Que necesitemos obligar, como sociedad civil, a los dos competidores en segunda vuelta a firmar un documento para asegurar un compromiso mínimo con el sistema democrático revela hasta qué punto carecemos de ese espíritu como país.
Hay que estar en el sótano democrático para pedirle a los candidatos que dejen por escrito que se irán el 28 de julio de 2026, que respetarán la Constitución, que defenderán la iniciativa privada y la libertad de expresión y de prensa.
Sin partidos políticos institucionalizados, con un centro político licuado en el presente proceso electoral —licuado, no desaparecido, ojo—, el papel de garantes de la democracia lo han asumido las iglesias católica y evangélica y las ONG como Transparencia y la CNDDHH.
Pero no pasaron ni 24 horas cuando salió a la luz un audio del electo congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, encendido como su apellido: “somos socialistas y nuestro camino de nueva Constitución es un primer paso. Y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú”.
¿Cómo queda el juramento democrático del profesor Castillo frente este tipo de declaraciones? Literal, y lamentablemente, como un saludo a la bandera.
Una de esas pelotudeces democráticas a la que se refiere Bermejo representa el corazón de la democracia: la alternancia del poder. Él no cree en este mecanismo que nace del respeto a la Constitución y de la propia voluntad popular. Su idea es quedarse en el poder.
Por si fuera poco, el propio candidato presidencial en una presentación ante los gobernadores regionales ha seguido desmadejando su plan de terminar con el sistema. A sus iniciales ideas de desaparecer el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo —reestructurar, dijo luego—, se suma ahora la propuesta de liquidar la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el Programa Nacional de Inversión en Salud (Pronis), el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y el Programa Provías Nacional.
Ello con la finalidad de que estas instancias no compitan con los gobiernos regionales y locales, a los que también le quiere transferir autonomía en la recaudación de impuestos, siguiendo el esquema de estados federales y no los de una república unitaria y descentralizada como establece la Constitución. “Zapatero a tus zapatos”, refirió para remarcar su voluntad de que cada uno haga lo suyo.
El problema es que los gobiernos subnacionales no han sido capaces hasta hoy de lograr eficacia en la inversión de los recursos fiscales transferidos. Los gobiernos regionales tienen una ejecución del gasto público del 65%, mientras que los gobiernos locales apenas si pasan el 51%. No solo es ineficiencia o corrupción como podría pensarse, es algo peor, es incapacidad real, ausencia de capacidad técnica y de recursos humanos.
Hasta ahora no escuchamos un plan sobre cómo elevar el nivel de gestión pública en los niveles subnacionales. No se trata solo de descentralizar el mecanismo de control, en este caso la Contraloría General de la República, que está muy bien que se haga, sino de descentralizar también las capacidades técnicas y humanas a los gobiernos regionales y locales.
Se requieren gestores públicos que sepan armar expedientes técnicos, hacer seguimiento a los desembolsos y ejecutar los presupuestos con calidad y eficiencia. Hay propuestas aisladas al respecto, como que gerentes de las empresas privadas donen su tiempo asesorando a los gobiernos locales y regionales, o creando una entidad en el propio MEF que se encargue de la formación de estos funcionarios en alianza con las escuelas de Gestión Pública de las universidades, hasta abrir y empoderar una poderosa Escuela Nacional de Administración Pública.
Si no elevamos la calidad del gasto público, difícilmente el ciudadano podrá sentir la presencia del Estado. Por el contrario, ante un Estado carente de servicios, ajeno o muchas veces ausente, el sentimiento de liquidar el sistema aflora con facilidad. En este caso no se trata de pelotudeces democráticas, sino de actuar democrática y eficientemente para que al final no seamos todos víctimas de unos pelotudos antidemocráticos.
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