Tiempos violentos

 

En los últimos años, la protesta social en el país, como en el resto de América Latina, ha estado vinculada a lo que se conoce como reacciones antimercado, sea que se trate de protestas por demanda de derechos (defensa de la provisión de agua, protección de los campos agrícolas) o protestas por demanda de servicios (educación, salud, agua potable, carreteras).  

 

Los paros, movilizaciones y luchas sociales en general han estado ligadas a la privatización o extracción de recursos naturales y a la exigencia de derechos económicos y sociales. Desde la década de los noventa, cuando empezó en el Perú la aplicación de políticas liberales, y aun cuando su intensidad fue variable —alguna de ellas muy duras y violentas— las protestas surgían, se desarrollaban y desaparecían encapsuladas en el ámbito subnacional.

 

Las protestas que vemos hoy en día, en cambio, han roto esa cápsula y poco a poco empiezan a tener una dimensión nacional. ¿Qué une a un poblador que protesta en Madre de Dios, en Arequipa, en Cusco, con uno de Lambayeque, Lima o Ica? Es difícil encontrar una causa. Hay multiplicidad de ellas. Hay razones políticas, sociales y económicas, culturales, pero el nervio que articula todas ellas es político.

 

No es un movimiento de pueblos originarios que busca conquistar el poder. No estamos ante un aumento o “nueva escala de la protesta” (McAdam, Tarrow &Tilly, 2001), en el que casos aislados se convierten en crecientes corrientes de movilización, protestas a nivel nacional, de vinculaciones étnicas, como las ocurridas en países vecinos como Ecuador y Bolivia (Arce, 2015). 

 

Tampoco se trata de “pueblos originarios alzados”, de inspiración separatista. Son más bien masas rurales campesinas y urbano populares empobrecidas secularmente, indignadas por una serie de acontecimientos diversos, que van desde un Estado ausente, pasando por un mercado desequilibrado y un futuro sin esperanza que se siente lejano y ajeno. Es, en suma, una violencia política que se retroalimenta del rechazo al establishment político.

 

El descontento popular de insatisfacción se enhebra además con la respuesta política de un sector importante de la sociedad (30 % en promedio nacional,  40 % en las zonas rurales) que defiende a Pedro Castillo, que lo siente uno de ellos, que cree que la presidenta Dina Boluarte lo ha traicionado; y que ve el golpe de Estado de Castillo no como un acto autoritario de ruptura de la democracia, sino como la respuesta de un hombre asediado, acorralado, al que no lo dejaron gobernar.

 

Las marchas sin fin, que vemos desde hace dos meses, reflejan el low level de las instituciones democráticas para un sector de la población. Somos una democracia de baja intensidad que para una mayoría solo está en la superficie de la sociedad, en Lima y algunas ciudades, sin que haya penetrado en el tejido social del llamado Perú profundo. 

 

Son tiempos violentos en los que ha colapsado el sistema de representación. El país estalla ante un inexistente sistema de partidos políticos. Ni los congresistas, ni los gobernadores, ni los alcaldes, logran canalizar la protesta social o siquiera establecer puntos de inicio de conversaciones. Y no pueden hacerlo porque la gente tampoco confía en ellos.

 

Estamos recogiendo los resultados de la falta de confianza institucional y personal que padecemos los peruanos. Ojalá encontremos pronto los espacios de diálogo y los interlocutores necesarios para salir de este estado de barbarie en el que estamos, y nos sentemos a procesar nuestras diferencias. No podemos aceptar que Lima siga siendo asediada por oleadas.

 

Si la violencia continua y el Gobierno no es capaz de detener la espiral de violencia, y cada vez se muestra más débil para devolver el orden y la tranquilidad pública que el país necesita, entonces, la renuncia de la presidenta Boluarte debiera ponerse sobre la mesa. Antes, por supuesto, tiene la posibilidad de quemar el fusible general para evitar que se incendie toda la casa.

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Foto: Víctor Ch. Vargas

Diálogo democrático

El diálogo es consustancial a la democracia. Es el mecanismo mediante el cual las civilizaciones procesan sus desacuerdos, dirimen posiciones y alcanzan acuerdos. Es uno de los pilares de las sociedades modernas, que permite la convivencia social. 

