Carta a los Indios de las provincias interiores

Nobles hijos del Sol, amados hermanos, a vosotros virtuosos indios, os dirigimos la palabra, y no os asombre que los llamemos hermanos: lo somos en verdad, descendemos de unos mismos padres, formamos una sola familia, y con el suelo que nos pertenece, hemos recuperado también nuestra dignidad y nuestros derechos. Hemos pasado más de trecientos años de esclavitud en la humillación más degradante, y nuestro sufrimiento movió al fin a nuestro Dios a que nos mirase con ojos de misericordia. 

Él nos inspiró el sentimiento de Libertad, y Él mismo nos ha dado fuerza para arrollar a los injustos usurpadores, que sobre quitarnos nuestra plata y nuestro oro, se posesionaron de nuestros pueblos, os impusieron tributos, nos recargaron de pensiones, y nos vendían nuestro pan y nuestra agua.

Ya rompimos los grillos, y este prodigio es el resultado de vuestras lágrimas y de nuestros esfuerzos. El Ejército Libertador que os entregará esta carta, lo enviamos con el designio de destrozar la última argolla de la cadena que os oprime. Marcha a salvaros y protegeros. Él os dirá y hará entender que están constituídos; que hemos formado todos los hijos de Lima, Cuzco, Arequipa, Trujillo, Puno, Huamanga y Huancavelica, un Congreso de los más honrados y sabios vecinos de esas mismas provincias. 

Este Congreso tiene la misma y aún mayor soberanía que la de nuestros amados Incas. Él, a nombre de todos los pueblos y de vosotros mismos, va a dictar leyes que han de gobernarnos, muy distantes de las que nos dictaron los injustos reyes de España. 

Vosotros indios, sois el primer objeto de nuestros cuidados. Nos acordamos de lo que habéis padecido, y trabajamos por haceros felices en el día. Vais a ser nobles, instruidos, propietarios, y representaréis entre los hombres todo lo que es debido a vuestras virtudes. 

Esperad muy breve el cumplimiento exacto de estas promesas, que no son seguramente como los falsos ofrecimientos del gobierno español. Aguardad también nuestras frecuentes cartas, nuestras determinaciones, y nuestra Constitución. Todo os irá en vuestro idioma quechua, que nos enseñaron nuestros padres, y que mamastéis a los pechos de vuestras tiernas madres. 

¡Hermanos!: el día que recibáis esta carta veréis a vuestro padre el Sol amanecer más alegre sobre la cumbre de vuestros volcanes de Arequipa, Chachani, Pichupichu, Coropuna, Sulimana, Sarasara, Vilcanota, Ilimani. Abrasad entonces a vuestros hijos, halagad a vuestras esposas, derramad flores sobre las hueseras de vuestros padres, y entonad al son de vuestro tambor y vuestra flauta dulces yaravíes y bailad alegres cachuas diciendo a gritos: ya somos nuestros; ya somos libres, ya somos felices. 

 

Congreso Constituyente 1823

 

#NiUnaMenos ¿Y después de marchar qué?

Las mujeres hace tiempo perdieron el miedo. Y su valentía nos empuja al cambio.

La marcha de ayer #Ni Una Menos es solo el corolario de una serie de avances que ha tenido la mujer en la lucha social por el derecho de género.

En sencillo, derecho de género es reconocer la igualdad de derechos (y de oportunidades) que tienen tanto el hombre como la mujer.

No es igualar ambos géneros en su naturaleza diferente y complementaria. Es igualar el rasero legal que las sociedades acuerdan para cautelar los derechos sociales, económicos y políticos de ambos géneros.

Sin discriminación. Ni diferencias.

La marcha de ayer fue motivada por el aumento de la ola de violencia y criminalidad contra las mujeres. Fue una respuesta al espantoso índice de criminalidad contra la mujer que tenemos en el país.

Pero su resonancia es mayor.

Lo que de aquí en adelante se espera es una respuesta contundente y eficaz de parte del Estado.

Ha sido alentador que #Ni Una Menos, contara con la presencia de todo el Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros.

