El premier Javier Velásquez Quesquén está envuelto en una paradoja sin solución: si tiene éxito, debe renunciar. Y si fracasa, también. Es decir, de todas maneras tiene que irse antes del 28 de julio del 2011.La razón es sencilla: el chiclayano postulará al próximo Congreso y como tal debe renunciar al menos seis meses antes de las elecciones. Lo mismo puede decirse de Aurelio Pastor o Luis Alva Castro. Por esta razón no se podrá cumplir el deseo del presidente de que este tercer gabinete sea el último de su gestión.
Porque si ahora ha sido difícil para el gobierno convocar nuevas personalidades para su gabinete, la tarea será más complicada un año antes de que termine su periodo. No habrá quien quiera cargar con el muerto. Excepto, claro, los “Alvaro Gutiérrez” que nunca faltan.
Peor aún, si se mantiene el curso de colisión en que parece estar empeñado el presidente Alan García.
El Baguazo no lo ha hecho entrar en razón.
García insiste en su denuncia del complot internacional, de una nueva guerra fría latinoamericana, con titiriteros extranjeros moviendo sus hilos en cada protesta social.
Esta visión de un Perú en el que se define la línea imperial o independentista encaja en su monosilábica instrucción para los próximos meses de orden e inclusión social.
¿Orden para enfrentar el descontento social con mano dura, encarcelar a dirigentes políticos opositores, cerrar ONGs independientes y clausurar emisoras de radio en las provincias? ¿Orden para abrir carreteras tomadas con apoyo de las Fuerzas Armadas y toques de queda?
¿Inclusión social con aumento del hambre en el país y cifras manipuladas del INEI que dicen que la pobreza se ha reducido?, ¿con división de las organizaciones amazónicas?, ¿con Santiago Manuin en la cárcel y su colon fuera del cuerpo?, ¿con 500 alcaldes provincianos reclamando en las calles aumento de presupuesto y 27 alcaldes de Lima en Palacio recibiendo su tajada?
En una situación así, orden e inclusión social son incompatibles.
Inclusión social alude a la existencia de un régimen de oportunidades para todos. De participación de individuos y colectividades en todas los campos de la vida política, económica, social y cultural.
Orden es un estado de convivencia democrática con respeto al estado de derecho, pero también con un Estado presente y al servicio de todos, especialmente los más pobres.
Un régimen político que se apoya en la fuerza para el ejercicio arbitrario de su gobierno no es un régimen democrático. Es un gobierno sin controles ni contrapesos.
Si la fórmula es enfrentar el descontento con la fuerza el resultado es generar más violencia. El riesgo de este camino sin retorno es que el país puede terminar -al final del mandato aprista-, en una situación de verdadera convulsión social.
