Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

19 mayo, 2015

Tía María: Pausa... Play




El proyecto Tía María fue suspendido temporalmente. No por decisión del gobierno, sino de la propia empresa. En palabras de Southern: "Pausa de 60 días". Un compás de espera necesario para detener la ola de violencia y recuperar el clima de confianza que requiere toda conversación para llegar a acuerdos.

Es ahora cuando el gobierno deberá desplegar sus mejores esfuerzos para evitar que esta pausa se prolongue demasiado, al punto de hacer peligrar la viabilidad del proyecto. Más que pausa, necesitamos poner play. Hacer algo pronto, ya.

Lo primero que se debe hacer es desideologizar el problema.

No estamos frente a "promineros" versus "antimineros". Tampoco es un conflicto entre "proimperialistas" y "nacionalistas". Tampoco es un problema técnico de estructura de suelos, desalinización del agua o de extracción de solutos de un sólido, mediante la utilización de un disolvente líquido.

No es, por cierto, un problema comunicacional de un pueblo que no entiende lo que dicen los técnicos; ni de ingenieros que hablan "difícil", en un lenguaje que no llega al pueblo.
Tía María es un problema político.

Es un problema que confronta el modelo de desarrollo que queremos para el país. En el fondo, es un problema entre minería y agricultura. Entre contaminación y medio ambiente. Entre acumulación de riqueza para unos y pobreza para otros. Por esta razón, no se puede imponer un proyecto a la fuerza. Se requiere que el Estado ejerza su rol mediador entre la empresa y las comunidades; no que se ponga de costado o, peor aún, del lado de la empresa.

¿Por qué no empezar, por ejemplo, en construir una metodología de trabajo que identifique las necesidades, expectativas y propuestas de las comunidades antes de iniciar un diálogo apurado? ¿Por qué no al tiempo que se explica de manera directa y franca las ventajas y desventajas del proyecto y el plan de mitigación de impacto ambiental, se crea un Fondo Social para invertir en obras de desarrollo para las comunidades directamente impactadas?

¿Y por qué en lugar de solo invertir en obras de desarrollo se estudia seriamente la posibilidad de convertir a las comunidades en socias de la empresa, incluirlas en el directorio y compartir con ellas las utilidades? Y ya que hablamos de diálogo post conflicto, ¿por qué en lugar de establecer mesas de trabajo coyunturales, no se restituye mejor los espacios de diálogo institucionalizado –que con tanto esfuerzo creó el Estado y prácticamente los desapareció el gobierno anterior– como el Consejo Nacional de Descentralización (CND) o el Indepa?

La actividad minera moderna es perfectamente compatible con la agricultura. A condición que se desarrolle dentro de una convivencia armoniosa con las comunidades locales en base al mutuo acuerdo. Recuperar el clima de estabilidad social requiere algo más que diálogo, explicaciones o campañas de publicidad. Requiere acciones concretas, osadas. Una nueva forma de entender el desarrollo.

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Artículo publicado en Diario 16 el domingo 17 de mayo de 2015.

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12 mayo, 2015

Emergencia y vida en Islay



El gobierno está ante una emergencia. Desde hace casi dos meses, no puede resolver el conflicto generado en la provincia de Islay, Arequipa, donde los pobladores se oponen al proyecto minero Tía María. El saldo es terrible: 3 muertos, 166 policías y 80 civiles heridos.

Arrinconado, con misiones de diálogo –del más alto nivel– fracasadas, ante el temor de una escalada mayor de violencia y con un paro ad portas, al gobierno no le ha quedado otra salida que autorizar el ingreso de las Fuerzas Armadas a la zona de conflicto.

A la fuerza ilegal de la agitación y la violencia, el Estado responde con la fuerza legal que le da la ley. Es una emergencia, sin duda.

No es posible pronosticar cuál será el resultado de enviar tropas del Ejército. Siempre es deseable que el efecto disuasivo funcione; pero también podría ser un catalizador en sentido contrario.

El límite es el artículo primero de la Constitución: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Vale imponer la ley por la fuerza; hacer prevalecer el ius imperio por encima de la vida humana?

La minera es la base de la economía peruana. De aquí proviene nuestra mayor fuente de recursos y exportaciones. Necesitamos extraer el mineral. Nadie duda de eso. Pero el problema es a qué costo.

Hasta ahora hemos fracasado como país en integrar a la cadena de desarrollo a las comunidades pobres que tienen recursos naturales en sus territorios. El Estado  no ha ejercido su rol mediador entre la empresa y las comunidades.

Se requiere generar una situación justa y gananciosa para todos. Las mineras requieren seguridad para operar en un marco de estabilidad, las comunidades necesitan ser partícipes directas de las ganancias que generen esos recursos y el Estado espera mayores ingresos para generar obras de desarrollo.

