazo descabezó el alto mando. No fue una sorpresa. Era parte de su plan.
Lo adelantamos en esta columna el 22 de octubre cuando dijimos que detrás de la batalla entre los generales Hoyos de Vinatea y Reinoso estaba el poder:
“No olvidemos esta premisa de fondo: García quiere el control del Ejército. Y si para ello tiene que destruir el Estado Mayor en pleno conflicto, lo hará. Ni Hoyos, ni Reinoso se ajustan a sus planes. Cuando ambos se hayan desgastado en esta guerra de guerrillas, el hombre bifronte que ocupa el sillón de Pizarro, les cortará la cabeza a ambos. Entonces, sólo entonces, habrá subordinado al resto”.
Wagner se alineó de inmediato, sin chistar, y anunció el “cambio generacional” que significó dejar de lado a la promoción 1974 del Ejército para colocar a la de 1975 encabezada por el General Edwin Donayre, un hombre conocido por sus altos conceptos académicos en el arte de la guerra.
La medida fue tan inesperada que el General Francisco Vargas Baca no alcanzó a ponerse el uniforme de gala y acudió a Palacio en jean y casaca.
Al final, dejaron sólo a Reinoso. El general que se enfrentó a su colega de armas, Hoyos de Vinatea, se retiró sin pena ni gloria, llorando y acusando que su salida fue motivada por intereses políticos. Calificó, además, los cambios y promociones en el alto mando del Ejército de "ilegales e inconstitucionales", hechos “por personajes ajenos a la institución”.
El viceministro de Defensa, Fabián Novack, conversó entonces con su jefa de prensa, Jacqueline Fowks, y armaron el muñeco para CARETAS en el que Wagner, mismo Rambo, queda como un comando suicida que se la jugó por el cambio generacional.
Lo cierto en esta movida de piezas es que el Presidente García pudo cumplir su plan. Ya tiene el control del Ejército… ahora viene la siguiente jugada: la toma del Poder Judicial.
Uno era el ministro de Defensa, Allan Wagner, quien llevaba en un fólder la carta que días antes cursó al general Reinoso pidiendo explicaciones sobre el aumento de combustible en el Ejército y la relación detallada de la línea de mando.
La hora de Reinoso había llegado y se discutía la manera en que se nombraría a su sucesor. Wagner -general sin uniforme, como todo diplomático de carrera-, abogaba por mantener la institucionalidad y promover un cambio siguiendo la línea de mando.
El otro personaje, de cejas pobladas y mirada torva, susurraba al oído del Presidente otro modelo de sucesión; uno generacional que colocara al partido de gobierno al mando del Ejército. Este personaje, de reminiscencias árabe-palestinas, actuaba como un ministro de Defensa en la sombra; con una daga curva en la mano.
Finalmente, el Presidente tomó su decisión. Asumió su papel de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de un sablazo descabezó el alto mando. No fue una sorpresa. Era parte de su plan.
Lo adelantamos en esta columna el 22 de octubre cuando dijimos que detrás de la batalla entre los generales Hoyos de Vinatea y Reinoso estaba el poder:
“No olvidemos esta premisa de fondo: García quiere el control del Ejército. Y si para ello tiene que destruir el Estado Mayor en pleno conflicto, lo hará. Ni Hoyos, ni Reinoso se ajustan a sus planes. Cuando ambos se hayan desgastado en esta guerra de guerrillas, el hombre bifronte que ocupa el sillón de Pizarro, les cortará la cabeza a ambos. Entonces, sólo entonces, habrá subordinado al resto”.
Wagner se alineó de inmediato, sin chistar, y anunció el “cambio generacional” que significó dejar de lado a la promoción 1974 del Ejército para colocar a la de 1975 encabezada por el General Edwin Donayre, un hombre conocido por sus altos conceptos académicos en el arte de la guerra.
La medida fue tan inesperada que el General Francisco Vargas Baca no alcanzó a ponerse el uniforme de gala y acudió a Palacio en jean y casaca.
Al final, dejaron sólo a Reinoso. El general que se enfrentó a su colega de armas, Hoyos de Vinatea, se retiró sin pena ni gloria, llorando y acusando que su salida fue motivada por intereses políticos. Calificó, además, los cambios y promociones en el alto mando del Ejército de "ilegales e inconstitucionales", hechos “por personajes ajenos a la institución”.
El viceministro de Defensa, Fabián Novack, conversó entonces con su jefa de prensa, Jacqueline Fowks, y armaron el muñeco para CARETAS en el que Wagner, mismo Rambo, queda como un comando suicida que se la jugó por el cambio generacional.
Lo cierto en esta movida de piezas es que el Presidente García pudo cumplir su plan. Ya tiene el control del Ejército… ahora viene la siguiente jugada: la toma del Poder Judicial.
05 diciembre, 2006
Toledo: Veni, vidi, vicci
En palabras de Augusto Alvarez Rodrich, la faena de Toledo en estos últimos cuatro días en el Perú, fue exitosa, al punto que -en términos taurinos-, cortó dos orejas y un rabo. Fue a la CADE , donde cosechó aplausos, se presentó al Congreso y se paseó, y fue a Palacio de Gobierno a torear nada menos que al toro más bravo, el mismísimo Alan García.
Por unos días, el ex Presidente captó la atención pública y dejó sentada la impresión que su olfato político se mantiene activo.
Sus seguidores anunciaron a través de avisos en los medios el inicio de una maquinaria de persecución política, expresada en la sorpresiva citación de la comisión investigadora del Congreso y en el despropósito del procurador Gino Ríos de solicitar el impedimento de salida del país del ex Presidente.
Aunque los principales voceros del Ejecutivo han negado que exista tal persecución, nadie puede negar que el mecanismo de denunciar al Presidente y su entorno proviene del Palacio de Gobierno como lo han señalado los periodistas César Hildebrandt y Rosa María Palacios.
El sistema de acusación es sencillo: Palacio de Gobierno contrata personas que no pertenecen al Sistema Nacional de Control, las ubica en el piso ocho del Edificio Pizarro y les permite manipular y fotocopiar documentos reservados.
Estos documentos son llevados al Secretario General de Palacio, Luis Nava, quien a su vez se los entrega al Presidente Alan García para su selección y aprobación. Luego, el Secretario de Prensa, José Chirito, los mete en un sobre y los distribuye a los medios de comunicación.
Gino Ríos recorta las denuncias periodísticas y elabora un cuadernillo que eleva al Ministerio Público. Así se judicializa al gobierno anterior por diversos actos.
La fiscal de la Nación , Adelaida Bolívar, ya ha aclarado el asunto y ha señalado con claridad que no puede abrir denuncia por simples fotocopias de periódicos. Es por esta razón que ni siquiera se ha iniciado la etapa de investigación preliminar, como mal informan los periódicos.
Hay pues un interés malsano incubado desde Palacio de Gobierno de desprestigiar la imagen del Presidente Toledo. Si a ello se suma la impertinencia mostrada por congresistas de pretender responsabilizar al ex Jefe del Estado por acciones que -si las hubiera- alcanzan a los respectivos ministros del sector y a sus respectivos funcionarios, entonces, se puede afirmar que si esto no configura el cargo de persecución política, por lo menos, si hay un animus jodendus del carajo.
