Repensar la política social

La política social es una responsabilidad del Estado. Se trata de canalizar recursos públicos de manera eficiente hacia los más necesitados para mejorar sus capacidades o para ayudarlos por la situación de emergencia en la que viven. Aunque son políticas permanentes, las cíclicas crisis económicas las convierten en necesarias.  La actual crisis sanitaria y económica que vivimos con la pandemia nos obliga a repensar su orientación y gestión. 

En la primera mitad de los ochenta el Fenómeno El Niño originó un primer escenario para el diseño de políticas sociales, tanto a nivel de salud como de alimentación e infraestructura básica. La hiperinflación en la segunda mitad de esa misma década obligó a generar programas de emergencia para recuperar el ingreso de los más vulnerables. 

En los noventa, el sinceramiento de la economía, los programas de ajustes estructurales permanentes y el proceso de privatización del sector público obligó a crear criterios de focalización de la pobreza para los más afectados. En esta etapa se avanzó también en la universalización de la educación y en obras de mejoramiento de la infraestructura en zonas rurales.

Sin embargo, la debilidad de la política social fue no haberse convertido en una estrategia integrada de largo plazo. Hubo, además, duplicidad de funciones, politización de los programas sociales —especialmente los ligados a la alimentación— y concentración de los mismos, lo que originó deficiencias y malos manejos.

Se pensó entonces que la transferencia de competencias y funciones sería una solución. El proceso de descentralización de la década del 2000 entregó el funcionamiento y ejecución de los programas sociales a los gobiernos regionales y municipales. Si bien el gasto social aumentó, los resultados indican que los problemas de desarticulación, desfocalización y superposición de programas continuaron, cuando no se profundizaron. 

Falta una cabeza que dirija y articule la función social del Estado. El Consejo Interministerial de Asuntos Sociales, presidido por el presidente del Consejo de Ministros, es por ley a quien le corresponde, pero el MIDIS debe ser el órgano rector. Urge que el gobierno analice la política social que tenemos y la replantee para enfrentar estos tiempos de pandemia. No podemos seguir haciendo lo mismo, porque ni el país, ni el presupuesto, ni la economía son los mismos.

Un enfoque integral, multisectorial, focalizado y territorial debiera ser la base para una nueva manera de encarar la ayuda social. Hay servicios universales como salud y educación que deben reforzarse, y programas focalizados dirigidos a la población vulnerable (alimentación, por ejemplo) que deben ser replanteados para atender a los nuevos pobres. 

Los programas universales buscan el desarrollo del capital humano, mientras los programas focalizados son indispensables para salvar a las personas en momentos de crisis que de otro modo perecerían. En este último aspecto se debería pensar en crear un Programa de Alimentación Nacional (PAN) que pueda ayudar a las ollas comunes que empiezan a multiplicarse en los asentamientos urbano-populares, organizándolos en Núcleos Ejecutores Comunales encargados de administrar los alimentos que reciban o de comprarlos ellos mismos.  

Eso requiere de una autoridad responsable del gasto social dentro del gabinete ministerial. Una persona tan fuerte —empoderada como el sector Economía— encargada de planificar, orientar y evaluar la política social. Un personaje no solo con sensibilidad ante la pobreza, sino con eficiencia en gerencia social. 

(Foto: Paul Vallejos, Diario El Comercio)