Juicio político

Una vez más el país vive en vilo, en la más completa incertidumbre, zozobra y agonía política, ante la inminencia de vacar al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, por incapacidad moral permanente.

Las sucesivas versiones del primer mandatario, sus millonarias cuentas desordenadas y reveladas —aunque no del todo esclarecidas—, su renuencia a no diferenciar lo público de lo privado y la sombra que bordea el conflicto de intereses-, no abonan en su favor.

Pero, ¿es el presidente un incapacitado moral permanente? El Congreso tiene que demostrarlo. No es el presidente el que tiene que demostrar su inocencia. Es el Congreso el que debe probar lo contrario.

La incapacidad moral permanente “declarada por el Congreso” es una de las causales que la Constitución prevé (Art. 113) para expulsar al jefe de Estado del poder. Pero, para ejercer este mandato, el Congreso debe estar a la altura de merecerlo. Debe ser éticamente superior a quien va a sancionar.

Hoy el Congreso puede tener los votos, pero, por lo que vemos a diario, no tiene la capacidad moral para declarar incapaz moral al Presidente Kuczynski. Tiene la ley, pero no la legitimidad moral para sancionar al jefe del Estado.

Si estuviéramos en Estados Unidos, el presidente debería afrontar un proceso de impeachment, sin dudas. Lo acusaría la Cámara de Representantes; el presidente se defendería en el Senado. Aquí la Comisión Lava Jato ni siquiera ha emitido su informe final. Recién la semana pasada lo escuchó.

¿Mintió el presidente Kuczynski en sus sucesivas declaraciones oficiales sobre sus ingresos, tratos con Odebrecht o asesorías vía terceros? ¿Se favoreció Kuczynski durante el tiempo que fue funcionario público con tratos privados de los que sacó ventaja?

¿O solo estamos ante un eximio asesor financiero que negoció con la empresa privada, que dejó de hacerlo cuando asumió responsabilidades públicas y le entregó sus empresas a un tercero, construyó una muralla china, mientras su socio siguió tratando con esas mismas empresas privadas, para terminar ganando dividendos sobre los que no realizó trabajo extra alguno?

He ahí el quid del asunto. ¿Quién debiera probar si hubo delito o no? ¿Este Congreso o la Justicia? 

Parafraseando al gran estadista francés del siglo pasado, Charles De Gaulle, quien sentenciara que la política es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos; la justicia es un asunto más serio aún para dejarla solo en manos de los políticos. 

Justicia en manos de jueces, puede que tarde. Pero justicia en manos de políticos, no es justicia. Es un juicio político.

Tocamos fondo

Las declaraciones de Barata indican que hemos tocado fondo. La clase política peruana –con excepción contada con los dedos de la mano–, ha sido sumida en el fango de la corrupción al confirmarse, por boca del principal corruptor, que recibió dinero sucio para sufragar los gastos de campaña electoral.

5.2 millones de dólares enlodaron las campañas del 2006 y 2011. Es lo que sabemos, hasta ahora. La delación de Barata también revela la participación activa de empresarios en los procesos electorales. Tampoco es algo nuevo. Los empresarios han financiado candidatos desde siempre, haciendo bolsas a favor de uno o en contra de otros.

El problema no es apoyar un candidato, un partido o unas ideas. El problema es esperar una renta futura por hacerlo. Una cosa es donar en defensa de una opción y otra muy distinto es hacerlo para luego cobrar el favor.

Que la Confiep convoque a empresarios para hacer una bolsa e impedir que un candidato llegue a la presidencia, no es delito. Entregar ese dinero a otro candidato para ayudarlo a ser presidente, tampoco. Pero pretender que por esa operación el candidato favorecido (si gana la elección) retribuya a las empresas entregándoles obra pública, sí.

La delgada línea que existe entre ambas formas de entregar dinero en campaña es el verdadero problema. Donación o inversión, he ahí la cuestión.