Contra ese ánimo proveniente del poder es que se ha levantado Toledo estos días. Y así como Julio César resumió en tres palabras su conquista de Medio Oriente a través de guerras relámpago, Toledo puede afirmar tras su paseo por estas tierras: Veni, vidi, vicci: Vine, vi y vencí.
Por unos días, el ex Presidente captó la atención pública y dejó sentada la impresión que su olfato político se mantiene activo.
Sus seguidores anunciaron a través de avisos en los medios el inicio de una maquinaria de persecución política, expresada en la sorpresiva citación de la comisión investigadora del Congreso y en el despropósito del procurador Gino Ríos de solicitar el impedimento de salida del país del ex Presidente.
Aunque los principales voceros del Ejecutivo han negado que exista tal persecución, nadie puede negar que el mecanismo de denunciar al Presidente y su entorno proviene del Palacio de Gobierno como lo han señalado los periodistas César Hildebrandt y Rosa María Palacios.
El sistema de acusación es sencillo: Palacio de Gobierno contrata personas que no pertenecen al Sistema Nacional de Control, las ubica en el piso ocho del Edificio Pizarro y les permite manipular y fotocopiar documentos reservados.
Estos documentos son llevados al Secretario General de Palacio, Luis Nava, quien a su vez se los entrega al Presidente Alan García para su selección y aprobación. Luego, el Secretario de Prensa, José Chirito, los mete en un sobre y los distribuye a los medios de comunicación.
Gino Ríos recorta las denuncias periodísticas y elabora un cuadernillo que eleva al Ministerio Público. Así se judicializa al gobierno anterior por diversos actos.
La fiscal de la Nación , Adelaida Bolívar, ya ha aclarado el asunto y ha señalado con claridad que no puede abrir denuncia por simples fotocopias de periódicos. Es por esta razón que ni siquiera se ha iniciado la etapa de investigación preliminar, como mal informan los periódicos.
Hay pues un interés malsano incubado desde Palacio de Gobierno de desprestigiar la imagen del Presidente Toledo. Si a ello se suma la impertinencia mostrada por congresistas de pretender responsabilizar al ex Jefe del Estado por acciones que -si las hubiera- alcanzan a los respectivos ministros del sector y a sus respectivos funcionarios, entonces, se puede afirmar que si esto no configura el cargo de persecución política, por lo menos, si hay un animus jodendus del carajo.
Contra ese ánimo proveniente del poder es que se ha levantado Toledo estos días. Y así como Julio César resumió en tres palabras su conquista de Medio Oriente a través de guerras relámpago, Toledo puede afirmar tras su paseo por estas tierras: Veni, vidi, vicci: Vine, vi y vencí.
01 diciembre, 2006
El Capital Cobarde
¿Cómo explicar coherentemente que los empresarios peruanos tengan tres veces más confianza en un hombre que cuando gobernó dejó la economía en ruinas y otro que la dejó en crecimiento como pocas veces en la historia?
Según una encuesta de la Universidad de Lima hecha a 212 presidentes de directorio, Alan García alcanza un 92% de aprobación en este sector, mientras que Alejandro Toledo, en su mejor momento, llegó a 30%.
¿Cómo explicar esta conducta empresarial que no diferencia entre lo que se hizo y lo que se promete se hará?
Hay una respuesta que puede ayudar: el miedo.
Los empresarios peruanos tienen pánico que se repita la historia del Presidente que paralizó el país, produjo la más espantosa hiperinflación y se comió las reservas internacionales.
Frente a la imagen diabólica del nacionalista Ollanta Humala, Alan García aparecía como “el mal menor”. Fue así que el candidato del Apra empezó a ganarse al empresariado. Cuando los empresarios aprueban en más del 90% su gestión al frente del gobierno no lo están comparando con Toledo, sino con el propio García, él del periodo 85-90.
Otra respuesta posible es: la hipocresía.
Los empresarios viven del poder, les encanta lambisquearlo. No hay que olvidar que García para gobernar en su primer periodo se rodeó de los “12 apóstoles”. Los mismos que después apoyaron a Fujimori y renegaron de García, miraron de soslayo al Toledo de los Cuatro Suyos y renegaron del Chino, aceptaron al cholo Toledo presidente y rechazaron a Humala y ahora nuevamente aplauden a García.
Así es nuestra clase empresarial: se acomoda al poder de turno. No tiene bandera. Es hipócrita, políticamente hablando.
Ya lo dice la teoría económica: no hay nada más cobarde que el capital. Y quienes lo detentan se comportan igual. El miedo a perder su poder económico los paraliza y la hipocresía por acercarse al poder para mantener su estatus los anima.
La expectativa que los empresarios muestran con el presente gobierno hay que leerla como la tranquilidad que sienten de que el Presiente García haya cambiado respecto al mozalbete que asumió el poder hace veinte años.
Según ellos las primeras acciones de gobierno de García demostrarían que ha madurado. “Dejémoslo gobernar; no lo molestemos, porque éste es capaz de cualquier locura”, parecen afirmar. Lo que los empresarios no saben es que en política envejecer no necesariamente significa madurar.
Según una encuesta de la Universidad de Lima hecha a 212 presidentes de directorio, Alan García alcanza un 92% de aprobación en este sector, mientras que Alejandro Toledo, en su mejor momento, llegó a 30%.
¿Cómo explicar esta conducta empresarial que no diferencia entre lo que se hizo y lo que se promete se hará?
Hay una respuesta que puede ayudar: el miedo.
Los empresarios peruanos tienen pánico que se repita la historia del Presidente que paralizó el país, produjo la más espantosa hiperinflación y se comió las reservas internacionales.
Frente a la imagen diabólica del nacionalista Ollanta Humala, Alan García aparecía como “el mal menor”. Fue así que el candidato del Apra empezó a ganarse al empresariado. Cuando los empresarios aprueban en más del 90% su gestión al frente del gobierno no lo están comparando con Toledo, sino con el propio García, él del periodo 85-90.
Otra respuesta posible es: la hipocresía.
Los empresarios viven del poder, les encanta lambisquearlo. No hay que olvidar que García para gobernar en su primer periodo se rodeó de los “12 apóstoles”. Los mismos que después apoyaron a Fujimori y renegaron de García, miraron de soslayo al Toledo de los Cuatro Suyos y renegaron del Chino, aceptaron al cholo Toledo presidente y rechazaron a Humala y ahora nuevamente aplauden a García.
Así es nuestra clase empresarial: se acomoda al poder de turno. No tiene bandera. Es hipócrita, políticamente hablando.
Ya lo dice la teoría económica: no hay nada más cobarde que el capital. Y quienes lo detentan se comportan igual. El miedo a perder su poder económico los paraliza y la hipocresía por acercarse al poder para mantener su estatus los anima.
La expectativa que los empresarios muestran con el presente gobierno hay que leerla como la tranquilidad que sienten de que el Presiente García haya cambiado respecto al mozalbete que asumió el poder hace veinte años.
Según ellos las primeras acciones de gobierno de García demostrarían que ha madurado. “Dejémoslo gobernar; no lo molestemos, porque éste es capaz de cualquier locura”, parecen afirmar. Lo que los empresarios no saben es que en política envejecer no necesariamente significa madurar.