Este modelo tripartito de corresponsabilidad y gestión fue posible en la primera etapa del Proyecto Cuprífero Las Bambas, en Apurímac, en el gobierno de Alejandro Toledo.

El proyecto se conocía desde la primera década del siglo XX pero fue en el 2004 que el gobierno lo concesionó al sector privado. Y antes de la etapa de explotación, se creó un Fideicomiso social de 45.5 millones de dólares para obras y proyectos sociales en favor de las provincias de Grau y Cotabambas. La mitad lo puso al contado la empresa concesionaria.

Es curioso cómo este modelo de gestión que funcionó en Las Bambas no funcionó luego en Cusco. En ese caso el problema fue la debilidad institucional del Estado.

En su libro "Crecer para Incluir", el presidente Toledo reflexiona sobre estos temas y señala que el éxito de la actividad minera depende de la estabilidad social, la convivencia armoniosa y el mutuo acuerdo. "No hay proyecto de desarrollo, por más importante que éste sea, que no deba primero convencer a quienes viven sobre él, haciéndolos partícipes de su beneficio desde el primer momento".

La violencia nos conduce a un callejón sin salida: mayor violencia y más muerte. El gobernante debe tener esto siempre presente. El respeto a la vida, antes que a la propiedad privada, debiera ser el punto de inflexión de sus decisiones. 

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Artículo publicado por Diario 16 el Domingo 10 de mayo de 2015.

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03 mayo, 2015

Protodemocracia

Hace bien el presidente Ollanta Humala en cortar en seco las posiciones altisonantes y temerarias, dentro de su partido, de cerrar el Congreso. La democracia no está para chantajes de uno u otro lado. Las facultades para legislar en materia económica y seguridad ciudadana pueden aprobarse o no. Y a 14 meses de terminar este gobierno, nadie puede pretender patear el tablero.

Hemos hecho avances notables en la región por alejarnos de las interrupciones democráticas por golpes o autogolpes. Sin ir muy lejos, hasta 1977 solo Costa Rica y Venezuela encajaban en América Latina en el rubro “países democráticos”. El resto países de nuestra región eran gobernados por dictaduras militares o civiles.

Los 80 y 90 constituyeron nuestra propia “primavera democrática”. Hasta 1994, 15 de 16 países considerados no democráticos en América Latina abrazaron la democracia. La excepción fue Cuba.
Si lo vemos con perspectiva histórica, los vaivenes democráticos que hemos tenido nos convierten en una región con memoria democrática reciente. No hay que hacer arqueología política para encontrar el origen de la democracia en nuestros países. Está a flor de piel, en nuestra "memoria corta".

Es más, la conquista de derechos civiles –emparentada con la democracia– nos persigue hasta nuestros días. Esta lucha está aún en pleno proceso de fortalecimiento. Cómo será de reciente la conquista y reconocimiento de ciudadanía que aún hoy se discuten los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

En muchos aspectos, para muchos grupos humanos, en especial para los de abajo, la democracia no es sino un invento reciente, de la segunda mitad del siglo XX. Los derechos civiles en América Latina –entre ellos el derecho a votar, pero también el derecho a la libre asociación y a la libertad de expresión– han aparecido para diversos actores sociales en sucesivas etapas de la vida republicana.

Más que democracia, lo que hemos tenido en América Latina han sido protodemocracias o pseudodemocracias, sistemas irregulares e imperfectos, en pleno proceso de maduración y fortalecimiento, que tuvieron como primera fase de desarrollo el derecho censitario, es decir, el derecho de unos pocos –los que contribuían al fisco– a elegir sus gobiernos.

Tal como la conocemos ahora, la democracia es un hecho reciente. Estamos dentro de la tercera ola huntingtoniana. Tenemos un marco institucional precario, pero vigente, en el que se toman decisiones políticas debido al poder emanado del voto. Ese poder es limitado por el juego de mayorías y minorías.

En lo político, se desarrollan elecciones de manera regular, existe relativa y normal independencia de poderes, una libertad de expresión vigorosa y vigente –con algunas sombras en algunos países–, y una política de apertura comercial, aunque diferenciada, en el fondo, cada vez más integrada al mundo.

En este aspecto, tenemos una democracia formal incipiente –a la que llamo “protodemocracia”– que lo que debe ganar es legitimidad y no al revés. Hacer lo contrario o proponer chantajes como cerrar el Congreso si no se aprueban las facultades que se solicitan, es caer en la pseudodemocracia.

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Artículo publicado en Diario 16, el 3 de mayo de 2015.




28 abril, 2015

Confianza


Hay varios tipos de confianza. Personal, institucional, empática. La confianza puede ser objetiva, relativa, temporal. Confianza es sinónimo de seguridad o grado de certeza. Nunca ciento por ciento. En ese caso es más que confianza; fe. Sólo en el plano político, la confianza es respaldo. Aprobación.

