Tiempos de hambre y de ira

El más recinte número de la revista británica The Economist trae en su portada, en un fondo negro, el mapa de Latinoamérica en forma de una hoja de uva que empieza a amarillearse en sus contornos, en señal de su decrepitud. How democracies decay es el titular: Cómo decaen las democracias. No es novedad que la democracia retroceda en la región, más como expresión de gestión de gobierno que como sistema político. Una mezcla de desazón, frustración e impotencia podrían explicar este fenómeno que, en verdad, no es propio de América Latina. Ese sentimiento de rechazo se expresa cada vez con más fuerza en la colectividad social, especialmente entre los más jóvenes. La insatisfacción democrática avanza en ausencia de líderes, partidos políticos e instituciones. Y es el espejo en el que el mundo occidental teme mirarse. The warning from Latin American.

 

La corrupción, la violencia delincuencial, la falta de empleo y oportunidades, así como la rapacidad de quienes llegan al gobierno, parecen estar en la base de ese sentimiento negativo hacia el modelo de occidente para gobernar. Frente a regímenes que no logran reactivar del todo la economía, la inflación que vuelve a levantar cabeza, sistemas de salud que no se reforman pese a las debilidades mostradas en la pandemia, y tasas de desempleo y subempleo lastradas por dos años de parálisis, el apoyo a los sistema de gobierno es precario cuando no frágil. Los ciudadanos no se sienten comprometidos en defender la democracia. Lo grave es que esa incapacidad en la gestión gubernamental puede terminar arrastrando el modelo mismo de organización política.

 

En febrero de este año, el Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, con apoyo del LAPOP Lab de la Universidad Vanderbilt (Estados Unidos), y el Barómetro de las Américas, realizó un análisis de la opinión de los latinoamericanos sobre la democracia y encontró razones poderosas que ligan el futuro de esta en la región al desempeño y eficacia de los gobiernos de turno. Una síntesis muy básica sería: si al gobierno le va bien, a la democracia también. O, si el gobierno lo hace bien, la democracia se fortalece. Lo contrario también es cierto. 

 

En esa línea, la subida de precios de los combustibles, la crisis en el abastecimiento de alimentos, la inseguridad ciudadana, la disparada de precios, la precaria educación, son factores de gestión de gobierno que, independientemente de las ideologías o del sesgo político de los gobiernos de turno,  inciden en el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema democrático. Las protestas, si bien son parte del sistema, a la larga, cuando son persistentes, sostenidas, violentas y concurrentes, es decir, que provienen de origen distinto, pero simultáneo, pueden terminar afectando la esencia del régimen político, buscando salidas desesperadas cuando no respuestas populistas y autoritarias.

 

El estudio citado señala que si bien la democracia como concepto es apoyada mayoritariamente en las Américas, “esta actitud está disminuyendo rápidamente en la gran mayoría de los países”. El problema es mayor en los niveles socioeconómicos y educativos más bajos. ¿Qué razones tendrían los menos favorecidos y excluidos en apoyar un sistema que les ofrece cambio cada cierto tiempo y no solo no les entrega resultados, sino malos manejos? 

 

El sentimiento negativo incide también en personas que fueron víctimas de la delincuencia o la corrupción. Pensemos en una señora de una olla común que no toma desayuno, se alimenta una sola vez al día, se priva de comer los fines de semana, sin trabajo, sin educación, enferma, que no le llega un bono solidario y que en el mercado tiene que hurgar entre la basura para conseguir alimento. ¿De qué democracia podemos hablarle o pedirle que la apoye? Con hambre y con frío es difícil pensar en defender la democracia. 

 

Y, sin embargo, no existe otra salida. La democracia debe prevalecer y los gobiernos deben ser eficientes y honrados para robustecerla. The Economist lo señala de esta manera: “Los latinoamericanos necesitan reconstruir sus democracias desde cero. Si la región no redescubre la vocación por la política como servicio público y no recupera el hábito de forjar consensos, su destino será peor”. La política debe recuperar su real sentido, dirimir los conflictos, acortar las desigualdades, administrar con eficiencia y eficacia los recursos de todos; contrapesar las necesidades y equilibrar las oportunidades. Debemos salir del circulo vicioso en el que parecemos entrar a toda velocidad y recuperar el circulo virtuoso del crecimiento, pero con equidad. Si no lo logramos equilibrar la cancha seremos víctimas de nuestras propias iras y frustraciones.