29 noviembre, 2006
Así empezó el TLC (2)
Los Países Andinos obtuvieron en bloque la ampliación del ATPDEA, pero era evidente que no avanzarían juntos hacia un TLC con los Estados Unidos. Bolivia fue la primera en abandonar el esfuerzo. El precario escenario político del país altiplánico hacía imposible que se pudiera sostener una negociación en ese sentido.
Ecuador, tras la caída de Lucio Gutiérrez y la llegada de Alfredo Palacio, intentó hasta el último momento seguir el paso a Colombia y Perú, pero la campaña electoral agotó esta posibilidad. El triunfo de Rafael Correa ha terminado por cerrar las puertas.
Perú se adelantó a Colombia y logró aprobar el Tratado en su Congreso y firmarlo en Washington en abril del 2006. Llegar a este punto tomó tiempo y significó acciones osadas como aquella tomada en setiembre del 2005 cuando las estrategias de Perú y Colombia empezaron a mostrar diferencias ante Estados Unidos.
El jefe negociador de Colombia, Hernando José Gómez, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jorge Humberto Botero, eran los más reacios a seguir avanzando.
Toledo tomó el teléfono y habló con el Presidente Alvaro Uribe.
- ¿Qué está pasando Alvaro? Nos estamos entrampando y Estados Unidos está sacando provecho del juego tratándonos por separado. ¿Puedes recibirme si voy con mi gente a hablar?
- Encantado, Alejandro, aquí te espero.
El 5 de Setiembre del 2005 el equipo negociador peruano del TLC en pleno arribó a Colombia para sostener una reunión de trabajo con sus pares de ese país. En una sala de la Casa de Nariño se reunieron los presidentes de ambos países acompañados de sus ministros y negociadores, y en otra sala lo hicieron los empresarios de ambos países.
Colombia no avanzaba porque tenía problemas con los cuartos traseros del pollo que Estados Unidos pretendía introducir a su país causando un serio daño a los productores avícolas colombianos. Había también sensibilidad en el azúcar. Y en la propiedad intelectual de los productos farmacéuticos. Colombia defendía igualmente su industria cultural, en especial, el cine y la música.
Perú no tenía mayor inconveniente en estos temas. El equipo llegó a las 10 y 30 de la mañana y partió a las 17 horas. Era evidente que a partir de entonces ambos países irían separados, en tiempos distintos, pero juntos en su decisión de lograr el TLC.
Para que no quede duda de su actuación en bloque se llamó por teléfono al Presidente ecuatoriano. Dos meses después, se suspendieron las negociaciones. Ecuador se quedó en el camino y Colombia y Perú siguieron adelante con velocidades distintas. Un mes después, en diciembre de 2005, nuestro país alcanzó un preacuerdo.
En marzo de 2006, Toledo viajó a Estados Unidos para promover el Tratado de Libre Comercio con ese país en coordinación con el Presidente Alvaro Uribe. Ambos se repartieron la tarea de contactar a los congresistas norteamericanos. Toledo se reunió con Bush, con congresistas demócratas y republicanos y con las cabezas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Al mes siguiente, en la sede de la OEA, Perú, finalmente, firmó el TLC. En todo este tiempo la tónica ha sido de esfuerzo constante, de contactos directos y de visitas al más alto nivel. A partir de julio, con el cambio de gobierno, se debía alcanzar la ratificación del tratado en el Congreso norteamericano, pero se bajó la guardia y ahí tenemos los resultados.
Ahora deberemos negociar con los demócratas que históricamente son más duros y reacios a firmar acuerdos comerciales. Tarea difícil y ardua. Es como si volviéramos a nadar otra vez contra corriente.
Ecuador, tras la caída de Lucio Gutiérrez y la llegada de Alfredo Palacio, intentó hasta el último momento seguir el paso a Colombia y Perú, pero la campaña electoral agotó esta posibilidad. El triunfo de Rafael Correa ha terminado por cerrar las puertas.
Perú se adelantó a Colombia y logró aprobar el Tratado en su Congreso y firmarlo en Washington en abril del 2006. Llegar a este punto tomó tiempo y significó acciones osadas como aquella tomada en setiembre del 2005 cuando las estrategias de Perú y Colombia empezaron a mostrar diferencias ante Estados Unidos.
El jefe negociador de Colombia, Hernando José Gómez, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jorge Humberto Botero, eran los más reacios a seguir avanzando.
Toledo tomó el teléfono y habló con el Presidente Alvaro Uribe.
- ¿Qué está pasando Alvaro? Nos estamos entrampando y Estados Unidos está sacando provecho del juego tratándonos por separado. ¿Puedes recibirme si voy con mi gente a hablar?
- Encantado, Alejandro, aquí te espero.
El 5 de Setiembre del 2005 el equipo negociador peruano del TLC en pleno arribó a Colombia para sostener una reunión de trabajo con sus pares de ese país. En una sala de la Casa de Nariño se reunieron los presidentes de ambos países acompañados de sus ministros y negociadores, y en otra sala lo hicieron los empresarios de ambos países.
Colombia no avanzaba porque tenía problemas con los cuartos traseros del pollo que Estados Unidos pretendía introducir a su país causando un serio daño a los productores avícolas colombianos. Había también sensibilidad en el azúcar. Y en la propiedad intelectual de los productos farmacéuticos. Colombia defendía igualmente su industria cultural, en especial, el cine y la música.
Perú no tenía mayor inconveniente en estos temas. El equipo llegó a las 10 y 30 de la mañana y partió a las 17 horas. Era evidente que a partir de entonces ambos países irían separados, en tiempos distintos, pero juntos en su decisión de lograr el TLC.
Para que no quede duda de su actuación en bloque se llamó por teléfono al Presidente ecuatoriano. Dos meses después, se suspendieron las negociaciones. Ecuador se quedó en el camino y Colombia y Perú siguieron adelante con velocidades distintas. Un mes después, en diciembre de 2005, nuestro país alcanzó un preacuerdo.
En marzo de 2006, Toledo viajó a Estados Unidos para promover el Tratado de Libre Comercio con ese país en coordinación con el Presidente Alvaro Uribe. Ambos se repartieron la tarea de contactar a los congresistas norteamericanos. Toledo se reunió con Bush, con congresistas demócratas y republicanos y con las cabezas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Al mes siguiente, en la sede de la OEA, Perú, finalmente, firmó el TLC. En todo este tiempo la tónica ha sido de esfuerzo constante, de contactos directos y de visitas al más alto nivel. A partir de julio, con el cambio de gobierno, se debía alcanzar la ratificación del tratado en el Congreso norteamericano, pero se bajó la guardia y ahí tenemos los resultados.
Ahora deberemos negociar con los demócratas que históricamente son más duros y reacios a firmar acuerdos comerciales. Tarea difícil y ardua. Es como si volviéramos a nadar otra vez contra corriente.
28 noviembre, 2006
Así empezó el TLC
Las primeras conversaciones para lograr un TLC con Estados Unidos empezaron el 23 de marzo del 2002, en el Salón de Embajadores de Palacio de Gobierno. Ese día conversaban el Presidente George W. Bush, de visita en nuestro país, y el Presidente Alejandro Toledo.
