Hay
un problema con el tema de la delegación de facultades para reformar la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF). Pero no es su inconstitucionalidad.
Lo
peor es un larvado movimiento de Jiu-Jitsu que podría estar gestando el otro
lado del poder anclado en el Legislativo. Veamos.
La Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) es un órgano técnico, de línea, dependiente de
la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Se
encarga de recibir, detectar, analizar, tratar, evaluar y transmitir información
para la prevención y detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo.
Es
una especie de radar de movimientos financieros y/o bancarios sospechosos. Detecta,
informa, pero no investiga. Tampoco denuncia. Menos, persigue.
Elabora
informes de inteligencia financiera y comunica al titular de la acción penal,
el Ministerio Público, si encuentra algún patrón sospechoso de lavado de
activos.
Puede
igualmente informar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) si descubre información
que pueda atentar contra la seguridad
nacional.
No
informa a los organismos electorales. Ni a los medios de comunicación. Que el
juez autorice hacerlo tiene también un problema. El juez no puede actuar de
oficio. Tiene que actuar en el marco de una investigación.
Pero
la titularidad de la investigación es del Ministerio Público. No del juez. Ni de la UIF.
La UIF no puede
abrir una investigación. Tampoco puede solicitar al juez iniciar un proceso.
Quien debe hacerlo es el fiscal.
El
secreto bancario es un derecho constitucional. El juez, el Fiscal de la Nación
o una Comisión Investigadora del Congreso, pueden, en efecto, quebrar este
derecho, dentro de una investigación.
Pero
decíamos que este no es el problema mayor. Lo más grave es que el Congreso
aproveche este tema de la delegación de facultades para reformar el origen
mismo de la UIF. Y le de vuelta al asunto.
No
aprobar la delegación de facultades en este caso podría significar que el
Congreso pretenda debatir in extenso
las funciones y alcances de la UIF.
Aprovechando
el peso de los votos, podría incluso decidir "elevar" la autonomía funcional
de la UIF y terminar aprobando que el titular del organismo ya no sea designado
por la SBS, sino "elegido democráticamente"... ¡por el propio
Congreso!
Jiu-Jitsu
político. El poder del número. Tal como se hizo con el Defensor del Pueblo y se pretende hacer con el jefe del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONCYTEC), el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional.
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