Las Bambas: ¿Qué sombrero tiene el Estado?

Hay que tener el sombrero bien puesto. Quedó claro que el tema de Las Bambas no es un asunto de privados. El Estado tiene un rol fundamental: cumplir y hacer cumplir la ley, proteger la inversión privada, asegurar el libre tránsito, brindar seguridad, pero, fundamentalmente, defender a los ciudadanos.

No hay Estado sin ciudadanía. El Estado garantiza las reglas de una convivencia pacífica. Cuando esta no es posible, existen los tribunales. Allí se dirimen las diferencias entre privados; en uno de los poderes del Estado. 

El problema es cuando el Estado se quita el gorro de garante y se pone del lado de una de las partes, generalmente de los poderosos. Así ha ocurrido con las comunidades campesinas o rurales desde siempre. 

En Las Bambas se trató, desde el principio, de hacer las cosas de manera diferente. A los campesinos de Fuerabamba se les pagó por las tierras que ocupaban, se les construyó un pueblo completo en Nueva Fuerabamba, y se les permutó tierras agrícolas y de pasturas en Villa Villa. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué llegamos al punto de estallar un nuevo conflicto social?

La respuesta tiene varias aristas. Es verdad que el Ministerio de Transportes no expropió los terrenos ni le pagó el justiprecio a la comunidad por sus tierras donde ahora pasan centenares de camiones diarios. Pero también es cierto que los comuneros se han negado a que el Ministerio de Transporte tase esas tierras. Lo que ellos quieren ahora es que la empresa les pague un peaje por derecho de uso de la vía. Y probablemente, sientan que fueron engañados y quieren replantear los acuerdos firmados con la minera.

En el entramado de pasiones humanas que explican las posiciones extremas que vemos hoy están desconfianza, el engaño y también algo de codicia. ¿Fueron las comunidades engañadas por la empresa en el momento en que tasaron sus tierras? ¿Negociaron en igualdad de condiciones? ¿Cumplió el Estado con organizar, consensuar y ejecutar planes de desarrollo para las comunidades impactadas por la minería? 

Por lo que hasta ahora vamos conociendo, parece que no. ¿Cómo asegurar entonces que las comunidades -cualquiera que esta sea- que se encuentren dentro de una zona con recursos naturales explotables, conviva y procese sus expectativas dentro de un clima de paz?

Lo ideal sería convertirlas en socias de las empresas. Pero si eso no se puede, al menos el Estado debe asegurarles un adecuado asesoramiento legal para acompañarlas y ayudarlas a decidir en el momento que la empresa realice su oferta. 

Además de los sectores Energía, Ambiente y Transporte, la Defensoría del Pueblo, que tiene oficinas regionales descentralizadas, podría ser el ente que brinde este tipo de asesoría legal especializada a las comunidades que lo requieran. 

Un segundo paso sería no solo tener planes de desarrollo para las zonas de influencia, sino comités de desarrollo local, que administren los fondos que adelanta la empresa minera, con participación de las propias comunidades, debidamente asesoradas, por supuesto.

Si el Estado no cautela el interés de las comunidades, estas buscarán algún tipo de asesoría legal o económica y podrían encontrar a profesionales inescrupulosos que lucran con la ignorancia de la gente, como estamos viendo. Al Estado habría que recordarle en este caso que: al que le sirva el sombrero, que se lo ponga.

Represas Altoandinas y COP20

Esta experiencia debe contarse, tal como la narra su protagonista, Teodoro Rojas, alcalde de Tupichocha y presidente de la Mancomunidad de la Cuenca de Lurín, quien la acaba de presentar en la COP 20. Es la historia de un pueblo que se viene adaptando al cambio climático construyendo reservorios de agua de lluvia en las alturas de Lurín. Ya son diez los reservorios construidos que, en conjunto, suman 1 millón de metros cúbicos de agua.

“Aquí en las alturas vivimos. Siempre hemos vivido aquí. No nos queremos ir a otro lugar. Esta es nuestra tierra. Es duro vivir aquí. Si llueve, sembramos. Si sembramos, comemos. Todos los años esperamos las lluvias. Antes, mis abuelos me contaban que llovía diario, tres meses al año.  Pero, ahora, algo está pasando. Todo el año es seco, seco. Este año llovió apenas 15 días en marzo. Es el impacto del cambio climático en nuestras montañas.

