01 diciembre, 2019

Perú 2050*

Como una corriente marina fresca y anchurosa que subyace en el mar fangoso y movido de acontecimientos políticos ligados a las denuncias de corrupción, la CADE 2019 se dio tiempo para hablar del futuro. 

El periodista Andrés Oppenheimer abrió la sesión con un resumen de su reciente obra —Sálvese quién pueda— en la que relata los cambios que experimentarán algunas profesiones  en los próximos años, producto del avance de la denominada Revolución 4.0.

En un escenario de robots inteligentes y de nanotecnología algunas tareas y trabajos desarorllados por humanos serán reemplazados por robots, algo que ya viene ocurriendo desde ahora con transcriptores, secretarias, contadores, anfitriones, dibujantes, profesores, médicos y periodistas.

Contra lo que podría pensarse, los cambios más dramáticos no serán en los países desarrollados —donde la tecnología de punta es la vanguardia de la productividad— sino en países de ingresos medios como México o Perú que en muchos sectores de la producción, sobre todo en servicios, tiene ocupada mano de obra no calificada.

El otro enfoque prospectivo del país lo presentó el director de El Comercio, Juan José Garrido, con el adelanto del Proyecto Perú 2050 que busca despejar las incógnitas de cómo será el mundo y el país de aquí a treinta años y qué cambios será posible esbozar en algunos conceptos claves como: demografía, tecnología, medio ambiente, política, economía y sociedad.  

La prospectiva no es futurología. No predice el futuro ni lo adivina. Es una disciplina que ayuda a construir escenarios partiendo de la realidad actual y proyectando sus indicadores en diferentes niveles, modelando sus resultados futuros. 

Como dijo Sebastiao Mendoça Ferreira, asesor de Perú 2050, algunas cosas sabemos y tenemos certezas; de otras no. 

Hay consenso que en tres décadas el mundo tendrá más o menos 9.700 millones de personas. El centro económico del planeta será China que recuperará el poder económico, centrándolo en el Pacífico, donde estuvo hace más de 500 años, hasta que el descubrimiento de América viró su eje hacia el Atlántico.

En ese momento tendremos ciudades que serán tan grandes como países. El mundo será mayoritariamente de clase media. Si en 1820 el 84% de la población del planeta fue pobre o muy pobre, el 2050 apenas el 3% lo será.

En tecnología, los celulares serán 10 mil veces más potentes a los que conocemos hoy. Este dispositivo estará dotado de Inteligencia Artificial, lo que lo convertirá en un dispositivo indesligable del ser humano, un Asistente Inteligente Personal (AIP); una computadora que ayudará al hombre a realizar todo tipo de tareas ocupacionales, intelectuales y/o recreativas.

En aquel momento ingresaremos de lleno al sistema quántico de procesamiento de datos, millones de veces más potente que el sistema binario que tenemos ahora. Esta tecnología permitirá resolver algunos de los problemas que encierra procesar millones de datos a la vez como el modelamiento climático, el modelamiento genético o económico.

Si la revolución industrial superó la capacidad física del ser humano al saltar del procesamiento manual a la máquina movida por energía, la Inteligencia Artificial, por primera vez en la historia de la humanidad, sustituirá las capacidades cognitivas del hombre.

El uso de la Inteligencia Artificial en la educación será el fin del profesor de aula, tal como lo conocemos. Los niños se relacionarán y aprenderán más y mejor con sus AIPs que con su profesor humano. El nuevo rol para los maestros será la de tutor, guía; un soporte emocional y social en el nuevo mundo de máquinas interactivas.

En política, la nueva tecnología hará ver a la democracia como un sistema obsoleto o al menos estancado. Más importante será el rol del cuidado del medioambiente y las decisiones que los gobiernos tomen sobre él que las ideologías para organizar la sociedad o la economía. Probablemente la palabra tecnopolítica cobre un nuevo sentido, ligada más a la calidad y efectividad de los servicios públicos en línea antes que a la diferencia entre funcionarios públicos y políticos. 