Era casi un sacrilegio abordar el tema. Por entonces, no había el casi consenso que hoy existe. El ahora partido de gobierno jaqueaba al gobierno desde el Congreso y sus fuerzas del campo se movilizaban en contra de cualquier medida que pudiera significar liberar nuestra economía.
Los más optimistas consideraban la ratificación de la ATPA –más tarde convertida en ATPDEA-, pero no se les ocurría pensar que el Perú estuviera preparado para entablar una negociación en serio con el gigante norteamericano.
Toledo fue a la vena con Bush.
- ¿Y por qué no damos un paso adelante e iniciamos conversaciones para ir a un Tratado de Libre Comercio entre nuestros países, George?- le dijo, sin protocolos.
Los ojos pequeños y redondos de Bush se abrieron, sorprendidos. ¿Hablaría en serio el presidente peruano? No había sido fácil llegar a este punto. El sistema de preferencias arancelarias para ayudar a las exportaciones de los países andinos, productores de coca, fue gradual. Se expidió en 1991 y entró en vigencia al año siguiente para Colombia y Bolivia y en agosto del 1993 se extendió para Ecuador y Perú.
En diciembre del 2001, seis meses después de asumir el Gobierno, Toledo se encontró con la expiración del ATPA. Su renovación y ampliación requería un acto legislativo del Congreso americano. En ese momento, los países andinos buscaban la ampliación de las preferencias hasta el 2006.
El Presidente peruano mostraba su osadía al plantear un TLC. Más aún si consideramos que en aquel momento, Ecuador luchaba por liberar de aranceles su atún, mientras el Perú esperaba que los productos textiles tuvieran arancel cero y no 20% como eran gravados entonces.
Recién en la segunda semana de febrero de ese año, 2002, los cancilleres de los cuatro países habían obtenido una prórroga de 90 días en los beneficios arancelarios. La política de preferencias arancelarias que permitía exportar a Estados Unidos 6, 500 partidas con arancel cero había sido un éxito. Las fuerzas económicas lo sabían, pero las fuerzas políticas se oponían.
Conforme avanzaba el tiempo, se instaló en el país una fuerte corriente opositora a la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; promovida más por intereses ideológicos que comerciales.
Finalmente, el 1 de octubre del 2002, Estados Unidos aprobó la renovación del ATPDEA por cuatro años más. Un año después, en noviembre de 2003, se iniciaron las conversaciones formales hacia un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos junto a Ecuador y Colombia.
Lo que había empezado en una conversación en Palacio de Gobierno había dado sus frutos... pero todavía el camino sería largo y tortuoso. (Esta historia continuará).
Era casi un sacrilegio abordar el tema. Por entonces, no había el casi consenso que hoy existe. El ahora partido de gobierno jaqueaba al gobierno desde el Congreso y sus fuerzas del campo se movilizaban en contra de cualquier medida que pudiera significar liberar nuestra economía.
Los más optimistas consideraban la ratificación de la ATPA –más tarde convertida en ATPDEA-, pero no se les ocurría pensar que el Perú estuviera preparado para entablar una negociación en serio con el gigante norteamericano.
Toledo fue a la vena con Bush.
- ¿Y por qué no damos un paso adelante e iniciamos conversaciones para ir a un Tratado de Libre Comercio entre nuestros países, George?- le dijo, sin protocolos.
Los ojos pequeños y redondos de Bush se abrieron, sorprendidos. ¿Hablaría en serio el presidente peruano? No había sido fácil llegar a este punto. El sistema de preferencias arancelarias para ayudar a las exportaciones de los países andinos, productores de coca, fue gradual. Se expidió en 1991 y entró en vigencia al año siguiente para Colombia y Bolivia y en agosto del 1993 se extendió para Ecuador y Perú.
En diciembre del 2001, seis meses después de asumir el Gobierno, Toledo se encontró con la expiración del ATPA. Su renovación y ampliación requería un acto legislativo del Congreso americano. En ese momento, los países andinos buscaban la ampliación de las preferencias hasta el 2006.
El Presidente peruano mostraba su osadía al plantear un TLC. Más aún si consideramos que en aquel momento, Ecuador luchaba por liberar de aranceles su atún, mientras el Perú esperaba que los productos textiles tuvieran arancel cero y no 20% como eran gravados entonces.
Recién en la segunda semana de febrero de ese año, 2002, los cancilleres de los cuatro países habían obtenido una prórroga de 90 días en los beneficios arancelarios. La política de preferencias arancelarias que permitía exportar a Estados Unidos 6, 500 partidas con arancel cero había sido un éxito. Las fuerzas económicas lo sabían, pero las fuerzas políticas se oponían.
Conforme avanzaba el tiempo, se instaló en el país una fuerte corriente opositora a la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; promovida más por intereses ideológicos que comerciales.
Finalmente, el 1 de octubre del 2002, Estados Unidos aprobó la renovación del ATPDEA por cuatro años más. Un año después, en noviembre de 2003, se iniciaron las conversaciones formales hacia un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos junto a Ecuador y Colombia.
Lo que había empezado en una conversación en Palacio de Gobierno había dado sus frutos... pero todavía el camino sería largo y tortuoso. (Esta historia continuará).
26 noviembre, 2006
TLC: Verdades Mondas y Lirondas
- El Apra se equivocó en su postura electoral de oponerse a un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
- El Apra trabó la aprobación del tratado en el Congreso peruano lo que retrasó el proceso por lo menos dos meses.
- Alan García tuvo mensajes contradictorios respecto al TLC que crearon desconfianza y confusión en Washington.
- El 13 de marzo de 2006, en Trujillo, dijo que si Toledo “se atreve a firmar el TLC, sencillamente borraré su firma para que sea discutido por el país”.
- En abril del 2006, en Lima, sostuvo que la bancada aprista no aprobará al carpetazo el TLC. “De no alcanzar el tiempo para un debate capítulo por capítulo y línea por línea, el documento tendría que ser debatido por el próximo Congreso”.
- El 23 mayo del 2006, en Ica, García amenazó: “Vamos a renegociar el TLC en defensa de los campesinos”.
- El 28 de julio de 2006, durante su mensaje a la Nación , el Presidente de la República entrante no dijo una palabra sobre el TLC. Silencio oficial que Washington escuchó.
- Ya en el Poder, Alan García se equivocó en viajar él solo a Estados Unidos y no llevar ni representación política ni empresarial peruana.
- Fue un error político no conversar con congresistas demócratas y republicanos, pensando que un presidente no puede rebajarse a conversar con legisladores.
- El Gobierno actual dejó pasar la oportunidad de señalar en Washington que el TLC es para el Perú una política de Estado.
- Responsabilizar a Toledo por la no aprobación del TLC es un manotazo de ahogado. La responsabilidad política de este papelón es del gobierno aprista y de Alan García que no supo continuar la política del gobierno anterior.
- Toledo colocó el TLC en la agenda norteamericana. Para ello usó el mecanismo de negociación más alto: la diplomacia presidencial.
- En su último viaje a Estados Unidos, Toledo conversó con el Presidente de Estados Unidos y 50 altos funcionarios del gobierno norteamericano.
- Toledo tuvo citas con George Bush, Condolezza Rice, el secretario de comercio Carlos Gutiérrez y la representante comercial de Estados Unidos, Susan Schwab.
