Recuperar el imperio de la ley

La captura y confesión de los autores materiales e intelectuales del asesinato del alcalde de Samanco, Francisco Ariza Espinoza y su abogado, Henri Aldea Correa, es un cóctel que mezcla dos características de lo peor del ser humano: codicia y venganza.

El alcalde fue asesinado por sus propios regidores para usurpar el poder y manejar el presupuesto público destinado a obras, en beneficio propio. Su asesor legal fue ultimado, en venganza, por otro abogado, que meses antes fue despedido por su sucesor de la pequeña Municipalidad Distrital de Samanco, Provincia del Santa, en la Región Ancash.

El móvil que une ambos asesinatos es la corrupción.

El alcalde era un estorbo para quienes consideraban el presupuesto municipal un botín. El abogado, una víctima de la venganza, al no considerar que el hombre que despidió había "invertido" 200 mil soles en la campaña de Ariza Espinoza.

Para ejecutar su plan, los asesinos contrataron sicarios ­–uno de ellos menor de edad–, quienes emboscaron al alcalde y su abogado en plena carretera, donde los acribillaron y les prendieron fuego. Sin piedad.

Fue un magnicidio. Pero no por razones políticas o ideológicas, sino por las más oscuras pasiones que, también en la política, exhibe el ser humano.

No es raro que esto ocurra. Por el contrario, se está volviendo más bien una actuación común, particularmente en una región convulsionada por el manejo turbio de la cosa pública, como Ancash. Las diferencias, las luchas intestinas por el poder, el afán de enriquecimiento rápido, la dilapidación del erario público, se arreglan, de manera fulminante, a balazos. 

El sicariato, la extorsión y la disputa armada entre bandas delincuenciales por el botín presupuestal de las obras públicas en ejecución, se colude muchas veces con malas autoridades electas, policías, jueces y fiscales.

Es la lucha del Estado contra el crimen organizado.

Y en esta guerra de supervivencia del orden legal, me temo, la solución no puede venir del propio sistema de administración de justicia. 

Necesitamos es organizar un nuevo cuerpo de élite policial de investigaciones ­­–al estilo FBI–, con recursos e inteligencia que enfrente este problema de raíz.

Una policía de investigaciones nueva, especializada, con recursos y capacidad operativa, asesorada por organizaciones policiales del más alto nivel en el mundo, que retome el control del Estado y la paz social.

El trabajo de recuperar los valores cívicos para adecentar la política toma mucho tiempo. Se debe hacer. Pero, mientras eso se consolida y da frutos, se deben acometer acciones eficaces e inmediatas de lucha frontal contra el crimen organizado.

La política no tiene que ser sangre y muerte; venganza y crímen. 

Si no nos civilizamos, el Estado tiene la obligación de imponer el orden y la fuerza. Y eso es, simplemente, volver al imperio de la ley.  

Tenemos que parar en seco el caos político y delincuencial que se vive en algunas regiones del país.