 

 

 

 

La República ausente

 

No es casualidad que el voto del profesor Pedro Castillo recorra las nervaduras del Ande, sumando adhesiones en el norte, centro y sur. Su voto es principalmente serrano. Sucedió lo mismo en las elecciones pasadas. No sorprende, digo, que las poblaciones históricamente menos integradas al Estado nación reclamen inclusión gritando su descontento cada cinco años en las urnas. 

 

Lo que sorprende es que sigan haciéndolo democráticamente. Desafección hay en las urbes. En las zonas rurales lo que hay es abandono, pobreza y un futuro incierto. En estas zonas donde no hay carreteras, ni reservorios de agua, ni conectividad, es imposible que se quiera convencer a la gente con una campaña por redes sociales.

 

Las redes sociales que existen allí son las de carne y hueso: la familia, la comunidad, la junta de regantes, las rondas, la escuela, las Fuerzas Armadas en menor medida, y la Iglesia en sus diferentes expresiones. Y la radio y televisión.

 

Lo que este grupo de peruanos busca es respuesta a sus principales necesidades. Una agenda concreta que los haga sentir no solo compatriotas, contigo Perú, sino ciudadanos con derechos. En todos los procesos electorales esta población exige inclusión real. Son hijos de la República. Pero no reconocidos aún. Estos connacionales tienen madre patria, pero no un padre estado. Son hijos de La República ausente.

 

La descentralización que se pensó como una medida para desconcentrar la gestión, y mejorar la presencia del Estado en las regiones, lo único que repartió fue la corrupción. Las escuelas nacionales son hoy edificios fantasmales. Ni hablar de los hospitales, abandonados e insuficientes. 

 

La crisis para todos es tremenda, pero en algunos lugares del Perú es colosal y permanente. Por eso, más que la forma cómo votaron las regiones, que, repito, no es novedad, lo que debe preocuparnos es el débil respaldo que tuvieron quienes pasaron a segunda vuelta. 

 

Como señala muy bien Martín Hidalgo hoy en El Comercio, el pase a la segunda vuelta de Pedro Castillo y Keiko Fujimori es el más bajo de los últimos 40 años. Descontando el ausentismo electoral, los votos blancos y viciados, Castillo pasa con 10,6% de votos reales y Keiko con 7,4%. Con esos resultados ninguno podría haber disputado la segunda vuelta en los últimos procesos electorales democráticos. 

 

El desplome es en todos los candidatos. Keiko obtuvo 6 millones de votos el 2016 y Pedro Pablo Kuczynski 3 millones. Ahora, Castillo obtiene alrededor de 3 millones de votos y Keiko no llega a 2 millones. La explicación no puede ser solo la crisis pandémica o la sola desafectación por la política. 

 

Podríamos estar ante algo más profundo. Parodiando la jerga de los abogados sería una especie de conjunto real de razones que tiene como resultado un resentimiento del sistema. O como señaló César Hildebrandt hace unas semanas, quizás estemos ante la primera señal del surgimiento de una auténtica oclocracia, el gobierno de las muchedumbres, en la definición de Aristóteles.

 

Las razones para llegar a esa nueva realidad son muchas, pero en la base, de todas maneras, está la combinación letal de corrupción y pandemia. Una respuesta al canibalismo político observado en plena pandemia. Políticos insensibles, capaces de arrancarse el poder a dentelladas. Angurrientos de poder y fortuna, carentes de eficacia para comprar oxígeno o vacunas, e incapaces para escuchar y resolver los problemas permanentes del Ande. 

N12: democracia en la calle

La democracia, esencialmente, está ligada a la calle. Nace allí. Todos los movimientos sociales que generaron cambios en la sociedad empezaron en la calle. La lucha por los derechos civiles, los derechos humanos, los derechos medioambientales. Todos. La reforma universitaria de 1918, la lucha por las 8 horas, la lucha por el voto para la mujer, para los analfabetos. La lucha por recuperar la democracia. Todos. No hay la menor duda; la democracia en sus orígenes, primero que nada, es una expresión popular.

 

Existen los partidos, los foros, las organizaciones, y ahora las redes, para encausar las propuestas. Pero cuando estas germinan en medio de un proceso de desinstitucionalización, con partidos políticos que no representan a nadie o cuando hay grupos de interés económico que contaminan y pervierten los partidos, entonces las anchurosas avenidas y plazas son el espacio natural del debate y la confrontación política.