Este es el tipo de confianza que solicitará el premier Cateriano. Y suele ser efímera, matrera y, no pocas veces, falsa, interesada. Pero así es la política. Votos son los que cuentan.

Para la sociedad, en cambio, el tema de la confianza es mucho más complejo que el voto de investidura. La confianza es la base sobre el cual se levantan las instituciones del sistema democrático. Es la argamasa del tejido social. Hay países donde sus ciudadanos tienen más confianza entre sí que otros. O respecto a otros.

Un país A, por ejemplo, puede tener más confianza entre sí, que los ciudadanos de un país B entre ellos. Ese país está tiene una argamasa más solida. Pero teniendo más confianza los del A, pueden desconfiar más respecto a los del país B. Y viceversa. Los del  país B teniendo más desconfianza entre ellos podrían confiar más en los del país A.

Lo que se discute es si la confianza es producto de una mayor cultura cívica desarrollada a partir de la calidad de las instituciones democráticas o si, por el contrario, es la calidad de las instituciones democráticas la que desarrolla una más profunda cultura cívica y confianza institucional.

En Latinoamérica la desconfianza y la debilidad institucional van de la mano. En este caso estamos distantes respecto a Europa o Estados Unidos. Somos más desconfiados entre nosotros o tenemos mucha más desconfianza hacia las instituciones bases del sistema democrático.

Según datos del latinobarómetro, en Europa el indicador de confianza interpersonal es de 70%; en América Latina es 22%.  En el Perú el nivel de confianza llega apenas a 18%. Somos aún un país y una región desconfiada.

La desconfianza erosiona las instituciones. No se salva nadie. Poderes del Estado, partidos políticos, estamentos policiales, medios de comunicación, iglesias. Todos caen. La falta de confianza impide emprender acciones comúnes a mediano y largo plazo. Independientemente del crecimiento económico la desconfianza avanza.

Es como si estuviéramos dentro de un proceso desencanto generalizado de la población. Algo peligroso en la política y más aún ad portas de un proceso electoral.

Ahora bien, la confianza se construye con gestos, pero, principalmente con acciones. El premier Cateriano es muy probable que obtenga la confianza. Pero necesita acciones concretas para sostenerla en el tiempo. El voto de investidura sólo es un primer gesto. A partir de aquí depende de él construir confianza social, política y económica para atraer inversiones y reimpulsar el crecimiento.

Sin confianza, lo primero que se pierde son las oportunidades. 

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Artículo publicado por Diario16, el lunes 27 de abril de 2015. 

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23 abril, 2015

La Sociedad Compartida


Alejandro Toledo acaba de presentar en cuatro universidades norteamericanas (Stanford, Berkeley, San Francisco y Denver) su libro más ambicioso que lleva el título de esta columna: The Shared Society, una visión para el futuro global de América Latina*.

Una de las cosas que plantea el ex presidente en su libro es cómo hacer para que la riqueza de los recursos naturales no se pierda por la acción de los que se oponen o la inacción de los que gobiernan. Es decir, cómo escapar a la tesis de la maldición de los recursos naturales. ¿Conga, Tía María?

Para responder esta pregunta es necesario acudir a la definición de Acemoglu y Robinson sobre las sociedades extractivas y las inclusivas. Las primeras son aquellas que diseñan leyes y procesos para que un pequeño grupo se enriquezca a costa de la pobreza de la gran mayoría. Las segundas son las que permiten que todos o la mayor cantidad de ciudadanos puedan progresar.

Esto significa que si queremos crear sociedades incluyentes, compartidas, tenemos que tener instituciones políticas y económicas también inclusivas. Sistemas extractivos, por el contrario, distorsionan los incentivos y socavan los principios democráticos y las aspiraciones de una prosperidad compartida.

¿Pero cómo hacer que los sistemas de extracción –como el que tenemos en el Perú– sean más inclusivos? Toledo propone centrar la mirada en la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Para que las instituciones democráticas funcionen bien –afirma– debe haber una relación de beneficio mutuo y de mutua dependencia entre el Estado y sus ciudadanos. Esto significa que la relación entre ambos –sobre todo la movilización de recursos– es sumamente importante para la creación de una sociedad inclusiva y para una prosperidad compartida.

En una democracia, los ciudadanos empoderan a alguien, no sólo a través de sus votos, sino también aportando parte de sus ingresos para el Estado, vía impuestos. Sin ciudadanos contribuyentes, los gobiernos se ven privados del poder económico y, por tanto, también se debilita la legitimidad política para gobernar.

La abundancia de recursos naturales mal distribuida subvierte la relación y el equilibrio de poder entre los ciudadanos y sus gobiernos. Los gobiernos no se financian con la renta de sus ciudadanos, sino con la renta que genera la extracción de los recursos. Los recursos naturales sustituyen así a los impuestos como la principal fuente de financiamiento del gobierno, socavando la relación y el contrato social entre el gobierno y sus ciudadanos.

