Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

08 agosto, 2015

El Perú Cholo



José Matos Mar (1921-2015), pudo ver, estudiar y fotografiar el Perú en movimiento, en permanente transformación. Ese Perú que por años fue olvidado –y en muchos aspectos sigue siéndolo– y que emergió de los Andes con una fuerza brutal, pero pacífica, transformando para siempre el rostro colonial de Lima, pero, también, el alma y la identidad nacional.

Ese Otro Perú, como él le llamaba, empezó a llegar a la capital por oleadas a partir de mediados de los cuarenta; huía de la pobreza, el atraso y la falta de oportunidades. Ocupó las tierras más pobres de la ciudad: el arenal, los cerros, el pedregal. Clavó la bandera peruana y reclamó al Estado servicios básicos, infraestructura, salud, educación, trabajo.

Nacieron las barriadas, los asentamientos humanos, las urbanizaciones populares, transformadas hoy en distritos medianamente urbanizados, precariamente atendidos, pero con una fuerza laboral y empuje empresarial enorme desarrolladas al margen del Estado, con menos ideología y, por lo mismo, más emprendimiento que ciudadanía.

A esa marea humana, amorfa, chicha, multiétnica, que se diseminó en la ciudad, Matos Mar la llamó Revolución Cultural, un choque social, económico, político y cultural, entre el Otro Perú y el Perú Oficial, que desbordó al Estado y que al mismo tiempo tomó la forma de una sociedad nacional emergente.

Ese proceso no se ha detenido. Este primer periodo de casi ochenta años ­–si consideramos que estamos a seis años del Bicentenario– ha sido una etapa de conquistas de primer piso: agua, luz, pistas y veredas, títulos de propiedad. Los pobres del Perú se organizaron para reclamar estos servicios, pero una vez obtenidos, su nivel de organización social parece haberse resentido.

Una seguna ola transformadora se puede ubicar en el plano económico. Los pobres generaron su propio empleo. Autoconstruyeron sus casas. Organizaron sus mercados de abastos, de ferretería, carpintería, metal mecánica y hasta de artículos robados y reciclados. Hoy, muchos de esos enclaves de negocio informal y negro son consolidados centros comerciales. Los pobres de ayer son los emprendedores de hoy que se organizan, ya no invadir, sino, para comprar terrenos y levantar emporios comerciales e industriales.

La tercera ola transformadora está en pleno desarrollo y no se vislumbra por ahora qué forma terminará adquiriendo. Es la reforma política o ciudadana. Es menos clara, en la medida que la informalidad sigue siendo el sello de esta nueva sociedad. En este aspecto, los ex pobres, hoy emprendedores, son menos republicanos y cívicos que el Perú Oficial. Son más bien, contrarios a este tipo de orden. Buscan sacarle la vuelta a los dictados del Perú Oficial. Evaden impuestos. No respetan las reglas de tránsito. Y, por supuesto, no tienen una ideología definida o mayoritaria. No se sienten representados por algún partido político en especial y son esquivos a  cualquier fidelidad partidaria. Son inestables, políticamente hablando. Su comportamiento político se mueve por cardúmenes y son altamente sensibles, generando cambios inesperados.

Matos Mar vivió para responder una pregunta: ¿existe una sociedad nacional? Y murió viendo germinar, crecer y transformar ese nuevo Perú. Un Perú en movimiento que hoy tiene, pese a todo, una mejor autoestima, un alma colectiva más optimista, emprendedora y ganadora. Un Perú que al pie del orbe, como diría Vallejo, se para mejor en un mundo global y competitivo. Es el Perú Cholo. El Perú Cholo del Cholo Matos Mar. Descanza en paz, Amauta.










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27 julio, 2015

Insatisfacción democrática


No es novedad decir que una parte mayoritaria de ciudadanos peruanos se sienta insatisfecho con la democracia. El fenómeno no es solo del Perú, sino de Latinoamérica, aunque con sus variantes, como lo demuestran de manera persistente los resultados del Latinobarómetro.

Desde mediados del 90 hasta la fecha, el descontento con este sistema de gobierno, ha sido una constante que se ha movido entre 55% y 65%. El 2009, en plena crisis mundial de la economía, este porcentaje se elevó a 71% de insatisfacción.

Lo que resulta, más que sorprendente, preocupante, es una encuesta de CFK que a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales del 2016, revela que "más del 80% de entrevistados se encuentra insatisfecho con el sistema democrático de nuestro gobierno".

El informe refiere que la falta de representación de los ciudadanos en los principales poderes del Estado explicaría esta señal de descontento.  Pero, me temo que lo más probable es que no sea el deseo de ser escuchados lo que genere el descontento, sino el nivel de ineficacia mostrada por la democracia para evidenciar resultados.

