Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

28 junio, 2015

Partidos: calatos con antifaz


El libro de Carlos Ganoza y Andrea Stiglich "El Perú está calato", desnuda el sistema político peruano. Sin maquillaje, ni medias tintas, considera a los partidos políticos instituciones precarias, subsumidas por dos personajes que parasitan en su interior, pervirtiendo su composición y fines: los bandidos sedentarios y los bandidos pasajeros.

Los primeros son políticos que buscan beneficiarse por medio de la corrupción, pero que actúan dentro de "ciertos límites" debido a que el grupo al que pertenecen no permite que sus actos terminen derribando al partido o desestabilizando al sistema. Son pillos moderados, digamos.

Los bandidos pasajeros, en cambio, no se andan con estos remilgos. Son avezados, personalistas, se manejan dentro de una lógica comercial agresiva por lo que no les importa dilapidar los recursos del Estado hasta dejarlo en la inanición.

Ambos forman lo que los autores llaman la "Bandidocracia", una forma de sistema político corrupto cuyo fin es asaltar las arcas fiscales en sus diferentes niveles.

La expresión política de la Bandidocracia la tenemos en todos los frentes: movimientos regionales que se forman de la noche a la mañana, partidos políticos que anteponen el dinero y los recursos económicos a la hora de buscar candidatos; y poderes oscuros, ilegales, dispuestos a financiarlos para cobrarse más tarde con granjerías o abiertos latrocinios ejecutados desde el poder.

Estas pirañas de la política están en todas partes. Los partidos no son la excepción. Hace unos meses señalé en esta misma columna como estos grupos se mueven no en torno a ideales ni vocación de servicio, sino "por el poder del dinero". El dinero, puesto como requisito indispensable para hacer política, pervierte los objetivos de la política.  Y  cuando este espíritu prima en un partido, pierde la sociedad. Porque lo que "se invierte" en llegar al gobierno, se busca luego recuperarlo en el poder.

Lo público y lo privado se confunden. No existe; originando prácticas corruptas que –como sostiene el libro– hace que predomine "la política de los intereses particulares y oscuros en lugar de las ideas y propuestas".

Todo ello menoscaba el sistema democrático. Porque a la larga los bandidos sedentarios y los bandidos pasajeros buscan hacer obras para ganar comisiones, no para atender un reclamo ciudadano. Por eso, no les impora, si al final, ésta queda inconclusa. En el Congreso, estos pillos con inmunidad, no responden a nadie, sino a sus propios intereses; no son capaces de acordar políticas de Estado, sino migajas para sus regiones. Usan al partido como vientre de alquiler y succionan el aparato del Estado.

El problema –coinciden los autores–, es que la proliferación de estos bandidos "pueden hacer que el país se torne cada vez menos gobernable, y podrían llegar al punto de causar un quiebre de la democracia". Esa es una de las trampas que amenazan nuestra viabilidad como país civilizado: "La política nos ha generado tanto rechazo que hemos permitido con nuestro desdén que el sistema de partidos se pulverice".

En otras palabras, odiamos tanto la política que no participamos en ella, dejándole el espacio a los chicos malos.  Todos estamos calatos, está bien, pero algunos calatos, para llegar a la política, llevan solo un antifaz.

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Artículo publicado en Diario 16 el 28 de junio de 2015.

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22 junio, 2015

Acuerdo por la Gobernabilidad


Nunca se entendió este término en relación a nuestra postura política frente al gobierno.  Internamente, algunos militantes entendieron esta frase como un acuerdo de gobierno, con derecho a ocupar puestos públicos. Nuestros adversarios, la interpretaron como “cogobierno”, “alianza” o “pacto”.

Pero, la verdad, nunca fue ni lo uno ni lo otro.

El término apareció en un primer documento público de Perú Posible el 16 de abril de 2011, tras confirmarse que Ollanta Humala pasaba a la segunda vuelta con Keiko Fujimori.

Y fue ratificado tres días después, en otro documento del partido, que respondió al significado equivocado que la prensa le dio desde un primer momento a la palabra “gobernabilidad”: apoyo a Ollanta Humala.

En realidad lo que apoyábamos no fue una persona, ni un gobierno, sino la continuidad del sistema democrático y un modelo de crecimiento con inclusión social, como una expresión de la voluntad popular.

Este apoyo a la gobernabilidad tuvo su mejor expresión en el Congreso de la República, donde hemos formado parte de la Mesa Directiva en los últimos cuatro años. No se puede decir lo mismo del Ejecutivo, donde los dos ministros que tuvimos fueron invitaciones a título personal antes que  resultado de acuerdo alguno.