 

El caso más reciente de manifestaciones populares que logró cambios políticos acaba de ocurrir en Chile. Empezó como un reclamo de los estudiantes frente al alza de los pasajes en el subterráneo y un año después terminó con la convocatoria a una asamblea constituyente para un nuevo pacto social. Es lo que pasa cuando las tensiones sociales se acumulan en el tiempo. Los estallidos sociales se encauzan luego a formas más racionales de hacer política como una asamblea constituyente.

 

Leer la calle es fundamental no solo para los politólogos o sociólogos, sino, para los políticos. En el Perú, desde el 2000-01, con la Marcha de los Cuatro Suyos, no ha habido expresiones políticas en las calles de la magnitud que hemos visto el 12N. No solo fue una marcha en el centro de Lima. Fue multiradial, con varios focos en los distritos, provincias y fuera del país.  Y multicanal, no solo con gente en las calles, sino también cacerolazos en los barrios, y redes sociales efervescentes alborotando el ciberespacio. 

 

Es un error pensar que se trata de protestas que liberan tensiones por un largo encierro pandémico, o por frustraciones personales debido a la pérdida del empleo o del semestre académico. No. La calle está caliente porque no acepta la salida política a la crisis. Hay un desacuerdo generalizado frente a la vacancia planteada y frente al nuevo gobierno instalado en el poder.

 

Lo que estamos viendo en calles y plazas es lo más parecido a una desobediencia civil. Un acto de protesta ciudadana y juvenil -pero no solo juvenil- frente a la política de hechos consumados y  de statu quo que vivimos.  Una respuesta ante el stablishment político. Un cansancio a la forma en que se hacen las cosas. Un hartazgo frente a la manipulación y cinismo político. Un desembalse social al margen de los partidos políticos. Una vez más, estamos ante una democracia sin partidos de ciudadanos sin república, para hablar en términos Vergarianos. Una reacción de las calles, en las calles, que haría bien en escuchar y entender el parlamento y el ejecutivo. Esto no tiene visos de calmarse. Todo lo contrario.

 

El Tribunal Constitucional tiene ante sí la responsabilidad histórica de dirimir con argumentos jurídicos y constitucionales claros, precisos y justos, lo que por ahora la calle intuye y es su fortaleza en las manifestaciones: que el argumento de vacancia por incapacidad moral permanente ha sido usado de manera irregular y ha primado la fuerza de los votos antes que la racionalidad de la medida. Una decisión que ha desbordado las costuras constitucionales.

 

La democracia en la calle es una señal de libertad, pero también de que los mecanismos institucionales para procesar las diferencias están desechos. ¿Qué saldrá de todo esto? La fotografía completa la tendremos el 11 de abril del 2021, cuando se procese el resultado de las ánforas. 

 

 

 

 

  

Perú 2021: ¡Pensá!

El gobierno del 2021 debe ser un gobierno diferente. Tiene que serlo. Para empezar, debe atender la emergencia, recuperar la confianza, reactivar la economía y ejercer la política.

 

El gobierno del bicentenario heredará una triple emergencia: sanitaria, económica y política. La conjunción de las tres genera en la gente desesperanza.

 

El país llegará con la mayor tasa de fallecidos por millón, con un PBI de menos 12 puntos porcentuales, con las reservas internacionales casi evaporadas y con millones de puestos de trabajo perdidos.

 

Si no tenemos claro que lo primero es recuperar la confianza y reactivar la economía, la pendiente hacia abajo será pronunciada. 

 

El nuevo gobierno, por tanto, debe inyectar optimismo. Ser austero. Y honesto.

 

Importarán los resultados: que recupere la inversión, que genere empleo y reduzca la desigualdad, la pobreza, la enfermedad y el hambre. En pocas palabras, que sea eficaz.

 

Para eso, más que palabras, necesitamos planes, reformas, cambios, acciones. Planteamientos, no demagogia. Programas, no experimentos.

 

Un Roosevelt después del crack de 1929. Un Kennedy del surgimiento. Un Konrad Adenahuer de la recostrucción alemana. Un Ben-Gurión de la fundación israelí. 

 

Más un equipo que lo acompañe a gobernar.