En esta perspectiva, el ejercicio sobre el futuro del Perú delineó cuatro escenarios, cuatro líneas de evolución de nuestro país que está en nuestras manos modelar:

1. El Perú Inercial. En este escenario, se prolonga el marasmo actual. No tenemos agenda mínima común. El Perú es un mosaico astillado de representaciones políticas. Algunas regiones logran crecimiento moderado y rápido, mientras que otras son consumidas por el decrecimiento y el despoblamiento.

2. El Perú Desarrollado. A diferencia de lo que tenemos hoy, el Perú ha logrado mejorar la cooperación, la conexión y la comunicación entre sus líderes. Existe una agenda que se mantiene independientemente de quien gobierne, el crecimiento es sostenible y entre la población hay mayor respeto y confianza.

3. El Perú Fragmentado. En este escenario, los grupos extremistas han tenido éxito en su prédica y práctica. Han crecido. Las instituciones democráticas se han deslegitimado y el país vive periodos largos de inestabilidad política y social, lo que a la larga genera también inestabilidad económica. Surgen líderes populistas.

4. El Perú Autoritario. Aún cuando la democracia sigue siendo el sistema de gobierno que prevalece, su esencia se ha desvirtuado. Surge un líder autoritario elegido en democracia. No importa su ideología. Puede ser de izquierda o de derecha. Es un excelente comunicador que domina los mecanismos tecnológicos de control ciudadano. Usa el populismo como doctrina inspiradora y método de gobierno.

¿Política ficción? No. Solo probabilidades. Escenarios. Prospectiva. Situaciones que pueden materializarse o no, pero que ayudan, parados como estamos en nuestra realidad —con vecinos indignados y movilizados—, a pensar bien qué debemos hacer los peruanos para construir el futuro que soñamos. El Perú que pensaron nuestros fundadores: una República, al fin, de ciudadanos.




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* El Proyecto Perú 2050 es una iniciativa del Diario El Comercio que busca producir una Hoja de Ruta de crecimiento y desarrollo para el país. El presente post se ha escrito en base a las exposiciones de Juan José Garrido, Sebastiao Mendoça Ferreira, Rodrigo Isasi y Ximena Vega, presentadas en la CADE 2019. 