- Además tuvo contacto directo con 7 senadores (3 republicanos: Grassley, Frist y Coleman; 4 Demócratas: Baucus, Wyden, Lincoln, Dodd) y 33 Representantes (17 Republicanos, entre ellos, Wriller, Tanner, Thomas, Blunt y Hudsholf; y 16 Demócratas, entre ellos, Rangel, Meeks, Tausher y Watt).
- Toledo se reunió además con los siguientes bloques legislativos: Comité de Finanzas del Senado, Comité de Medios y Arbitrios, Blue Dogs Coalition, New Democrats Coalition y Black Caucus Coalition).
- Alan García, en cambio, durante su viaje a Estados Unidos se reunió con medios académicos y representantes de ONGs, que no votan en las cámaras.
- Alan García debiera aprender del Presidente Alvaro Uribe quien se ha propuesto hablar con cada uno de los 535 congresistas de los Estados Unidos.
- Es responsabilidad del Presidente de la República Alan García asumir personalmente la tarea de impulsar las relaciones con el establishment político norteamericano a fin de lograr la ratificación del Tratado de Libre Comercio.
- Actualmente existe confusión en el equipo negociador del Gobierno. A De Soto se le ha sumado Del Castillo, mientras la titular del sector, la ministra Araoz, está fuera de juego. No hay una cabeza definida.
- Este primer fracaso del Gobierno aprista corre el riesgo de frenar las inversiones y aumentar el desempleo.
25 noviembre, 2006
Violencia post electoral
No es poca cosa el grado de violencia desatado tras el resultado electoral: 114 distritos asaltados por las turbas, 251 personas detenidas, 16 policías heridos y un soldado muerto en Ancash, Elmer Roque Morales. En 6% de las circunscripciones territoriales básicas del Estado se ha producido estos brotes desconociendo los resultados.
Las razones que se han expresado para explicar esta conducta son variadas:
1) Los votos golondrinos -gente llegada de un lugar distinto a quienes el JNE le entregó DNI-, motivó alteración de la masa electoral en favor de uno de los candidatos.
2) El resultado de la boca de urna anunciada por los medios de comunicación alimentó falsas expectativas que luego los resultados oficiales no respaldaron.
3) El diseño de la cédula de votación no contuvo la fotografía de los candidatos a las alcaldías provinciales y distritales, lo que causó confusión primero y defección y cólera después.
4) La falta de un plan de inteligencia y de Seguridad impidió la disposición eficiente de elementos policiales y militares en todo el proceso electoral.
5) Intereses políticos derivados de fuerzas ligadas al narcotráfico o terrorismo han buscado generar desorden y alteración del orden público
En el fondo, ninguna institución de Gobierno acepta responsabilidad alguna en los hechos. Frente a ello, el Presidente de la República no ha dudado en autorizar a la policía el uso de sus armas para enfrentar a los sublevados, lo que ha generado reacciones encontradas en otros sectores políticos.
La autoridad del Estado ha sido vulnerada, pero las armas de la Policía atentando contra la masa iracunda no resolverá el problema. Por el contrario, puede agudizarlo. La violencia engendra más violencia.
Quizás por eso ha salido rápidamente el Primer Ministro en su papel de bombero –una vez más- ha llamado a las autoridades electas a resolver con el diálogo lo que ahora se denomina conflictos sociales.
Preocupa la salida extrema que propone el Jefe del Estado. Ya antes ha expresado su proclividad a someter a pelotones de fusilamiento a terroristas, a implantar la pena de muerte para violadores, y ahora, ha autorizado a la policía el uso de sus armas contra revoltosos.
Hay una línea de conducta, violenta y terminal, que empieza a apreciarse con nitidez en las reacciones de un hombre que, por la función que cumple, debieran siempre encaminarse con ponderación y cabeza fría. Malo, muy malo.
Las razones que se han expresado para explicar esta conducta son variadas:
1) Los votos golondrinos -gente llegada de un lugar distinto a quienes el JNE le entregó DNI-, motivó alteración de la masa electoral en favor de uno de los candidatos.
2) El resultado de la boca de urna anunciada por los medios de comunicación alimentó falsas expectativas que luego los resultados oficiales no respaldaron.
3) El diseño de la cédula de votación no contuvo la fotografía de los candidatos a las alcaldías provinciales y distritales, lo que causó confusión primero y defección y cólera después.
4) La falta de un plan de inteligencia y de Seguridad impidió la disposición eficiente de elementos policiales y militares en todo el proceso electoral.
5) Intereses políticos derivados de fuerzas ligadas al narcotráfico o terrorismo han buscado generar desorden y alteración del orden público
En el fondo, ninguna institución de Gobierno acepta responsabilidad alguna en los hechos. Frente a ello, el Presidente de la República no ha dudado en autorizar a la policía el uso de sus armas para enfrentar a los sublevados, lo que ha generado reacciones encontradas en otros sectores políticos.
La autoridad del Estado ha sido vulnerada, pero las armas de la Policía atentando contra la masa iracunda no resolverá el problema. Por el contrario, puede agudizarlo. La violencia engendra más violencia.
Quizás por eso ha salido rápidamente el Primer Ministro en su papel de bombero –una vez más- ha llamado a las autoridades electas a resolver con el diálogo lo que ahora se denomina conflictos sociales.
Preocupa la salida extrema que propone el Jefe del Estado. Ya antes ha expresado su proclividad a someter a pelotones de fusilamiento a terroristas, a implantar la pena de muerte para violadores, y ahora, ha autorizado a la policía el uso de sus armas contra revoltosos.
Hay una línea de conducta, violenta y terminal, que empieza a apreciarse con nitidez en las reacciones de un hombre que, por la función que cumple, debieran siempre encaminarse con ponderación y cabeza fría. Malo, muy malo.
23 noviembre, 2006
Asociación de Regiones del Perú
Las asociaciones o gremios institucionales son, junto a los partidos y otras organizaciones sociales, el factor que diferencia a las democracias modernas de las nuestras.
En el Perú, no existen instituciones fundacionales masivas. O existen muy pocas y débiles. En los países occidentales modernos, en cambio, la fuerza social está organizada.
Veamos un ejemplo. Los periodistas tienen un colegio, dos asociaciones de prensa, otra de reporteros gráficos y por ahí en formación un colegio de comunicadores sociales. La gran mayoría de profesionales no participa en ninguna de ellas.
Por eso su representación gremial es débil, inorgánica, casi inexistente. Los periodistas con trayectoria, los más destacados, los líderes de opinión, no están ni colegiados ni inscritos en asociación alguna. No hacen vida institucional.
Las instituciones mueren si carecen de miembros. Y languidecen si sólo se reciclan entre el puñado de socios que tiene. Los peruanos no estamos acostumbrados, en su gran mayoría, a pertenecer o formar parte de organizaciones sociales.
La asociación de padres de familia es otro buen-mal ejemplo de organización social. Nos quejamos de las apafas, de los cobros excesivos, del cero aoprte que tienen en la educación de nuestros hijos, pero sólo vamos una vez al año a las reuniones del colegio.
No hemos encontrado el valor del trabajo asociativo.
Las mujeres de los sectores populares sí lo hicieron en la década del cincuenta cuando, producto de las invasiones a Lima, instalaron ollas comunes para paliar el hambre.