 

Que lleve adelante El Plan Bicentenario de Reconstrucción. Salud y Educación. Infraestructura productiva y social. Minería. Agro. Turismo. Innovación tecnológica.

 

Un equipo de gobierno que entienda que el bicentenario no será el año de la celebración, sino de la reconstrucción. 

Que impulse un nuevo modelo de desarrollo. Más inclusivo. Sistemas tributarios más justos. Empleos formales y decentes. Fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental. Nuevos mecanismos de protección social.

 

Que promueva un Estado equilibrado en lo económico, lo social y lo medioambiental. 

 

Que elimine, combata o, cuando menos, ponga a raya a los dos peligros que han acechado al Estado desde su creación: el populismo y el mercantilismo. No es sano un Estado que todo lo regala, ni que solo le regale a algunos.

 

Además de todo esto, el próximo gobierno tendrá que saber dialogar. Hacer política. Lograr acuerdos. Hacer al menos esfuerzos por alcanzarlos. 

 

Gobierno y Parlamento no deben enfrentarse todo el tiempo. Es bueno que tengan puntos discordantes. Es malo que se entrampen allí y no lo superen. ¿Ven lo que pasa cuando el presidente del Consejo de Ministros y la ministra de Economía acuden al Congreso a conversar sobre una ley? Acercan posiciones. Concilian. Llegan a acuerdos. 

 

Elijamos bien. Escojamos con la cabeza, con el corazón si desean, pero no con el hígado. Hacé como Gareca: ¡pensá!

Horas oscuras

En Darkest Hour, la película que recrea la asunción al poder de Winston Churchill en los días que Hitler invadía Europa —interpretada de forma magnífica por Gary Oldman—hay una escena que recrea el absoluto aislamiento en el que muchas veces viven los políticos. Una burbuja que los encierra en su castillo de cristal y los aleja de lo que piensa y siente el real soberano: la calle.

Siguiendo el consejo del Rey —quien le recomienda escuchar al pueblo antes de tomar una decisión—, Churchill se escabulle de la cápsula oficial en la que viajaba rumbo al Parlamento para decidir si negociaba la paz con Hitler, como le recomendaban sus opositores, o si iba a la guerra.

 

El jefe de gobierno desaparece en el subterráneo, donde se encuentra con ciudadanos birtánicos de a pie, sorprendidos de ver al hombre más poderoso de Inglaterra, después del rey, viajar en servicio público. 

 

Luego de romper el hielo pidiendo fósforos para encender su puro, el viejo político pregunta a los pasajeros qué harían si las tropas invasoras cruzaran el Canal de la Mancha y se apoderaran de la isla. ¿Estarían dispuestos a que su gobierno firme un acuerdo con el enemigo o pelearían y defenderían la tierra? 

 

La respuesta de los ciudadanos, incluída una niña, es unánime: pelearían hasta entregar la vida. Rechazarían un acuerdo de paz con el enemigo.

 

Lo que sigue es una trepindante secuencia en la que Churchill hace uso de la palabra en la Cámara de los Comúnes y lleva a su país a la guerra con el voto unánime de los parlamentarios, oficialistas y opositores. 

 

“Me preguntáis: ¿cuál es nuestra política? Os lo diré: Hacer la guerra por mar, por tierra y por aire, con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar; hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada en el oscuro y lamentable catálogo de crímenes humanos. Esta es nuestra política.

 

Me preguntáis; ¿cuál es nuestra aspiración? Puedo responder con una palabra: Victoria, victoria a toda costa, victoria a pesar de todo el terror; victoria por largo y duro que pueda ser su camino; porque, sin victoria, no hay supervivencia...”.

 

La estretategia, el verbo, la emoción y la acción; todo en un solo acto. Una pieza magnífica de histrionismo político, en sintonía con el sentir ciudadano. 

¿La moraleja? Escuchar al pueblo. Lo que tienen que hacer los gobernantes es escuchar a sus gobernados. Se sorprenderían de la lógica y racionalidad que encontrarían en la ciudadanía a los complejos problemas de Estado que deben resolver los líderes de gobierno.

 

Guardando las distancias, no estaríamos en este delicado escenario, en estas horas oscuras, hablando de golpes, conspiraciones o sediciones, si quienes lo dirigen o fiscalizan, escucharan lo que dice la gente de a pie.

