La dignidad de la primera magistratura no puede estar en duda, si queremos ser respetados como Nación. Su deterioro, liviandad o su absoluta falencia, afecta no solo el valor del propio cargo representativo, sino el alma colectiva de los ciudadanos. Degradada la cabeza ¿qué se puede esperar del cuerpo?
Y, sin embargo, nos encontramos en esa anomia del poder político. La denuncia de la Fiscalía de la Nación contra el jefe del Estado —independientemente de sus consecuencias legales o constitucionales en el Congreso— es un documento que desnuda la miseria misma del poder.
El gobierno elegido democráticamente se presenta como una malformación congénita del arte para gobernar. Una organización pervertida en sus fines que tiene como obejtivo administrar el poder sacando provecho de él; un lúpulo amargo que fermenta cualquier acto lícito de gobernar.
La dignidad se tiene o se gana. Empieza por el respeto que uno tiene de sí mismo, y se refleja en el que las personas tienen sobre uno. La dignidad no puede ser sustituida por nada. Ni se compra ni se vende. Es incanjeable.
Cuando se ejerce un cargo, la dignidad da como resultado el honor y el respeto. Nadie con más autoridad sobre su pueblo que un gobernante íntegro. He ahí el origen de la palabra “dignatario”.
La actual crisis política que vive el país nos revela que este principio se ha deteriorado. En todo nivel, en toda nuestra clase política, desde el regidor hasta la presidencia de la República, en provincias como en la capital.
De manera persistente y progresiva, las inconductas, tropelías, arreglos, repartijas y delitos revelados, reducen el valor y estatus del cargo representativo; y, al mismo tiempo, lo vuelve más apetitoso para los carentes de valores, horadando el valor mismo de la democracia representativa.
Deshonrar el cargo público es traicionar la voluntad popular. Comprar lealtades con puestos públicos, desfalcar el erario nacional, amañar licitaciones, obstruir la función de los órganos juridisccionales, desaparecer pruebas, ocultar cómplices, incoar a quienes lo investigan, ha desbordado todo límite.
La inconducta funcional, la degradación del cargo, le hace daño al país. La lección que debemos extraer de todo esto es simple: quien pretenda ejercer un cargo público debe ser digno de él.
Lo anunció en 1821 Faustino Sánchez Carrión cuando unió dignidad a la condición de vida republicana. Lo que el tribuno quiso decirnos es que, si aspirábamos a ser República, no podía ejercerse representación sin honor. “Elevar nuestros sentimientos a la altura de este título”.
Dignidad en la vida y —de ser electo— también en la función pública.
