Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

08 diciembre, 2017

Cuerdas por separar


¿Puede la política marchar separada la economía? O mejor aún: ¿puede la economía desenvolverse al margen de la política? En teoría, quizás. En la realidad, no. La economía requiere un marco político para desarrollarse.

No hay inversión posible que se tome al margen de las consideraciones políticas. Nos guste o no, las reglas de juego económicas pasan por decisiones políticas.

Si lo que se quiere inferir con el concepto de "cuerdas separadas" es que la economía sigue funcionando al margen de las crisis políticas, esto es correcto. Puede seguir funcionando, como un cuerpo a un respirador artificial.

Lo que debemos separar no es la política de la economía por temor a que la primera paralice a la segunda. Lo que en verdad debemos separar es lo público de lo privado, para evitar que ambas se entrecrucen y perviertan.

El único espacio en el que lo público se encuentra con lo privado es la zona de intersección gris de la corrupción. Y esto sí causa un severo daño, tanto a la política como a la economía.

La corrupción se reproduce cuando no se diferencia lo público de lo privado, es decir, lo propio de lo ajeno.

Separar lo público de lo privado es fundamental para generar un cambio de mentalidad.

El lápiz que compré con mi salario es mi patrimonio privado. El lápiz de mi oficina en la municipalidad es patrimonio público. No puedo confundir uno con el otro.

El vehículo asignado por una entidad estatal es un bien público. No lo puedo usar para ir a la playa un fin de semana.

El sueldo que me pagan como empleado público es mi patrimonio privado. La caja chica de mi oficina no. El presupuesto de la obra, menos.

Separar lo privado de lo público demanda desarrollar institucionalidad, ese conjunto de ideas, creencias y valores que nos identifica como individuos y como sociedad.

La institucionalidad se desarrolla en la familia, la escuela, el barrio y el trabajo; espacios colectivos donde nos formamos como individuos.

Desarrollar valores institucionales permite que en economía nos alejemos del mercantilismo y su fuente nodriza, la corrupción. Y en política, del abuso de poder y más corrupción.

En síntesis, el dilema no es si política y economía van juntas o separadas. El desarrollo de una sociedad requiere que sus integrantes tengan claro, clarísimo, que lo público y lo privado deben ir siempre separados. 

No es un problema de cuerdas separadas, sino de cuerdas por separar.






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19 noviembre, 2017

La democracia cuesta


El proyecto de ley del congresista Mauricio Mulder que prohibe al Estado contratar publicidad en medios de comunicación privados para hacerlo solo en medios de comunicación públicos y en redes sociales, es un despropósito.

Esgrimir como argumento que la publicidad es cara y que por esa razón debe obligarse a los entes públicos a tener redes sociales para comunicar sus actividades, es también otro error de concepto.

El anunciar actividades, servicios o logros del Estado es primero que nada un derecho de la ciudadanía a ser informada.

Restringir este derecho a canales públicos y redes sociales no asegura la difusión masiva de los mensajes. Los medios públicos no llegan a todos. Las redes tampoco y, además, no son gratis.

El proyecto del congresista Mulder no afecta la libertad de expresión, porque, en efecto, esta no depende de la publicidad estatal. Pero sí afecta la libertad de información de los ciudadanos.

Siempre que se cumpla la premisa de gestionar, hacer, entregar resultados, en términos generales, los gobiernos tienen dos formas de comunicar sus mensajes: la prensa y la publicidad.

La prensa no cuesta. La publicidad, en cambio, es una transacción a precio de mercado.

El Estado puede ahorrarse presupuesto si incrementa sus actividades comunicacionales y de prensa. Pero aún así, si lo que necesita es un mecanismo directo para comunicar sus mensajes, esa vía es la publicidad.

Los medios no siempre reflejan los mensajes que el gobierno quiere. Ellos filtran, tamizan, ciernen, sesgan, la información y la presentan de la manera que ellos la entienden o consideran.

