Los garantes reales

A casi un año de terminar su mandato, los garantes reales del gobierno no son Alejandro Toledo ni Mario Vargas Llosa. Hoy en día esa categoría recae en dos personajes de su propio tablero: el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y el excolaborador del gobierno Martín Belaunde Lossio.

Ambos enfrentan esta semana momentos clave para el futuro del régimen. De lo que hagan, digan, callen y logren, dependerá en mucho –sin exageraciones– la marcha en el tramo final del gobierno del presidente Humala.

El premier Cateriano acudirá al Congreso para sustentar el pedido de facultades legislativas que requiere el gobierno en materia económica, seguridad ciudadana y otros. No le compete ir. Pero ha preferido hacerlo para cumplir su tarea –hacer política– y persuadir a un Parlamento fraccionado, sin mayoría clara, y plantear, luchar y ganar su aprobación en la cancha.

Para abrir el camino, ha despejado toda duda respecto a que no hará cuestión de confianza sobre el pedido de facultades, cerrando así toda posibilidad de que el presidente de la República pueda (o quiera) cerrar el Congreso de manera constitucional.

El segundo garante, Martín Belaunde Lossio, recibirá mañana en el penal Piedras Gordas a la Comisión del Congreso, que preside Marisol Pérez Tello, para responder las acusaciones que pesan sobre él de pagos y sobornos en obras públicas y su relación con la cúpula de gobierno.

El poder de MBL radica, en este caso, en su palabra. Su valor como garante estribará más en cómo logre equilibrar sus gritos desesperados por demostrar su inocencia con sus silencios. Lo que declare a la comisión marcará la pauta de su comportamiento futuro ante la Fiscalía. Puede también no decir nada. Nunca como en ese caso un silencio será más que elocuente.

Cateriano se ha ganado el título de garante a pulso. En apenas tres meses ha enfrentado crisis como las del espionaje chileno, el conflicto social de Tía María, la fuga y captura de Martín Belaunde, y los gastos y cuentas de la primera dama. Y de todas, hasta ahora, ha salido airoso.

El presidente del Consejo de Ministros es un garante no solo para el gobierno, sino para la propia oposición. Es el garante de la Hoja de Ruta.

En ese sentido, es el único que puede asegurar equilibrio político dentro del Ejecutivo sin caer en juegos antidemocráticos ni perfiles autoritarios. Pero, además, es quien puede echarse sobre el hombro la chamba de recuperar el crecimiento económico conversando y persuadiendo a los grupos económicos a seguir invirtiendo.

Si en derecho una garantía real implica la afectación de un bien para el debido cumplimiento de una obligación, en política un garante real es el que realmente tiene el poder de obligar un comportamiento en un sentido o en otro.

Esta semana ambos garantes ponen en juego sus poderes. Belaunde Lossio le sirve al gobierno mientras no hable. Cateriano, en cambio, es útil por todo lo contrario.

De hacia dónde se incline la balanza en ambos casos –el voto de confianza o las declaraciones oficiales de MBL– dependerá mucho la manera en que ingresaremos al último año de gobierno. En definitiva, un garante real es aquel que puede garantizar la continuidad del gobierno. Veremos si eso ocurre.

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Artículo publicado en Diario 16 el 7 de junio de 2015.

La Sociedad Compartida

Alejandro Toledo acaba de presentar en cuatro universidades norteamericanas (Stanford, Berkeley, San Francisco y Denver) su libro más ambicioso que lleva el título de esta columna: The Shared Society, una visión para el futuro global de América Latina*.

Una de las cosas que plantea el ex presidente en su libro es cómo hacer para que la riqueza de los recursos naturales no se pierda por la acción de los que se oponen o la inacción de los que gobiernan. Es decir, cómo escapar a la tesis de la maldición de los recursos naturales. ¿Conga, Tía María?

Para responder esta pregunta es necesario acudir a la definición de Acemoglu y Robinson sobre las sociedades extractivas y las inclusivas. Las primeras son aquellas que diseñan leyes y procesos para que un pequeño grupo se enriquezca a costa de la pobreza de la gran mayoría. Las segundas son las que permiten que todos o la mayor cantidad de ciudadanos puedan progresar.

Esto significa que si queremos crear sociedades incluyentes, compartidas, tenemos que tener instituciones políticas y económicas también inclusivas. Sistemas extractivos, por el contrario, distorsionan los incentivos y socavan los principios democráticos y las aspiraciones de una prosperidad compartida.

¿Pero cómo hacer que los sistemas de extracción –como el que tenemos en el Perú– sean más inclusivos? Toledo propone centrar la mirada en la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Para que las instituciones democráticas funcionen bien –afirma– debe haber una relación de beneficio mutuo y de mutua dependencia entre el Estado y sus ciudadanos. Esto significa que la relación entre ambos –sobre todo la movilización de recursos– es sumamente importante para la creación de una sociedad inclusiva y para una prosperidad compartida.