 

El país se encuentra en una crisis política que reclama actuar con mesura, serenidad y responsabilidad para no agravar la crítica situación sanitaria y económica que ya vivimos debido a la pandemia.

 

La majestad de la Presidencia y del Congreso de la República es una condición que viene con el cargo, pero esta se gana día a día, con la actuación ponderada y justa de quienes lo detentan.

 

Por encima de los administradores temporales del poder están los intereses de la Nación. 

Recuperemos el equilibrio, la gobernabilidad, y la serenidad que el país reclama en estos momentos. No podemos cometer los errores históricos que sufrió el propio presidente Belaunde en su momento. Que la Historia no nos condene; sino que nos enseñe. 

Voto electrónico y virus humano

 

Las organizaciones políticas deben prepararse para un nuevo escenario. Uno más entre tanto cambalache pandémico. Entre el 19 y 27 de diciembre de 2020, los militantes de todos los partidos políticos elegirán a su candidato a la Presidencia de la República a través del voto electrónico no presencial (VENP). 

 

Es una nueva modalidad de elección. Nunca antes los partidos políticos en el Perú habían elegido a sus representantes a cargos políticos a través del internet.

 

Voto electrónico en elecciones políticas hemos tenido, pero presencial, con una máquina con pantalla táctil ubicada en centros de votación y en circunscripciones precisas.

 

Voto electrónico no presencial también hemos tenido, pero en colegios profesionales, algunos con no tan buenas experiencias, como el del Colegio de Abogados. 

 

Pero ambas características: voto electrónico y no presencial, para elecciones políticas, no. Es la primera vez. 

 

No es para alarmarse. Casi no hay actividad de la vida que no pueda expresarse usando el internet. La pandemia no solo ha acelerado el uso de modalidades remotas, sino que las vuelve imprescindibles. 

 

Toda actividad que genere aglomeración de personas es desaconsejable en estos momentos. Y la actividad electoral, tanto las internas en los partidos políticos, como las generales, son actividades que generan tumultos.

 

En el caso de las elecciones de abril próximo, el Congreso ya amplió el horario de votación de 8 a 12 horas (de 7 a.m. a 7 p.m.) y, tal como señalábamos en un post anterior, la ONPE ya está estudiando nuevos escenarios abiertos de votación: estadios, parques zonales, parques y calles. 

 

Ante la nueva normalidad, nuevos procedimientos y también nuevas actitudes y comportamientos.  

 

Por el momento se desconocen los detalles de cómo será el voto electrónico no presencial que los militantes de los partidos experimentarán este fin de año. 

 

Algunas dudas que merecen ser despejadas: Hay nueve días para realizar los procesos internos. ¿Se sortearán las fechas de elección para cada una de las organizaciones políticas? ¿Qué padrón de electores se tomará en cuenta? ¿El que cierra el 30 de setiembre que permite inscripción de afiliados de última hora? ¿El que se utilizó en las últimas elecciones para congresistas? ¿Qué mecanismos de seguridad se utilizarán para evitar suplantaciones? ¿Será necesario que los militantes se inscriban primero en un padrón electrónico? ¿Habrá cabinas especiales para quienes no tengan acceso a internet, sobre todo en zonas rurales?

 

Si estas preguntas de carácter procedimental son necesarias responderlas, imagínense la infinidad de interrogantes relacionadas con el software.

 

Estamos exactamente a tres meses de que se realicen estas elecciones en las organizaciones políticas. Cada partido decidirá si la elección es “un militante, un voto” o a través de delegados. 

 

La automatización del proceso de elección en los partidos es un avance, en la medida que se trate de una modalidad segura, accesible y confiable.

 

Una razón más para que los partidos incorporen en sus estructuras una fuerte y solvente Secretaría de Tecnologías de Información y capaciten a sus personeros en habilidades informáticas.

 

La ONPE tiene 11 años de experiencia aplicando este tipo de voto en elecciones de colegios profesionales, universidades y otras instituciones de la sociedad. Se sabe que desde el 2009 atendió a 70 instituciones que lograron, en algunos casos, una participación electoral mayor al 90%.

 

Hay numerosas experiencias en Europa, Estados Unidos y Asia sobre el uso del voto electrónico no presencial. De manera que esto podría abrir las puertas para que los propios partidos políticos peruanos establezcan alianzas con sus pares de otros lugares del mundo y convoquen a expertos en el tema para que los asesoren.

