Minería y responsabilidad compartida

Las cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE) son contundentes y debieran tener una respuesta del gobierno, pero también de la sociedad: US$ 21.500 millones se han dejado de invertir en proyectos mineros entre el 2008 y 2010. Sumando impacto directo e indirecto, salarios y demanda de más productos en diversos sectores, esta cifra llega a US$ 67.000 millones que no han ingresado a la economía y que hubieran mejorado nuestro PBI.

 Frente a esta realidad, Roberto Abusada, Presidente del IPE, plantea la necesidad de que el Estado, los gobiernos regionales y las empresas rediseñen "la manera en que se lleve a cabo la explotación de los inmensos recursos naturales que posee el Perú" (Fracasomanía, El Comercio, 30/06/2015).

 "Lo que pasa por reconocer que muchos compatriotas en lugares remotos dudan de los beneficios que les reportará el extraer de manera responsable esa riqueza que yace bajo sus pies", añade. En parte, tiene razón el Presidente del IPE. Se debe rediseñar el modelo de explotación de proyectos mineros. Pero no solo entre el gobierno nacional, el gobierno regional y la empresa privada, sino, también con las comunidades donde se asienta el recurso.

 El problema entre minería y comunidades se origina precisamente porque el Estado y la clase empresarial dejaron de lado durante siglos a las poblaciones nativas, indigenas o campesinas, ubicadas en las áreas de existencia del recurso natural y zonas de influencia.

 El Estado peruano creó sus primeras instituciones en base a la explotación y la miseria de los hombres y mujeres originarios de estas tierras. La encomienda, la mita, y el trabajo comunal en la hacienda, despojó a las comunidades indígenas de sus tierras, agua y recursos naturales.

 Este modelo institucional solo extrajo del hombre andino su fuerza de trabajo. Las consecuencias de estas instituciones extractivas, las padecemos hasta hoy. Siglos de atraso, pobreza y abandono. Esta no es una visión del fracaso. Es más bien una revisión del modelo de sociedad que tenemos para revertir la fracasomanía que preocupa al autor.

 Abusada dice muy bien que (en el nuevo rediseño que propone) "La mina deberá ser un componente más de un conjunto de varios otros proyectos promovidos por el Estado que se lleven a cabo simultáneamente con su construcción y la posterior explotación del recurso; proyectos de caminos, hospitales, escuelas y otras actividades productivas en que participe la comunidad".

 Pero, nuevamente, en su esquema de explotación minera, el Estado es el único responsable de la infraestructura; no la empresa. ¿Pero acaso no hemos tenido siempre este modelo extractivo? El Estado haciendo carreteras, puertos y líneas de ferrocarril hasta las haciendas de los privados, sin que éstos pongan un centavo, ni distribuyan parte de su riqueza con las comunidades?

Las sociedades extractivas –decíamos en un artículo anterior (Robinson y Acemoglu; 2014) – diseñan leyes y procesos para que un pequeño grupo se enriquezca a costa de la pobreza de la gran mayoría.

 Estos sistemas extractivos, no generan incentivos para todos los individuos, sino para sectores privilegiados, socavando los principios democráticos y las aspiraciones de una prosperidad compartida.

Romper este viejo modelo es construir una nueva relación entre el Estado y sus ciudadanos, basado en un principio: riqueza para todos. Las poblaciones ubicadas en los lugares donde existen recursos naturales deben participar de la riqueza que genera la explotación de dichos recursos.

 Estas poblaciones se oponen hoy a su extracción, "porque no tienen incentivos; no disfrutan de sus beneficios concretos y sienten que el Estado y la Empresa privada se ponen de acuerdo dejando a las comunidades de lado". Estado, empresa privada y comunidad son las tres patas de una mesa llamada: responsabilidad compartida. No entender esto sí puede sumirnos en una fracasomanía.

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Artículo publicado en Diario 16, el 5 de julio de 2016.