Vacunas y vacunación

Una cosa es el sustantivo, otra la acción. Ya tenemos vacunas, ahora debemos procurar que llegue a la mayor cantidad de peruanos. Y eso implica planificación, logística y recursos humanos.

 

No incidiremos en buscar culpables por el retraso al que quedamos expuestos los peruanos. La responsabilidad tiene que señalarse, aunque el daño en tiempo y vidas sea irreparable.

 

Lo que sabemos es que al final se siguió el camino de Chile que contrató a un bufete internacional de abogados para que negociara y cerrara la compra de las vacunas. Los esfuerzos conjuntos de la Cancillería, el Ministerio de Salud y el sector privado a través del comando vacuna no funcionaron. 

 

Hoy tenemos vacunas caras (2,750 millones de dólares por 38 millones de dosis de Sinopharm con 79% de efectividad), pero tenemos. Un chupo de plata. Pero, vamos, he aquí la razón suprema del Estado: la defensa de la vida y la dignidad humana.

 

No podemos entramparnos ahora en acusaciones mutuas entre la cancillería y el Ministerio de Salud sobre qué sector impidió cerrar las negociaciones para adquirir las vacunas y si primó más el concepto de seguridad nacional sobre el de salud pública.

 

El gobierno debe superar este escollo, alinear sus sectores y dedicarse a planificar el desarrollo operativo que asegure que las dosis lleguen a tiempo a las personas que más lo necesitan.

 

El primer círculo de atender al personal médico y fuerzas policiales no parece muy complicado. El tema se encrespa algo al tratar de llegar a la población adulta mayor y se pone más oscuro aún al identificar a la población vulnerable con enfermedades mórbidas asociadas. 

 

El problema es que no solo no existe seguimiento ordenado de los pacientes con comorbilidades o enfermedades crónicas, sino que muchos de ellos ni siquiera lo saben. De los 2 millones de diabéticos que circulan en el país, la mitad de ellos desconoce que padece la enfermedad.

 

El segundo problema es que no existe personal médico suficiente para atender los casos más dispersos, en comunidades de altura o de selva. Sobre este último punto convendría poner en práctica un sistema de Servicio Médico Rural adelantado con jóvenes estudiantes y graduados de carreras médicas para formar brigadas de vacunación que penetren el país.

 

Capacitar a los jóvenes que se forman en universidades e institutos técnicos en diversas especialidades médicas para que vacunen a nuestros compatriotas será una buena forma de empezar el Bicentenario. Existe también el problema de los "anti vacunas", personas que se niegan a ser vacunados, pero ese tema merece un post aparte. 

 

Los problemas políticos, las investigaciones y probables acusaciones que se abran en el camino, no deben distraernos de lo prioritario: atender de manera inteligente, urgente y eficiente la protección sanitaria de la población más vulnerable. 

La coherencia de una decisión

Todavía hay muchos dentro y fuera de casa a quienes cuesta creer que la conducta de Alejandro Toledo de proponer la autorización de viaje del Presidente de la República y defender la democracia en Venezuela es perfectamente coherente.

Quizás es difícil explicarlo debido no solo al escaso conocimiento en derecho constitucional de muchos políticos, sino a la presión que existe en diversos sectores para dinamitar el apoyo a la gobernabilidad que asumió Perú Posible.

Pero, como dijimos en un post anterior, la postura de Toledo es coherente con la defensa de la Constitución y la Democracia.

Los viajes del presidente se relacionan a las actividades generales del primer mandatario. Es un mecanismo procedimental que ha estado en todas las constituciones que ha tenido el Perú. El espíritu de esta norma no está relacionada a la capacidad de ejercer control político sobre la política exterior, pues esta materia es una atribución presidencial.

El permiso del Congreso al presidente para ausentarse del país está relacionado con nuestra historia de posibles fugas. Como sostiene el especialista Mario Castillo Freyre, citado por Juan de la Puente, “es un mecanismo de previsión frente a probable dispendios de los recursos del Estado y a la falta de decoro del presidente en su comportamiento fuera del país”.

Los medios y los políticos con cabeza caliente han interpretado el poder de autorización que tiene el Congreso sobre los viajes del presidente como un poder de veto. Es decir, un mecanismo para decidir qué puede o no puede hacer el jefe del Estado en materia de política exterior. Eso puede funcionar –y de hecho así ha sido– para las tribunas. Pero es una postura demagógica, no constitucional.

El otro punto es que el propio presidente Alejandro Toledo en su momento fue víctima de este exceso parlamentario-mediático. Los grupos opositores de entonces ponían mil y un trabas y se negaban a concederle permiso para viajar al exterior y realizar gestiones y lograr el Tratado de Libre Comercio con diversos países.

Las razones que aducían los opositores de entonces eran de orden ideológico. Decían que el TLC era entreguista, parte de la política imperialista global, que sería un desastre para los agricultores locales. Es decir, proponían impedir que el presidente de la República llevara adelante no solo un aspecto sustantivo de su política comercial exterior, sino de la base económica. Cada solicitud de permiso para salir del país era un parto. Pero jamás se le pudo negar un permiso. Esto no ha ocurrido en toda la historia republicana.