Luego, ampliaron la práctica para atender a los pobladores de menores de recursos; para defenderse de la miseria. El Estado impulsó durante el gobierno de Belaúnde las Cocinas Familiares, a través de una gran gestión de Violeta Correa. Y eso ayudó. Pero las mujeres defendieron su autonomía y crearon la Central de Comedores Populares de Lima y Callao.
Hoy, en su tercera fase de desarrollo, hay comedores que están superando su etapa de sobrevivencia para convertirse en pequeños centros de producción. Han dado el salto de la subvención al mercado.
En el caso de las regiones, los objetivos políticos son distintos, pero la finalidad igualmente utilitaria. Deben organizarce para negociar con el poder central, desde una perspectiva descentralista y de desarrollo.
La Asociación de Regiones del Perú debe constituirse en un espacio de encuentro de los presidentes regionales en el que se discutan y promuevan iniciativas legislativas, agenda de temas y prioridades con el gobierno central, y relaciones y comunicaciones con los poderes del Estado.
¿Por qué los conflictos sociales necesitan en primera instancia la intervención del Consejo de Ministros? Porque no se siente el poder municipal o regional. O porque éste es simplemente avasallado por la masa inorgánica que no tiene canales de expresión ni de negociación.
Es momento, pues, de construir organización social para fortalecer el sistema. En el caso de las regiones, esto significa dar el salto y pasar de Señoríos o Cacicazgos a Poderes Regionales con visión, vocación y compromiso nacional.
En el Perú, no existen instituciones fundacionales masivas. O existen muy pocas y débiles. En los países occidentales modernos, en cambio, la fuerza social está organizada.
Veamos un ejemplo. Los periodistas tienen un colegio, dos asociaciones de prensa, otra de reporteros gráficos y por ahí en formación un colegio de comunicadores sociales. La gran mayoría de profesionales no participa en ninguna de ellas.
Por eso su representación gremial es débil, inorgánica, casi inexistente. Los periodistas con trayectoria, los más destacados, los líderes de opinión, no están ni colegiados ni inscritos en asociación alguna. No hacen vida institucional.
Las instituciones mueren si carecen de miembros. Y languidecen si sólo se reciclan entre el puñado de socios que tiene. Los peruanos no estamos acostumbrados, en su gran mayoría, a pertenecer o formar parte de organizaciones sociales.
La asociación de padres de familia es otro buen-mal ejemplo de organización social. Nos quejamos de las apafas, de los cobros excesivos, del cero aoprte que tienen en la educación de nuestros hijos, pero sólo vamos una vez al año a las reuniones del colegio.
No hemos encontrado el valor del trabajo asociativo.
Las mujeres de los sectores populares sí lo hicieron en la década del cincuenta cuando, producto de las invasiones a Lima, instalaron ollas comunes para paliar el hambre.
Luego, ampliaron la práctica para atender a los pobladores de menores de recursos; para defenderse de la miseria. El Estado impulsó durante el gobierno de Belaúnde las Cocinas Familiares, a través de una gran gestión de Violeta Correa. Y eso ayudó. Pero las mujeres defendieron su autonomía y crearon la Central de Comedores Populares de Lima y Callao.
Hoy, en su tercera fase de desarrollo, hay comedores que están superando su etapa de sobrevivencia para convertirse en pequeños centros de producción. Han dado el salto de la subvención al mercado.
En el caso de las regiones, los objetivos políticos son distintos, pero la finalidad igualmente utilitaria. Deben organizarce para negociar con el poder central, desde una perspectiva descentralista y de desarrollo.
La Asociación de Regiones del Perú debe constituirse en un espacio de encuentro de los presidentes regionales en el que se discutan y promuevan iniciativas legislativas, agenda de temas y prioridades con el gobierno central, y relaciones y comunicaciones con los poderes del Estado.
¿Por qué los conflictos sociales necesitan en primera instancia la intervención del Consejo de Ministros? Porque no se siente el poder municipal o regional. O porque éste es simplemente avasallado por la masa inorgánica que no tiene canales de expresión ni de negociación.
Es momento, pues, de construir organización social para fortalecer el sistema. En el caso de las regiones, esto significa dar el salto y pasar de Señoríos o Cacicazgos a Poderes Regionales con visión, vocación y compromiso nacional.
22 noviembre, 2006
Señoríos del Perú… uníos
Es la primera vez que coincido con García.
- Uyuyuy.
- Tranquila, doctora.
Sí, el Perú es un mosaico de grupos locales, regionalistas, asentados sobre una historia de cacicazgos y antiguos señoríos. Así somos en la cultura. El problema es que tendemos a serlo en la política.
Frente a esta realidad, el Presidente de la República ha realizado un rápido movimiento de fichas para encarar mejor parado el resto del juego.
García considera que ante la fragmentación política que se ha revelado el pasado domingo, él sigue siendo el factor de unidad nacional. Divide y reinarás.
Lo que no dice el Primer Mandatario -pero sí sabe y teme-, es que los Señoríos podrían unirse y obligarlo a sentarse en la mesa para obtener beneficios. Negocia y ganarás.
Los presidentes regionales electos pueden convertirse en un factor de equilibrio del poder central, cosa que le corresponde al Congreso, pero que no ha ejercido.
Para ello, los poderosos señoríos departamentales deberán formar una especie de AMPE Regional con la finalidad de establecer una plataforma y plan de trabajo para los próximos años.
Temas como las regalías y canon mineros, transferencia de recursos, competencias y funciones, presupuestos públicos, incremento de gasto social, proyectos productivos, concesión y privatización de recursos, reforma del Estado, carreteras, entre otros, forman parte de la agenda de trabajo entre el poder central y el poder regional.
No es poca cosa tener en una misma mesa a líderes como Yehude Simon, Juan Manuel Guillén, Vladimiro Huaroc, Iván Vásquez, Alex Kouri y otros colocando la agenda política al Presidente García.
García se ha dado cuenta de lo que podría venirse y uno a uno los está citando a Palacio para hablar con ellos y establecer los primeros acuerdos.
La pregunta es ¿pueden los gobiernos regionales lograr más solos que juntos? Quizás en una primera etapa valga la pena ir separados, cada quien con su pliego de reclamos. Pero, más temprano que tarde, los Señoríos comprenderán que el poder de la soga depende del número de hebras que se logre trenzar.
- Uyuyuy.
- Tranquila, doctora.
Sí, el Perú es un mosaico de grupos locales, regionalistas, asentados sobre una historia de cacicazgos y antiguos señoríos. Así somos en la cultura. El problema es que tendemos a serlo en la política.
Frente a esta realidad, el Presidente de la República ha realizado un rápido movimiento de fichas para encarar mejor parado el resto del juego.
García considera que ante la fragmentación política que se ha revelado el pasado domingo, él sigue siendo el factor de unidad nacional. Divide y reinarás.
Lo que no dice el Primer Mandatario -pero sí sabe y teme-, es que los Señoríos podrían unirse y obligarlo a sentarse en la mesa para obtener beneficios. Negocia y ganarás.
Los presidentes regionales electos pueden convertirse en un factor de equilibrio del poder central, cosa que le corresponde al Congreso, pero que no ha ejercido.
Para ello, los poderosos señoríos departamentales deberán formar una especie de AMPE Regional con la finalidad de establecer una plataforma y plan de trabajo para los próximos años.