Esto debe traducirse en propuestas concretas en el ámbito penal, judicial y sectorial. La reunión del próximo Consejo Intersectorial de Asuntos Sociales (CIAS), por ejemplo, debiera acordar aumentar el presupuesto del Ejecutivo para implentar las políticas en favor de la mujer.

Pero el esfuerzo debe venir también de la sociedad.

Esas nuevas 500 comisarías que el Ministerio del Interior ha anunciado construirán los empresarios privados asociados a Asbanc, mediante el programa Obras por Impuestos, podrían disponer en su diseño un espacio para que allí funcione un Centro de Emergencia Mujer,

El Estado puede ayudar a las universidades en el diseño de cursos ad hoc para capacitar a policías, fiscales y jueces en protocolos de atención a casos de mujeres víctimas de la violencia.

Esto ayudaría a no repetir casos de atentados a la dignidad humana como el ocurrido en el aeropuerto contra una mujer acusada a burrier a quien hurgaron sus partes íntimas en busca de droga.

Las marchas ayudan a sensibilizar las dimensiones de un problema social. Generan el espacio para abrir debate y encontrar soluciones. Repercuten en medios de comunicación. Impactan en quienes toman decisiones.

Es hora de pasar a la acción. Avanzar de la protesta a la propuesta. Y en esa dirección parece que empezamos a caminar como sociedad. El primer paso fue perder el miedo y salir a las calles. Ahora viene lo mejor. Construir políticas públicas y generar un cambio.

Unión Civil: dos lados del mismo problema

LADO A:

Todos somos iguales ante la ley, reza el dicho. También ante los ojos de Dios, reza la Iglesia.

La ley es obra del hombre.

La religión -para quienes creen en Dios- es su palabra. Para los que no creen, es proyección del pensamiento humano.

De cualquier modo, el hombre, por inspiración divina o propia, es igual ante la ley y ante Dios.

No cabe, en consecuencia, discriminación alguna por razones políticas, económicas, sociales o religiosas.

Por juicios como este se abolió la esclavitud, el apertheid o los campos de concentración.

¿Puede mantenerse un grupo humano al margen de ciertos derechos civiles que rigen para otros? ¿Tienen las parejas homosexuales los mismos derechos que las parejas heterosexuales? ¿Deberían tenerlo?

La lucha por la Unión Civil es un derecho de minorías. En tanto seres humanos, tienen derecho a buscar su felicidad. El único requisito para ello es que su derecho no vulnere los derechos de otros.

La felicidad debiera ser el primero de todos los derechos. Para todos.

LADO B:

Las parejas del mismo sexo tienen derecho a la felicidad. Esa es una verdad inobjetable.

También lo es que la humanidad solo prevalecerá si se mantienen los sexos opuestos.

No dudo del amor, cariño, o sentimientos puros, entre hombres con hombres y mujeres con mujeres.

Pero, el hombre, en su igualdad natural y social, es diverso y único. Siendo igual a cualquiera de sus congéneres, es diferente y complementario por naturaleza.

La lógica para que esto sea así es que la especie no sobreviviría si todos fueran hombres-hombres o mujeres-mujeres.

El sexo opuesto es una de las manifestaciones de esta diferencia, necesaria para mantener la vida.

Los sexos opuestos se complementan y aseguran la continuidad de la especie. Ir a contracorriente de esta manifestación de la naturaleza sería suicida.

En el mundo animal -que vive en estado de naturaleza-, cuando falta uno de los roles que asegure la continuidad, alguno de los miembros cambia de sexo para procrear.

El cambio de sexo existe, pero como excepción. Y sólo para preservar la especie. No es la regla. No podría serlo si proyectamos la situación. Un mundo de parejas del mismo sexo sería inviable.

CONCLUSION:

El hombre dejó de vivir en estado de naturaleza, para vivir en sociedad. Al hacerlo, dictó la ley. Y la ley señala que todos somos iguales ante ella. La Unión Civil homosexual no perturba la sobrevivencia de la especie. Solo protege derechos civiles que ya tienen las parejas heterosexuales. Y no lesiona los derechos de otros.