Un día se va a secar la lluvia, pensaba; pienso. Algo tenemos qué hacer. Todos los años subimos a las partes altas a limpiar los canales. Es una fiesta. Contentos vamos a trabajar en Las Amunas. Todos trabajamos. Pero, no basta. Hay que pensar en otras formas para tener más agua. El agua de lluvia es limpia, clara, fresca.  Aunque llueva pocos días, llueve bastante. La mayor parte se pierde en el mar. No la podemos retener.

Hace unos años, con mis hermanos comuneros, nos pusimos a trabajar. Yo pensaba que el agua que discurre por las laderas se podía retener. Los ingenieros pensaban que no. Yo no entiendo de Ingeniería. Pero sí conozco las montañas.

Algunas son de roca, fuertes. Impermeables. Otras son arcillosas, porosas. Diferentes son las montañas. Cada una necesita su tratamiento.

Para las montañas duras, construimos diques para contener el agua. A veces teníamos éxito, a veces no. Hasta que dominamos la montaña. Así construimos nuestro primer reservorio de agua de lluvia.

Otra vez, observamos un terreno que tenía un vaso natural donde las aguas convergían. Cavamos profundo y juntamos el agua que cae del cielo. Así construimos nuestro segundo reservorio.

Cuando la tierra es suave, usamos material impermeable. Caminamos horas y horas por los cerros subiendo nuestro material. No nos cansamos. Pensamos en el agua que vamos a almacenar. Así construimos el tercero, cuarto quinto, sexto y los demás reservorios.

Hoy tenemos en total, 10 reservorios de agua de lluvia que almacenan 1 millón de metros cúbicos de agua en nuestro distrito. Tenemos agua no solo para sembrar y comer, sino para producir más y vender. Y queremos seguir construyendo reservorios.

Estamos también cambiando nuestra costumbre de regar por inundación. No podemos seguir usando el agua de esa manera. Si tanto nos ha costado retenerla, no podemos malgastarla. Por eso, poco a poco, estamos cambiando a riego por goteo. Le damos a la planta lo que la planta necesita. No es fácil cambiar nuestras costumbres, pero vamos viendo y vamos probando.

Hemos aprendido que el problema no es la tierra. El problema es el agua. Debemos sembrar bosques y recuperar pastos en nuestras montañas para captar agua en el subsuelo. Y generar una esponja hídrica que recargue el acuífero de la cuenca.

Si no sembramos bosques o ichu, en las laderas, las lluvias pelan las montañas, dejándolas sin vida. Reservorios, riego tecnificado, bosques y pastos son parte de un conjunto, no solo para preservar recursos naturales y medio ambiente, sino para preservar la vida en las cuencas andinas.

Así nos adaptamos al cambio climático. Si miramos bien las montañas y comprendemos la lluvia, veremos que es posible hacerlo.

Hemos aprendido que el ciclo del agua nace en el cielo como en la tierra. Y que debemos juntar las manos para retenerla. El agua es un espejo del cielo. Debemos mirar, comprender y hacer”.

Salvemos los Parques Zonales

Después de El Cairo, Lima es el desierto más poblado del mundo. 8,5 millones de habitantes. Es una de de las cinco mayores ciudades de Sudamérica junto con Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires y Bogotá.

Le falta no solo agua, sino también áreas verdes.

Por si fuera poco, un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso pone en riesgo la conservación y mantenimiento de los parques zonales y metropolitanos de Lima, y amenaza con impactar de manera negativa en la calidad del medio ambiente en la ciudad.

Se calcula que Lima tiene alrededor de 86 mil hectáreas de área urbana y 2 mil 700 hectáreas destinadas para el desarrollo industrial. En este espacio, se mantienen 3 mil 207 hectáreas de áreas verdes públicas zonificadas. Unas 150 hectáreas comprenden a 15 parques zonales y metropolitanos multiusos ubicados en las zonas periféricas de la capital.

Mantener estos parque zonales y planificar la construcción de otros 8 más ubicados en los distritos de Comas, Los Olivos, Ate, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Rímac, Carabayllo y Cercado de Lima, fue posible debido a los ingresos que recibe directamente el Servicio de Parques de Lima Metropolitana (SERPAR), de un impuesto a las construcciones inmobiliarias.