Temas como las regalías y canon mineros, transferencia de recursos, competencias y funciones, presupuestos públicos, incremento de gasto social, proyectos productivos, concesión y privatización de recursos, reforma del Estado, carreteras, entre otros, forman parte de la agenda de trabajo entre el poder central y el poder regional.
No es poca cosa tener en una misma mesa a líderes como Yehude Simon, Juan Manuel Guillén, Vladimiro Huaroc, Iván Vásquez, Alex Kouri y otros colocando la agenda política al Presidente García.
García se ha dado cuenta de lo que podría venirse y uno a uno los está citando a Palacio para hablar con ellos y establecer los primeros acuerdos.
La pregunta es ¿pueden los gobiernos regionales lograr más solos que juntos? Quizás en una primera etapa valga la pena ir separados, cada quien con su pliego de reclamos. Pero, más temprano que tarde, los Señoríos comprenderán que el poder de la soga depende del número de hebras que se logre trenzar.
20 noviembre, 2006
Elecciones: exclusión y fragmentación
En la columna del 13 de Noviembre advertíamos algunas premisas elementales sobre las elecciones de ayer:
a) Los partidos políticos perderían las elecciones municipales y regionales.
b) Los independientes se impondrían, aún siendo malas copias de los partidos.
c) La democracia se asienta y fortalece sobre partidos políticos, enseña la teoría.
d) En el Perú, la teoría política –a secas- no funciona.
El Perú republicano no se asentó sobre una estructura democrática ni participativa. A diferencia del proceso de consolidación de las democracias occidentales en otros países, en el Perú, lo que hubo fue un largo proceso militarista excluyente y la afirmación de grupos de poder elitista.
Cuando en 1871 se funda el Partido Civil, el primer partido político peruano, éste no escapa a sus orígenes caudillista y aristocrático. La gran masa indígena o rural no tenía ni voz ni voto dentro de este proyecto. Basadre señala que pertenecían a este partido: “generalmente (con algunas excepciones notorias)… los grandes propietarios urbanos, los grandes hacendados productores de azúcar y algodón, los hombres de negocios prósperos, los abogados con los bufetes más famosos, los médicos de mayor clientela, los catedráticos, en suma, la mayor parte de la gente a que les había ido bien”. En suma, un modelo elitista y excluyente.
En general, nuestra historia está signada por la heterogeneidad cultural, étnica, social, que la política no pudo resolver, sino casi hasta nuestros días. Tenemos atravesados en nuestra estructura fundacional el uso de la fuerza y la coerción como métodos para unir voluntades y pueblos.
Lo incas aplicaron este modelo para construir su imperio. En base a la fuerza de las armas o a la negociación impuesta por ventaja militar, ellos impusieron un modelo de dominación que los españoles encontraron a medio cuajar.
Los dominios del imperio incaico eran un mosaico de naciones e identidades unido por la fuerza. Los españoles desataron ese nudo y liberaron fuerzas que luego ellos mismos atraparon bajo el sello imperial y cristiano. De un modelo de dominio y coerción “desde dentro”, se pasó a uno “desde fuera”.
Las revueltas criollas por la independencia no hicieron más que devolver a un grupo de poder las riendas de dominio otra vez “desde dentro”. Pero no terminaron nunca con el proceso de formación de la nación, ni del reconocimiento de la existencia de millones de seres humanos que nunca se fueron de estas tierras.
Lo que hubo desde el comienzo en nuestra historia fue exclusión y fragmentación. Estas características tuvieron su propia dinámica en los campos social, económico y político. Somos tan diversos, amplios y complejos que lo mostramos hasta en nuestras cosas cotidianas como la música, el baile y los vestidos que exhibimos.
En lo político, la exclusión se expresa en el gradualismo que hubo en la obtención de la ciudadanía. El voto inicial fue censatario, es decir, votaban sólo aquellos que estaban al día con sus impuestos. La mujer no votó sino hasta la década del cincuenta. Y la masa analfabeta recién lo pudo hacer en los ochenta.
Hemos avanzado, por supuesto. La resolución de conflictos se da hoy en una mesa amplia de varias sillas. Ya no sólo hay asiento para el patrón minero y el gobierno, también la población tiene algo qué decir. La violencia se canaliza más civilizadamente, aunque no lo parezca.
A sólo quince años del bicentenario de la independencia, los peruanos somos diversos y dispersos. Estamos construyendo nuestra identidad como Nación y nuestra representación política está marcada por la división y el localismo. Hemos conquistado democracia, pero estamos insatisfechos con ella. Los partidos tendrán que ponerse a estudiar esta realidad y dejar de ser los aparatos electorales que cada cinco años se pelean por pequeños espacios de poder.
Una visión local articulada a una propuesta nacional con líderes de las propias zonas es la ruta hacia la consolidación de movimientos homogéneos que permitan soldar nuestras diferencias históricas.
a) Los partidos políticos perderían las elecciones municipales y regionales.
b) Los independientes se impondrían, aún siendo malas copias de los partidos.
c) La democracia se asienta y fortalece sobre partidos políticos, enseña la teoría.
d) En el Perú, la teoría política –a secas- no funciona.
El Perú republicano no se asentó sobre una estructura democrática ni participativa. A diferencia del proceso de consolidación de las democracias occidentales en otros países, en el Perú, lo que hubo fue un largo proceso militarista excluyente y la afirmación de grupos de poder elitista.
Cuando en 1871 se funda el Partido Civil, el primer partido político peruano, éste no escapa a sus orígenes caudillista y aristocrático. La gran masa indígena o rural no tenía ni voz ni voto dentro de este proyecto. Basadre señala que pertenecían a este partido: “generalmente (con algunas excepciones notorias)… los grandes propietarios urbanos, los grandes hacendados productores de azúcar y algodón, los hombres de negocios prósperos, los abogados con los bufetes más famosos, los médicos de mayor clientela, los catedráticos, en suma, la mayor parte de la gente a que les había ido bien”. En suma, un modelo elitista y excluyente.
En general, nuestra historia está signada por la heterogeneidad cultural, étnica, social, que la política no pudo resolver, sino casi hasta nuestros días. Tenemos atravesados en nuestra estructura fundacional el uso de la fuerza y la coerción como métodos para unir voluntades y pueblos.
Lo incas aplicaron este modelo para construir su imperio. En base a la fuerza de las armas o a la negociación impuesta por ventaja militar, ellos impusieron un modelo de dominación que los españoles encontraron a medio cuajar.
Los dominios del imperio incaico eran un mosaico de naciones e identidades unido por la fuerza. Los españoles desataron ese nudo y liberaron fuerzas que luego ellos mismos atraparon bajo el sello imperial y cristiano. De un modelo de dominio y coerción “desde dentro”, se pasó a uno “desde fuera”.
Las revueltas criollas por la independencia no hicieron más que devolver a un grupo de poder las riendas de dominio otra vez “desde dentro”. Pero no terminaron nunca con el proceso de formación de la nación, ni del reconocimiento de la existencia de millones de seres humanos que nunca se fueron de estas tierras.
Lo que hubo desde el comienzo en nuestra historia fue exclusión y fragmentación. Estas características tuvieron su propia dinámica en los campos social, económico y político. Somos tan diversos, amplios y complejos que lo mostramos hasta en nuestras cosas cotidianas como la música, el baile y los vestidos que exhibimos.