23 noviembre, 2019

Perú: democracia sin partidos*

La Constitución peruana no establece el cierre del Congreso. Solo su disolución. Es una diferencia semántica sustantiva. El país ingresa a un interregno en el que el Presidente de la República gobierna, vía decretos de urgencia, con una Comisión Permanente que es una especie de apéndice del órgano legislativo disuelto. Hasta que se forma un nuevo Congreso, dentro de los cuatro meses posteriores a la disolución.
De esta manera, el país dirimió uno de los enfrentamientos de poderes más largos que ha tenido en su historia republicana, que el 2021 cumplirá 200 años. El Tribunal Constitucional está por resolver una contienda competencial planteada por el legislativo, para establecer si la disolución fue o no ajustada a ley, pero todo parece indicar que la política de los hechos consumados se impondrá y en enero del 2021 tendremos elecciones y un nuevo Congreso.
Una nueva correlación de fuerzas será entonces realidad. El legislativo se recompondrá a través del voto popular con lo que el año y medio de gobierno que le queda al presidente Martín Vizcarra tendrá, sin duda, otro cariz. Menos obstruccionista con seguridad, pero más eficaz, está por verse.
Hasta el momento el humor nacional no está como para repartir y repetir la cuota de poder mayoritariamente a un grupo político. Fuerza Popular, el grupo mayoritario en el Congreso disuelto no tendrá, por lo pronto, ni la misma fuerza ni es ya tan popular. 
Ningún partido en realidad lo es. 
Encuestas recientes le dan a Acción Popular —partido de centro— un 11% de las preferencias. El centro derechista Partido Morado 8%. El partido fujimorista, Fuerza Popular 5%. Alianza Para el Progreso 3% y las izquierdas y el Partido Popular Cristiano 2% cada una. El partido Aprista 1%. Ninguno 33%. Y no saben 21%.
A poco menos de tres meses de acudir a las ánforas, la fotografía final sigue siendo difusa. Descontando que en diciembre las fiestas navideñas ocupan buena parte del interés de las personas, esta campaña al Congreso complementario de enero 2021 —para culminar el periodo hasta el 28 de julio del 2021—, será una campaña relámpago de menos de cuatro semanas.
Casi no habrá tiempo para una campaña de posicionamiento, sino de marca. La recordación partidaria y el símbolo electoral será tan o más importante que las propuestas legislativas. Más aún si tenemos en cuenta que en estas elecciones rige el nuevo cambio en las reglas electorales que prohibe la propaganda o publicidad comercial en la televisión privada. Los partidos podrán usar solo la franja electoral, espacios en horarios fijos en los medios de comunicación públicos y privados contratados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y sorteados de manera equitativa entre los participantes. Con este (des)incentivo, la campaña correrá fuerte en redes sociales.
En este aspecto, lo que veremos en los próximos días será también un adelanto o una experimentación de lo que se vendrá el 2021: una campaña con nuevas reglas (elecciones primarias, simultáneas y abiertas), alternancia de género y paridad de manera progresiva.
No está claro si la reingeniería legal en materia electoral mejora la calidad de la democracia. El Perú es un país sui generisen este aspecto. Aquí funciona un sistema democrático sin partidos políticos. No como la teoría política los define, en todo caso. La informalidad que mantiene a flote la economía (70%), se ve también en la política. Los candidatos saltan de un partido a otro con agilidad felina. No es la ideología o la hoja de ruta común lo que los une, sino el pragmatismo; la imperiosa necesidad de asirse del poder —literalmente— a cualquier costo y casi a cualquier  precio.
Los partidos son así antes que unidades de pensamiento y acción, coaliciones de independientes (Zavaleta, 2014), con espíritu pragmático, rentista o saltimbanqui, que a la larga genera una República sin ciudadanos (Vergara, 2013), de la que solo cabe esperar —elecciones, Dios mediante— que cada Congreso que elijamos no sea peor que el anterior. 

* Artículo publicado en la revista CAREP, Centro de Alto Rendimiento Político de España.  Edición Perú N.- 7, Otoño, 19. 6/11/2019

16 noviembre, 2019

Indignados y conectados

América Latina es hoy un laboratorio abierto de procesos económicos, políticos y sociales en el que  la gente se ha volcado a las calles, indignada y violenta, generando una dinámica que requiere ser explicada para evitar confusiones y pescar a río revuelto.

Los países andinos -Venezuela, Ecuador Chile, Bolivia- parecen calentarse al punto de poner a prueba sus endebles democracias. ¿Qué produce esta ola de enfrentamientos? ¿Hay alguna explicación que sea común a todos estos estallidos?

Una primera hipótesis es que no sea un solo factor. Ni una sola mano. Que, por el contrario, existan razones distintas. Hambre y dictadura en Venezuela; autoritarismo y fraude electoral en Bolivia; costo de vida en Ecuador; desigualdad e insatisfacción en Chile. 

Es importante diferenciar el origen de las crisis para no confundir la respuesta a cada una de ellas. De hecho, con diferente tesitura y fórmulas, tras los estallidos sociales, el poder se conserva en Chile, Venezuela y Ecuador. En Bolivia, se destituyó al presidente y asumió una representante del radicalismo religioso.

A punta de bayoneta, bala, subsidios y populismo, Nicolás Maduro, sigue gobernando y conviviendo con un presidente reconocido por todos, pero que no manda. Sebastián Piñera, después de 22 muertos y tres semanas de multitudes desbocadas en las calles terminó por acordar, junto a las fuerzas políticas de oposición, la convocatoria a un plebiscito y encaminar a Chile hacia una nueva constitución; a cambio, se mantiene en el poder. Lenin Moreno, en Ecuador, abandonó Quito por unos días, pero tras llegar a un acuerdo con los indígenas, derogó el alza de combustible y regresó a Palacio. 

