La solicitud de asilo del ex presidente Alan García al gobierno uruguayo agita y eleva al plano internacional la compleja situación política que vive el país. Es justo señalar que el ámbito externo reconoció desde un primer momento la sucesión democrática ocurrida en nuestro país tras la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Nunca hubo atisbo de interrogante o cuestionamiento sobre el procedimiento constitucional peruano de alternancia democrática. Ni dentro ni fuera, en realidad.
Sin embargo, en la carta de solicitud de asilo, García Pérez pretende demostrar que lo que vive el Perú es una situación similar al socavamiento y cooptación de institucionaes democráticas que tuvimos en 1992. El ex presidente se declara víctima de una persecusión política por parte de un gobierno que controla a los fiscales de turno y que busca a toda costa expectorar al Fiscal de la Nación y manejar de manera omnímoda el poder, investigando desde allí a sus enemigos políticos. Como ejemplo, pone la prisión preventiva dictada contra Keiko Fujimori y la calificación a los partidos políticos como organizaciones criminales.
Este es el tema de fondo que debará dilucidar el gobierno de Tabaré Vásquez. ¿Es el Perú un Estado autoritario? ¿Estamos frente a un gobierno que no respeta la independencia de poderes? ¿Es el presidente Vizcarra el responsable de una cacería fiscal contra sus adversarios políticos? O es más bien un proceso inverso donde, en efecto, existe una guerra, pero para desmantelar la estructura de poder corrupto enquistado por años en el Ministerio Público y Poder Judicial.
Si Uruguay respeta el proceso de saneamiento de la justicia peruana deberá negar el asilo al presidente García y dejar que se le juzgue con todas las garantías procesales. Pero si considera lo contrario, entonces, mellará la imagen del presidente Vizcarra, caso en el que, el presidente del Perú podría evaluar medidas más severas respecto al nivel de relaciones bilaterales.
De todas formas, el daño a nivel internacional al Perú ya está hecho. Que un ex presidente solicite asilo por considerarse un perseguido político llama la atención sobre todo el proceso jurídico seguido en nuestro país. Los capitales internacionales lo pensarán más de tres veces para venir. Los inversionistas locales también ralentizarán sus decisiones. La economía parada no ayuda a nadie.
La defensa del estado peruano debiera ser una sola: en el Perú no se juzgan las ideas, sino las acciones. No hay perseguidos políticos. Hay políticos que merecen ser investigados. En los próximos días veremos cómo se define este pedido de asilo... a la uruguaya.