Perdón y arrepentimiento en la decisión presidencial

El presidente Humala, en uso de sus atribuciones constitucionales, decidió finalmente no otorgar la gracia de indulto a Alberto Fujimori Fujimori, sentenciado por la justicia peruana por delitos de lesa humanidad y corrupción.

Lo hizo en atención a la recomendación que elaboró la Comisión de Gracias Presidenciales que llegó a la conclusión que no existe en el reo enfermedad grave o terminal, pero, además, atendiendo a un concepto clave no mostrado hasta ahora por Fujimori: el arrepentimiento.

Fujimori no se ha arrepentido ni ha pedido perdón por los crímenes de Estado cometidos. Por el contrario, lo que ha buscado el fujimorismo en todo este tiempo ha sido defender la inocencia del ex presidente, desconociendo la condena impuesta por la justicia peruana en un proceso libre y democrático.

Desde el punto de vista Cristiano el perdón pasa por el arrepentimiento.

No hay perdón sin arrepentimiento.

El perdón es una gracia, no un derecho. Viene de la fuente de poder, no al revés. El perdón no se obtiene si quien lo pide mantiene el orgullo.

Arrepentirse lleva implícita una voluntad de cambio. Y no se puede cambiar si no somos concientes que nos hemos equivocado o hemos obrado mal, por acción u omisión.

El arrepentimiento es también un camino de doble vía.

Si perdonamos sin arrepentimiento, la persona perdonada puede pensar que nada estuvo mal en su vida y que obtuvo esa gracia por derecho propio.

El arrepentimiento ayuda al que ofende a transformar su vida; y al ofendido, a vivir en paz o a recuperar su tranquilidad.

Si se otroga perdón sin arrpentemiento, el dolor de los ofendidos se mantiene y puede transformarse en odio, venganza o amargura.

Y ninguna sociedad florece manteniendo vivos esos sentimientos.

El arrepentimiento abre la vía de la reconciliación.

Por eso a veces es mejor no perdonar hasta ver un cambio sincero en quien nos ha ofendido, que ofrecer perdón sin que el ofensor reconozca que ha obrado mal.

El perdón incondicional y de parte no conlleva al objetivo central del perdón que es volver a vivir en comunidad sin rencores, odios ni venganzas entre ofensor y ofendido.

Ese reencuentro como seres humanos solo es posible si el ofensor se arrepiente,  demuestra remordimiento y ánimo de cambio.

Y si el ofendido -en este caso la Nación peruana personificada en el Presidente de la República-, concede el perdón no solo en base a su espíritu humanitario, sino por una auténtica reconciliación social.

Que la decisión presidencial sirva para retomar este camino. De ambas partes.

El dilema de Humala

El presidente Humala debe resolver el dilema. O accede al pedido de la familia –aún no presentado– y le otorga el indulto humanitario a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y corrupción; o lo rechaza.

Para llegar a resolver dicho dilema, el presidente Humala debe tener en cuenta consideraciones políticas, jurídicas, médicas, pero también éticas y morales, así como un alto sentido de responsabilidad y justicia, en su condición de jefe del Estado.

En todos estos campos existe opinión a favor y en contra. Y cualquiera que sea su decisión, marcará una línea divisoria; un antes y un después en su gobierno.

En el campo médico, el presidente Humala no debiera tener problemas para decidir. El pedido de indulto humanitario debe estar debidamente sustentado ante una junta de galenos de primer nivel -si es possible con asesoramiento internacional-, cuyo informe sobre la enfermedad de Fujimori y el grado en que se encuentra no pueda ser cuestionado. Peritos médicos de parte, no sirven en casos como este.

No hay forma que el Presidente Humala pueda sortear este primer paso. Una junta médica debe confirmar si la laceración que tiene Fujimori en la boca está en fase terminal o es de consideración muy grave. El indulto humanitario sólo procedería en esas circunstancias, debidamente comprobadas.