Cuando los ciudadanos ven, sienten y perciben que la delincuencia va en aumento y que las extorsiones, asaltos y robos al paso, son pan de cada día, no están pensando en que el Estado o sus representantes escuchen sus propuestas de solución. Ellos sienten y están convencidos que el Estado –representado por la Policía– es incapaz de ofrecer seguridad.

Y si, peor aún, fiscales y jueces, en lugar de perseguir el delito y denunciar a los delincuentes, los suelta; los ciudadanos de inmediato culpan al Estado ­como incapaz de ofrecer justicia.

Lo mismo puede decirse de las muertes absurdas de más de 130 niños en las alturas de Puno, Andahuaylas y Huancavelica a causa de una ola de frío que se repite periódicamente, sin que hayamos podido resolver el problema de abrigo más allá de entregar –mal, tarde y nunca– frazadas y casacas. El Estado se muestra incapaz de resolver el problema de fondo: salud.

¿Qué creen  que piensa la gente cuando un puente de menos de 4 años de inaugurado se desploma? ¿Que el concesionario privado no cumplió? ¿O que el Estado fue incapaz de supervisar la calidad de la obra? La negligencia estatal le pasa factura a la frustración o descontento ciudadano que inmediatamente piensa en la cantidad de dinero que se ha gastado en vano o que "alguien", se levantó plata colocando menos fierro y cemento del que correspondía.

Así, corrupción, negligencia o desidia burocrática, son algunos de los factores que corroen la eficacia del Estado para atender y resolver los problemas de los ciudadanos. Esto se traduce en insatisfacción o frustración ciudadana cuando se pregunta al hombre de a pie si siente satisfacción o insatisfacción con la democracia.

En resumen, la ineficacia del Estado puesta en evidencia en diversos órdenes de cosas, termina por minar el sistema de gobierno, llevándose de encuentro a toda la clase política. ¿O será al revés? El descrédito de la clase política, la ineptitud de los gobiernos de turno para resolver los problemas de la gente, son factores condicionantes para pulverizar el crédito ciudadano en la democracia.


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 Artículo publicado en Diario 16 el 27 de julio de 2015.
  

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12 julio, 2015

Encuestas y Poder


¿Las encuestas ayudan a gobernar o, por el contrario, son una amenaza al poder? Sí. No. No sabe/No opina. Veamos:

Antes que un instrumento del mal, las encuestas son una herramienta para conocer la opinión de la gente. No es un veredicto, ni una sentencia. Es simplemente el pulso de un estado de ánimo. Revelan, si se quiere, el humor de las personas.

No hay dos encuestas técnicamente iguales. Difieren en el diseño metodológico, en la muestra y hasta en la técnica de recojo de la información. Por lo tanto, no hay dos resultados iguales.

No es lo mismo preguntar si mañana fueran las elecciones por quién votaría usted por teléfono, que hacerlo personalmente; enseñando fotografías de los candidatos o esperando una respuesta espontánea del primer nombre que se le venga en mente.

Las encuestas muestran un dato de la realidad en un momento dado. En el transcurso del tiempo, si el dato se mantiene y crece, traza una tendencia. Pero por más negativo que sea ese dato, no reemplaza la voluntad popular. Ni al gobierno. Ni remece el poder.

La encuestocracia genera ruido, pero ruido de papel.

Lo que verdaderamente zarandea el poder –o lo consolida, dependiendo quién y cómo lo use–, es la acción política.

Desde el poder, la inacción política es la base del desacalabro.

Lo que está en discusión es si las encuestas retroalimentan la opinión pública o solo reflejan el sentir de la misma. Hay un poco de cada cosa. Algunas personas se dejan llevar por la opinión de los demás; otras prefieren elaborar sus propias refelxiones;  y hay quienes se resisten a seguir a los demás.

Lo segundo que se discute es si los medios de comunicación, al levantar información negativa de las encuestas y –a partir de ellas sostener campañas contra el gobierno–, contribuyen también a crear, sostener o amplificar el ruido político.

Contribuyen, efectivamente. Pero ­–nuevamente–, es ruido de papel.

Mientras la grita no pase de las portadas y las columnas de opinión, la preocupación del gobierno no debiera distraerse en pelear con los medios, sino en cumplir su agenda de trabajo.

Peor que el ruido mediático es el silencio informativo. Simplemente desapareces de la agenda mediática. En ese caso, lo que se hace es buscar medios alternativos de comunicación que rompan ese aislamiento.