Hasta el momento la ley no ha servido para evitar cruzar esa brumosa divisoria entre un acto lícito y otro abiertamente delictivo. Los elevados gastos de campaña y de conformación de organizaciones políticas han arrojado a candidatos y partidos a la tentación de recibir donaciones non sanctas para mantenerse en política.

En Estados Unidos, la importancia de las inversiones publicitarias  en televisión hizo que en 1971 se expidiera una ley para establecer límites a las contribuciones privadas a las campañas electorales. El gasto publicitario es el nervio central de las campañas electorales. Si queremos empezar a transparentar las donaciones de privados se debiera empezar por aquí.

Todos somos libres de expresar con libertad nuestro apoyo personal, intelectual, material, logístico o económico a una opción política. Pero se debe hacer con transparencia y honestidad.

En medio de un mar de corrupción que amenaza con desbordarse mantener una conducta y una acción transparente –de individuos e instituciones– contribuirá de todas maneras a formar una ciudadanía responsable y participativa. Quizás sea un esfuerzo descomunal –inútil por momentos–, pero, no importa. No hay lluvia que no empiece, al menos, con una gota. 

La vacancia ideológica

El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha esbozado una explicación sui generis sobre el nuevo escenario de vacancia que confronta. "Aquí hay un esfuerzo de hacer una revolución de extrema izquierda", ha señalado en entrevista concedida a RPP.

Explicó que existe en el país un grupo de izquierda radical que “no está reconciliado con el indulto que le otorgó a Alberto Fujimori”, razón por la cual busca expulsarlo del poder, convocar nuevas elecciones y cambiar la Constitución.

En ese plan desestabilizador incluyó a la protesta —violenta, concertada—, que mantienen los productores de papa en diez regiones del país, pese a los esfuerzos del ministro de Agricultura.

En esa visión apocalíptica del poder, el presidente argumentó que la guerra no solo es contra él, sino “contra el propio fujimorismo” (sic) ya que la intención de adelantar los comicios electorales y legislativos, en el fondo, lo que busca es “impedir que el fujimorismo, que está parcialmente dividido, sea una fuerza política” (sic).

En otras palabras, el presidente trazó un escenario de guerra y definió a su enemigo en las antípodas de su pensamiento ideológico. Como consecuencia lógica, el fujimorismo debía ser su aliado y pelear en su misma trinchera. Pero, oh sorpresa, el fujimorismo no ha bajado el tono y por el contrario a través de sus voceros ha señalado que apoyarán el pedido de vacancia contra el presidente Kuczynski.

El análisis del presidente tiene un problema. Su enemigo no es ideológico, es estratégico. No es programático, es táctico. Su peor enemigo es el fujimorismo, o mejor dicho la neoversión de él: el keikismo.

En la medida que el presidente siga llevando en el avión presidencial y siga paseándose por las regiones con los congresistas "advangers", dando la impresión que el desgajamiento de Fuerza Popular significó para él 10 nuevos congresistas PPKenjistas, más sangre en el ojo empozará en el fujikeikismo.

La guerra de papel de la izquierda radical no es nada sin el apoyo del fujikeikismo. El levantamiento de los paperos no es porque tengan poderosas organizaciones comunistas que los convocan a encender la pradera. La sobre producción de papa ha tirado el precio por los suelos. Si el mercado no funciona, zarandean al Estado.

El presidente sabía que el indulto a Alberto Fujimori partiría el país en dos. Se lo advirtieron en mil idiomas. Pero él tomó su decisión y siguió adelante. No hay sorpresa en esto.

El problema que lo sacará del poder no es el indulto, ni la extrema izquierda, ni los paperos. Es la idea de que mintió al país en el tema Odebrecht, sus enredos con Westfield Capital y First Capital y sobre todo la sensación que empieza a apoderarse de la gente de que este gobierno es inoperante o incompetente para solucionar las cosas.

“El presidente Kuczynski está inmerso en evidentes casos de corrupción y nosotros no vamos a avalar a un presidente corrupto”. Estas palabras son del vocero de FP, Daniel Salaverry. Es lo que debe preocupar al presidente. No las ideas de izquierda. La vacancia no es ideológica. Es solo ilógica, pero real.

