Los Sin Agua

En Brasil a fines de los noventa se generó el Movimiento Sin Tierra. Millones de trabajadores rurales se organizaron para reclamar un justo y equitativo reparto de la tierra. En el Perú, podría formarse el Movimiento Sin Agua. Existen cerca de 5 millones de peruanos sin agua potable y el doble de connacionales sin saneamiento. La mitad de los peruanos sin acceso al recurso hídrico, vive en los cerros, arenales y pedregales de Lima.

A raíz del desastre ambiental ocurrido en San Juan de Lurigancho, el alcalde diseccionó su distrito en sectores y encontró que el 70% de su población vive en las laderas y cumbres, donde no llega el agua, sino por camiones cisternas que no se dan abasto para atender las necesidades del distrito. Según el economista Roberto Abusada, 2.8 millones de limeños vive esta misma situación, en los cerros.

Necesitamos aumentar la capacidad hídrica, mientras Sedapal pierde el 30% del agua que produce y mientras los pobres pagan veinte veces más por el agua de cisterna. Llenar un tanque de 1,100 litros en Cristo Rey en San Juan de Lurigancho cuesta 15 soles y puede durar quince días si se restringe el aseo diario a una ducha semanal. En el Asentamiento Humano Santa Rosa, al norte de Lima -según informa hoy el diario El Comercio- ese mismo tanque cuesta 20 soles y solo dura una semana si el agua se utiliza para lavar ropa. En San Isidro, donde los vecinos tienen servicio de agua las 24 horas, 1,100 litros de agua cuesta 1 sol con 12 céntimos. Los pobres pagan veinte veces más por el agua.

No es fácil para el Estado dotar de agua en los cerros. Tener agua en las partes altas de Comas y Collique, así como en muchas de las zonas periféricas de la ciudad, demoró entre 30 y 40 años. Para la empresa privada aún no existen incentivos necesarios para probar otras alternativas como desalinizar el agua de mar (quizás la solución a futuro para una ciudad ribereña como Lima), o sembrar bosques y cosechar agua en las cabeceras de cuenca, o represar el agua de lluvia y promover las amunas o la infiltración de agua en los cerros, como lo hacen las comunidades altoandinas.

Llevar agua a las alturas de los cerros implica doblegar la gravedad. Por eso resulta caro. Mientras, el Estado sí podría organizar la distribución de agua de cisternas evitando que las mujeres pobres que viven en esas laderas y cumbres pierdan horas de horas bajando hasta el surtidor de agua y rogando y casi secuestrando los camiones cisternas para que suban a sus casas. ¿Quién puede organizar un flujo constante de agua a los cerros de Lima, con días y horas de reparto? ¿Sedapal? ¿La municipalidad? ¿La organización popular?

El alcalde Alex González demostró que sectorizar el distrito en una emergencia, le permitió tener un panorama ordenado y estratégico de las necesidades de la población. Esa misma lógica debe usarse de manera constante. 

Cuando escasean los servicios, cuando falta el agua, vivimos en emergencia permanente. Sectorizar el territorio, nombrar un responsable por zona, organizar e identificar los liderazgos locales y fiscalizar los servicios públicos puede ayudar, tal vez no a solucionar del todo, pero, al menos, a paliar las necesidades de la población. 

Hasta que el Estado resuelva el déficit de infraestructura en agua y saneamiento que tiene el país que suma 12 mil 252 millones de dólares, según ha calculado la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN). El plan máximo de Los Sin Agua.  

Propuesta servida

Como una señal de los tiempos que vive el país –asqueados por la corrupción–, el miasma afloró esta semana. La matriz de alcantarillado que corre de forma paralela a la línea 2 del Tren Eléctrico, se rompió a la altura del paradero Pirámide del Sol y las aguas negras inundaron cuatro manzanas de San Juan de Lurigancho. 2 mil personas lo perdieron todo.

Una comisión especial del Colegio de Ingenieros determinará las causas del daño y las responsabilidades del caso. Las preguntas inmediatas flotan por sí solas. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue un problema de ingeniería? ¿O un problema de corrupción? ¿Se hicieron trabajos apurados? ¿Se festinaron trámites para firmar el contrato de la Línea 2 del Tren Eléctrico? ¿Es el Consorcio Tren Eléctrico (Odebrecht – Graña Montero), el que movió y reinstaló la tubería el responsable? ¿Fue Sedapal negligente al recepcionar la obra y dar su conformidad?

Pero hay otras preguntas algo más sedimentadas que también debieran responderse: ¿Se puede prever un desastre técnico de esta magnitud? ¿Existen sistemas de vigilancia seguros de las alcantarillas? ¿Estamos preparados para responder a un desastre de esta magnitud?

Los atoros y daños en redes de alcantarillado dependen de  diversos factores. El nivel de pendiente, el material de construcción usado, el tiempo de construcción de la obra y la política de mantenimiento de la misma.  Las autoridades indican que el atoro de la matriz se produjo en 20 metros de tubería. Las primeras imágenes captadas por cámaras de video introducidas al área obstruida permiten calcular la acumulación de piedras y tierra de casi un metro de alto en un tubo de 1.5 metros de diámetro. ¿Entró el material por alguna rajadura o rotura del tubo o no hubo la gradiente adecuada lo que permitió el sedimento y acumulación de material y posterior atoro de la tubería matriz?