En el terreno jurídico las opiniones están divididas. El presidente del Poder Judicial y el representante del Ministerio Público, han señalado -matices más, matices menos-, que no habría impedimento legal para que el primer mandatario otorgue el indulto humanitario. Pero existe una ley dada por el propio Fujimori que impide otorgar este beneficio a los condenados por secuestro agravado, y existe jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que niega el indulto o la amnistía para delitos de lesa humanidad.

En el plano político, la decisión del presidente Humala es mucho más delicada. Para empezar, tiene que considerer dos escenarios. El primero, una decisión favorable, abriría un clima de polarización y  confrontación con sectores democráticos del país –sindicatos, gremios, ongs, sociedad civil– lo que podría llevarlo a perder en el Congreso el apoyo de Perú Posible y de otras fuerzas democráticas, debilitando así su manejo en este poder del Estado, poniendo, incluso, en riesgo, la gobernabilidad del país. El segundo, descartar el indulto, significaría comprar estabilidad un periodo de tiempo más y delimitar el campo de la oposición, dejando el protagonismo a la bancada fujimorista. Algo que ya hemos visto en estos primeros meses de gobierno.

Donde realmente Humala asumirá su rol ante la Historia es en las consideraciones de orden ético y morales. En primer lugar, debe meditar sobre la responsabilidad que atañe a un ex presidente que deshonró el máximo cargo que la Nación puede confiar a un ciudadano. Desde el propio Estado, Fujimori organizó, toleró o dirigió, un grupo de asesinos. Es la peor afrenta que un ser humano puede cometer desde el poder. En ningún momento, Fujimori ha aceptado su responsabilidad, ha mostrado arrepentimiento o siquiera ha pagado la reparación civil que le impuso la justicia. 

El jefe del Estado debe entender que para el fujimorismo, el indulto humanitario, no es un acto de clemencia, sino de justicia. Y eso no se puede admitir. Sería pretender olvidar el pasado o, peor aún, premiar la impunidad. Sería olvidar a las víctimas de La Cantuta, Barrios Altos y otros. Y sería olvidar el dolor de los familiares. El presidente Humala insurgió contra una dictadura corrupta. Tiene ahora la oportunidad de honrar esa postura o de mancharla con una decisión contraria al principio de justicia. Eso es algo que deberá resolver en la soledad de su conciencia.

La carta del escritor, el 1097 y la Fe de Erratas

Aunque el presidente Alan García diga que no, la carta de Mario Vargas Llosa renunciando al Proyecto del Lugar de la Memoria, fue un batacazo. De un solo plumazo, el escritor lo bajó a nivel internacional. Es un descrédito en materia de derechos humanos del que difícilmente podrá recuperarse el presidente. Más aún si en declaraciones de hoy ha reiterado la posición defendida por Rafael Rey, en el sentido de que el D.L.1097, sólo buscó adelantar lo que dispone el Código Procesal Penal. Amnistía apenas disfrazada, la llama el escritor. Aquí la carta que ya circula por todo el mundo:

"París, 13 de setiembre de 2010
Excmo. Señor Dr. Alan García Pérez
Presidente del Perú
Lima
Señor Presidente:

Por la presente le hago llegar mi renuncia irrevocable a la Comisión Encargada del Lugar de la Memoria cuya Presidencia tuvo usted a bien confiarme y que acepté convencido de que su gobierno estaba decidido a continuar el perfeccionamiento de la democracia peruana tan dañada por los crímenes y robos de la dictadura de Fujimori y Montesinos.

La razón de mi renuncia es el reciente Decreto Legislativo 1097 que, a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos -asesinatos, torturas y desapariciones-, entre ellos al propio exdictador y su brazo derecho. La medida ha indignado a todos los sectores democráticos del país y a la opinión pública internacional, como lo muestran los pronunciamientos del Relator de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal, la Defensoría del Pueblo y representantes de numerosas organizaciones sociales y políticas, entre ellos algunos congresistas apristas. Coincido plenamente con estas protestas.

Hay, a mi juicio, una incompatibilidad esencial entre, por una parte, auspiciar la erección de un monumento en homenaje a las víctimas de la violencia que desencadenó el terrorismo de Sendero Luminoso a partir de 1980 y, de otra, abrir mediante una triquiñuela jurídica la puerta falsa de las cárceles a quienes, en el marco de esa funesta rebelión de fanáticos, cometieron también delitos horrendos y contribuyeron a sembrar de odio, sangre y sufrimiento a la sociedad peruana.