El 28 de julio último, sin embargo, el Presidente Ollanta Humala presentó el Proyecto de Ley n° 03690, en el que establece medidas para recuperar el crecimiento económico. Entre estas medidas se modifica la Ley n° 29090 (Ley de Regulaciones de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones), y se dispone que la obligación de las empresas inmobiliarias de otorgar aportes a SERPAR por habilitaciones urbanas se cumpla a valor arancelario urbano y/o rústico, y no a valor comercial como se venía realizando.

Esto atenta directamente contra la sostenibilidad de la red de parques de Lima. El gobierno considera que la eliminación de este sobrecosto dinamizará el mercado inmobiliario, lo que no es cierto puesto que este sistema viene funcionando desde el año 2000. En todo este tiempo el sector construcción ha sido uno de los que más creció.

Esta contribución económica que pagan los constructores es una compensación por el fierro y cemento que siembran en una ciudad necesitada de áreas verdes. El primer semestre de este año, con la ley vigente, Serpar recibió 15 millones de nuevos soles. De haber estado vigente la modificación planteada hubiera recibido apenas 1 millón de soles. Así de contundente es el impacto económico y ecológico sobre la ciudad.

Lima no puede seguir creciendo horizontalmente. Lo dicen todos los arquitectos, urbanistas y proyectistas. Entre Lima y Callao existe un déficit de medio millón de viviendas. Si hay algo que no se va a detener es la construcción de viviendas.

En los últimos siete años, los créditos de Mi Vivienda se han triplicado. Si en el 2007, se dieron 3,173 créditos Mi Vivienda, el 2010 fueron 6,436; el 2012 llegaron a 10,133 y el 2013 subieron a 12,064. Es cierto que en lo que va del año ha habido un bajón (4,400 créditos de enero a junio), pero el problema no es el pequeño impuesto que se paga para gestionar las áreas verdes de la ciudad. Ni la falta de incentivos para construir.

Anna Zucchetti, la presidenta de Serpar, tiene claro el asunto: La Organización Mundial de la Salud recomienda 9 m2 de parques por habitante. En Lima, la mitad de los 43 distritos que la conforman, tienen 3,7 m2 de área verde por habitante. Distritos como San Borja, Surco o Miraflores cumplen con este promedio mundial, pero lugares como Collique en Comas apenas si llegan a 62 cm2 de área verde por habitante.

Los parques zonales están en las áreas periféricas de la ciudad, donde viven los ciudadanos con menores recursos. Lima ha crecido de manera desordenada y caótica en todo sentido. Pero eso no significa que el Ejecutivo castigue a quienes no tienen otro lugar de esparcimiento para sus hijos que los parques zonales y metropolitanos. El Congreso puede parar este atentado ecológico contra la ciudad. Salvemos los parques zonales.

Conflictos sociales: alto a la barbarie

En el Perú las cifras del crecimiento económico y las de violencia en los conflictos sociales crecen a la par. Es un fenómeno social que debe merecer la atención de nuestros gobernantes y clase política, pues pone en evidencia la tensión creciente entre las fuerzas del mercado, el Estado y la sociedad. A más crecimiento, más reclamo violento. Más represión. Más muerte.

Según una reciente investigación realizada por la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo “entre enero del 2006 y septiembre del 2011, se registró un total de 540 conflictos sociales, en 109 casos hubo afectaciones a la vida y a la integridad física de las personas. En el mismo período, el número total de personas fallecidas ascendió a 195, en tanto que el número de personas heridas fue 2 312, entre civiles y policías”. Este gobierno ya lleva 6 muertos en menos de un año.

En la mayoría de los casos, asegura el informe, el origen de los conflictos fue reclamos socioambientales.

Si bien el uso de la fuerza legal es patrimonio del Estado y debe imponerse ante el desborde de las masas que confunden defensa de sus derechos con uso radical de la violencia; ésta debiera ser la última opción y no la primera.

Lo que viene sucediendo es que nos estamos acostumbrando a reprimir con violencia cualquier protesta social, sin que nos alarme la muerte de ciudadanos a manos de las fuerzas del orden.

Recordemos los discursos del ex presidente Alan García cuando demandaba a la policía usar sus armas de fuego para apaciguar las protestas. La policía -pensaba el ex mandatario-, estaba desprotegida legalmente ante una turba porque si disparaba contra ella y se producía una muerte era pasible de un juicio por homicidio culposo. En consecuencia, había que proteger a la policía y dotarla de instrumentos legales para que usara su arma de reglamento en situaciones de conflictividad social. En otras palabras, matar con impunidad.