Para monitorear el nivel de material acumulado en el interior del sistema de alcantarillado se utilizan unas cámaras de televisión que, mediante boyas o balsas, se sueltan cada cierto tiempo en el interior de las alcantarillas para verificar el interior de las redes. También se usa la inspección visual a través de buzones y tuberías en las que se miden el nivel de sedimentación de materiales y velocidad de la corriente generada. Los cruces y las conexiones de intersección las tuberías son los puntos de mayor interés.

El ingeniero Manuel Luque Casanave, investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y especialista en automatización señala que para generar una alerta temprana y evitar futuros colapsos de la red de colectores y alcantarillas, se puede colocar sensores ultrasónicos (no contactantes) de nivel en las tuberías de desagüe en los puntos críticos de de la red principal.

En el caso de la matriz colapsada en San Juan de Lurigancho estos sensores ultrasónicos de flujo se colocarían por pares, uno en un buzón y el otro en el siguiente buzón aguas abajo. El resultado es un sistema de monitoreo que permite detectar a tiempo si hay un atoro o una elevación significativa de nivel de aguas servidas, activando una alarma si encuentra valores por encima del promedio.

La ingeniería resuelve los problemas; ofrece soluciones. Que el desastre medioambiental de San Juan de Lurigancho sirva no solo para buscar responsables (que está bien hacerlo), sino que también ofrezca la oportunidad para mejorar la calidad de los servicios, usando la tecnología. Que afloren las ideas.

Seguridad ciudadana y respuesta cívica

El miedo puede paralizar en un primer momento. Pero, en situaciones extremas, puede impulsar a la acción. Esto ha pasado con los vecinos de San Juan de Lurigancho. Hartos de atracos, fechorías, extorsiones, bandas y sicariato, esta semana salieron a las calles para expresar su rechazo a la criminalidad.

Los ha movido el miedo de ver a sus hijos en peligro de caer por una bala asesina. Pero también la inacción o impotencia del Estado que no tiene respuesta para frenar esta ola de violencia que amenaza la vida en comunidad.

Un director y dos vigilantes de colegios privados fueron muertos a tiros recientemente en ese distrito. Un programa periodístico reveló la forma en que las bandas de sicarios utilizan a los adolescentes para cometer crímenes que perpetrados por adultos tendrían penas severísimas.

Los delincuentes mayores les consiguen dinero y armas, y los entrenan con prácticas de tiro en los cerros de Jicamarca. No hay Estado en esos cerros. No son territorios liberados, sino olvidados. 

Si tenemos en Lima un policía por cada mil habitantes y si un tercio de las comisarías distritales se encuentran en mal estado, un 46% no cuenta con servicios básicos, 40% no tiene computadoras, y de las que tienen, 70% no tiene internet, es poco lo que desde el punto de vista policial se puede hacer para combatir la criminalidad.

El tema de la criminalidad, como la pobreza, es multidimensional. Tiene varias causas y, sin duda, el crecimiento de jóvenes con falta de oportunidades laborales, educativas y de recreación se encuentra entre ellas. La falta de valores es consecuencia de su precariedad social, no la causa.

Así parece entenderlo también la población de San Juan de Lurigancho, la cual, en un rapto de desesperación y fragilidad institucional, ha pedido no solo más efectivos policiales y comisarías en su distrito, sino que sean las propias Fuerzas Armadas las que patrullen las calles y lugares estratégicos del vecindario.

Es un error, por supuesto, pensar que las Fuerzas Armadas pueden asumir funciones de seguridad ciudadana. Esas tareas son competencia municipal y de la Policía Nacional. Pero la delincuencia parece ganar terreno a estas instituciones y el miedo de la gente la lleva a optar por estas posiciones extremas que al final son siempre peligrosas para el fortalecimiento del sistema democrático. 

El grito desesperado de una madre de familia en la marcha no pudo ser más elocuente: “¡Con nuestros hijos no se metan!”. La marcha de San Juan de Lurigancho, fuera del histrionismo y payasada de su alcalde de pretender imponer un estado de emergencia por decreto de alcaldía, y de la posición equivocada de su gente de convocar a las Fuerzas Armadas, es un llamado de atención a un problema que hoy toca las puertas de la capital, pero cuya modalidad de organización, ataque y blancos elegidos –pequeños y medianos comerciantes, negocios y/o tiendas– surgieron hace buen tiempo en ciudades importantes del norte del país como Trujillo.

No es casualidad que hoy en día los trujillanos tengan como alcalde a un excoronel de la policía, exguardia civil y hombre de inteligencia, perseguido y que sigue enredado en el Poder Judicial con acusaciones de haber formado un comando de la muerte que eliminaba delincuentes de alta peligrosidad. 

Elidio Espinoza niega, por supuesto, estos cargos y hoy, como autoridad municipal, camina sin seguridad por todos los vericuetos de Trujillo, empeñado en demostrarle a quien quiera escucharlo que no es verdad que estas bandas de extorsionadores, secuestradores, asesinos y sicarios organizados les estén ganando la guerra a las autoridades y al país. Ojalá los enemigos de la convivencia civilizada, de la ley y el orden, no le demuestren lo contrario. La marcha de SJL es una de esas respuestas cívicas que necesitamos para ganarle la guerra a la inseguridad ciudadana.

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Publicado en Diario 16 el 31 de mayo de 2015.