 

No hay diálogo en una autocracia. Al romperse el principio de separación de poderes no hay con quién dialogar. La concentración del poder anula el diálogo entre las partes, pero también con la ciudadanía. Aparece el monólogo.

 

Los filósofos encontraron en el diálogo el mecanismo para ejercer de manera libre la defensa de una posición. El lenguaje desbroza el camino. La argumentación razonada da paso al debate y luego al consenso o disenso pacífico. Si el diálogo se rompe puede dar paso a la violencia. 

 

Por eso, es saludable que en medio de la crisis política que atravesamos se haya convocado a un diálogo en el Acuerdo Nacional. Este es un espacio para debatir los grandes objetivos nacionales, pero en ocasiones de emergencia, como las que pasamos, sirve de foro para proponer y encontrar una agenda mínima. 

 

El intercambio de opiniones entre individuos y colectividades es necesario, sobre todo en un país donde el sistema de partidos políticos colapsó hace por lo menos tres décadas. Sin estas correas de transmisión, el diálogo encuentra otras vías, surgen nuevas colectividades que representan intereses grupales, sectoriales, gremiales, religiosos, muchas veces contrapuestos, a los que también se debe escuchar.

 

La finalidad de la política es regular esos intereses de grupo y otros, no para evitar el conflicto, sino para asumirlo, procesarlo y encontrar solución a las controversias y los desacuerdos. Si la política es la respuesta colectiva al desacuerdo, el diálogo es el mecanismo para lograr que la política dé resultados.  

 

Por eso, en política, la finalidad del diálogo no solo debe permitir que los grupos en conflicto se expresen, sino que lleguen a acuerdos, pacten compromisos realizables y los pongan en práctica. Nunca más firmar acuerdos de mesas de diálogo para levantar la medida de fuerza, que luego se incumplen.

 

El diálogo político, asumido entre posiciones discordantes, o aún contrapuestas, para ser efectivo debe ser democrático y estratégico. Es decir, ser una práctica democrática y tener una finalidad clara. No un momento, sino una característica de gobernar. Dialogo, luego gobierno.

 

Mediante el diálogo se disipan las tensiones producto de la exclusión, la fragmentación o la violencia. Fortalecer el sistema democrático implica, por eso, ejercerlo con tolerancia, realismo y concreción, como expresión sincera y permanente de hacer política.

 

 

* Magister en Ciencia Política.

Artículo publicado en el Diario El Peruano, 2 de enero de 2023.

Burócratas arracimados

 

En primer lugar, hay que decir que todo Estado moderno requiere de una burocracia para su funcionamiento. El sistema de administración del Estado expresa el dominio legal de quien detenta el poder o de quien, ganándolo, le  impone su sello o su orientación. 

 

Pero una cosa es que los partidos que ganan las elecciones tengan todo el derecho de colocar a sus cuadros en los puestos de dirección y otra muy distinta es copar el aparato del Estado con militantes incapacitados para el puesto. 

 

Se trata de lograr una estructura administrativa eficiente, no de arracimar funcionarios públicos.

 

Cuando el Estado es desbordado por funcionarios inexpertos que solo llegan al Gobierno por cuota partidaria, el sistema deviene en un burocratismo patrimonialista en donde el líder no tiene servidores públicos que lo ayuden a gobernar, sino subordinados —esclavos, clientes, los llama Weber—, que solo reciben órdenes de quien detenta el poder.

 

Todos los partidos que llegan al Gobierno se encuentran con este tipo de problemas. Aunque es cierto que —unos más que otros— los partidos adolecen de expertos o militantes preparados en administración pública. 

 

Por otro lado, no hay una carrera en pregrado de Administración Pública. Esta recién existe como especialidad en el posgrado sea a través de cursos, diplomado o maestría, y con mallas curriculares diversas, según se trate de universidades públicas o privadas.

 

Lo ideal sería crear una Escuela Nacional de Administración Pública que forme y capacite a los futuros funcionarios del Estado en los diferentes niveles y subniveles del Estado. Un modelo es el de la Academia Diplomática, que todos los años permite el ingreso con un cupo limitado de aspirantes a integrar el servicio diplomático peruano —bachilleres de casi todas las profesiones—, asegurando una formación competente y una línea de carrera meritocrática. 