Y está bien que así sea. Esa es la libertad de prensa que tienen los medios de comunicación y que consagra la Constitución Política del Estado.

Pero el gobierno tiene también el derecho de comunicar a los ciudadanos el desarrollo de su política de manera directa.

A veces, estos esfuerzos de comunicación del gobierno chocan con la pared de los medios de comunicación, generando frustración en los políticos y en los profesionales de la comunicación.

Los medios pueden incluso opacar completamente los esfuerzos del gobierno por comunicar lo que hace. Las campañas de publicidad ayudan a equilibrar la lucha de mensajes en la arena político-mediática.

La publicidad ayuda a franquear ese obstáculo.

El problema entonces no es restringir la publicidad del Estado en medios privados, sino su forma de contratación.

Una central de medios del gobierno, por ejemplo, que una vez al año negocie en volumen la publicidad del gobierno, puede ahorrar dinero público y conseguir precios muy atractivos para la publicidad oficial.

Una cosa es ahorrar y gestionar con eficiencia el dinero de todos, y otra muy diferente, cortarle un brazo informativo al gobierno para comunicar mensajes.

Como una vez le dijo un reconocido publicista norteamericano a un presidente al que asesoraba en una campaña publicitaria en televisión que involucraba una inversión de seis cifras.

"No se pregunte cuánto cuesta hacer este comercial y pautearlo en televisión en el horario Prime Time; pregúntese cuánto le costará a su gobierno no hacerlo ahora. La democracia cuesta, Señor Presidente".




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11 noviembre, 2017

El ataque de la reina





El problema entre Keiko Fujimori y El Comercio no es un problema de titulares. Ni de información sobre lo que dijo o no dijo Marcelo Odebrecht. No es, por cierto, un problema de naturaleza semántica o de interpretación. Es un problema político. Y también de miedos.

El problema radica en que Keiko siente que el tema Lava Jato podría terminar por envolverla y comprometer su futuro político al quedar mancillada en el proceso de corrupción.

Ella cree que tras la denuncia de El Comercio y la investigación del Ministerio Público por lavado de activos al ex secretario general de FP, Joaquín Ramírez, y al propio partido Fuerza Popular, como banda criminal organizada, existe una campaña político-mediática-jurídica en su contra que busca sentarla en el banquillo de los acusados.

Bajo el argumento de que no hay mejor defensa que el ataque, la lideresa de FP ha decidido defenderse, es decir, ejercer el poder que tiene en el Congreso y plantear una lógica de lucha de poderes, de consecuencias impredecibles, que podría no dejar títere con cabeza.

Una especie de ataque Parham o ataque de la reina malvada, en ajedrez, que obliga a movimientos rápidos de la reina casi al iniciar el juego, exponiéndose a ataques, aunque salvaguardando su integridad pronto, tras una retirada táctica.

En este juego "alocado" de la reina, el presidente de la República es llevado a las cuerdas de la Comisión Especial que investiga el tema Lava Jato para enredarlo, obligándolo a comparecer ante ella con la finalidad de que caiga en alguna contradicción que amenace la continuidad en su puesto.

Al Fiscal de La Nación se le ha puesto una denuncia en la SubComisión de Acusaciones Constitucionales, acusándolo de no actuar diligentemente en procesar a las empresas peruanas socias de Odebrecht, y de haberse parcializado en la investigación y haber retrasado los trámites de extradición a otros procesados.

A cuatro magistrados del Tribunal Constitucional también se les ha amenazado con una acusación constitucional por un tema relacionado con una votación que consideraba el Caso de El Frontón como cosa juzgada y que según el presidente de dicho órgano, el procedimiento del colectivo se enmarca dentro de su jurisdicción e independencia de poderes.

También se le ha cargado las tintas a las empresas peruanas Graña y Montero y JJC, al modificar en el Congreso el Decreto de Urgencia 003-2017 y comprenderlas en las restricciones que en principio eran solo para Odebrecht y que impide tres cosas: 1) Transferir dinero fuera del país hasta que paguen la reparación civil, 2) Vender activos sin autorización previa del Ministerio de Justicia, y 3) Retener sus utilidades provenientes de contratos en otras obras que tengan con el Estado.