La opinión pública no se genera en los medios de comunicación. Antes que lo que piensa el editorial de un medio, el gobierno debe preocuparse en lo que dice el ama de casa, el taxista, el trabajador independiente, el campesino del ande. Y a ellos se debe dirigir.

Por ahora, la mejor manera de conocer lo que piensa la gente sigue siendo la encuesta. El sondeo de opinión es la primera herramienta de gestión de la política. Puesto al servicio del gobierno es un elemento valioso para el diseño y testeo de políticas públicas. En conclusión, el gobierno no debe pelear con las encuestas; por el contrario, las debe valorar. Excepto que se compruebe una grosera manipulación, al estilo de lo que vimos en la etapa Montesinos-Fujimori.

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Artículo publicado en Diario 16, el domingo 12 de julio de 2015.


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Minería y responsabilidad compartida


Las cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE) son contundentes y debieran tener una respuesta del gobierno, pero también de la sociedad: US$ 21.500 millones se han dejado de invertir en proyectos mineros entre el 2008 y 2010. Sumando impacto directo e indirecto, salarios y demanda de más productos en diversos sectores, esta cifra llega a US$ 67.000 millones que no han ingresado a la economía y que hubieran mejorado nuestro PBI.
 Frente a esta realidad, Roberto Abusada, Presidente del IPE, plantea la necesidad de que el Estado, los gobiernos regionales y las empresas rediseñen "la manera en que se lleve a cabo la explotación de los inmensos recursos naturales que posee el Perú" (Fracasomanía, El Comercio, 30/06/2015).
 "Lo que pasa por reconocer que muchos compatriotas en lugares remotos dudan de los beneficios que les reportará el extraer de manera responsable esa riqueza que yace bajo sus pies", añade. En parte, tiene razón el Presidente del IPE. Se debe rediseñar el modelo de explotación de proyectos mineros. Pero no solo entre el gobierno nacional, el gobierno regional y la empresa privada, sino, también con las comunidades donde se asienta el recurso.
 El problema entre minería y comunidades se origina precisamente porque el Estado y la clase empresarial dejaron de lado durante siglos a las poblaciones nativas, indigenas o campesinas, ubicadas en las áreas de existencia del recurso natural y zonas de influencia.
 El Estado peruano creó sus primeras instituciones en base a la explotación y la miseria de los hombres y mujeres originarios de estas tierras. La encomienda, la mita, y el trabajo comunal en la hacienda, despojó a las comunidades indígenas de sus tierras, agua y recursos naturales.
 Este modelo institucional solo extrajo del hombre andino su fuerza de trabajo. Las consecuencias de estas instituciones extractivas, las padecemos hasta hoy. Siglos de atraso, pobreza y abandono. Esta no es una visión del fracaso. Es más bien una revisión del modelo de sociedad que tenemos para revertir la fracasomanía que preocupa al autor.
 Abusada dice muy bien que (en el nuevo rediseño que propone) "La mina deberá ser un componente más de un conjunto de varios otros proyectos promovidos por el Estado que se lleven a cabo simultáneamente con su construcción y la posterior explotación del recurso; proyectos de caminos, hospitales, escuelas y otras actividades productivas en que participe la comunidad".
 Pero, nuevamente, en su esquema de explotación minera, el Estado es el único responsable de la infraestructura; no la empresa. ¿Pero acaso no hemos tenido siempre este modelo extractivo? El Estado haciendo carreteras, puertos y líneas de ferrocarril hasta las haciendas de los privados, sin que éstos pongan un centavo, ni distribuyan parte de su riqueza con las comunidades?
Las sociedades extractivas –decíamos en un artículo anterior (Robinson y Acemoglu; 2014) – diseñan leyes y procesos para que un pequeño grupo se enriquezca a costa de la pobreza de la gran mayoría.
 Estos sistemas extractivos, no generan incentivos para todos los individuos, sino para sectores privilegiados, socavando los principios democráticos y las aspiraciones de una prosperidad compartida.
Romper este viejo modelo es construir una nueva relación entre el Estado y sus ciudadanos, basado en un principio: riqueza para todos. Las poblaciones ubicadas en los lugares donde existen recursos naturales deben participar de la riqueza que genera la explotación de dichos recursos.
 Estas poblaciones se oponen hoy a su extracción, "porque no tienen incentivos; no disfrutan de sus beneficios concretos y sienten que el Estado y la Empresa privada se ponen de acuerdo dejando a las comunidades de lado". Estado, empresa privada y comunidad son las tres patas de una mesa llamada: responsabilidad compartida. No entender esto sí puede sumirnos en una fracasomanía.
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Artículo publicado en Diario 16, el 5 de julio de 2016.