Por supuesto que el control politico del Congreso se puede ejercer en todas las materias. Y por supuesto que corresponde a los grupos opositores expresar su desacuerdo en cómo el gobierno maneja la política exterior o la política comercial. Fue en base a este derecho que la oposición de entonces se opuso a la firma del TLC e incluso hubo un candidato que prometió retirar la firma del presidente Toledo, cosa que finalmente no hizo, sino que puso la suya al costado.

El Congreso tiene expedito el camino para interpelar al ministro en cuestión, invitarlo a informar, llevarlo a la estación de preguntas o, eventualmente, proponer su censura. Lo que ahora hay que analizar es si esto conviene o no al país, pero, ese es el camino que tiene el Congreso para ejercer el control político en esta materia. No cabe, por tanto, inferir que el Congreso puede negar el viaje al exterior del Presidente de la República como parte del control político de las relaciones exteriores. Eso no es control político. Eso es pose para las cámaras y las tribunas.

En resumen, al gobierno hay que fiscalizarlo por sus actos. Por sus acciones y resultados. Teniendo en cuenta nuestra porpia experiencia en la materia, no se puede impedir que el Presidente de la República viaje al exterior. Es una prerrogativa que el primer mandatario puede usar o no. Eso fue lo que dijo Toledo. Dejó la decisión en manos del presidente. El presidente Humala pudo no viajar. Prefirió hacerlo. Ahora tendrán que activarse los mecanismos de control politico que existen. Eso es asumir los costos políticos de esa decisión. Y eso es también respetar los mecanismos de la democracia.

Por último, se han cargado injustamente las tintas contra Perú Posible señalando que sus votos fueron decisivos para otorgarle el permiso al Presidente. Falso. Los votos de Perú Posible no hubieran cambiado el curso de la votación así se hubieran expresado en contra. El resultado de la votación fue 53 votos a favor versus 36 votos en contra. Ese día votaron 5 congresistas de Perú Posible. Si se hubieran abstenido la votación hubiera sido 48 votos a 36. Viaje aprobado. Y si hubieran votado en contra el resultado hubiera sido 43 votos a favor versus 41 contra. De todas formas, el presidente Humala viajaba.

Perú y Chile ratificaron “en todos los tonos” que respetarán fallo de La Haya

(Peru 21, Lunes 04 de marzo del 2013, 18:58) El canciller Rafael Roncagliolo rechaza versión que indica que el grupo pesquero Corpesca estaría presionando a La Moneda para que no acepte una decisión contraria a sus intereses.

El canciller Rafael Roncagliolo reiteró que Perú y Chile han señalado “en todos los tonos” que están comprometidos a aceptar la sentencia que emitirá la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo de límites marítimos.

El jefe de la diplomacia peruana respondió así a la información periodística que indica que el grupo pesquero Corpesca estaría presionando al gobierno chileno para que no acepte un fallo que, eventualmente, favorezca la posición peruana.

Roncagliolo dijo que sobre ese mismo compromiso se puede preguntar a su homólogo chileno, Alfredo Moreno, quien visitará Lima este martes. *“Estamos comprometidos a acatarlo porque somos parte de las Naciones Unidas y del Pacto de Bogotá*”, anotó.

La decisión de Manuel Rodríguez Cuadros

El proceso de toma de decisiones ha sido mejor estudiado, dentro de las ciencias sociales, en política exterior que en política interna. Es un proceso complejo que puede ser racional o emotivo; matemático o intuitivo, que depende de una serie de factores, incluso psicológicos, de quien asume la decisión, muchas veces en solitario.

El proceso de toma de decisiones se conoce en inglés como Decision Making, y está ligado a situaciones de nivel límite. Tanto el político local como el encargado de las relaciones exteriores son permanentes tomadores de decisiones, aunque la naturaleza de las mismas sea distinta.

El político local mira principalmente su interés personal. El encargado de política exterior coloca el foco en el interés del Estado.

Esto no quiere decir que el responsable internacional carezca de intereses particulares, ni que el político local sea un hedonista consumado.

Lo que diferencia a ambos personajes es el acento que ponen en el interés que prima al momento de asumir su decisión y fijar una postura.

Si prima el interés personal se acercaran más al modelo de politicastro tradicional. Si, por el contrario, privilegian la variable país, entonces, estamos frente a un hombre de Estado.

El hombre de Estado no es un hombre desprendido. Es un hombre que elige entre varias alternativas posibles, luego de un sereno análisis de hechos y escenarios actuales y futuros.

A diferencia del político local, acostumbrado a decidir sobre emociones, el hombre de Estado decide sobre razones. Entre las incertidumbres y dudas en que se debate la política local, las relaciones exteriores deben ser fijadas sobre certezas.

No sabemos qué factores habrán pesado en la decisión del gobierno de Alan García para colocar al ex canciller de Alejandro Toledo como embajador del Perú en Bolivia.

Puede verse como la mejor alternativa que tiene el país para recomponer las deterioradas relaciones peruano-bolivianas. O como la carta marcada del gobierno para quitarse de encima a un hombre inteligente y crítico del manejo de la relación peruano-chilena. O como ambas cosas.

Pero eso implica ver solo un lado de la ecuación. En el otro extremo, está la importancia que el propio Manuel Rodríguez Cuadros habrá tenido que sopesar para aceptar el encargo.

Por los antecedentes que conocemos, podemos decir que más que una decisión política lo que en su caso ha prevalecido es una decisión de Estado.