Por si fuera poco, el juego de la reina enfiló baterías contra el Diario El Comercio a quien amenazó con denunciarlo penalmente, según ella, por haber mentido al informar que Marcelo Odebrecht declaró a los fiscales peruanos que fueron a Curitiba a interrogarlo,  que, en efecto, tenía la certeza de haber financiado la campaña presidencial de Fuerza Popular.

En menos de una semana, el ataque de la reina ha sido despiadado. 

El objetivo político de Fuerza Popular ha ido contra el nervio central de la institucionalidad democrática: La Presidencia de la República, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Libertad de Expresión. Un fuego cruzado que nos ha devuelto —como un Deja vu—, a lo peor de la década del noventa. ¿Cuál será ahora el juego del Ejecutivo? ¿Cómo se responde un ataque Parham? Esperaremos a ver el movimiento de alfiles y torres que se viene.



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29 octubre, 2017

Reconstrucción con cambio... de modelo



La renuncia de Pablo de la Flor a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC), es una mala noticia para el gobierno. Es no solo una baja personal, de un técnico con experiencia en el sector público y privado, es también el fin de un modelo de gestión: una instancia de coordinación, sin manejo presupuestal.

La ARCC fue pensada como un ente facilitador entre los tres poderes de gobierno (local, regional y nacional), con equipos de gerencia incluidos para ayudar a identificar, elaborar, adjudicar y supervisar proyectos de reconstrucción, pero sin capacidad operativa en cortar directamente el jamón.

Al carecer de manejo presupuestal, Pablo de la Flor se convirtió en un funcionario negociador —sin responsabilidad administrativa ni penal—, que acompañaba a alcaldes, gobernadores locales y ministros a orientar e impulsar el uso de recursos para proyectos de reconstrucción previamente identificados.

El plan de reconstrucción asignado en el Presupuesto General de la República 2018 fue de 9 mil millones de soles (1,2% del PBI). Otros cálculos, sin embargo, estimaban que los gastos bordearían los 20 mil millones de soles. Para tener una idea de la magnitud de la cifra, el presupuesto 2018 para Salud es algo más de 16 mil millones de soles y el de Educación 27 mil millones de soles.

Solo en la primera fase que debía ejecutarse este año, se detectaron más de 10 mil proyectos en el norte del país. El propio De la Flor señaló que para proyectos urgentes se aprobó 1 mil 900 millones. De estos, 1 mil 240 millones fueron a diversos entes ejecutores, como el Ministerio de Agricultura, gobiernos regionales y algunos gobiernos provinciales.

Así, la capacidad de gasto que requería el proceso de reconstrucción era —y es— monumental. Cumplir con los parámetros de gestión: celeridad y transparencia, demanda no solo un ente facilitador, sino ejecutor.

Y una Contraloría General de la República mucho más expeditiva. Y aquí  también hubo un escollo difícil de remontar. Procesos para licitar la construcción de diques en Piura y carreteras en la Libertad fueron observados y anulados por la Contraloría.

Los gobiernos regionales se mostraron incapaces de armar procesos libres de sospecha de corrupción. Esto motivó las declaraciones de Pablo de la Flor en el sentido que: "el principal obstáculo son las capacidades instaladas en los gobiernos regionales y locales que supuestamente iban a ser los socios en la reconstrucción".

Sin capacidad de actuar como una unidad ejecutora, sino como un ente coordinador, la realización de los proyectos dependía enteramente de los órganos de gestión: municipalidades, gobiernos regionales y ministerios. Es decir, los mismos entes que no pueden con sus propios presupuestos.

La renuncia de Pablo de la Flor es una buena oportunidad para revisar no solo quien lo reemplaza, sino el modelo de entidad que debe encargarse de acelerar el proceso de reconstrucción.

Reconstrucción con cambio, sí, pero con cambio de modelo.


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