 

También podría acreditarse un programa para que las propias universidades ofrezcan esta especialización en el último año de su carrera, previo diseño del perfil de funcionario que requiere el sistema de administración pública. 

 

La administración pública debe ser una línea de carrera para estudiantes comprometidos con el servicio público, y con criterios claros y transparentes de ascenso, promoción y responsabilidades. 

 

Los partidos políticos deben conservar su cuota de poder en los puestos de dirección —para eso ganan las elecciones, para gobernar— y alentar a sus militantes a prepararse para administrar el Estado. Pero deben llevar líderes, no ganapanes.

 

En ningún caso debe verse al Estado como un botín, una agencia de empleos o un carnaval de puestos públicos. 

 

El Estado no requiere de un burocratismo incompetente, patrimonialista y saqueador, sino, una burocracia técnica y profesional preparada para servir al ciudadano con eficiencia, sentido social y ética.

Perú descentralizado

El debate sobre el proceso de descentralización en el Perú seguirá abierto por mucho tiempo. Hay quienes sostienen que la medida necesaria e impostergable, en la práctica, no ha dado los resultados esperados. Y hay quienes, por supuesto, defienden el avance logrado, sobre todo, en la elección democrática de sus autoridades y en la redistribución del poder político con la aparición de partidos regionales exitosos. 

 

La pandemia dejó ver las limitaciones que tuvo el proceso al transferir competencias sin desarrollar capacidades locales, llegando incluso a que en algunas regiones —en el momento más desesperado de la segunda ola— se proponga la recentralización del servicio de salud.

 

El reciente encuentro entre el GORE y el Poder Ejecutivo podría abonar en favor de un relanzamiento del proceso de descentralización en el país, aspiración republicana que ha estado en ocho de las doce constituciones que hasta la fecha hemos tenido.

 

Nadie duda de los efectos nocivos que genera la concentración del poder político y económico en la capital y en algunas pocas ciudades.  Siendo el objetivo mayor buscar el desarrollo armónico de las regiones, el proceso requiere una gran capacidad de proyección, planificación y articulación de intereses subnacionales que no pierdan de vista el hilo conductor del gran desarrollo nacional.

 

Uno de esos retos es la conformación de las macrorregiones. Hasta ahora no se ha podido establecer una sola región que sume más de un departamento. En este aspecto, el primer límite ha sido precisamente elevar a la categoría de región a cada uno de los 24 departamentos. 

 

El primer intento conformar las nuevas regiones mediante referéndum fracasó. Somos un Estado único e indivisible que con un Gobierno unitario y representativo al que le cuesta conformar su ámbito descentralizado. 

 

Sin embargo, existen fuerzas verdaderamente descentralizadoras que otorgan un nuevo dinamismo al proceso como la integración continental bioceánica, la integración económica, la integración territorial econatural por regiones; y ahora, fruto del encuentro del GORE y el Poder Ejecutivo, la integración macrorregional a nivel político estimulada por el Gobierno central.

 

Creemos que este impulso de coordinación macrorregional debe elevarse al nivel de planificación y desarrollo de proyectos Macrorregionales-Gobierno central. Está muy bien que el presidente de la república se reúna con las cinco macrorregiones (Macrorregión Norte, Centro, Amazónica, Sur y Lima Provincias) con la finalidad de organizar y priorizar los proyectos necesarios para apuntalar el desarrollo de cada uno de estos espacios. 

 

Hay problemas macrorregionales que exceden el tratamiento parcial o sectorial de una región, por lo que la coordinación del Gobierno central ayudará a integrar obras de gran complejidad como el desarrollo integral de ciudades intermedias, la integración energética con proyectos de inmediata aplicación como el mejoramiento de sistemas de riego, carreteras, entre otros.

 

La instancia de coordinación Poder Ejecutivo-Macrorregiones permite, además, acordar planes de desarrollo integrales con metas quinquenales medibles que servirán también para calibrar la capacidad de gestión de las políticas (y políticos) subnacionales. 

 

Ordenar el territorio por macrorregiones es una buena manera de avanzar en la visión articulada que debe tener la planificación y ejecución de los proyectos, programas y obras. La organización del territorio empezó a cambiar con el proceso de descentralización. Mirar y empezar a administrar el territorio por macrorregiones y planificar el desarrollo de esta manera puede también ayudar a dinamizar el proceso de articulación política y administrativa de la regionalización, proceso que no tiene más que seguir avanzando.

