Conectada a un ventilador artificial, Eyvi Liset Ágreda Marchena (22), se encuentra sometida a un sueño inducido que le evite el dolor. Cuando despierte, la pesadilla apenas habrá comenzado. Tiene el 60% de su cuerpo quemado y comprometidas las vías respiratorias. Su vida nunca será la misma.
Ella fue
atacada por Carlos Javier Hualpa Vacas (37), un cocinero de oficio, acosador frustrado, obsesionado en ser
correspondido, narcisista, impulsivo, según las primeras pruebas psicológicas
realizadas, quien esta semana, la abordó subrepticiamente, mientras ella se
desplazaba en un bus público, la roció con gasolina y le prendió fuego.
Trastornado, pero consciente de lo que hacía.
La sociedad
está enferma, sin duda, pero no es inimputable.
Hualpa Vacas
debe ser juzgado por tentativa de feminicidio y sometido a la pena más severa. Su caso es uno de los más
espeluznantes, escabrosos, pero no el único, ni el último, lamentablemente.
80 por ciento
de peruanos sufre algún tipo de trastornos mentales sin que reciban
tratamiento alguno. Las estadísticas de violencia, asesinatos, homicidios,
feminicidios, nos revelan que el problema va en aumento.
En el periodo
2011-2015 se registraron 556 mujeres asesinadas, según reporte del INEI tomado
del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. El 67,3% de las
víctimas tenían de 18 a 34 años de edad.
Datos del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), indican que en enero
de este año se produjeron 10 feminicidios y 44 tentativas de este delito. Para el primer trimestre del 2018 ya sumaban 32 los feminicidios y 82 las tentativas de feminicidio. En este mismo periodo, las consultas efectivas a la Línea 100 por algún tipo de violencia contra la mujer fueron 4,984.
Estamos ante
una emergencia social, psicológica y policial. La falta de presupuesto en los
hospitales públicos, comisarías y municipalidades no explica del todo la
desatención. Para todo falta plata.
Los
especialistas dicen que la solución está en la Educación. Es cierto, pero eso
es a mediano y largo plazo. Para atender la emergencia en la que estamos se
debe empezar por organizar el territorio. Los Centros de Emergencia Mujer (CEM)
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables son un buen primer paso.
Existen 300 en
todo el país y funcionan principalmente en las comisarías. Se requiere de
manera urgente duplicar o triplicar esa cifra. Y para ello esa misma modalidad
de organizar un equipo multidisciplinario de atención debe extenderse a municipalidades,
parroquias, postas médicas y universidades.
Todo espacio
donde funcione una institución debería estar apta para abrir un CEM que brinda
orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica familiar.
Los
especialistas en cada una de las áreas de asesoría pueden complementarse con
brigadas de jóvenes bachilleres de carreras beneficiadas con un sistema de
Servicio Civil Voluntario. Es decir, abogados, psicólogos, sociólogos, médicos,
asistentes sociales, enfermeras, que cumplan trabajo en estos CEM para culminar
su carrera.
El ahorro en alquileres costosos de algunas instituciones públicas, puede derivarse a la instalación de estos CEM. La empresa privada puede dar una mano también a través de Obras por Impuestos. No podemos permanecer impasibles ante tanta violencia y miseria humana. El lema #Niunamenos debe dejar de ser un slogan para convertirse en una meta concreta. De lo contrario, estaremos condenados a ser una sociedad enferma y culpable a la vez.