Golpe institucional

Estamos al borde de un golpe de estado. Uno disfrazado de marco constitucional, pero a todas luces arbitrario, prepotente y forzado. Es un poder del Estado contra el resto. No es un golpe clásico, violento, con intervención de las Fuerzas Armadas. Esos ya no existen.

Es un golpe de otro tipo, en el que uno de los poderes, actuando solo o en contubernio con otro poder, manipula, altera o acomoda los mecanismos constitucionales para expulsar en este caso al presidente de la República.

Es un golpe de estado institucional, disfrazado de legalidad.

Este tipo de golpe funciona cuando el jefe de Estado tiene una representación parlamentaria pequeña y precaria y una mayoría adversa y hostil. Ocurrió en Honduras con Manuel Zelaya, destituido por la Corte Suprema y en Paraguay, con Fernando Lugo, expulsado por el Congreso.

De concretarse la vacancia en el Peru contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski el responsable será no solo el Congreso —centro del poder ahora en el país—, sino el propio jefe de Estado que no ha podido, hasta ahora, dar una explicación coherente sobre su relación directa o indirecta con Odebrecht.

El presidente dio tantas explicaciones contradicctorias que parecen medias verdades o mentiras completas. Y quizás no sea ni lo uno ni lo otro. Pero debe explicarlo alto y fuerte. Y de manera sencilla.

La carta enviada por Odebrecht Perú al diario La República confirma que las empresas First Capital (FC) y Westfield Capital (WC) le ofrecieron servicios concretos. La primera es del chileno Gerardo Sepúlveda y la segunda de Pedro Pablo Kuczynski.

Sabemos por información del propio presidente Kuczynski que él fue asesor de FC, para H2Olmos y cobró honorarios, pero cuando estaba fuera de la función pública.

En el caso de WC hay siete facturas; cuatro dentro del periodo de  PPK como funcionario público y tres fuera de ese periodo. Las comprendidas cuando PPK fue ministro o presidente de la PCM son montos menores de 10 mil o doce mil dólares, en realidad “gastos de representación” de Sepúlveda.

Las dos facturas fuertes de WC son: una del 3 de diciembre de 2007 y otra del 4 de diciembre del mismo año por 287,028 dólares y 430,542 dólares, respectivamente, por “asesorías financieras” pagadas por la concesionaria IIRSA Norte Tramo 3.

Odebrech Perú también ha precisado que los servicios prestados por WC existieron y se pagaron con dineros lícitos a su representante, el chileno Sepúlveda. La empresa agrega que dichas operaciones no estaban comprendidas en el paquete de operaciones investigadas por la Fiscalía ya que que sobre ellas no existían señales o signos de ilicitud.

Lo que falta precisar es cómo así una empresa unipersonal de PPK terminó firmando contratos con Odebrecht Perú sin que mediara conflicto de intereses, tráfico de influencias o, peor aún, soborno, colusión o lavado de activos.

El presidente debe decirnos de qué manera, con qué documento y bajo qué modalidad y desde cuándo se desligó de sus empresas creadas en el exterior. Y desarticular la acusación de que mintió.  

¿Se exoneró de participar en sus directorios? ¿Renunció al directorio de la misma? ¿Nombró a otra persona con plenos y totales poderes? ¿Traspasó la empresa, la vendió, la cedió, la donó? ¿Tiene los documentos que prueben esto?

También debe aclararse el papel de Gerardo Sepúlveda. ¿Es el empresario chileno un testaferro del Presidente Kuczynzki? ¿O acaso su empleado? ¿Un gestor de l empresa? ¿Hubo operaciones ilícitas, disfrazadas o consorciadas entre PPK y Sepúlveda mientras el primero era alto funcionario público y el segundo fungía de asesor internacional?

Si el presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene los papeles que comprueben su inocencia, debe ser respaldado. Depende de usted, señor Presidente. Debe honrar su cargo, defendiéndolo. Es momento de cruzar el Rubicón.