Las situaciones políticas que generaron las crisis no se parecen ni en su origen, ni en su tratamiento, ni en sus resultados. 

No es verdad entonces que en todos los países estemos ante una respuesta al decaimiento, vulnerabilidad o retroceso de la clase media. En Venezuela la crisis es transversal a todas las clases sociales. En Bolivia es más profunda la fractura étnica que la económica. Fueron los no indígenas quienes expulsaron a Evo. Por el contrario, en Ecuador fueron los indígenas quienes le perdonaron la vida a Moreno.

Desde hace muchos años el BID ha identificado a América Latina como la región con mayor desigualdad de ingresos. Entre el 2002 y 2012 más de 10 millones de latinoamericanos se incorporaron a la clase media. A ese ritmo, todo parecía indicar que América Latina fuera predominantemente una región de clase media el 2017, pero no ocurrió. A partir del 2014 solo 3 millones y medio de latinoamericanos ascendieron a la clase media cada año. 

¿Es esta realidad socioeconómica la que explica el estallido en Chile? La desaceleración del crecimiento económico, genera menos empleo, por lo tanto, menos ingresos, menos clase media y más pobres. La región entró a su quinto año consecutivo de desaceleración. Muchos de los que hoy protestan probablemente son miembros de esa clase media estancada, vulnerable, que no quiere, que tiene pavor, regresar a la pobreza.

Pero la pregunta inicial sigue en pie: ¿qué une a todos los estallidos sociales en los países andinos? ¿Hay un plan concertado para desarticular estas endebles democracias? Tendría que ser un súper cerebro que conozca qué botón apretar en cada país para soliviantar a las masas en contra de sus gobiernos. 

Lo único une todos estos estallidos quizás sea lo bien conectados que están los ciudadanos a la hora de salir a las calles. Y los límites de la democracia en estos lares para procesar el conflicto. Lo primero dinamiza el “fenómeno cascada” de replica y escalamiento del estallido, mientras lo segundo revela la debilidad institucional que padecen nuestros países ante masas desbordadas que no obedecen a nadie. 

El otro rasgo que une a estos ciudadanos conectados y enojados -que han hecho de la calle su tabladillo político- es el sentimiento de insatisfacción y hartazgo frente a la autoridad. El Estado debe prestar mejores servicios y no solo ser garante de la fuerza. La gente no solo quiere gobiernos que cumplan su tarea, sino sobre todo honestados con funcionarios y servicios públicos que atiendan sin prepotencia, humillación o indignidad.

La brecha entre las aspiraciones de la gente y la realidad que no cambia podría estar generando desesperanza y frustración. Y cuando el ciudadano no encuentra satisfacción, se queja por las redes sociales. Estamos ante un ciudadano empoderado y anárquico en las redes. 

Las generaciones jóvenes viven las crisis en la vida real y también en el mundo digital. Ambos mundos conviven y se traslapan, retroalimentándose. Y cada vez es más difícil diferenciarlos. Así, la chispa del descontento social se enciende y extiende mucho más rápida, descontrolada y hasta irracionalmente, sin que ello no signifique que existe una dosis de realidad amplia y aumentada. Las redes amplifican el malestar de la gente, aunque lo real sigue siendo la angustia de vivir al límite, la frustración, los sueños truncos, la  desesperanza. 





03 noviembre, 2019

La Revolución y la Tierra


El documental de Gonzalo Benavente tiene varios aciertos. Uno de ellos es la narrativa-espejo de un periodo y tema complejo —aún hoy en debate— en torno a la eficacia y resultados concretos del proceso de Reforma Agraria que impulsó el Gobierno Revolucionario del general Juan Velasco Alvarado. 

El autor utiliza para ello las voces de historiadores, antropólogos, sociólogos, periodistas y protagonistas directos, que cuentan e interpretan los hechos, así como una secuencia ordenada de películas peruanas que hilvanan la historia. El documental llega a ser así una especie de docudrama, pero fílmico —un docufilme— que reemplaza la caracterización y actuación ex profesa de los docudramas con segmentos de películas correspondientes al tiempo en que ocurrieron los hechos históricos narrados.

