Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

06 febrero, 2016

Política ficción en tres actos y un epílogo


(I)

La Universidad Complutense, usando su procedimiento administrativo más largo, no entrega su informe antes del 10 de abril y la campaña sigue su curso. Conforme pasan las semanas, ni las pruebas adicionales que siguen apareciendo, ni los informes periodísticos en contra, comentarios burlones y apanado en redes sociales, logran hacer desistir al candidato de Alianza para el Progreso de sus pretensiones de ser presidente de la República.

Acuña no solo no renuncia, sino que –contra todo pronóstico– su candidatura sigue subiendo, pasa a la segunda vuelta con Keiko Fujimori; logra victimizarse y dándole vuelta a la estigmatización de Dr. Xerox, que para entonces ya tiene, y sin que La Complutense aún se pronuncie, gana a la representante de Fuerza Popular. Aunque parezca increíble, para esta segunda vuelta, su estrategia victoriosa de campaña, la toma de la máxima industrial de los propios ancestros de su competidora: copiar, igualar, superar.

(II)

Acuña convoca entonces a la unidad nacional. Afirma que hará un gobierno para todos los peruanos, sin odios ni rencores, de ancha base, el Perú primero y bla, bla, bla. Usa toda la monserga retórica democrática de los últimos cincuenta años. Hurga y roba pasajes enteros de discursos clásicos de Haya de la Torre, Juan Domingo Perón, Benito Juárez, Salvador Allende, pero ya nada importa. El estilo es el hombre. Además se defiende: las ideas no son de quién las dice, sino de quién las necesita.

En plena conformación de su gabinete, el flamante presidente electo es sorprendido con el informe de la Universidad Complutense. No hay dudas. Obvio. Hay plagio. La universidad lamenta lo sucedido y a partir del Caso Acuña incorpora el uso de software como etapa previa a la designación del comité asesor de tesis universitarias en sus tres grados: bachiller, magister y doctorado. El presidente electo, recurre al JNE. No hay causal para impedir su juramentación.

(III)

El 28 de julio del 2016 el presidente de la República, César Acuña Peralta, toma juramento de su cargo. Lo hace en medio de una batahola iniciada, liderada, por la bancada mayoritaria del Congreso en manos de Fuerza Popular, pero acompañada por el resto de bancadas que de inmediato conforman el bloque opositor. No han pasado dos horas y se presenta una moción multipartidaria argumentando violación del Artículo 113 Inc. f de la Constitución: vacancia presidencial por incapacidad moral.

No hay forma de detener el procedimiento. El presidente es expectorado del cargo. La primera vicepresidenta Anel Townsend duda al comienzo, pero al ver la renuncia de su segundo vicepresidente, Humberto Lay, decide dar una pelea en serio para mantenerse en el puesto. Su argumento cobra sentido. Resulta que en el Congreso, la primera mayoría ha logrado colocar como presidente de ese poder del Estado al congresista más votado de sus filas: Kenji Fujimori. La sucesión democrática indica que si cae todo el Ejecutivo, el gobierno queda en manos del presidente del Congreso. El argumento de Anel es sólido. El remedio puede ser peor que la enfermedad.

(Epílogo)

El desenlace no es para nada original. Es una burda copia de la solución que encontró la democracia peruana el 2000 cuando el presidente en ejercicio, Alberto Fujimori, renunció por fax desde el Japón. El presidente del Congreso, Kenji Fujimori, renuncia a su cargo para dejar en línea de sucesión al primer vicepresidente, un congresista novato, anodino, medio sonso, puesto allí ex profeso, y que –cómo no– se compromete a convocar de inmediato a nuevas elecciones generales en el plazo máximo de ocho meses. El Perú no será Macondo, pero puede ser peor; un país donde la realidad supera siempre a la ficción. O cuando menos, la imita.




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01 febrero, 2016

El copista ilustrado

El plagio es un acto que nace de tres de los peores males del hombre: la mentira, la incapacidad y la ociosidad.

Pero una cosa es plagiar y otra copiar. La primera atañe a un robo. La segunda puede imitar una obra de arte. No se plagia un jarrón chino; se copia.