Algo tiene que fallar en la sociedad cuando llegamos a conclusiones como esa. ¿Por qué en lugar de pensar en mejorar la capacidad de articular y armonizar los diversos intereses en conflicto, llegamos a la conclusión que la solución pasa por reprimir con violencia el conflicto, sin importar el costo en vidas que esto pueda significar?

El alto nivel de violencia no puede ser explicado sólo como herencia del terrorismo. Estan fallando los diversos niveles de gobierno que no pueden anticipar y resolver el conflicto en su estado inicial. Falla la autoridad local, regional, nacional que son superados por las fuerzas en pugna. Fallan los partidos políticos que no representan las aspiraciones de los sectores sociales. Falla la empresa cuando privilegia la renta económica y se olvida de la renta social. Y fallan los grupos de presión sindicales y gremiales cuando confunden defensa de derechos con protesta violenta.

Esta incapacidad para encontrar una solución dialogada es lo que más preocupa del informe de la Defensoría del Pueblo. Ni el crecimiento económico, ni las casi dos décadas de gobiernos democráticos que tenemos han logrado que encontremos formas civilizadas de procesar nuestras diferencias.

Si sumamos a ello un gobierno acorralado por un aumento de las protestas sociales, una policía no preparada ni equipada para hacer frente a este fenómeno y una crisis de representación en las instituciones encargadas a intermediar entre la sociedad, el mercado y el Estado, el futuro se presenta aterrador. Es momento de repensar el tema de los conflictos sociales y su solución no violenta. Los muertos en los conflictos sociales, nos señalan con claridad qué camino no seguir.

Un nueva mirada a la gestión del Agua

Ahora que La Marcha del Agua llegó a Lima y terminó con dos propuestas legislativas –prohibir la minería en las cabeceras de cuenca, prohibir la modalidad extractiva de tajo abierto y prohibir el uso de cianuro– es recomendable echar un vistazo a una propuesta diferente ubicada en la zona alta de la Cuenca de Lurín.

Con esfuerzo, inteligencia y trabajo comunal, los pobladores de San Andrés de Tupicocha han logrado construir en las alturas de Lurín, a más de 3 mil msnm, ocho reservorios que, en conjunto, almacenan 1 millón de metros cúbicos de agua… Para que tengan una idea de lo que esto significa, las cuatro lagunas del Proyecto Conga en Cajamarca representan en total 1 millón 400 mil metros cúbicos de agua.


SAN ANDRÉS DE TUPICOCHA
San Andrés de Tupicocha es un distrito rural ubicado sobre los 3,500 msnm, en la parte alta de la Cuenca de Lurín, a tres horas de Lima, capital del Perú. Es uno de los 10 distritos que forman esta cuenca.

Tupicocha fue fundado el 31 de diciembre de 1943, pero los primeros asentamientos humanos datan de tiempos prehispánicos. Actualmente, su población, cercana a los 2,500 habitantes, es principalmente agrícola y ganadera.

El principal problema de esta zona altoandina es la escasez de agua. Aquí llueve tres meses al año, entre enero y marzo, y no hay río que abastezca a las diez comunidades, parcialidades o “ayllus” ubicados en diversos pisos altitudinales. El resto del año es seco.

Desde hace unos años, con una visión de desarrollo orientada a mejorar la capacidad productiva de su población, la Municipalidad Distrital de San Andrés de Tupicocha, viene impulsando un programa de manejo racional del agua con fines productivo-económicos y ecológicos.

En Tupicocha convive lo ancestral y lo contemporáneo; herederos de una cultura milenaria, sus pobladores mantienen vivos los ritos prehispánicos, costumbres y modos de organización cultural, al tiempo que realizan grandes esfuerzos por introducir técnicas modernas de producción y mercadeo.

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL AGUA
Un ejemplo de ello es el Plan Integral de Gestión del Recurso Hídrico que consiste en mejorar las capacidades de la población para almacenar el agua, “sembrándola” en las partes altas mediante surcos o acuíferos ancestrales, represándola mediante la construcción de reservorios y mejorando el sistema de riego para uso racional y eficiente del recurso hídrico.

El Plan Integral de Gestión del Recurso Hídrico tiene cuatro componentes:

1. Las Amunas
Es una tecnología ancestral prehispánica basada en el trabajo comunitario que realizan anualmente grupo de familias y que consiste en infiltrar o “sembrar” agua de lluvia en el subsuelo, alimentando de esta manera la napa freática.

