23 abril, 2015

La Sociedad Compartida


Alejandro Toledo acaba de presentar en cuatro universidades norteamericanas (Stanford, Berkeley, San Francisco y Denver) su libro más ambicioso que lleva el título de esta columna: The Shared Society, una visión para el futuro global de América Latina*.

Una de las cosas que plantea el ex presidente en su libro es cómo hacer para que la riqueza de los recursos naturales no se pierda por la acción de los que se oponen o la inacción de los que gobiernan. Es decir, cómo escapar a la tesis de la maldición de los recursos naturales. ¿Conga, Tía María?

Para responder esta pregunta es necesario acudir a la definición de Acemoglu y Robinson sobre las sociedades extractivas y las inclusivas. Las primeras son aquellas que diseñan leyes y procesos para que un pequeño grupo se enriquezca a costa de la pobreza de la gran mayoría. Las segundas son las que permiten que todos o la mayor cantidad de ciudadanos puedan progresar.

Esto significa que si queremos crear sociedades incluyentes, compartidas, tenemos que tener instituciones políticas y económicas también inclusivas. Sistemas extractivos, por el contrario, distorsionan los incentivos y socavan los principios democráticos y las aspiraciones de una prosperidad compartida.

¿Pero cómo hacer que los sistemas de extracción –como el que tenemos en el Perú– sean más inclusivos? Toledo propone centrar la mirada en la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Para que las instituciones democráticas funcionen bien –afirma– debe haber una relación de beneficio mutuo y de mutua dependencia entre el Estado y sus ciudadanos. Esto significa que la relación entre ambos –sobre todo la movilización de recursos– es sumamente importante para la creación de una sociedad inclusiva y para una prosperidad compartida.

En una democracia, los ciudadanos empoderan a alguien, no sólo a través de sus votos, sino también aportando parte de sus ingresos para el Estado, vía impuestos. Sin ciudadanos contribuyentes, los gobiernos se ven privados del poder económico y, por tanto, también se debilita la legitimidad política para gobernar.

La abundancia de recursos naturales mal distribuida subvierte la relación y el equilibrio de poder entre los ciudadanos y sus gobiernos. Los gobiernos no se financian con la renta de sus ciudadanos, sino con la renta que genera la extracción de los recursos. Los recursos naturales sustituyen así a los impuestos como la principal fuente de financiamiento del gobierno, socavando la relación y el contrato social entre el gobierno y sus ciudadanos.

Lo que sucede con esto es que "el gobierno ya no necesita que sus ciudadanos puedan disfrutar de poder económico. Y ya que el poder económico y político van mano a mano, a menudo no sienten que necesitan el consentimiento de sus ciudadanos para gobernar". El resultado es que los recursos naturales no generan bienes y servicios públicos, sino más bien dan lugar a sistemas económicos extractivos que a su vez producen los bienes privados y políticos en su lugar.

Es una tesis osada. El libro propone que si queremos salvar nuestras democracias y hacerlas más inclusivas y si queremos crear una sociedad con prosperidad compartida, necesitamos nuevas y creativas maneras de pensar acerca de cómo administrar la extracción de recursos naturales en nuestra región. "Tenemos que encontrar formas de restaurar la dinámica de poder entre los ciudadanos y el Estado, y garantizar que todos los ciudadanos se beneficien de los recursos de las naciones, no sólo unos pocos".

El autor propone hasta tres modelos para acometer en zonas con recursos naturales y áreas de influencia concretas con poblaciones que se oponen a su extracción, básicamente porque no tienen incentivos; no disfrutan de sus beneficios concretos y sienten que el Estado y la Empresa privada se ponen de acuerdo dejando a las comunidades de lado.

Algo de eso sucede con Tía María. Sería bueno empezar a pensar en cómo sentamos en una mesa a las comunidades y la empresa; repensamos en la redistribución de la riqueza y ponemos al Estado como un ente que cumpla su papel regulador y no de abogado de una de las partes.

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* "The Shared Society. A vision for the global future for Latin America". Stanford University Press. 2015. Agradezco al ex presidente Alejandro Toledo el haberme convocado para integrar el equipo de investigación que colaboró con él en este libro. Fue una experiencia enriquecedora en muchos aspectos. Artículo publicado en Diario 16, el domingo 19 de abril de 2015.


3 comentarios:

Anónimo dijo...

Y como el Estado va a regular si todo esta corrupto?

Anónimo dijo...

Y como el estado va a regular si todo esta corrupto?

Politikha dijo...

Cambiando el Estado. Logrando crear una Escuela Nacional de Administración Pública que forme a los nuevos gerentes del Estado, gente con mística que quiera hacer carrera en el sector público. Una especie de maestría con dos años de formación; como ocurre ahora con la Academia Diplomática. Eso no elimina la potencial corrupción humana, pero ayuda a formar cuadros. Necesitamos un shock generacional. Gracias por escribir.