De manera que nunca hubo una alianza con este gobierno, sino apoyo responsable a la administración  del Estado que el pueblo eligió libremente en las ánforas.

Apoyamos las cosas que consideramos positivas para el país. Y decimos no a lo que consideramos negativo. Esa ha sido y es nuestra responsabilidad.

Nos corresponde ahora evaluar  esta situación.

Un partido responsable es aquel que permanentemente evalúa sus relaciones políticas en el contexto nacional e internacional.

Es claro que el acuerdo por la gobernabilidad nos ha costado más de lo que hemos ganado. Los medios, los adversarios y el pueblo –probablemente-,  no han entendido del todo nuestra posición presentándonos  como “aliados del gobierno”. Lo que evidentemente, nos pasará factura.

Pero, en el mediano plazo, en la medida que se aquieten las pasiones, se podrá entender mejor nuestra posición.

La elección de la Mesa Directiva del Congreso nos vuelve a confrontar sobre este tema de fondo. ¿Pasa la gobernabilidad por apoyar una fórmula encabezada por el oficialismo? No necesariamente. Y eso es algo que el propio gobierno debe repensar y entender.

Nadie le niega su derecho a presentar candidato. Pero existe también la posibilidad de que quien dirija esta última etapa del Congreso no necesariamente sea uno de sus filas; tampoco de la oposición, sino un tercero.

Una tercera opción que garantice que este gobierno termine sin problemas su mandato, que no convierta al Congreso en un circo de acusaciones y vendettas, y que mantenga equilibrio y  mesura frente al escenario electoral farragoso que se avecina.

La gobernabilidad es responsabilidad de todos. Pero principalmente de quien gobierna. Es momento de que en el gobierno se planteen seriamente esta posibilidad. En ese marco, Perú Posible seguirá comprometiendo su esfuerzo en pro de la gobernabilidad.

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Artículo publicado por Diario 16 el domingo 21 de junio de 2015.


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Política ficción


Mañana lunes, a primera hora, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, se reúne con el Consejo Directivo y, sin mayores preámbulos, da cuenta de la sentencia recibida del Poder Judicial que dispone la condena de dos años de prisión suspendida contra el parlamentario Alejandro Yovera, exintegrante de Fuerza Popular, expulsado de esas filas y hoy miembro de la bancada AP-FA.

Sin abrir debate, procede a oficiar al Jurado Nacional de Elecciones para efectivizar el desafuero del parlamentario. Queda en discusión si corresponde o no al JNE convocar al accesitario, en tanto se trata de una suspensión temporal y no definitiva. Hay posiciones a favor y en contra de esta medida. La curul vacía es una posibilidad que empezará a crecer como opción.

Antes de levantar la sesión del Consejo Directivo, los representantes de las bancadas acuerdan retirar sus firmas de la moción de censura que pesa sobre la presidenta del Congreso. Y hacen efectiva su promesa, mediante un documento presentado y redactado de puño y letra que tarda unos minutos en ser rubricado por los legisladores de oposición.

Horas después, casi al borde del mediodía, todo queda listo para desarrollar la sesión plenaria y clausurar la Segunda Legislatura Ordinaria 2014-2015. El único punto de agenda es retomar el pedido de facultades legislativas del presidente del Consejo de Ministros.

Solucionado el affaire Yovera, el premier, Pedro Cateriano, acompañado por siete ministros, llega al Congreso, apenas diez minutos antes de la hora de convocatoria, para evitar el trámite de esperar dos horas y los cafés innecesarios que alteran los nervios. En la última versión del discurso que tiene, la frase “hago cuestión de confianza” ha sido definitivamente borrada.

El debate es intenso pero moderado. El oficialismo pretende apurar el debate y presiona a la oposición para que apruebe en paquete las facultades delegadas solicitadas. La oposición, con el triunfo de Yovera en el bolsillo, vuelve a su punto inicial: ampliar la legislatura y debatir punto por punto el pedido del Ejecutivo. Se produce un nuevo entrampamiento. Se arma nuevamente la trocatinta y se escuchan palabras desde “desaire” hasta “traición”.

Pese a los esfuerzos del oficialismo, la oposición no transa. Se opone a entregar facultades delegadas en todas las materias y la frase “cheque en blanco” sube en el contador de palabras. Insiste en extender la legislatura para debatir tema por tema cada una de las facultades solicitadas.