 

El proceso de elección interna de los partidos políticos ameritaría también que no solo se invite a observadores de la OEA y de organizaciones sociales como Transparencia, sino a representantes de partidos políticos democráticos del mundo que tengan experiencia en verificar este tipo de elecciones.

 

Recordemos que la tecnología por sí misma no resuelve todo lo que la truhanería humana es capaz de hacer, especialmente cuando de disputar el poder se trata. Lamentablemente. 

 

Y si no, preguntémosles a los propios partidos. Más de la mitad de las organizaciones políticas en el Perú son conducidas por autoridades que tienen el mandato vencido. El Congreso aprobó una norma para cambiar esta situación y renovar las directivas. Pero los partidos se han zurrado en ella. Y aquí no hay tecnología que valga contra este virus humano poderoso y letal.

 

 

Realidad contrafáctica

La denegación fáctica nos ha devuelto a la realidad contrafáctica. Después de una pelea terminal entre los poderes del Estado, en el que uno terminó disolviendo al otro, volvemos al punto inicial. Tendremos elecciones parlamentarias con las mismas reglas de siempre, las de toda la vida. 

El Jurado Nacional de Elecciones aclaró las dudas: los partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas no tendrán obligación de presentarse el 26 de enero de 2020. Tampoco desparecerán si se inhiben. No habrá alternancia ni equidad de género en las listas presentadas, ni elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Nada. 

Todo será como antes, como siempre. Los partidos deberán seleccionar a sus candidatos al Congreso con sus reglas internas. Que lleven invitados dependerá única y exclusivamente de su voluntad, así como que cierren sus cupos solo para sus militantes será de su absoluta responsabilidad. 

Lo que aún no se aclara en esta línea de tiempo contrafáctica —o paralela— es si los disueltos congresistas pueden volver a presentarse. El JNE ha dicho que lo hará cuando se presente un caso concreto en alguna de las circunscripciones regionales y sentará posición firme, recién en segunda instancia.

Queda aún un nudo gordiano para quienes pretendan ser candidatos a la presidencia (el 2021) y quieran ahora postular como congresistas en las elecciones parlamentarias complementarias (2020). El impedimento es el Art. 95 de la Constitución: "El mandato legislativo es irrenunciable". 

Si los principales líderes de los partidos quieren ser candidatos presidenciales el 2021 y al mismo tiempo postular ahora al Congreso 2020 deberán tener claro que, una vez elegidos, deben reformar la Constitución y aprobar en dos legislaturas ordinarias sucesivas —con 87 votos— la renuncia voluntaria del cargo de congresista o la exoneración de este requisito para candidatear a la Presidencia de la República. No hay otra.

Así las cosas, ¿valió la pena llegar hasta donde hemos llegado para tener unas elecciones contrafácticas sin alguna reforma política aprobada? ¿Habrá oportunidad de tener una mejor representación nacional? Son preguntas que se complementan, pero que requieren respuestas por separado.

La primera pregunta refleja hasta donde llegó la improvisación política. Los objetivos iniciales fueron la mejora de la calidad de la representación, el fortalecimiento de las instituciones, una mayor democracia interna en los partidos, si cabe el término. Pero el resultado fáctico ha sido más de lo mismo. Serán las cúpulas partidarias de toda la vida las que manejen la situación. 

Lo que nos lleva a responder la segunda interrogante. La lucha de poderes liquidó la hegemonía de una agrupación política en el Congreso. Está por verse si la nueva representación —mucho más fraccionada seguramente que la que acaba de terminar— será más colaborativa con el Ejecutivo. Esperemos que sí. Aunque sería mejor si el Ejecutivo fuese un mejor actor político para trabajar y lograr consensos, aún en escenarios difíciles.

La responsabilidad, entonces, de modificar esta realidad recaerá en las dirigencias partidarias. ¿Se requiere llevar a estas elecciones, jóvenes, rostros nuevos, que refresquen la política? ¿O se requiere más experimentados que defiendan lo logrado por el sistema vigente? Siempre será mejor renovar ideas que renovar edades. Equilibrar juventud y experiencia, antes que inclinar demasiado la balanza hacia uno u otro lado.