2. Construcción de Represas
Aprovechando las condiciones geomorfológicas del terreno se busca depresiones o “vasos” naturales para construir en ellos reservorios o represas de mediana y gran capacidad. Dependiendo de la calidad del suelo, en algunas de estas construcciones, se utiliza también geo-membranas para impermeabilizar el terreno.

3. Riego Tecnificado
Que consiste en capacitar a los agricultores de la zona para introducir las técnicas de riego por goteo y por aspersión, dependiendo de los cultivos, principalmente para los productos de panllevar, bajo la lógica de quien controla el agua, controla el mercado.

4. Forestación de Terrenos eriazos
El propósito es asegurar el buen uso de los suelos, implementando plantaciones forestales nativas, adecuadas a las condiciones climáticas y topográficas del lugar, con la finalidad de favorecer el ensanchamiento del acuífero y la esponja hídrica.

UN MILLÓN DE M3 DE AGUA ALMACENADA
A la fecha en Tupicocha se han construido 8 reservorios de agua, que en conjunto suman alrededor de 1 millón de metros cúbicos de agua almacenada, lo que les permite irrigar 300 hectáreas nuevas de tierra y tener hasta dos campañas agrícolas anuales. Las represesas construidas son las siguientes:

Represas - Capacidad/ M3
Ururi: 500,000
Cantajueyqui: 170,000
Yanisiri I: 50,000
Yanisiri II: 43,000
Hueccho: 30,000
Pato Negro: 18,000
Huanchicara: 10,000
Cancasica: 50,000

Todos estos reservorios sirven para acumular las aguas de lluvia y escorrentías no permanentes, con fines económico-productivos y ecológicos.

Almacenar el agua de esta manera para usarla en los períodos de escasez, permite no sólo regar pequeñas parcelas familiares, sino, ganar nuevos terrenos cultivables y rentabilizar el campo con mejores productos para el mercado. Es pasar del autoconsumo al agro moderno y sostenible.

CONTROLAR EL AGUA ES CONTROLAR EL MERCADO
Los beneficios de manejar de manera integral el recurso hídrico son múltiples. Por un lado, se utiliza eficientemente el agua; y por el otro, se logra mejores cosechas, mejores productos y, por lo tanto, mejores ingresos para las familias.

La población puede planificar cuándo y qué sembrar para posicionar mejor su producto. De esta manera, los cultivos se programan para cosecharse en épocas de escasez con la finalidad de obtener mejores precios en el mercado.

Actualmente, los productos que tienen mejores ventajas competitivas en la zona son: la manzana, el membrillo, la papa, las yerbas aromáticas, la alfalfa y la arveja. Así como también la crianza de animales de pastoreo y animales menores.

Tener un sistema regulado del agua permite a los agricultores dosificar y planificar su uso en el momento oportuno. Manejar el agua permite controlar la salida del producto al mercado.

Con el asesoramiento técnico del proyecto “Desarrollo Territorial y Generación de Empleo en la Cuenca de Lurín” del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia (CGDD), se viene capacitando a las comunidades de la Cuenca para formar cadenas productivas que les permita atender de manera ordenada y sostenida la demanda del mercado.

RESPUESTA A LA NATURALEZA Y AL CAMBIO CLIMÁTICO
La Municipalidad de Tupicocha ha logrado articular una visión integral del manejo del agua y del desarrollo territorial de la cuenca.

Esta política de manejo integral del agua es también una buena respuesta al cambio climático, en un contexto en el que, cada vez, el agua es más escasa, sobre todo por la desglaciación de nuestras cordilleras y la alteración del clima y del periodo de lluvias.

La población, predominantemente campesina, diseminada en pequeñas comunidades, ubicadas en diferentes pisos altitudinales, dentro de una economía y asentamiento vertical, se ha adaptado y ha vencido la difícil orografía andina.

Hoy Tupicocha busca el mejoramiento económico familiar a través de experiencias exitosas en el campo y en la transformación de sus productos.

El agua se convierte así en el inicio de un ciclo mayor que impacta directamente sobre la calidad de vida de la población.

El Perú es -lo sabemos-, uno de los tres países más vulnerables al desequilibrio medioambiental y al cambio climático, lo que nos sugiere cambiar rápidamente la forma en que vemos, manejamos y usamos el agua.

En medio del impacto climático y la afectación de los patrones de lluvia, urge un manejo integral del recurso hídrico.