En lo político, la exclusión se expresa en el gradualismo que hubo en la obtención de la ciudadanía. El voto inicial fue censatario, es decir, votaban sólo aquellos que estaban al día con sus impuestos. La mujer no votó sino hasta la década del cincuenta. Y la masa analfabeta recién lo pudo hacer en los ochenta.
Hemos avanzado, por supuesto. La resolución de conflictos se da hoy en una mesa amplia de varias sillas. Ya no sólo hay asiento para el patrón minero y el gobierno, también la población tiene algo qué decir. La violencia se canaliza más civilizadamente, aunque no lo parezca.
A sólo quince años del bicentenario de la independencia, los peruanos somos diversos y dispersos. Estamos construyendo nuestra identidad como Nación y nuestra representación política está marcada por la división y el localismo. Hemos conquistado democracia, pero estamos insatisfechos con ella. Los partidos tendrán que ponerse a estudiar esta realidad y dejar de ser los aparatos electorales que cada cinco años se pelean por pequeños espacios de poder.
Una visión local articulada a una propuesta nacional con líderes de las propias zonas es la ruta hacia la consolidación de movimientos homogéneos que permitan soldar nuestras diferencias históricas.
16 noviembre, 2006
TLC: rosario de equivocaciones
A poco más de 100 días de Gobierno no cabe duda que los reflejos del Presidente siguen siendo más mediáticos que de fondo. La decisión de enviar la mitad del gabinete a Washington para salvar el honor en la aprobación del TLC, así lo demuestra.
Hoy es claro que el Apra se equivocó en su apreciación inicial de los beneficios que significaba un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Porque fue su decisión de no aprobar, en su momento, el tratado en el Congreso peruano lo que motivó que ahora mendiguemos con el plazo.
Se equivocó luego el Presidente García en viajar él solo al país del norte y no llevar ni representación política ni empresarial peruana que pusiera de manifiesto un mensaje de unidad y continuidad respecto de la gestión del gobierno anterior.
García dejó pasar la oportunidad para señalar claramente que para el Perú el TLC es una política de Estado. En lugar de montarse sobre la ola trabajada por Toledo, prefirió construir un nuevo motivo para convencer a los gringos: Estados Unidos debe darse cuenta que necesita el TLC con el Perú para enfrentar, de carambola, a Chávez.
Pero, en el mismo Estados Unidos, se volvió a equivocar el Presidente cuando, en lugar de entablar contacto con la representación demócrata o republicana en el Congreso, prefirió “discursear” en ONGs gringas o en foros académicos que reditúan aplausos, pero no votos.
Por eso –hay que decirlo- se equivocó también, de palmo a palmo, el siempre dispuesto primer ministro, Jorge del Castillo, cuando afirmó que García no podía rebajarse en conversar con parlamentarios norteamericanos porque ese no era su nivel.
No, don Jorge. En Estados Unidos las instituciones políticas funcionan. Los congresistas ejercen un poder real. Representan al ciudadano y con igual o mayor fuerza a las empresas, de las cuales reciben jugosas y públicas contribuciones. El presidente Uribe lo entendió así, por eso tiene trazada la meta de conversar con cada uno de los 535 congresistas norteamericanos.
El Perú no está en la primera página de prioridades de los intereses de los Estados Unidos. Se requiere por ello el contacto del más alto nivel para interesar la comunidad política norteamericana. Y ese contacto es, en nuestro caso, el jefe del Estado. No la ministra de Justicia. Ni la del Interior.
Queda la sensación que el envío de la misión ministerial encabezada por Del Castillo, pero en realidad piloteada por Allan Wagner –más en su papel de diplomático que de ministro de Defensa-, ha sido enviada por García no sólo para intentar a última hora, un esfuerzo plus pro TLC, sino para tapar los errores que se arrastran desde el principio.
Errores que nuevamente se vuelven a cometer en otro punto de la agenda internacional de suma importancia para el país, como es la ausencia del Presidente peruano en la próxima reunión de Apec en Vietnam.
La población puede aplaudir que el Presidente no viaje para ahorrar, pero el Perú pierde la oportunidad de fortalecer su presencia en un foro que reúne a las 21 economías más dinámicas del mundo y que es responsable de más del 50% de la producción mundial. Pero estas son cosas de fondo y nuestro Presidente, lamentablemente, sigue pensando en función de las cámaras.
Hoy es claro que el Apra se equivocó en su apreciación inicial de los beneficios que significaba un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Porque fue su decisión de no aprobar, en su momento, el tratado en el Congreso peruano lo que motivó que ahora mendiguemos con el plazo.
Se equivocó luego el Presidente García en viajar él solo al país del norte y no llevar ni representación política ni empresarial peruana que pusiera de manifiesto un mensaje de unidad y continuidad respecto de la gestión del gobierno anterior.
García dejó pasar la oportunidad para señalar claramente que para el Perú el TLC es una política de Estado. En lugar de montarse sobre la ola trabajada por Toledo, prefirió construir un nuevo motivo para convencer a los gringos: Estados Unidos debe darse cuenta que necesita el TLC con el Perú para enfrentar, de carambola, a Chávez.
Pero, en el mismo Estados Unidos, se volvió a equivocar el Presidente cuando, en lugar de entablar contacto con la representación demócrata o republicana en el Congreso, prefirió “discursear” en ONGs gringas o en foros académicos que reditúan aplausos, pero no votos.
Por eso –hay que decirlo- se equivocó también, de palmo a palmo, el siempre dispuesto primer ministro, Jorge del Castillo, cuando afirmó que García no podía rebajarse en conversar con parlamentarios norteamericanos porque ese no era su nivel.
No, don Jorge. En Estados Unidos las instituciones políticas funcionan. Los congresistas ejercen un poder real. Representan al ciudadano y con igual o mayor fuerza a las empresas, de las cuales reciben jugosas y públicas contribuciones. El presidente Uribe lo entendió así, por eso tiene trazada la meta de conversar con cada uno de los 535 congresistas norteamericanos.
El Perú no está en la primera página de prioridades de los intereses de los Estados Unidos. Se requiere por ello el contacto del más alto nivel para interesar la comunidad política norteamericana. Y ese contacto es, en nuestro caso, el jefe del Estado. No la ministra de Justicia. Ni la del Interior.
Queda la sensación que el envío de la misión ministerial encabezada por Del Castillo, pero en realidad piloteada por Allan Wagner –más en su papel de diplomático que de ministro de Defensa-, ha sido enviada por García no sólo para intentar a última hora, un esfuerzo plus pro TLC, sino para tapar los errores que se arrastran desde el principio.
Errores que nuevamente se vuelven a cometer en otro punto de la agenda internacional de suma importancia para el país, como es la ausencia del Presidente peruano en la próxima reunión de Apec en Vietnam.
La población puede aplaudir que el Presidente no viaje para ahorrar, pero el Perú pierde la oportunidad de fortalecer su presencia en un foro que reúne a las 21 economías más dinámicas del mundo y que es responsable de más del 50% de la producción mundial. Pero estas son cosas de fondo y nuestro Presidente, lamentablemente, sigue pensando en función de las cámaras.
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