Ignoro qué presiones de los sectores militares que medraron con la dictadura y no se resignan a la democracia, o qué consideraciones de menuda política electoral lo han llevado a usted a amparar una iniciativa que sólo va a traer desprestigio a su gobierno y dar razón a quienes lo acusan de haber pactado en secreto una colaboración estrecha con los mismos fujimoristas que lo exiliaron y persiguieron durante ocho años. En todo caso, lo ocurrido es una verdadera desgracia que va a resucitar la división y el encono político en el país, precisamente en un periodo excepcionalmente benéfico para el desarrollo y durante un proceso electoral que debería servir más bien para reforzar nuestra legalidad y nuestras costumbres democráticas.

Pese a haber sido reñidos adversarios políticos en el pasado, en las últimas elecciones voté por usted y exhorté a los peruanos a hacer lo mismo para evitar al Perú una deriva extremista que nos hubiera empobrecido y desquiciado. Y he celebrado públicamente, en el Perú y en el extranjero, su saludable rectificación ideológica, en política económica sobre todo, que tan buenas consecuencias ha tenido para el progreso y la imagen del Perú en estos últimos años. Ojalá tenga usted el mismo valor para rectificar una vez más, abolir este innoble decreto y buscar aliados entre los peruanos dignos y democráticos que lo llevaron al poder con sus votos en vez de buscarlos entre los herederos de un régimen autoritario que sumió al Perú en el oprobio de la corrupción y el crimen y siguen conspirando para resucitar semejante abyección.

Lo saluda atentamente,

Mario Vargas Llosa"

Se inicia la guerra desinfomativa

(Desde Washington) Es una guerra política y está declarada. Ha empezado temprano, cuando aún no todos han definido su candidatura. Pero anuncia lo despiadada que será la campaña electoral presidencial. Esta guerra desinformativa consiste en acusar al gobierno de haber sido débil ante el terrorismo, haber flexibilizado la legislación antiterrorista, y haber liberado a los terroristas y, en el colmo de la genuflexión, haber pagado indemnizaciones oprobiosas a quienes atentaron contra el Estado.

Es también una guerra mentirosa. Esconde a los verdaderos responsables de haber convertido al Perú en un paria. Si García aisló financieramente al Perú en los ochenta, Fujimori lo hizo en el ámbito de países democráticos en los noventa. Evade la constatación de hechos de que los juicios llevados a cabo durante el régimen fujimorista obligaron a que el Perú sea sentado en el banquillo de los acusados. Sin garantías procesales, las inversiones se resisten.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que los procesos judiciales de jueces sin rostro no tuvieron garantías procesales. ¿Qué los terroristas no tienen derechos individuales? Hasta el más despiadado criminal los tiene. Si no somos capaces de reconocer esto, no habría valido la pena haber dejado las cuevas.

Para reparar esa incongruencia con los valores superiores de la democracia, la CIDH dictaminó que se paguen los costes administrativos que hubieren sido producto del error fujimorista. Nada de esto cuenta ahora. Apristas, fujimoristas y castañedistas han alineado sus baterías contra Toledo, por motivos diversos, y cada quien jalando agua para sus propios molinos. Los primeros lo odian por un revanchismo; los segundos se han quedado con sangre en el ojo; y los terceros quieren pulverizar a quien consideran su rival político. En lo que todos coinciden es en agarrar a Toledo como puching ball.

Ahora resulta que allanarse es sinónimo de arrodillarse o claudicar, en lugar ser simplemente el acatamiento de una sentencia a la que el Perú está obligado por ser firmante de un tratado internacional. Lo que sigue en esta comedia negra es seguramente que en el Congreso se trame la formación de una comisión investigadora con un solo objetivo: reescribir la historia acusando de los errores del pasado a un tercero y, de paso, sacar del juego al competidor político que se teme.