No basta la queja y el reclamo. Es hora de replicar las buenas experiencias que existen en el país en el manejo integral del agua. Aquicito nomás, a tres horas de Lima, tenemos una que puede dar pie a lo que sería un Programa Nacional de Construcción de Reservorios en las Cabeceras de Cuenca… ¿Qué esperamos para dar el siguiente paso?

Indepa debe recuperar su autonomía

Políticamente el gobierno buscará ganar en la mesa lo que ha perdido en la cancha. Está claro que el Ejecutivo no promulgará la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073 aprobada por el Congreso. Por el contrario, buscará llevar a los representantes de las comunidades indígenas a la mesa de negociaciones, discutir los alcances y beneficios de las leyes derogadas y mantener su posición de modernizar las relaciones de comercio de la tierra en la selva, sea mediante la observación parcial de la norma aprobada en el Congreso o presentando una nueva iniciativa legal.

Es lo que se puede leer entrelínea de las declaraciones del premier Del Castillo, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, y el legislador aprista Aurelio Pastor. Las poblaciones indígenas no pueden, pues, darse por ganadoras. Apenas si hemos visto la primera parte de un juego más largo y más complejo que la aplastante, diversa y a la vez frágil mayoría opositora armada en el Congreso.

Quizás sea oportuno el momento para que las comunidades indígenas recuperen la autonomía, económica, política, administrativa y financiera que tuvieron desde que en abril del 2005 se creó el INDEPA como un organismo público de rango ministerial, rector de políticas nacionales, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y con jurisdicción en el ámbito nacional.

El INDEPA fue concebido como un espacio de concertación entre los representantes de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos y el Estado. Sin embargo, con este gobierno, dentro de lo que se llamó la reestructuración del Estado que no fue más que la fusión desesperada de organismos públicos, el INDEPA fue subsumido y olvidado en un rincón por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).

Así pasó de ser un ente de diálogo entre las comunidades indígenas amazónicas, andinas y afroperuanas, promotor de políticas nacionales, a un ente ejecutor de políticas sectoriales partidarias. En febrero del 2007, el INDEPA pasó a depender del MIMDES y en junio de este año el Ejecutivo nombró como su presidente ejecutivo a Mayta Cápac Alatrista Herrera, regidor aprista del Concejo Municipal de Lima Metropolitana.

La tarea para el INDEPA debiera ser, entonces, recuperar su autonomía institucional para desde allí cumplir con el objetivo fundacional de formular y aprobar la política, programas y proyectos de alcance nacional para el desarrollo integral de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, así como concertar, articular y coordinar las acciones de apoyo, fomento, consulta popular, capacitación, asistencia técnica, y otros, de las entidades públicas y privadas, a favor de sus comunidades.

Sentarse a conversar con el Ejecutivo en otras condiciones podría significar que la victoria de ayer cambie de signo; más aún cuando lo que se ha derrotado es la política del Perro del Hortelano que el presidente García planteó como punto de partida para el desarrollo de la selva.

comunidades nativas
INDEPA
pueblos amazónicos

Alimentos escasos, precios altos y pobreza

Desde Haití llegan reportes de revueltas populares de masas desesperadas que asaltan mercados en busca de alimentos. En Perú, aprovechando la madrugada, el gobierno reparte bolsas de comida casa por casa en barrios pobres de Lima. En Chile el gobierno entregará 46 dólares a familias por debajo de la línea de pobreza.

No son fenómenos aislados. Los alimentos empiezan a escasear en el mundo y todo indica que el conflicto entre pobreza y alimentación estará en primer orden de importancia en los próximos años.

Según el director de la FAO, Jacques Diouf, la reserva de cereales almacenados en el mundo sólo alcanza para alimentar a la población entre 8 y 12 semanas. Se calcula que en total hay 405 millones de toneladas almacenadas en el mundo de arroz, trigo, cebada y soya, los cereales que han alimentado a la humanidad desde su aparición en la Tierra.

Estas bocas hambrientas están causando desórdenes sociales en diferentes puntos del planeta. Sólo en los últimos 45 días el arroz subió 90% y pasó de 400 dólares a 760 dólares la tonelada. Las acciones de violencia alrededor de la subida de precios de la canasta básica llegan de lugares tan disímiles como Pakistán, México, Egipto o Haití.

Entre las razones para este desequilibrio mundial en la alimentación se menciona al acelerado proceso de reconversión de la matriz energética de los Estados Unidos hacia los biocombustibles. En apenas tres años, la casi totalidad de producción de maíz en ese país se destina a la producción de etanol.