Fuera de lo acertado de este recurso técnico que permite una sucesión de hechos sostenidos y no aburridos, el mayor mérito de la película es presentar un primer balance del fin de la edad media que se vivía hasta entonces en el Perú, que fue lo que en el fondo significó la reforma agraria. La extinción de un sistema de explotación de la masa indígena.

Si esta decisión trajo el quiebre de la producción agraria —y hay estudios que así lo muestran—, no menos cierto es que desde el punto de vista social había que terminar con el yanaconaje y la semi esclavitud laboral en el campo. No puede haber República sin ciudadanos. Y una buena parte del Perú antes de la reforma agraria, no tenía esa condición.

El problema del campesino es aún un tema pendiente. Sigue ligado a la tierra, pero hoy el problema es más de acceso al desarrollo, al crédito, al agua, y a servicios básicos del Estado como educación, salud e infraestructura. Las comunidades campesinas no son unidades de producción articuladas al mercado. En muchos casos, son aún de subsistencia. La propiedad de la tierra en su interior se ha fragmentado, individualizado, aunque en una gran cantidad de ellas existe todavía el manejo comunal de tierras, aguas y pastos.

Las comunidades campesinas no forman parte de las políticas públicas. Y sin embargo, pueden ser grandes aliadas en la construcción de mejores condiciones de vida para su población. El manejo del agua es un ejemplo. En las zonas altoandinas, la administración, cuidado y construcción de nueva infraestructura de agua sigue siendo un trabajo colectivo; lo mismo que la defensa de la ecología y medio ambiente. Pero en lugar de que el Estado aproveche esta disponibilidad de recurso humano organizado, lo ignora. 

El despoblamiento del campo debido a la migración de los jóvenes a las ciudades es una consecuencia de la poca atención que el Estado presta a este territorio. No existen escuelas técnicas adecuadas para preparar a los jóvenes en nuevas tareas ligadas al desarrollo agropecuario, al turismo, a las actividades productivas o las nuevas condiciones que demanda el mercado nacional o internacional.

Velasco destapó la olla de presión social que mantuvo el Perú hasta fines de los sesenta. De no haber tenido esa reforma agraria  —sostiene Hugo Neira en el docufilme—, Abimael Guzmán llegaba a Lima con 2 millones de indios y nadie lo paraba. ¡Quién sabe, señor! Lo que sí sabemos es que la tarea de integrar al campesino al desarrollo sigue siendo parte de la agenda país. No esperemos, pues, nuevamente, a que el caldo vuelva a hervir.



27 octubre, 2019

Indignados y desiguales


En Chile el pasaje del Metro subió 30%. Los estudiantes protestaron. Luego se les unió el resto de la población. El ministro de economía recomendó que mejor madrugaran si querían pagar un pasaje más barato. 

La gente no madrugó, pero sí despertó. Indignada, además.  

Del rechazo se pasó al descontento y de este a la indignación y a la furia colectiva en las calles. 

La protesta no es por lo 30 pesos, sino por 30 años de desigualdad, corea ahora la gente. Es una manera de responder ante medidas económicas en el precio de servicios que la gente entiende deben ser responsabilidad del Estado: Educación, Salud, Transporte, Seguridad. El costo de la vida sube y los salarios no.

Es a la vez una respuesta a la insatisfacción en la calidad de los servicios. No solo a lo caro y prohibitivos que resultan la Educación, la Salud y el Transporte, sino al pésimo trato que reciben los usuarios. Una Educación que al final no sirve para conseguir empleo, una Salud con hospitales sin medicinas y un Transporte que se modernizó en infraestructura pero que sigue movilizando a la gente como si fuera ganado o sardinas en hora punta. 

La protesta es también un reclamo al trato digno que merecemos todos.