El periodo 2020, como señalamos en el post anterior, será clave para allanar el camino del Perú del Bicentenario. Un recambio generacional siempre es importante, pero mejor combinado que radical. Después de todo, estamos inaugurando un camino paralelo en este Congreso de quince meses que muy pocos se atreven a decir hacia dónde se orientará y cómo será: ¿una mini Asamblea Constituyente?, ¿una Cámara de Diputados?, ¿una de Senadores?, ¿un pequeño Congreso Bicameral Constituyente? Cosas de lo fáctico y sus bifurcaciones contrafácticas. 

Fin del juego

Hay un tiempo para dialogar y un tiempo para actuar. Estamos al borde de concluir el primero y los peruanos no tenemos certeza de cómo será el segundo. Es una situación sui generis en la que los poderes del Estado no han sido capaces de encontrar una vía de entendimiento, ni siquiera de acercamiento. 

El diálogo ha estado ausente, aunque no así la palabra. El presidente Vizcarra ha repetido en diversos escenarios —en provincias y foros sectoriales— su mismo planteamiento; la necesidad de terminar la crisis política vía una respuesta política: el adelanto de elecciones. 

El Congreso, en cambio, ha movido más piezas en el tablero. Ha sensibilizado el sector externo con la visita del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, al secretario general de la OEA y la consulta a la Comisión de Venecia. 

La batalla final en el área legal, sin embargo, el Congreso la prepara en el Tribunal Constitucional, recomponiéndolo.

Ambas estrategias, opuestas y en rumbo de colisión, se encontrarán en una semana, a fines de setiembre, cuando se cumpla el plazo final que el ejecutivo le dio al legislativo para resolver el adelanto de elecciones y el recorte del mandato.  

¿Qué puede pasar? Nadie lo sabe. Las alternativas van desde la cuestión de confianza y cierre del Congreso hasta la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta del 93 y dejar al actual Parlamento en estado catatónico. 

Cualquiera que fuera la salida, dividirá al país. No hay forma que alcancemos el consenso con fórmulas no dialogadas, sin debate, ni voluntad política. El juego oculto, las cartas bajo la mesa, el golpe, son mecanismos de maña y fuerza, no de juego limpio.

El antagonismo es consustancial a la política en la definición Schmittiana del término (amigo - enemigo), pero eso no puede ocultar que también es inherente al ser humano el esfuerzo racional que implica el diálogo y la búsqueda del consenso. 

Llevar la política al reino de lo irracional es ingresar al mundo de la antipolítica. Conducir al país por el camino de la crispación en lugar del entendimiento, la intolerancia en lugar de la tolerancia, la confrontación permanente en lugar del consenso o del término medio, es llevarlo directamente al despeñadero. 

Se viene el rayo. Ojalá la población distinga bien quiénes son los responsables de haber armado esta tormenta. 

Armisticio político… en las urnas

No ha mejorado el clima entre el ejecutivo y legislativo tras la instalación del Congreso de la República y la elección de las comisiones ordinarias. Todo lo contrario, el jefe de Estado sufrió la baja de tres congresistas de su bancada —Aráoz, Bruce, Choquehuanca— su primera vicepresidenta y dos ex ministros, nada menos. Fuerza Popular, en cambio reelegió a Rosa Bartra en Constitución y a Tamar Arimborgo en Educación, no precisamente sus cartas más diplomáticas.

El ejecutivo llegó así a su punto más bajo de orfandad en la Plaza Bolívar. Pero, quizás, por lo mismo, sus propuestas han sido respaldadas de manera contundente en la calle. 72% se muestra a favor del adelanto de elecciones, según Ipsos Apoyo. Y 69% rechaza la vacancia presidencial, una bandera levantada por el congesista Mauricio Mulder y las bases del Apra.

No hay forma de vacar al presidente con una popularidad tan alta, a no ser por una de las causales establecidas en la Constitución. Y tampoco el ejecutivo puede cerrar el Congreso solo porque este no asuma con celeridad su propuesta de adelanto de elecciones.

Con un juego político posicionado en tablas, el país sigue sumido entre la incertidumbre y la desconfianza. 

Por si esto no bastara, en el caso Tía María, asistimos a un sorprendente descenlace en el que el propio presidente de la República, a puerta cerrada, acuerda con gobernadores y alcaldes la suspensión de la licencia de construcción a la minera Southern. ¿Se trata de una postura frente a la minería en general o es un rechazo específico contra la empresa que puede dejar la puerta abierta al ingreso de capitales de otra nacionalidad? Eso no lo sabemos a ciencia cierta.