Sea plagio o copia, el sentido es que ambos hurtan aspectos, ideas o características originales de otro.

Por eso, el acto de plagiar o de copiar conlleva siempre un hecho de apropiación.

El árbol empieza a torcerse desde los primeros años, en los trabajos escolares. Se copia el cuaderno, la tarea, el examen.

El plagiador requiere casi siempre una contraparte débil, cómplice de la falta.

El que estudia, cede a los requerimientos del copista al prestarle el cuaderno o el balotario resuelto.

El copista que empieza copiando la tarea, por lo general, termina plagiando en pleno el examen. Busca el atajo, el menor esfuerzo, la trampa.

El plagiar es un tema de la ética. Tiene que ver con la capacidad de mentirse a sí mismo y de mentir o engañar a los demás.

Cuando el copión reproduce ideas de otros con pasión, pierde la noción de vergüenza. Copia sin prisa, pero sin pausa. Sin que nada lo detenga.

En ese trance, su labor se vuelve mecánica, autómata. Llena los espacios sin entender lo que hace. No le importa, sino untar el papel con tinta.

A cualquier mortal una página en blanco, lo perturba. Al copista, no le preocupa. Hasta podría deleitarle.

Para el copiador impenitente, una página en blanco es el espacio en el que se encuentra a sí mismo. Vacío de contenido.

Con el tiempo, el copista se acostumbra a su oficio. Y su arte se vuelve sofisticado. Copia monografías, tesis universitarias, magistrales, doctorales.

Si al inicio pedía favores, cuando crece, se paga sus extravíos. Copia y encarga copiar sin pudor. Ni rubor. Copy and paste.


Por eso, si Dios escribe recto sobre renglones torcidos, el copista escribe torcido siempre sobre los renglones rectos de otros. 

Y vive feliz, como una perdiz, hasta que se mete en política y decide ser presidente.

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31 diciembre, 2015

En defensa de la Descentralización

La descentralización es un proceso irreversible. No debe detenerse, ni retroceder. Por el contrario, debiera mejorarse, ajustarse, reimpulsarse. Necesita redireccionarse.

No hay reforma más importante que se haya realizado en democracia, que la descentralización. Hasta antes del 2002, se larvó en Perú un Estado centralista, arcaico, burocrático. En buena parte sigue siéndolo, pero cada vez menos.

Los casos de corrupción en los gobiernos regionales son una amenaza seria para el proceso de descentralización. Podría  incluso revivir el manejo centralista del Estado.

La mitad de los gobernadores regionales en problemas con la justicia. Obras paralizadas por pago de coimas en licitaciones y concursos. 700 en todo el país –según la Contraloría–, por un valor de 4.500 millones de soles.

A primera vista parece que la descentralización lo único que ha descentralizado es la corrupción.

Pero no es así. Aquí lo que ha pasado es que el gobierno nacional deshizo el mecanismo institucional necesario para monitorear el proceso.

El gobierno del Presidente Toledo dejó una arquitectura legal que consideraba la transferencia gradual de competencias. Instituyó una instancia de coordinación ­–El Consejo Nacional de Descentralización­–, que el siguiente gobierno simplemente eliminó. Y el actual no restituyó.

En lugar del CND se creó una Secretaría de Descentralización, de tercer nivel, sin autonomía técnico-funcional ni político-administrativa.

Se confundió autonomía con autarquía. Y se transfirió recursos sin mejorar las competencias y capacidades. Los gobiernos regionales avanzaron en mejorar sus presupuestos, pero no su capacidad de gasto.

Hoy los gobernadores regionales no se reúnen con regularidad con el Presidente de la República. El jefe del Estado no despacha con los representantes de los gobiernos subnacionales para monitorear planes de desarrollo u obras de envergadura que exceden el ámbito regional.

El Presidente trabaja con sus ministros, sectorialmente; pero no lo hace regionalmente con los gobernadores. No existe ese nivel de coordinación nacional-subnacional. Con excepción, claro de los Consejos de Ministros Descentralizados, modalidad que inició el Presidente Toledo en su gobierno.

Se requiere continuidad en las coordinaciones. Regularidad. Obligatoriedad. 