El otro factor que explica este desorden en la producción, mercado y precios de los alimentos es la creciente demanda de poblaciones como la India y China. El crecimiento económico de estas regiones no es sólo por materias primas para la producción como carbón, hierro o cobre, sino también por alimentos, principalmente granos secos.

También se menciona el problema climático que afecta los cultivos, el aumento del precio de los fertilizantes y hasta el cambio de hábito de consumo en la dieta alimenticia de los asiáticos.

Frente a este panorama el Banco Mundial lanzó una alerta sobre una inminente crisis alimentaria lo que impactaría directamente sobre los índices de pobreza de los países emergentes.

La perspectiva es que los precios de los alimentos se mantengan altos por lo menos en los próximos 15 años lo que significaría “una reversión de tres puntos porcentuales en la pobreza en los países de bajos ingresos”.

El mundo necesita energía para seguir viviendo. Y el petróleo es un bien finito cuyas despensas se agotan cada día. La alternativa de reemplazarlo por sustancias orgánicas como el maíz impacta sobre las poblaciones menos protegidas.

El desorden climático causado por el hombre que busca ahora paliarse trocando petróleo por maíz cobra una dimensión dantesca. El precio de “limpiar” el planeta es alto; el hambre de una buena parte de la humanidad.

Precio de alimentos
maíz, trigo, cebada
cereales Perú

Candamo: Medio Ambiente o Desarrollo

El recorte del Parque Nacional Bahuana Sonene para establecer un nuevo lote de explotación de hidrocarburos ha generado alarma en los medioambientalistas del mundo. A simple vista la noticia es impactante: un cuarto del territorio perteneciente a Candamo se entregará a privados para explotar un yacimiento gasífero. Los daños que se temen serían irreparables. La zona encierra ecosistemeas únicos en el mundo que se perderían por acción del hombre y su insaciable búsqueda de energía y comercio.

El asunto plantea una cuestión más de fondo. ¿Es el desarrollo compatible con la protección del medioambiente? ¿o ambas son palabras antípodas, irreconciliables?

Los beneficios de obtener el gas de Candamo son indudables. La necesidad que tenemos los peruanos de usufructuar ese recurso también.

Pero, ¿servirán las ganacias del gas de Candamo para desarrollar Madre de Dios, Puno, el sur peruano, o se está pensando en entregar el recurso a transnacionales que lo comprimirán en la planta reenvasadora de gas de Pisco para finalmente llevarlo a mercados del exterior?

La dicotomía de protección del medio ambiente o desarrollo es algo que los legisladores deberán resolver en las próximas semanas cuando resuelvan el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.

El gas es el recurso energético del siglo XXI como lo fue el carbón en el Siglo XIX y el petróleo en el siglo XX. A diferencia de sus predecesores es limpio; es decir, no contamina el medio ambiente.

El gas de Camisea tiene reservas probadas de 13 trillones de pies cúbicos (TCF en inglés); Brasil 8 TCF, Argentina 25TCF, Bolivia 52 TCF y Venezuela 146TCF.

Todos los yacimientos ubicados en Sudamérica (con excepción de Argentina) están ubicados en lo que se conoce como la Franja Subandina, porción de tierra entre la base oriental de la Cordillera de los Andes y la selva. Allí están Mipaya, Pagoreni, Camisea, Candamo, Aguaytía y otros.

En 1990 la Mobil descubrió en la Reserva de Candamo reservas de gas por unos 3 TCF, cantidad similar a la de Pagoreni. Diez años después, el año 2000, el gobierno creó El Parque Nacional Bahuaja Sonene, declarado uno de los siete santuarios naturales más emblemáticos del planeta, el 2002, por la National Geographic Society.

Bahuaja Sonene tiene una extensión de 1 millón 92 mil 142 hectáreas. El proyecto enviado por El Ejecutivo propone recortar 209 mil hectáreas, una cuarta parte de lo que corresponde a Candamo.

Según el Instituto Nacional de Reservas Nacionales (INRENA), cuyo director ya fue removido por oponerse al recorte, esta zona protegida “tiene ecosistemas únicos en el mundo: praderas inundables tropicales (las Pampas del Heath), donde viven el lobo del crin y el ciervo de los pantanos; bosques nublados por debajo de los 1,000 metros de altitud (los cerros del Távara) y el valle escondido del río Candamo”.