 

Gestión y comunicación

Cuando el problema es la economía (parada) y la gestión (ineficiente) es poco lo que pueden hacer la comunicación o la paridad de género. Ayudan, sin duda, en el primer tramo, en el de la presentación de objetivos generales, pero, al final del día, la diferencia es la capacidad de entregar resultados.

Del sector privado, la gente espera una economía dinámica, que crezca y genere puestos de trabajo; y del Estado, reclama funcionarios honestos y mejoras en la calidad de los servicios públicos, principalmente seguridad, salud y educación. 

Lo que se busca son cosas tangibles. No humo.

Es verdad que no hay política efectiva sin comunicación. Pero, una sirve a la otra; no la reemplaza. 

La comunicación es una herramienta de la gestión. No es la gestión misma. Pensar lo contrario es cargarle demasiada responsabilidad al proceso de comunicación. Es lo que sucede cuando escuchamos decir a los políticos —cada vez con más frecuencia—, “no hemos sabido comunicar bien” o “a partir de hoy mejoraremos nuestra comunicación con la gente”.

Los errores de gestión son de los políticos. Como señalaba en un anterior post: “Es una falacia pensar que la comunicación pueda resolver los problemas de la política (…) La comunicación es un instrumento de la política. Y no al revés”.  

La mayoría de la veces los problemas del gobierno no son de comunicación, sino de gestión. Si el puente se cae, la percepción, ánimo o sensación de la gente no va a cambiar hasta que se solucione el problema de tránsito de un lugar a otro; por más comunicación que se realice. 

Si la ejecución del presupuesto para la reconstrucción en Salud en el norte apenas tuvo un avance del 5%, en el 2018, lo que hace que los centros de salud luzcan abandonados generando malestar y rechazo en la gente de  Lambayeque y Piura. ¿Es un problema de comunicación o de gestión?

Este es el tema que deberá enfrentar el gabinete Del Solar. El presidente del Consejo de Ministros es un extraordinario comunicador. Pero tendrá que mostrar sus dotes de gestor si quiere cambiar el humor nacional.  

Todo gobierno democrático, tiene el deber de comunicar lo que piensa hacer. Pero debe hacer y no solo decir. “La mejor comunicación no es la que se dice, sino la que la gente ve y siente. Por eso, en lugar de preocuparse por comunicar, primero, el gobierno tiene que preocuparse en gobernar” (Politikha).

Así como gestión sin comunicación no sirve, porque no se ve. Comunicación sin gestión, no camina. La gallina cacarea cuando pone el huevo. No antes.  

Acuerdo por el Bicentenario

La crisis política ha sido conjurada, pero nada indica, ni por asomo, que ésta haya acabado. El presidente ha conservado el puesto, pero las razones que lo llevaron a esa situación crítica siguen en pie. Es como si en una emergencia médica hubiera salido de Trauma Shock para pasar a Sala de Observación.

Para que le den de alta, debe reestructurar su gobierno. Recomponerlo. Reinaugurarlo. Relanzarlo. Es la segunda y última oportunidad que tiene el Presidente para realinear la correlación de fuerzas existentes en el Congreso. No habrá otra. El gobierno del Presidente Kuczynski o se abre y convoca a nuevas fuerzas o se termina.

Lo que tiene que construir el Presidente es un gobierno de coalición, una nueva alianza o pacto con agenda propia, un Acuerdo por el Bicentenario, en el que se establezca un conjunto de objetivos concretos a realizar de aquí al 2021, necesarios para fortalecer el sistema democrático y generar desarrollo y bienestar para todos los peruanos.

En lo político, uno de esos puntos del acuerdo debiera ser el retorno del Senado, volver a tener un congreso bicameral. El propio proceso de vacancia ha servido de mejor ejemplo al pueblo para que entienda los riesgos que conlleva el acelerar plazos y precipitar decisiones, en lugar de reflexionar más profundamente sobre ellos, asegurar una doble instancia y evitar consecuencias apresuradas o desproporcionadas.

El Acuerdo por el Bicentenario no debe ser un rosario de objetivos incumplibles, ni una lista de buenos deseos, ni siquiera un plan de políticas públicas deseables (para eso ya existe el Acuerdo Nacional).