El temor es que estas idas y venidas, marchas y contramarchas, genere una ola de reclamos a lo largo de todo el corredor minero — ya tenemos el paro de Quellaveco en Moquegua y el incendio de una planta petrolera en Piura— que ponga en peligro la ejecución de nuevos proyectos. Existen en cartera al menos 58 mil millones de dólares en el sector minería que no puden echarse por la borda.

En este escenario, la salida de elecciones adelantadas parece ser la menos mala de todas las alternativas posibles. El periodo de indefiniciones, el diálogo de sordos que se ha instalado entre los principales poderes del Estado y la posibilidad de recuperar la confianza con un nuevo gobierno, sería, al menos, más corto. 

El capítulo final lo veremos en las próximas semanas cuando el Congreso decida si se toma todo el tiempo del mundo para debatir la propuesta de adelanto de elecciones o si acelera los plazos, elimina la semana de representación de agosto, y evita que se prolongue el desprestigio político.

Recortar el mandato de gobierno no es la mejor mejor recomendación para fortalecer la institucionalidad. Pero cuando los poderes no encuentran una salida conversada, negociada y, por el contrario, sus únicos argumentos son provocaciones y gabinetes de guerra, que podrían paralizar la economía —en un contexto internacional ya de por sí adverso— lo más sensato es evitar la agonía.

Los tambores de guerra deben dejar de sonar. Y dar paso al armisticio político, en las urnas.

Confianza y esencia

Entre trabajar y construir el consenso en torno a las reformas políticas o coincidir con la calle y patearle el trasero al legislativo, el ejecutivo prefirió lo segundo. Estamos a punto de una colisión de poderes. El ejecutivo pretende que el Congreso le apruebe, de manera express, cinco proyectos de reforma política empaquetados en un corsé de tiempo y forma que deja al primer poder del Estado casi como una mesa de partes.

El cierre o disolución del Congreso es inminente. La confianza solicitada por el ejecutivo no puede estar basada en un acto de fuerza. Ni en una atribución que no se tiene. El Art. 206 de la Constitución lo señala expresamente: “La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República”.

El presidente carece de la facultad de observar una ley de reforma o modificación constitucional. Si no tiene esta atribución, ¿cómo podría el ejecutivo argumentar que el Congreso ha variado la esencia de una norma de reforma constitucional y, por consiguiente, interpretar que no se le ha dado la confianza? 

Un poder no puede reclamar una función que la ley no le faculta. Sin esencia no hay confianza, That´s the question.

Además, ¿ha reparado el ejecutivo en la incongruencia insalvable que existe entre realizar elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias para toda la ciudadanía con la finalidad de elegir a los candidatos de las organizaciones políticas (Proyecto de Ley N.- 4187/2018-PE) y el proyecto que elimina el voto preferencial en las listas parlamentarias y establece la alternancia y equidad de género en la composición de dichas listas (Proyecto de Ley N.- 4186/2018-PE)?

Si las organizaciones presentan listas alternas y con equidad de género en las primarias, estas variarán apenas termine el escrutinio de esos resultados. Y si, por el contrario, lo que se pretende es que la lista final presentada a las elecciones generales y parlamentarias tenga el criterio de equidad de género y alternancia ¿para qué hacemos primarias si no vamos a respetar el orden dictado por el electorado?

Lo más sensato es realizar primarias y que se ordenen las listas según los votos obtenidos. Alterar este orden electoral meritocrático traerá más injusticias que remedio.

Una reforma política requiere tiempo, debate más allá de las organizaciones políticas y mucho trabajo para construir consensos. El Acuerdo Nacional puede convertirse en un foro de discusión en el que se expresen los diversos grupos políticos, económicos y sociales. Es la hora de las instituciones. El Tribunal Constitucional debe ser consultado.

Estamos a punto de tirar todo por la borda y entrar a una vorágine electoral interminable. Nuevo Congreso. Referéndum. Elecciones generales. Otra vez nuevo Congreso. Una cosa de locos. Dejemos que este Congreso termine sus funciones y que sea un nuevo Parlamento, el 2021, el que asuma, sin urgencias, ni presiones, la tarea de reestructurar, reformar, modernizar, nuestras reglas de juego y convivencia social. No juguemos con la democracia.