El país está de duelo. No sólo por los muertos de la selva. Ayer ha muerto también la decencia. Ha muerto la tolerancia y el diálogo y ha nacido la violencia. La legal y la otra. Y ambas se han mirado frente a frente y han hablado en el único idioma que conocen: muerte. Casi dos meses de paralización y el saldo ha sido balas, cuchillos, lanzas sangre y muerte.
La responsabilidad política inmediata recae en el Premier Yehude Simon y en la ministra del Interior. El primero por no tener el liderazgo suficiente para lograr sentar en la mesa de negociaciones a las comunidades amazónicas; y la segunda por utilizar armas de fuego contra la población civil.
Pero la responsabilidad histórica por haber permitido esta ofensiva armada contra las poblaciones amazónicas es del Presidente de la República.
Ningún operativo de esta envergadura puede realizarse sin su aprobación.
Precisamente por las consecuencias que un hecho como este genera.
El saldo trágico no se conoce aún. Han muerto 11 policías, dirán algunos.
Sí, pero la responsabilidad sigue siendo de quienes los enviaron a reprimir a una población iracunda, cuando lo que se necesitaba era una salida política.
La salida política estuvo en manos de los congresistas el día anterior cuando la mayoría oficialista pudo debatir y derogar los decretos supremos rechazados por las poblaciones amazónicas.
En lugar de eso, trasladaron su responsabilidad a la Presidencia del Consejo de Ministros -un fantasma político a estas alturas-, un pobre hombre que palidece a plena luz del día, sin más respaldo que el de su propia sombra.
Ese solitario de Sayán encaramado en la Av. 28 de Julio no tiene forma de asirse ya al poder que no sea su propia desorientación o desvergüenza.
¿Por qué el Presidente de la República no bajó -por una vez- de su atalaya de poder y se sentó a conversar con las poblaciones indígenas?
El Presidente pudo evitar este baño de sangre. Y replantear su política del Perro del Hortelano en la selva. Y convencernos a todos de su nuevo evangenlio privatizador.
Pero en lugar de eso, aprobó los planes de desalojo violento de las carreteras tomadas por los nativos, sin que se tocaran los decretos 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
La intransigencia de uno y otro lado generó finalmente este callejón sin salida. Las consecuencias han sido el elevado costo en vidas humanas, que nadie se pone de acuerdo en precisar ¿26 muertos? ¿30? ¿43?. Una vez más, el presidente y su gobierno se mancharon las manos de sangre.