Una maravilla planetaria por fuera que esconde una riqueza también planetaria por dentro. En El Hablador –considerada en términos literarios una de las novelas menores de Mario Vargas Llosa, pero valiosa en términos antropológicos- se plantea esta paradoja que encierra conservación pura de la naturaleza y derecho al desarrollo.

Hace poco vimos una fotografía de no contactados en otro punto de la selva peruana, similar a la de los machiguengas vargallosianos. ¿Es legítimo que estas poblaciones mantengan sus condiciones de vida pre-civilizadas? ¿hasta cuándo? ¿no están privando a sus hijos de los beneficios de la vida en civilización? Desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no es válido acaso incorporarlos al mundo moderno?

Y si este pensamiento lo llevamos al gas de Candamo ¿podemos explotar racionalmente este recurso y al mismo tiempo preservar para la humanidad futura el recurso renovable, inagotable, de la vida natural en equilibrio del Candamo? ¿Podemos hacer que el gas de esta zona beneficie también a sus propios pobladores? ¿O simplemente se lo entregaremos a dedo a una transnacional que ya conversó con el poder político? ¿Es posible conciliar los términos medio ambiente con desarrollo y política con honestidad?

Candamo
Bahuana Sonene
Reservas Naturales

Majaz y los conflictos mineros

Si vemos el mapa de conflictos mineros preparado por la Defensoría del Pueblo, el Perú empieza a tener sarampión, por los brotes de puntitos rojos que empiezan a multiplicarse. De 76 conflictos activos en el país, 46% (35 casos) son enfrentamientos entre poblaciones y empresas mineras.

No hay duda que las inversiones mineras son hoy en día la principal fuente de recursos del Estado. Pero también el principal foco de tensión de las fuerzas sociales y una gran preocupación para el Gobierno.

Intereses de grupos diversos se manifiestan en la actividad minera y sus alrededores: autoridades elegidas, líderes consuetudinarios, partidos políticos, población, Iglesia, ONGs. Todo ello amalgama un cóctel político social de gran potencia.

Defensoría del Pueblo: 76 conflictos activos en todo el país.

El caso más reciente lo vemos en las provincias del Alto Piura donde la población participará este domingo en una consulta popular para expresar su opinión en torno a la continuidad o no del proyecto minero Majaz.

No hay que perderse mucho en las formalidades legales de la consulta. Se sabe que no es vinculante y que no participarán ni los organismos electorales ni la Defensoría del Pueblo. Pero no se puede impedir el contenido simbólico que tiene el proceso. La gente tiene derecho a opinar sobre lo que pasará en su territorio.

Si se respetaran los mecanismos de diálogo y consulta que reclamaban los pobladores del Alto Piura, no se hubiera llegado a la situación extrema de convocar a un acto electoral que carece de legalidad funcional, pero que es perfectamente válido que se realice. De alguna manera, el Estado y las mineras tienen que escuchar a la población.

Es cierto que las lecciones del domingo no generan derecho de veto a la actividad minera, pero pueden ayudar a la búsqueda de consenso.

Ojalá las partes hubieran leído –y aplicado- antes las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo contenidas en un excelente documento presentado hace unos días al Congreso de la República. Las recomendaciones –que aquí resumimos- son para los tres actores principales del conflicto: el Estado, la empresa y la población.

Para el Estado:
- Reformar y fortalecer la institucionalidad ambiental, mediante la creación de una autoridad ambiental independiente de los sectores, con peso y responsabilidad política en los temas de su competencia, con recursos técnicos y presupuestales suficientes y que lidere el proceso de descentralización de la gestión ambiental.

- Mejorar los mecanismos de participación y consulta ciudadana.

- Incrementar la efectividad en el uso del canon y sobrecanon y aplicación de las regalías.

Para las empresas:
- Cumplir escrupulosamente las obligaciones ambientales y derivadas de la normatividad, de los instrumentos ambientales autorregulación.

- Privilegiar el diálogo y la transparencia durante todo el ciclo del proyecto y darle prioridad al cumplimiento de sus compromisos con las comunidades.

Para la población y organizaciones de la sociedad civil:
- Privilegiar el diálogo y la participación responsable y transparente en los
procesos de diálogo formales e informales.

- Modificar y mejorar actitudes y conductas de la población y de los líderes de las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos, evitando el uso de discursos confrontacionales, posiciones maximalistas y el llamado a la violencia.

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