Después de El Cairo, Lima es
el desierto más poblado del mundo. 8,5 millones de habitantes. Es una de de las
cinco mayores ciudades de Sudamérica junto con Sao Paulo, Río de Janeiro,
Buenos Aires y Bogotá.
Le falta no solo agua, sino
también áreas verdes.
Por si fuera poco, un
proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso pone en riesgo la
conservación y mantenimiento de los parques zonales y metropolitanos de Lima, y
amenaza con impactar de manera negativa en la calidad del medio ambiente en la
ciudad.
Se calcula que Lima tiene
alrededor de 86 mil hectáreas de área urbana y 2 mil 700 hectáreas destinadas
para el desarrollo industrial. En este espacio, se mantienen 3 mil 207
hectáreas de áreas verdes públicas zonificadas. Unas 150 hectáreas comprenden a
15 parques zonales y metropolitanos multiusos ubicados en las zonas periféricas
de la capital.
Mantener estos parque
zonales y planificar la construcción de otros 8 más ubicados en los distritos
de Comas, Los Olivos, Ate, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Juan
de Lurigancho, Rímac, Carabayllo y Cercado de Lima, fue
posible debido a los ingresos que recibe directamente el Servicio de Parques de
Lima Metropolitana (SERPAR), de un impuesto a las construcciones inmobiliarias.
El 28 de julio último, sin
embargo, el Presidente Ollanta Humala presentó el Proyecto de Ley n° 03690, en el que establece medidas para recuperar el
crecimiento económico. Entre estas medidas se modifica la Ley n° 29090 (Ley de
Regulaciones de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones), y se dispone que
la obligación de las empresas inmobiliarias de otorgar aportes a SERPAR por habilitaciones urbanas se cumpla a valor arancelario urbano y/o rústico, y
no a valor comercial como se venía
realizando.
Esto atenta directamente
contra la sostenibilidad de la red de parques de Lima. El gobierno considera
que la eliminación de este sobrecosto dinamizará el mercado inmobiliario, lo
que no es cierto puesto que este sistema viene funcionando desde el año 2000.
En todo este tiempo el sector construcción ha sido uno de los que más creció.
Esta contribución económica
que pagan los constructores es una compensación por el fierro y cemento que
siembran en una ciudad necesitada de áreas verdes. El primer semestre de este
año, con la ley vigente, Serpar recibió 15 millones de nuevos soles. De haber
estado vigente la modificación planteada hubiera recibido apenas 1 millón de
soles. Así de contundente es el impacto económico y ecológico sobre la ciudad.
Lima no puede seguir
creciendo horizontalmente. Lo dicen todos los arquitectos, urbanistas y proyectistas.
Entre Lima y Callao existe un déficit de medio millón de viviendas. Si hay algo
que no se va a detener es la construcción de viviendas.
En los últimos siete años, los
créditos de Mi Vivienda se han triplicado. Si en el 2007, se dieron 3,173
créditos Mi Vivienda, el 2010 fueron 6,436; el 2012 llegaron a 10,133 y el 2013
subieron a 12,064. Es cierto que en lo que va del año ha habido un bajón (4,400
créditos de enero a junio), pero el problema no es el pequeño impuesto que se
paga para gestionar las áreas verdes de la ciudad. Ni la falta de incentivos
para construir.
Anna Zucchetti, la
presidenta de Serpar, tiene claro el asunto: La Organización Mundial de la
Salud recomienda 9 m2 de parques por habitante. En Lima, la mitad de los 43
distritos que la conforman, tienen 3,7 m2 de área verde por habitante.
Distritos como San Borja, Surco o Miraflores cumplen con este promedio mundial,
pero lugares como Collique en Comas apenas si llegan a 62 cm2 de área verde por
habitante.
Los parques zonales están en
las áreas periféricas de la ciudad, donde viven los ciudadanos con menores
recursos. Lima ha crecido de manera desordenada y caótica en todo sentido. Pero
eso no significa que el Ejecutivo castigue a quienes no tienen otro lugar de
esparcimiento para sus hijos que los parques zonales y metropolitanos. El
Congreso puede parar este atentado ecológico contra la ciudad. Salvemos los
parques zonales.