El oficialismo acusa a la oposición de obstruccionista. Las frases acusatorias suben de tono en uno y otro lado, pero, al final, los votos indican que no hay consenso, sino solo para aprobar la demanda en seguridad ciudadana. Es la única. El teléfono con Palacio de Gobierno se satura. El oficialismo se arrepiente de haber convocado a Junta Directiva más temprano y de haber entregado la cabeza de Yovera.

No queda más ánimo para nada. Se clausura la legislatura y se convoca a la Comisión Permanente para que legisle, según el Art. 43 del Reglamento del Congreso.

El premier se retira y señala que, pese a todos sus esfuerzos, una vez más, el país ha sido notificado de la voluntad obstruccionista de la oposición. Se ratifica en que en este último año se gobernará vía decretos de urgencia. Mientras, en Palacio, se empieza a redactar la convocatoria para una Legislatura Extraordinaria. 

El clamor ciudadano –primero en redes, luego en las calles– es que de una vez por todas nos dejemos de vainas y que, sea ampliación de legislatura o legislatura extraordinaria, se aprueben las facultades que solicita el Ejecutivo y que los congresistas NO COBREN por ese espectáculo extra que tendremos que soportar. Las bancadas se fraccionan. Y todos piensan ya en la nueva Mesa Directiva. El fajín de presidente del Congreso vuelve locos a varios.

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Artículo publicado el 14 de junio de 2015 en Diario 16.


P.d. La realidad fue mucho más rica que la ficción. El Consejo Directivo se adelantó del viernes 19 que estaba programado al martes 16, fecha en que se resolvió el tema Yovera. Al día siguiente el Congreso se reunió en Legislatura Extraordinaria convocada por el Presidente de la República con el único propósito de aprobar las facultades delegadas solicitadas por el Ejecutivo; las cuales se aprobaron aunque por un menor tiempo que el solicitado. Superado el incidente, sigue la tensión en torno a la composición de la Mesa Directiva. Todo indica que el oficialismo perderá la conducción del Congreso. Pero, en el Perú, la realidad, como se puede entender, supera casi siempre a la ficción. 

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Los garantes reales


A casi un año de terminar su mandato, los garantes reales del gobierno no son Alejandro Toledo ni Mario Vargas Llosa. Hoy en día esa categoría recae en dos personajes de su propio tablero: el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y el excolaborador del gobierno Martín Belaunde Lossio.

Ambos enfrentan esta semana momentos clave para el futuro del régimen. De lo que hagan, digan, callen y logren, dependerá en mucho –sin exageraciones– la marcha en el tramo final del gobierno del presidente Humala.

El premier Cateriano acudirá al Congreso para sustentar el pedido de facultades legislativas que requiere el gobierno en materia económica, seguridad ciudadana y otros. No le compete ir. Pero ha preferido hacerlo para cumplir su tarea –hacer política– y persuadir a un Parlamento fraccionado, sin mayoría clara, y plantear, luchar y ganar su aprobación en la cancha.

Para abrir el camino, ha despejado toda duda respecto a que no hará cuestión de confianza sobre el pedido de facultades, cerrando así toda posibilidad de que el presidente de la República pueda (o quiera) cerrar el Congreso de manera constitucional.

El segundo garante, Martín Belaunde Lossio, recibirá mañana en el penal Piedras Gordas a la Comisión del Congreso, que preside Marisol Pérez Tello, para responder las acusaciones que pesan sobre él de pagos y sobornos en obras públicas y su relación con la cúpula de gobierno.

El poder de MBL radica, en este caso, en su palabra. Su valor como garante estribará más en cómo logre equilibrar sus gritos desesperados por demostrar su inocencia con sus silencios. Lo que declare a la comisión marcará la pauta de su comportamiento futuro ante la Fiscalía. Puede también no decir nada. Nunca como en ese caso un silencio será más que elocuente.

Cateriano se ha ganado el título de garante a pulso. En apenas tres meses ha enfrentado crisis como las del espionaje chileno, el conflicto social de Tía María, la fuga y captura de Martín Belaunde, y los gastos y cuentas de la primera dama. Y de todas, hasta ahora, ha salido airoso.

El presidente del Consejo de Ministros es un garante no solo para el gobierno, sino para la propia oposición. Es el garante de la Hoja de Ruta.

En ese sentido, es el único que puede asegurar equilibrio político dentro del Ejecutivo sin caer en juegos antidemocráticos ni perfiles autoritarios. Pero, además, es quien puede echarse sobre el hombro la chamba de recuperar el crecimiento económico conversando y persuadiendo a los grupos económicos a seguir invirtiendo.

Si en derecho una garantía real implica la afectación de un bien para el debido cumplimiento de una obligación, en política un garante real es el que realmente tiene el poder de obligar un comportamiento en un sentido o en otro.