Debate CIDH separando el grano de la paja

Para entender hacia dónde se pretende llevar al Perú en el tema de la competencia de la CIDH en materia de terrorismo es necesario no perderse en la hojarasca de acusaciones y mentiras que algunos medios han montando contando medias verdades y acusando de todo a sus enemigos políticos. Aquí algunas premisas que nos ayudarán a aclarar el asunto:

1. No hubo pago de indemnización, ni reparación civil de 30 mil dólares para Lori Berenson.

Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó fue que se reconociera a los padres de la sentenciada los costes asumidos en el proceso judicial que llevó a cabo la administración de Fujimori. El juicio realizado por un tribunal sin rostro, no guardó garantías procesales, por lo que el pago de los gastos administrativos es producto de los errores judiciales del gobierno fujimorista.

2. Las reparaciones individuales se pagaron con mecanismos regulares.

El pago de los 30 mil dólares figura en el Decreto de Urgencia 030-2005 y su anexo respectivo. No fue un acto escondido, mentiroso o doloso. Fue un acto transparente y legal. El nombre de Lori Berenson no figura en dicho anexo porque ella no es la beneficiada. Si, en cambio, fIgura el nombre de sus padres, así como otros beneficiados como los deudos de la matanza de Barrios Altos.

3. El Estado peruano está obligado a cumplir la sentencia emanada del órgano supranacional.

El gobierno de Fujimori pretendió sustraer parcialmente al Estado peruano de la jurisdicción de la Corte. Pero la medida no prosperó. La Corte advirtió al gobierno de Fujimori las violaciones a las libertades individuales y los vicios procesales y al debido proceso que cometía su administración de justicia en la lucha contra el terrorismo.

4. Fujimori liberó más presos acusados de terrorismo que cualquier otro gobierno.

Las arbitrariedades del gobierno de facto fueron de tal calibre que el propio Fujimori tuvo que liberar, vía indulto, a 513 acusados de terrorismo. La comisión del Padre Hubert Lansiers, durante el gobierno de Valentín Paniagua, encontró otros 143 casos que merecían el mismo fin.

5. Lori Berenson fue beneficiada con certificado de buena conducta del actual gobierno aprista.

La libertad de Lori Berenson no hubiera sido posible si es que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no le hubiera aprobado un informe legal, psicológico y social que le permitió a la titular del primer juzgado provincial, Jéssica León Yaranga, otorgar libertad condicional a la estadounidense Lori Berenson, tras cumplir los tres cuartos de la pena de 20 años a los que fue condenada por el delito de terrorismo.

6. El Poder Judicial pudo negarse a liberar a la Berenson.

En base la independencia de criterio que tienen los jueces en el Perú, la jueza León Yaranga pudo negarle el pedido de semilibertad a Lori Berenson. ¿Por qué no lo hizo? ¿Para generar el psicosocial que tuvimos e iniciar una campaña mediática contra los fallos de la CIDH?

7. El objetivo político es responsabilizar al gobierno de Toledo...

En este tema, apristas, fujimoristas y castañedistas han coincidido en una cosa: responsabilizar al gobierno de Toledo de haber flexibilizado las penas a los terroristas y de pagar indemnizaciones de escándalo; todo lo cual debe ser investigado en el Congreso. Para ello tergiversan los datos y ponen como “ejemplo” el caso Lori Berenson, su salida anticipada de la cárcel y el pago de 30 mil dólares por parte del Estado.

8. ... pero el objetivo mayor es otro.

La hipótesis principal es que el gobierno ha armado todo un psicosocial con el tema del terrorismo (liberación de Lori Berenson, marcha de estudiantes en San Marcos) con el objetivo de, en primer lugar, generar indignación en la población y remover su rechazo y condena al terrorismo. Pero, en segundo lugar, crear las condiciones para endurecer su posición en materia de derechos humanos y pretender salirse de la jurisdicción de la Corte. Si no ¿cómo entender lo declarado por el premier Velásquez Quesquén?: "Lo que estamos planteando es que se pueda hacer una ‘reserva parcial’ (ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos) en el delito de terrorismo y especialmente en el tema de las indemnizaciones económicas”.