No es tampoco un papel escrito y una foto para las tribunas.

Es un compromiso expresado en acciones y decisiones, con votos asegurados en el Congreso para llevarlo adelante. Es en realidad un Plan de Gobierno mínimo en lo económico, político y social; un conjunto de decisiones ejecutivas y legislativas que pasa por la construcción de una nueva mayoría parlamentaria.

El Acuerdo por el Bicentenario es fruto del compromiso de esa nueva alianza política que necesita el gobierno para esta segunda fase (2018-2021). ¿Con quiénes construye el Presidente esta nueva correlación de gobierno? ¿Qué fuerzas se unen? Como flautista de cámara que es, el Presidente sabe que no basta ya un instrumentista solitario. Necesita una nueva orquesta, pero, principalmente, alguien que ordene y armonice todos los instrumentos. ¡Ah!, y no más bailecitos, por favor.

Gobierno de PPK: Bala de Plata

El desenlace de la crisis política registrada esta semana entre el ejecutivo y legislativo terminó con la recomposición parcial del gabinete y con una nueva presidenta del Consejo de Ministros, la carismática congresista Mercedes Aráoz.

El presidente confirmó una vez más que no es un político que busca pechar, sino, apechugar.

Las primeras declaraciones de la premier Aráoz y de sus nuevos ministros van en el mismo sentido: "Trabajo coordinado con el Congreso". "Comunicación con las fuerzas políticas". "Trabajo de los ministros en la cancha, con el pueblo".

¿Pero en realidad estamos nuevamente en el mejor de los mundos y todo ha vuelto a la normalidad?

No. Nada volverá a ser como antes.

Las formas y las buenas maneras probablemente se mantengan por un tiempo, pero, en el fondo, si el clima político vuelve a escalar, el ejecutivo tiene la manera de volver a poner las cosas en su sitio y moderar el nivel de beligerancia del Congreso.

Ahora el gobierno tiene una bala de plata, la capacidad de definir constitucionalmente el cierre del Congreso.

Disparar esa bala significa que el ejecutivo puede activar la cuestión de confianza sobre todo el gabinete, en caso el Congreso insista en censurar a sus ministros.

Por ahora el nombramiento de Mercedes Aráoz ha conseguido ese segundo aire que necesitaba con urgencia el gobierno. Abre una nueva oportunidad de diálogo con el fujimorismo en condiciones diferentes.

"El pueblo nos reclama menos enfrentamiento. Cooperemos y trabajemos juntos", ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros en sus primeras declaraciones, con el arma bien guardada en la cartuchera.

Pero que nadie se equivoque. Existe una bala de plata en el tambor. Y Meche Aráoz es la única que ahora puede percutarla.

Presidente, no se flagele.

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Una dosis de autocrítica es saludable, presidente, pero no abuse.

No queremos escuchar un mensaje en tono lastimero.

No queremos ver a un presidente rasgándose la piel, señalando sus propios errores.

Deje ese trabajo a la oposición. Que sean ellos quienes lo despellejen.

Su papel es otro, presidente. Es decir la verdad sin estridencias y señalar el norte con firmeza.

Le corresponde inyectar optimismo, confianza, seguridad.

No queremos ver y escuchar al analista que señala que Lava Jato y El Niño Costero nos ha costado 1.5 puntos del PBI. 

Queremos al estadista que domina la economía y sabe cómo salir del estancamiento en que nos encontramos.

Queremos escuchar al experto que sabe cómo generar más puestos de trabajo y cómo atraer más inversiones. Al que conoce cómo devolverle la confianza al país.

No queremos un discurso para las tribunas, ni para los tribunos. Queremos que le hable a la gente de a pie.

Queremos que le hable a la mamá de "Tubito" y  le diga qué hará para no tener más jóvenes trabajando como esclavos, ganando 20 soles diarios, encerrados con llave y sin poder ir al baño.

Queremos que les hable a más de un millón de jóvenes que estudian y les diga que resolverá la huelga magisterial y que de ninguna manera perderán el año escolar.

Queremos que les diga a los enfermos del Hospital Loayza que tendrán el tomógrafo operativo.

Y a los enfermos que están en los hospitales públicos, dígales que su gobierno abastecerá la farmacia de medicamentos.