Esta semana ambos garantes ponen en juego sus poderes. Belaunde Lossio le sirve al gobierno mientras no hable. Cateriano, en cambio, es útil por todo lo contrario.

De hacia dónde se incline la balanza en ambos casos –el voto de confianza o las declaraciones oficiales de MBL– dependerá mucho la manera en que ingresaremos al último año de gobierno. En definitiva, un garante real es aquel que puede garantizar la continuidad del gobierno. Veremos si eso ocurre.

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Artículo publicado en Diario 16 el 7 de junio de 2015.

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08 junio, 2015

Seguridad ciudadana y respuesta cívica



El miedo puede paralizar en un primer momento. Pero, en situaciones extremas, puede impulsar a la acción. Esto ha pasado con los vecinos de San Juan de Lurigancho. Hartos de atracos, fechorías, extorsiones, bandas y sicariato, esta semana salieron a las calles para expresar su rechazo a la criminalidad.

Los ha movido el miedo de ver a sus hijos en peligro de caer por una bala asesina. Pero también la inacción o impotencia del Estado que no tiene respuesta para frenar esta ola de violencia que amenaza la vida en comunidad.

Un director y dos vigilantes de colegios privados fueron muertos a tiros recientemente en ese distrito. Un programa periodístico reveló la forma en que las bandas de sicarios utilizan a los adolescentes para cometer crímenes que perpetrados por adultos tendrían penas severísimas.

Los delincuentes mayores les consiguen dinero y armas, y los entrenan con prácticas de tiro en los cerros de Jicamarca. No hay Estado en esos cerros. No son territorios liberados, sino olvidados. 

Si tenemos en Lima un policía por cada mil habitantes y si un tercio de las comisarías distritales se encuentran en mal estado, un 46% no cuenta con servicios básicos, 40% no tiene computadoras, y de las que tienen, 70% no tiene internet, es poco lo que desde el punto de vista policial se puede hacer para combatir la criminalidad.

El tema de la criminalidad, como la pobreza, es multidimensional. Tiene varias causas y, sin duda, el crecimiento de jóvenes con falta de oportunidades laborales, educativas y de recreación se encuentra entre ellas. La falta de valores es consecuencia de su precariedad social, no la causa.

Así parece entenderlo también la población de San Juan de Lurigancho, la cual, en un rapto de desesperación y fragilidad institucional, ha pedido no solo más efectivos policiales y comisarías en su distrito, sino que sean las propias Fuerzas Armadas las que patrullen las calles y lugares estratégicos del vecindario.

Es un error, por supuesto, pensar que las Fuerzas Armadas pueden asumir funciones de seguridad ciudadana. Esas tareas son competencia municipal y de la Policía Nacional. Pero la delincuencia parece ganar terreno a estas instituciones y el miedo de la gente la lleva a optar por estas posiciones extremas que al final son siempre peligrosas para el fortalecimiento del sistema democrático. 

El grito desesperado de una madre de familia en la marcha no pudo ser más elocuente: “¡Con nuestros hijos no se metan!”. La marcha de San Juan de Lurigancho, fuera del histrionismo y payasada de su alcalde de pretender imponer un estado de emergencia por decreto de alcaldía, y de la posición equivocada de su gente de convocar a las Fuerzas Armadas, es un llamado de atención a un problema que hoy toca las puertas de la capital, pero cuya modalidad de organización, ataque y blancos elegidos –pequeños y medianos comerciantes, negocios y/o tiendas– surgieron hace buen tiempo en ciudades importantes del norte del país como Trujillo.

No es casualidad que hoy en día los trujillanos tengan como alcalde a un excoronel de la policía, exguardia civil y hombre de inteligencia, perseguido y que sigue enredado en el Poder Judicial con acusaciones de haber formado un comando de la muerte que eliminaba delincuentes de alta peligrosidad. 

Elidio Espinoza niega, por supuesto, estos cargos y hoy, como autoridad municipal, camina sin seguridad por todos los vericuetos de Trujillo, empeñado en demostrarle a quien quiera escucharlo que no es verdad que estas bandas de extorsionadores, secuestradores, asesinos y sicarios organizados les estén ganando la guerra a las autoridades y al país. Ojalá los enemigos de la convivencia civilizada, de la ley y el orden, no le demuestren lo contrario. La marcha de SJL es una de esas respuestas cívicas que necesitamos para ganarle la guerra a la inseguridad ciudadana.

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Publicado en Diario 16 el 31 de mayo de 2015.

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