Lo que sucede con esto es que "el gobierno ya no necesita que sus ciudadanos puedan disfrutar de poder económico. Y ya que el poder económico y político van mano a mano, a menudo no sienten que necesitan el consentimiento de sus ciudadanos para gobernar". El resultado es que los recursos naturales no generan bienes y servicios públicos, sino más bien dan lugar a sistemas económicos extractivos que a su vez producen los bienes privados y políticos en su lugar.

Es una tesis osada. El libro propone que si queremos salvar nuestras democracias y hacerlas más inclusivas y si queremos crear una sociedad con prosperidad compartida, necesitamos nuevas y creativas maneras de pensar acerca de cómo administrar la extracción de recursos naturales en nuestra región. "Tenemos que encontrar formas de restaurar la dinámica de poder entre los ciudadanos y el Estado, y garantizar que todos los ciudadanos se beneficien de los recursos de las naciones, no sólo unos pocos".

El autor propone hasta tres modelos para acometer en zonas con recursos naturales y áreas de influencia concretas con poblaciones que se oponen a su extracción, básicamente porque no tienen incentivos; no disfrutan de sus beneficios concretos y sienten que el Estado y la Empresa privada se ponen de acuerdo dejando a las comunidades de lado.

Algo de eso sucede con Tía María. Sería bueno empezar a pensar en cómo sentamos en una mesa a las comunidades y la empresa; repensamos en la redistribución de la riqueza y ponemos al Estado como un ente que cumpla su papel regulador y no de abogado de una de las partes.

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* "The Shared Society. A vision for the global future for Latin America". Stanford University Press. 2015. Agradezco al ex presidente Alejandro Toledo el haberme convocado para integrar el equipo de investigación que colaboró con él en este libro. Fue una experiencia enriquecedora en muchos aspectos. Artículo publicado en Diario 16, el domingo 19 de abril de 2015.


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12 abril, 2015

Cateriano, el político


Finalmente, el presidente Humala se decidió por abrir la faltriquera, no desplegar del todo su abanico del poder y, en movida de solitario, jugar su carta más pesada: Pedro Cateriano.

A diferencia de todos los otros presidentes del Consejo de Ministros de este gobierno, Cateriano proviene de un mazo políticamente puro. Estuvo ligado al Fredemo y luego al Frente Independiente Moralizador (FIM) de Fernando Olivera, quien lo llevó al Viceministerio de Justicia en el gobierno de Alejandro Toledo.

Tiene oficio político, además de formación jurídica y el respaldo de Mario Vargas Llosa. Nada mal para un hombre de 50 años que pensó estar dos meses en el Ministerio de Defensa y duró más de dos años.

A condición de que maneje su talante y humor, su salto al premierato bien puede reflejar el primer paso para que el gobierno recupere la mayoría perdida en el Congreso.

Su solo nombramiento rayó la cancha y dejó juntos a apristas y fujimoristas. Además, no es mucho lo que puede conseguir en este espacio. Por más buenas maneras que exhiba.

Un acuerdo político con el Apra a estas alturas implica un alto costo. Alan tiene una acusación constitucional en ciernes y tendrá que ofrecer más que una sonrisa si quiere salvar la cabeza. No parece ser el espejo en que se ve Cateriano. ¿Un acuerdo con Alan a cambio de un aterrizaje suave de Cateriano hasta el final del gobierno? No.

En el caso del fujimorismo no hay mucho que negociar. La primera fuerza política del Congreso ha hecho sentir su peso y –algo que no hay que descuidar–, hace tiempo que ya decidió no insistir en la liberación de Fujimori. Esa tarea se la dejan a Keiko o a Mauricio Diez Canseco.

El resto de bancadas, en cambio, no necesariamente han sido ganadas al lado oscuro. La censura a Ana Jara fue producto de un descuido como dice The Economics, pero, también, de la soberbia de no saber reconocer un error y admitir las responsabilidades a tiempo.

Y aquí Pedro Cateriano puede desarrollar plenamente sus habilidades. Tendrá que conversar con cada una de las agrupaciones políticas y generar el consenso que le permita construir estabilidad en lo político y confianza en lo económico, algo que requieren los agentes económicos para reactivar la economía.

Si hace bien su tarea, el correlato inmediato será mantener el último año la Mesa Directiva del Congreso. No es imperativo tener mayoría propia para gobernar. Es necesario, sí,  nuclear una mayoría congresal. ¿Tarea imposible? No para un político. A condición de que opere con finura y arte. No olvidemos, además, que la política es, en esencia, el arte de lo posible.

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Artículo publicado en Diario 16, el jueves 9 de abril de 2015.

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