Recuperar el imperio de la ley

La captura y confesión de los autores materiales e intelectuales del asesinato del alcalde de Samanco, Francisco Ariza Espinoza y su abogado, Henri Aldea Correa, es un cóctel que mezcla dos características de lo peor del ser humano: codicia y venganza.

El alcalde fue asesinado por sus propios regidores para usurpar el poder y manejar el presupuesto público destinado a obras, en beneficio propio. Su asesor legal fue ultimado, en venganza, por otro abogado, que meses antes fue despedido por su sucesor de la pequeña Municipalidad Distrital de Samanco, Provincia del Santa, en la Región Ancash.

El móvil que une ambos asesinatos es la corrupción.

El alcalde era un estorbo para quienes consideraban el presupuesto municipal un botín. El abogado, una víctima de la venganza, al no considerar que el hombre que despidió había "invertido" 200 mil soles en la campaña de Ariza Espinoza.

Para ejecutar su plan, los asesinos contrataron sicarios ­–uno de ellos menor de edad–, quienes emboscaron al alcalde y su abogado en plena carretera, donde los acribillaron y les prendieron fuego. Sin piedad.

Fue un magnicidio. Pero no por razones políticas o ideológicas, sino por las más oscuras pasiones que, también en la política, exhibe el ser humano.

No es raro que esto ocurra. Por el contrario, se está volviendo más bien una actuación común, particularmente en una región convulsionada por el manejo turbio de la cosa pública, como Ancash. Las diferencias, las luchas intestinas por el poder, el afán de enriquecimiento rápido, la dilapidación del erario público, se arreglan, de manera fulminante, a balazos. 

El sicariato, la extorsión y la disputa armada entre bandas delincuenciales por el botín presupuestal de las obras públicas en ejecución, se colude muchas veces con malas autoridades electas, policías, jueces y fiscales.

Es la lucha del Estado contra el crimen organizado.

Y en esta guerra de supervivencia del orden legal, me temo, la solución no puede venir del propio sistema de administración de justicia. 

Necesitamos es organizar un nuevo cuerpo de élite policial de investigaciones ­­–al estilo FBI–, con recursos e inteligencia que enfrente este problema de raíz.

Una policía de investigaciones nueva, especializada, con recursos y capacidad operativa, asesorada por organizaciones policiales del más alto nivel en el mundo, que retome el control del Estado y la paz social.

El trabajo de recuperar los valores cívicos para adecentar la política toma mucho tiempo. Se debe hacer. Pero, mientras eso se consolida y da frutos, se deben acometer acciones eficaces e inmediatas de lucha frontal contra el crimen organizado.

La política no tiene que ser sangre y muerte; venganza y crímen. 

Si no nos civilizamos, el Estado tiene la obligación de imponer el orden y la fuerza. Y eso es, simplemente, volver al imperio de la ley.  

Tenemos que parar en seco el caos político y delincuencial que se vive en algunas regiones del país.

Seguridad ciudadana y respuesta cívica

El miedo puede paralizar en un primer momento. Pero, en situaciones extremas, puede impulsar a la acción. Esto ha pasado con los vecinos de San Juan de Lurigancho. Hartos de atracos, fechorías, extorsiones, bandas y sicariato, esta semana salieron a las calles para expresar su rechazo a la criminalidad.

Los ha movido el miedo de ver a sus hijos en peligro de caer por una bala asesina. Pero también la inacción o impotencia del Estado que no tiene respuesta para frenar esta ola de violencia que amenaza la vida en comunidad.

Un director y dos vigilantes de colegios privados fueron muertos a tiros recientemente en ese distrito. Un programa periodístico reveló la forma en que las bandas de sicarios utilizan a los adolescentes para cometer crímenes que perpetrados por adultos tendrían penas severísimas.

Los delincuentes mayores les consiguen dinero y armas, y los entrenan con prácticas de tiro en los cerros de Jicamarca. No hay Estado en esos cerros. No son territorios liberados, sino olvidados. 

Si tenemos en Lima un policía por cada mil habitantes y si un tercio de las comisarías distritales se encuentran en mal estado, un 46% no cuenta con servicios básicos, 40% no tiene computadoras, y de las que tienen, 70% no tiene internet, es poco lo que desde el punto de vista policial se puede hacer para combatir la criminalidad.

El tema de la criminalidad, como la pobreza, es multidimensional. Tiene varias causas y, sin duda, el crecimiento de jóvenes con falta de oportunidades laborales, educativas y de recreación se encuentra entre ellas. La falta de valores es consecuencia de su precariedad social, no la causa.

Así parece entenderlo también la población de San Juan de Lurigancho, la cual, en un rapto de desesperación y fragilidad institucional, ha pedido no solo más efectivos policiales y comisarías en su distrito, sino que sean las propias Fuerzas Armadas las que patrullen las calles y lugares estratégicos del vecindario.

Es un error, por supuesto, pensar que las Fuerzas Armadas pueden asumir funciones de seguridad ciudadana. Esas tareas son competencia municipal y de la Policía Nacional. Pero la delincuencia parece ganar terreno a estas instituciones y el miedo de la gente la lleva a optar por estas posiciones extremas que al final son siempre peligrosas para el fortalecimiento del sistema democrático. 

El grito desesperado de una madre de familia en la marcha no pudo ser más elocuente: “¡Con nuestros hijos no se metan!”. La marcha de San Juan de Lurigancho, fuera del histrionismo y payasada de su alcalde de pretender imponer un estado de emergencia por decreto de alcaldía, y de la posición equivocada de su gente de convocar a las Fuerzas Armadas, es un llamado de atención a un problema que hoy toca las puertas de la capital, pero cuya modalidad de organización, ataque y blancos elegidos –pequeños y medianos comerciantes, negocios y/o tiendas– surgieron hace buen tiempo en ciudades importantes del norte del país como Trujillo.

No es casualidad que hoy en día los trujillanos tengan como alcalde a un excoronel de la policía, exguardia civil y hombre de inteligencia, perseguido y que sigue enredado en el Poder Judicial con acusaciones de haber formado un comando de la muerte que eliminaba delincuentes de alta peligrosidad. 

Elidio Espinoza niega, por supuesto, estos cargos y hoy, como autoridad municipal, camina sin seguridad por todos los vericuetos de Trujillo, empeñado en demostrarle a quien quiera escucharlo que no es verdad que estas bandas de extorsionadores, secuestradores, asesinos y sicarios organizados les estén ganando la guerra a las autoridades y al país. Ojalá los enemigos de la convivencia civilizada, de la ley y el orden, no le demuestren lo contrario. La marcha de SJL es una de esas respuestas cívicas que necesitamos para ganarle la guerra a la inseguridad ciudadana.

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Publicado en Diario 16 el 31 de mayo de 2015.