Hace unos años un reportaje en televisión mostraba como miles de ciudadanos chilenos cruzaban a diario la frontera hacia el Perú para atenderse en clínicas y consultorios privados y municipales de Tacna. Cuando le preguntaron a los entrevistados las razones por las que preferían venir a curarse al Perú, la totalidad destacó el trato humano, respetuoso y paciente de los médicos, antes que los precios bajos. Luego de la consulta, eso sí, pasaban a disfrutar de la gastronomía peruana.

La gente reclama respeto, dignidad, trato humano. 

En Chile, como en cualquier otro país, no basta la infraestructura. El fierro y el cemento no es suficiente para hablar de desarrollo. El respeto al otro es también señal de modernidad. Los gobernantes pierden la perspectiva del poder cuando dejan de ponerse en los zapatos del otro. ¿Y cuál es la perspectiva del poder, sino servir?

El 60% de la población chilena sufre el Transantiago, vive endeudada, padece la inseguridad ciudadana y se siente asfixiada por las bajas pensiones y el alto precio de las medicinas. El 10% vive en su burbuja de confort y no pasa ningún apuro económico. El 30% es una clase media que vive el día a día sin preocupaciones, pero tampoco con holguras materiales.

Más de la mitad del país es la nueva clase media que ha escapado de la pobreza, vulnerable, precaria —que vive asustada y angustiada porque sus expectativas son más grandes que sus posibilidades—, que ha desbordado el índice de Gini, pero sigue formando parte de los 10 países más desiguales del mundo. 

El estallido social no es solo un problema de modelo económico. Es también un problema de Estado ausente, insensible, ineficaz, corrupto.  

La raíz de la indignación tiene varias nervaduras. Sus repercusiones trascienden Chile. Eso, con toda seguridad. La desigualdad enfurece. Pero es el maltrato el que gatilla la indignación.



13 octubre, 2019

Realidad contrafáctica


La denegación fáctica nos ha devuelto a la realidad contrafáctica. Después de una pelea terminal entre los poderes del Estado, en el que uno terminó disolviendo al otro, volvemos al punto inicial. Tendremos elecciones parlamentarias con las mismas reglas de siempre, las de toda la vida. 

El Jurado Nacional de Elecciones aclaró las dudas: los partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas no tendrán obligación de presentarse el 26 de enero de 2020. Tampoco desparecerán si se inhiben. No habrá alternancia ni equidad de género en las listas presentadas, ni elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Nada. 

Todo será como antes, como siempre. Los partidos deberán seleccionar a sus candidatos al Congreso con sus reglas internas. Que lleven invitados dependerá única y exclusivamente de su voluntad, así como que cierren sus cupos solo para sus militantes será de su absoluta responsabilidad. 

Lo que aún no se aclara en esta línea de tiempo contrafáctica —o paralela— es si los disueltos congresistas pueden volver a presentarse. El JNE ha dicho que lo hará cuando se presente un caso concreto en alguna de las circunscripciones regionales y sentará posición firme, recién en segunda instancia.

Queda aún un nudo gordiano para quienes pretendan ser candidatos a la presidencia (el 2021) y quieran ahora postular como congresistas en las elecciones parlamentarias complementarias (2020). El impedimento es el Art. 95 de la Constitución: "El mandato legislativo es irrenunciable". 

Si los principales líderes de los partidos quieren ser candidatos presidenciales el 2021 y al mismo tiempo postular ahora al Congreso 2020 deberán tener claro que, una vez elegidos, deben reformar la Constitución y aprobar en dos legislaturas ordinarias sucesivas —con 87 votos— la renuncia voluntaria del cargo de congresista o la exoneración de este requisito para candidatear a la Presidencia de la República. No hay otra.

Así las cosas, ¿valió la pena llegar hasta donde hemos llegado para tener unas elecciones contrafácticas sin alguna reforma política aprobada? ¿Habrá oportunidad de tener una mejor representación nacional? Son preguntas que se complementan, pero que requieren respuestas por separado.

La primera pregunta refleja hasta donde llegó la improvisación política. Los objetivos iniciales fueron la mejora de la calidad de la representación, el fortalecimiento de las instituciones, una mayor democracia interna en los partidos, si cabe el término. Pero el resultado fáctico ha sido más de lo mismo. Serán las cúpulas partidarias de toda la vida las que manejen la situación. 