Queremos que resuelva la huelga médica y de profesores, señor presidente.

A los padres de familia que sienten miedo ante el avance de la delincuencia, no los llene de cifras de capturas y desarticulación de bandas.

Dígales mejor que construirá más comisarías, que pondrá más policías en las calles; y que éstos cuidarán los paraderos de buses, los puentes peatonales, los colegios y los mercados.

Presidente, sabemos que estamos mal en economía. Pero necesitamos que nos diga que con las correciones que hará nos irá mejor. Esa es su chamba. Para eso lo elegimos.

Necesitamos saber que creará más empleo. Que construirá más infraestructura. Que más pueblos tendrán agua y desagüe, electricidad e interconectividad.

Así como se puso las botas en la emergencia, necesitamos que las vuelva a usar en la reconstrucción.

Necesitamos estar convencidos que se moverá la industria, la construcción, las exportaciones.

Y sin demagogia y falsas expectativas, queremos no solo escuchar, sino, sobre todo ver y comprobar, que luchará contra la corrupción.

Si algo de esto no será posible, también dígalo, señor presidente. Pida, si es necesario, sangre, sudor y lágrimas. Pero de todos. Empezando por sus colaboradores.

Usted, comprometa su mayor esfuerzo y su trabajo para sacar al país del atolladero.

Ejerza liderazgo, señor presidente. Gobierne.

Necesitamos un líder que no solo inspire, sino que transpire.

Eso.

PPK, se acabó el recreo

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Finalizado, con suspenso y melodrama, el conteo electoral, el flamante Presidente de la República electo, Pedro Pablo Kuczynski, debe poner en práctica uno de sus slóganes de campaña, terminar el recreo y trabajar en serio para asumir el sillón presidencial.

Varias tareas le esperan por delante. El primer reto será, sin duda, armar el equipo de gobierno.

Aquí Pedro Pablo tendrá que posponer a sus congresistas que miran con natural expectativa el colocarse también el fajín ministerial. Una bancada de 18 congresistas no da como para armar una selección sin descuidar el Congreso.

El equipo de gobierno debe ensanchar la mesa. No achicarla. Y eso pasa por lograr una convocatoria en sectores democráticos y pluralistas dispuestos a ponerse la camiseta. En esto PPK tiene amplia experiencia y contactos.

Otro de los retos será organizar la casa por dentro. PPK no tiene partido organizado. Y a juzgar por las amenazas que tuvo en la definición electoral, tampoco un estado mayor sólido y experimentado.

Armar el partido tomará su tiempo. Pero organizar un consejo asesor presidencial es más rápido. Un equipo que no solo diseñe politicas de Estado, sino que proponga respuestas rápidas a las tensiones y problemas políticos que genera el día a día.

Es altamente probable que el gobierno sea espoloneado desde el poder legislativo. Pero esto que podría ser una fortaleza opositora es a la vez su debilidad. Veamos por qué.

¿Tendrá que negociar Pedro Pablo con los fujimoristas? Sin duda. Como lo haría cualquiera que requiera mayoría en el Congreso para aprobar sus propuestas. Pero sin someterse. Sin claudicar. Sin dejarse arrinconar.

El Presidente de la República tiene al pueblo como su primer interlocutor. A él es al que debe dirigirse y explicarle los alcances y beneficios de las decisiones que decida llevar adelante. Y sobre él debe recostarse.

Para ello debe explicitar la agenda gubernativa y señalar con claridad lo que se pretende hacer. Gobernar es hacer. Pero también comunicar. Hacer docencia. Escuchar y cumplir.

Si el gobierno tiene éxito en respaldar sus medidas ante la opinión pública; el juego de la oposición quedará en evidencia. Tendrá que adelantarse a las jugadas del contrario para dejarlo en falta. Trazar una línea quirúrgica del off side.

Si a pesar de ello el fujimorismo insiste en tensar la cuerda desde el legislativo, quedará expedito el mecanismo constitucional de cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones para su renovación.

El país observará este juego de poderes y comprenderá (habrá que ayudarlo a que lo haga, claro) hasta qué punto las fuerzas políticas siguen las reglas de juego de la política. Conversar, coincidir, oponer o diverger. Pero, en ningún, caso obstruir, conspirar o atentar contra la gobernabilidad.