Quizás sea necesario que así como se tiene a la CIAEF para articular las políticas económicas y financieras y a la CIAS para coordinar la política social, se cree un mecanismo de coordinación entre el presidente y los gobiernos subnacionales, que podría ser una Comisión Nacional de Asuntos Regionales (CIAR), o restituir el Consejo Nacional de Descentralización con los mismos fines.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo tiene una instancia que podría cumplir ese objetivo: el Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI), en el que participan los presidentes regionales y una representación de alcaldes,  (LOPE Art. 19. Inc. 13). Está a cargo del Presidente del Consejo de Ministros, pero, en la práctica, es letra muerta. Nunca se le ha convocado.

Aquí lo que requiere es el liderazgo del Presidente de la República. Es el jefe de Estado quien debe redireccionar el proceso de descentralización. Y dejar que la PCM o un nuevo CND ejecute un programa nacional de fortalecimiento de capacidades.

La descentralización no es un fin en sí mismo; es un mecanismo para llegar al ciudadano. Construir el Estado con rostro humano es un proceso impostergable. No hay vuelta atrás en el deseo de llegar con calidad, eficacia y eficiencia al ciudadano. Y ese mecanismo es la descentralización, anhelo de los pueblos desde la fundación de la República.




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25 diciembre, 2015

Justicia y penas con sentido común



La sentencia de 6 años y 8 meses de prisión efectiva contra Silvana Buscaglia Zapler por abofetear e insultar a un policía que le aplicó una infracción de tránsito, es a todas luces exagerada. Más aún si la condena por homicidio simple es de 6 años.

El principio de autoridad de la policía ha sido reparado y eso está bien; pero a costa de la proporcionalidad de la pena. La sanción es justa, pero desproporcionada.

La señora Buscaglia es una de los más de 1,098 casos que según LaRepública, se han resuelto en apenas 72 horas debido a la aplicación del Decreto Legislativo 1194 que permite aplicar jucios rápidos cuando el infractor es detenido en flagrancia.

Estos juicios sumarios estaban previstos desde el 2004, pero no eran obligatorios, sino potestativos.

Hoy si una persona comete cualquier delito y es apresado en plena flagrancia el fiscal tiene la obligación de procesarlo y el juez de sentenciarlo, en horas.

El problema es que las penas han aumentado. Lo que puede llevar a sentencias extremas como el de la señora Buscaglia, cometiéndose abusos e injusticias.

Lo que esta señora cometió fue una falta de respeto absoluto a la autoridad, con violencia y prepotencia (Ver video aquí). El transfondo ­–lo han asegurado psicólogos y expertos en el tema–, probablemente encierre un desprecio racista de un grupo social que considera inferior al resto.

Pero 6 años y 8 meses por esta agresión, es desproporcionado.

Para que las sanciones por delitos en flagrancia no se conviertan en un abuso de la autoridad tiene que haber sentido común en quien ejerce la ley. O un contrapeso de opiniones que vayan en busca de la proporcionalidad de la pena.

El decrecho anglosajón tiene un modelo que podríamos empezar a pensar en introducirlo en nuestro sistema: el common law.

No existe en el derecho romano occidental. El common law es –en la práctica– una corte de personas no especializadas en derecho que administran justicia siguiendo el sentido común y la proporcionalidad del delito y la pena.

El common law se basa en las costumbres, en la jurisprudencia de casos anteriores, pero, principalmente, en el sentido común, antes que en la norma escrita o el código.

Los casos son juzgados con diversos puntos de vista; no solo el jurídico o estrictamente normativo y legal.

Un tribunal múltiple en lo profesional y hasta pluricultural podría encontrar un mejor equilibrio en encontrar la proporcionalidad de la pena. Y no estar atado como el juez que sentenció a la señora Buscaglia a una pena escrita establecida en el Código Penal.

La selección de estos jueces podría ser incluso por sufragio universal.

Y podría introducirse en nuestro sistema de administración de justicia de manera parcial, solo para casos como el que comentamos o delitos de tránsito sin lesiones graves y/o muerte, jucio de alimentos, agresiones de pareja, entre otros.

Después de todo, el Art. 138 de la Constitución Política del Perú señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo.



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