Lo que nos lleva a responder la segunda interrogante. La lucha de poderes liquidó la hegemonía de una agrupación política en el Congreso. Está por verse si la nueva representación —mucho más fraccionada seguramente que la que acaba de terminar— será más colaborativa con el Ejecutivo. Esperemos que sí. Aunque sería mejor si el Ejecutivo fuese un mejor actor político para trabajar y lograr consensos, aún en escenarios difíciles.

La responsabilidad, entonces, de modificar esta realidad recaerá en las dirigencias partidarias. ¿Se requiere llevar a estas elecciones, jóvenes, rostros nuevos, que refresquen la política? ¿O se requiere más experimentados que defiendan lo logrado por el sistema vigente? Siempre será mejor renovar ideas que renovar edades. Equilibrar juventud y experiencia, antes que inclinar demasiado la balanza hacia uno u otro lado.

El periodo 2020, como señalamos en el post anterior, será clave para allanar el camino del Perú del Bicentenario. Un recambio generacional siempre es importante, pero mejor combinado que radical. Después de todo, estamos inaugurando un camino paralelo en este Congreso de quince meses que muy pocos se atreven a decir hacia dónde se orientará y cómo será: ¿una mini Asamblea Constituyente?, ¿una Cámara de Diputados?, ¿una de Senadores?, ¿un pequeño Congreso Bicameral Constituyente? Cosas de lo fáctico y sus bifurcaciones contrafácticas. 

06 octubre, 2019

El Perú descosido


Desbordando las costuras constitucionales, forzando y casi rompiendo el molde institucional, el presidente de la República, decidió disolver el Congreso, vía una interpretación auténtica de la cuestión de confianza —la denegación fáctica— que no convenció a todos.
La confianza se otorga, no se interpreta. Se expresa en votos, no se da por entendida, ni se deduce, ni infiere. Se constata. Y la constatación es a través del conteo de los votos. 
Pero fuera de estas disquisiciones legales que en algún momento deberá esclarecer el Tribunal Constitucional, lo cierto es que el presidente ganó esta batalla a sus opositores en todos los frentes.
Y, lo más importante, afirmó su poder. En términos weberianos, podemos decir que el presidente logró ejecutar su voluntad a pesar de las resistencias encontradas. 
Esta voluntad de doblegar a sus opositores se asentó sobre dos fuerzas que terminaron consolidándolo: las Fuerzas Armadas y la opinión pública. El poder de la fuerza y el poder de la masa.
Por otro lado, hay que decirlo, el Congreso se ganó a pulso su disolución. Nunca como ahora se pudo ver tan nítidamente la tozudez y la prepotencia, la obstinación y la soberbia.
En todos los idiomas, el presidente advirtió cual sería su decisión. Lo dijo, incluso, en televisión, un día antes de ejecutar la medida. Pero el Congreso, ay, siguió muriendo.
El choque de poderes pudo haberse evitado, si anteponíamos al diálogo de sordos el trabajo fatigoso de hacer política.
Ingresamos ahora a un escenario electoral que recompondrá el tablero político. No es momento para las improvisaciones. Los partidos deberán seleccionar sus mejores cuadros. Hombres y mujeres que asuman la tarea de completar las reformas que el país necesita.
Es necesario reencauzar al Perú no solo en la senda democrática, sino en la senda del crecimiento y desarrollo. Lo que el gobierno y el Congreso disuelto no pudieron lograr deberá ser ahora tarea del nuevo Parlamento.
El Congreso de un año y medio no debe ser asumido solo como un ente que completa el periodo legislativo, sino como un órgano activo, pensante, que hace Política y logra consensos; una bisagra propositiva que concerta y diseña el renovado escenario del Perú del Bicentenario. 
Sin parches, ni remiendos. Deshilvanados como estamos, el Perú del Bicentenario lo hacemos —y cosemos— todos.