En una democracia, los ciudadanos empoderan a alguien, no sólo a través de sus votos, sino también aportando parte de sus ingresos para el Estado, vía impuestos. Sin ciudadanos contribuyentes, los gobiernos se ven privados del poder económico y, por tanto, también se debilita la legitimidad política para gobernar.

La abundancia de recursos naturales mal distribuida subvierte la relación y el equilibrio de poder entre los ciudadanos y sus gobiernos. Los gobiernos no se financian con la renta de sus ciudadanos, sino con la renta que genera la extracción de los recursos. Los recursos naturales sustituyen así a los impuestos como la principal fuente de financiamiento del gobierno, socavando la relación y el contrato social entre el gobierno y sus ciudadanos.

Lo que sucede con esto es que "el gobierno ya no necesita que sus ciudadanos puedan disfrutar de poder económico. Y ya que el poder económico y político van mano a mano, a menudo no sienten que necesitan el consentimiento de sus ciudadanos para gobernar". El resultado es que los recursos naturales no generan bienes y servicios públicos, sino más bien dan lugar a sistemas económicos extractivos que a su vez producen los bienes privados y políticos en su lugar.

Es una tesis osada. El libro propone que si queremos salvar nuestras democracias y hacerlas más inclusivas y si queremos crear una sociedad con prosperidad compartida, necesitamos nuevas y creativas maneras de pensar acerca de cómo administrar la extracción de recursos naturales en nuestra región. "Tenemos que encontrar formas de restaurar la dinámica de poder entre los ciudadanos y el Estado, y garantizar que todos los ciudadanos se beneficien de los recursos de las naciones, no sólo unos pocos".

El autor propone hasta tres modelos para acometer en zonas con recursos naturales y áreas de influencia concretas con poblaciones que se oponen a su extracción, básicamente porque no tienen incentivos; no disfrutan de sus beneficios concretos y sienten que el Estado y la Empresa privada se ponen de acuerdo dejando a las comunidades de lado.

Algo de eso sucede con Tía María. Sería bueno empezar a pensar en cómo sentamos en una mesa a las comunidades y la empresa; repensamos en la redistribución de la riqueza y ponemos al Estado como un ente que cumpla su papel regulador y no de abogado de una de las partes.

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* "The Shared Society. A vision for the global future for Latin America". Stanford University Press. 2015. Agradezco al ex presidente Alejandro Toledo el haberme convocado para integrar el equipo de investigación que colaboró con él en este libro. Fue una experiencia enriquecedora en muchos aspectos. Artículo publicado en Diario 16, el domingo 19 de abril de 2015.

El indebido proceso

Un juez acaba de decirle al Congreso de la República que en la investigación que se le sigue al ex presidente Alan García no se ha cumplido el debido proceso ni se le ha ofrecido las garantías de defensa que el mismo principio establece.

Algo similar o peor ha ocurrido, desde el principio, con el Caso Toledo.

A Toledo se le ha violado el debido proceso, por lo menos hasta la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización que preside el solidario Vicente Zeballos, realizada el 4 de Setiembre de 2013, fecha en que los congresistas empezaron a tomar debido nota de las recomendaciones del Tribunal Constitucional.

El problema parte del origen, la Moción 7009 que a la letra dice:  “Otorgar facultades de Comisión Ivestigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, de acuerdo al Art. 88 del Reglamento del Congreso de la República, por el plazo de 120 días hábiles, para investigar las presuntas irregularidades en la adquisición de inmuebles por parte del ex Presidente de la República Alejandro Toledo Manrique y otras personas vinculadas a dicho ciudadano, así como investigar el origen de los fondos para la adquisición de una residencia, tres estacionamientos vehiculares y un depósito ubicados en el distrito de Surco”.

Toledo no ha comprado las propiedades materia de investigación. No le pertenecen ni la casa de Las Casuarinas ni la oficina de Surco. Sin embargo, el Congreso le atribuye la propiedad de dichos bienes, señalando a la vez que en su adquisición se han cometido “presuntas irregularidades”, las cuales pretende investigar.

Según documentos que obran en la 48 Fiscalía Penal Provincial de Lima, el origen de los fondos es privado. Los fondos pertenecen al señor Josef Maiman, producto de operaciones comerciales; es decir, son de origen lícito, ganacias generadas por sus actividades empresariales. ¿Qué podría ivestigar el Congreso, entonces?

El artículo 88° del Reglamento del Congreso, señala que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, promoviendo un procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos.

La fuerza de los votos no puede torcer este ideal de justicia. El control político al que tienen derecho los congresistas no puede vulnerar el derecho individual de las personas. Tampoco puede saltar el debido proceso.

El Tribunal Constitucional en diversas sentencias ha reiterado al Congreso de la República la necesidad de establecer en su Reglamento un procedimiento que establezca el debido proceso en las comisiones investigadoras, en el que se fijen plazos de actuación, principios procesales, criterios para la ponderación de pruebas, requisitos para el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones y de los documentos privados, medios de impugnación, tachas, recusaciones, impedimentos, entre otros.

Nada de esto existe hoy. Y nada de eso se ha cumplido en el caso de Alejandro Toledo.

Para empezar, de conformidad con la Convención Americana, toda persona tiene derecho “a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra”.

Pregunto: ¿qué imputación se le ha comunicado a Alajandro Toledo? ¿En qué document se le señala el delito cometido? La Moción 7009, fuerza una interpretación y lo presenta como el propietario de los bienes. Adelanta opinión, juzga y sanciona, sin haber empezado el caso.

El debido proceso indica que se debe informar no solamente la causa de la acusación, esto es, las acciones u omisiones que se imputan (tiempo, lugar y circunstancias), sino también las razones que llevan a la Comisión de Fiscalización a formular la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a esos hechos.

La información debe ser expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir que plenamente el derecho a la defensa. No puede ser ambigua o genérica.

La Comisión de Fiscalización ha obrado en sentido contrario. Primero se levantó el secreto bancario y de las comunicaciones y luego se notificó al investigado. El mundo al revés. El indebido proceso.

El debido proceso existe en todo ámbito de acción legal, desde un acto administrative simple hasta un proceso judicial en última instancia y aún en cortes internacionales.

El debido proceso es un principio. Un mecanismo ordenado que asegura que el defendido pueda acceder a la justicia. Un grupo de acciones, tiempos, mecanismos  y plazos que evita el abuso de poder. 

Lo que el Congreso está haciendo con Alejandro Toledo es vulnerar este principio. Los resultados están a la vista, pero nadie parece querer darse cuenta.

¿Comisión de Fiscalización o de Festinación?

La Comisión de Fiscalización que dirije el solidario Vicente Zeballos, en el encargo de investigar a Alejandro Toledo, viene actuando con celeridad asombrosa. Apura el paso. Aprieta el tiempo.

No es que siga un procedimiento prolijo que permite que sus decisiones y directivas fluyan sin contratiempo. No.

Su velocidad deriva de su rapidez para festinar trámites. Para saltar y vulnerar la ley.

En la primera sesión, sin que los congresistas diseñaran un plan de trabajo, una agenda de invitados y, peor aún, sin precisar las razones por las cuales se comprende a las personas en un proceso investigatorio, en sesión reservada, se aprobó el levantamiento del secreto bancario de un grupo de personas consideradas sospechosas.

En esa misma sesión, el presidente de Fiscalización acordó distribuir a los miembros de la comisión un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera conocido por la fiscalía que investiga los mismos hechos, por lo menos, desde hace tres meses.

El segundo párrafo de dicho documento afirma que: “Es preciso señalar que el destinatario de la presente se encuentra bajo el Deber de Reserva y deberá guardar la debida confidencialidad que establecen las normas vigentes sobre el contenido de las comunicaciones de la UIF-Perú”.

El destinatario hizo todo lo contrario. El mismo día que lo obtuvo, un congresista miembro de la comisión, entregó el documento a la prensa y originó tremendo escándalo mediático. Ruido, porque el informe de la UIF ya fue respondido en la fiscalía.

En la segunda sesión, la Comisión de Fiscalización ha seguido pisando el acelerador. Sin mayor explicación, sustentación, ni rigurosidad jurídica, que la mera sospecha, acordó levantar el secreto de las comunicaciones a los mismos personajes, incluido el ex presidente Alejandro Toledo.

Eso en cualquier parte se llama abuso de poder. O vulneración del debido proceso. El levantamiento del secreto bancario y las comunicaciones debe ser consecuencia de una investigación previa. No el acto primero.

La Comisión de Fiscalización está saltando todo el procedimiento. No ha precisado quienes son los investigados, ni el orden ni alcance de la investigación.

El Congreso le entregó poderes para investigar el origen de los fondos con los que se realizaron las inversiones inmobiliarias, pero su afán inquisidor la está llevando a otros caminos. Dispara para todos lados, atropellando el derecho a la intimidad, y a la reserva de las comunicaciones y operaciones bancarias, que tienen las personas.

El presidente de la Comisión de Fiscalización debe serenarse y llevar con prolijidad y altura este proceso. Y por supuesto debe guardar la reserva del caso. Cada vez que ofrece entrevistas, adelanta opinión. O utiliza adjetivos calificativos, condenatorios.

Producto de su inexperiencia, se está dejando llevar por los enemigos de Toledo. Y su accionar apresurado está viciando el proceso. La ley puede ser dura, pero también tiene que ser justa. Y correctamente aplicada.