Carta a los Indios de las provincias interiores

Nobles hijos del Sol, amados hermanos, a vosotros virtuosos indios, os dirigimos la palabra, y no os asombre que los llamemos hermanos: lo somos en verdad, descendemos de unos mismos padres, formamos una sola familia, y con el suelo que nos pertenece, hemos recuperado también nuestra dignidad y nuestros derechos. Hemos pasado más de trecientos años de esclavitud en la humillación más degradante, y nuestro sufrimiento movió al fin a nuestro Dios a que nos mirase con ojos de misericordia. 

Él nos inspiró el sentimiento de Libertad, y Él mismo nos ha dado fuerza para arrollar a los injustos usurpadores, que sobre quitarnos nuestra plata y nuestro oro, se posesionaron de nuestros pueblos, os impusieron tributos, nos recargaron de pensiones, y nos vendían nuestro pan y nuestra agua.

Ya rompimos los grillos, y este prodigio es el resultado de vuestras lágrimas y de nuestros esfuerzos. El Ejército Libertador que os entregará esta carta, lo enviamos con el designio de destrozar la última argolla de la cadena que os oprime. Marcha a salvaros y protegeros. Él os dirá y hará entender que están constituídos; que hemos formado todos los hijos de Lima, Cuzco, Arequipa, Trujillo, Puno, Huamanga y Huancavelica, un Congreso de los más honrados y sabios vecinos de esas mismas provincias. 

Este Congreso tiene la misma y aún mayor soberanía que la de nuestros amados Incas. Él, a nombre de todos los pueblos y de vosotros mismos, va a dictar leyes que han de gobernarnos, muy distantes de las que nos dictaron los injustos reyes de España. 

Vosotros indios, sois el primer objeto de nuestros cuidados. Nos acordamos de lo que habéis padecido, y trabajamos por haceros felices en el día. Vais a ser nobles, instruidos, propietarios, y representaréis entre los hombres todo lo que es debido a vuestras virtudes. 

Esperad muy breve el cumplimiento exacto de estas promesas, que no son seguramente como los falsos ofrecimientos del gobierno español. Aguardad también nuestras frecuentes cartas, nuestras determinaciones, y nuestra Constitución. Todo os irá en vuestro idioma quechua, que nos enseñaron nuestros padres, y que mamastéis a los pechos de vuestras tiernas madres. 

¡Hermanos!: el día que recibáis esta carta veréis a vuestro padre el Sol amanecer más alegre sobre la cumbre de vuestros volcanes de Arequipa, Chachani, Pichupichu, Coropuna, Sulimana, Sarasara, Vilcanota, Ilimani. Abrasad entonces a vuestros hijos, halagad a vuestras esposas, derramad flores sobre las hueseras de vuestros padres, y entonad al son de vuestro tambor y vuestra flauta dulces yaravíes y bailad alegres cachuas diciendo a gritos: ya somos nuestros; ya somos libres, ya somos felices. 

 

Congreso Constituyente 1823

 

Gobierno post Bagua: inter peleado con la verdad

Independientemente de los resultados de la votación del próximo martes en el Congreso, el gabinete Simon ya ha sido sancionado.

La opinión pública ha censurado al Premier y a la ministra del Interior. Y ha sancionado, sobre todo, al Presidente de la República. 9 puntos de caída en su popularidad, según Ipsos-Apoyo, y 8 puntos según CPI.

Una vez más, la calle se ha adelantado a la opinión del Congreso.

La interpelación ha ayudado, sin embargo, a esclarecer algunos hechos en la trágica cadena de equivocaciones y apresuramientos:

Miércoles 3 de junio de 2009:

En reunión del Consejo de Ministros, realizada en Palacio de Gobierno, el presidente García ordena desbloquear la carretera Tarapoto – Yurimaguas, tras casi dos meses de diálogo infructuoso.

Pide que se realice sin costo de vidas humanas. Guapea a Meche por su “debilidad” y demora en dar la orden de ingreso a la policía para recuperar las carreteras.

Ministra Vildoso se opone a empleo de la fuerza pública. Pide agotar esfuerzos para seguir dialogando. Teme derramamiento de sangre.

El premier Yehude Simon –el negociador del régimen, el hombre que otorgó a Pizango el poder de representación de todas las etnias amazónicas- acata la decisión del presidente de la República.

Jueves 4 de junio de 2009:

Se reúne el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los ministros de Defensa y del Interior para planificar el operativo de desbloqueo, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Presidente de la República en el Consejo de Ministros.

Se acuerda realizar el operativo enviando como refuerzos a tropas del Ejército. No 800 como se dijo, sino sólo 140.

A las 8 de la noche de ese mismo día, la ministra del Interior recibe la llamada del Director de la PNP, comunicándole que el operativo se realizará al día siguiente a las cinco de la madrugada.

Afirma tener información por escrito. En todo caso, la ministra no opina en contrario. Confirma el operativo. ¿Informa al Presidente de la República? No se sabe. Es altamente improbable que no lo hubiera hecho.

Un operativo de semejante envergadura no puede realizarse sin conocimiento del jefe del Estado. Si lo hizo, ¿por qué no lo objetó García? Porque estaba apurado por desbloquear la carretera. Porqué hasta entonces –y aún después de los hechos- estaba convencido que el problema había sido un “exceso de diálogo”.

¿Y Simon? Probablemente diga la verdad: nadie le avisó y se enteró por los medios. Por RPP ese mismo día. Quizás. De ahí su espíritu de Mahatma de cargar con su cruz por todo el país.

Viernes 5 de junio de 2009:

Lo que ya sabemos. 24 policías muertos 10 civiles muertos y más de 200 civiles heridos. Muchos heridos de bala.

Dos semanas después, nadie en el gobierno asume su responsabilidad. Por el contrario, voceros oficialistas -políticos y periodistas- insisten en culpar a los organizadores de la protesta y a infiltrados terroristas-nacionalistas-evochavistas.

El Baguazo, el Andahuaylazo y el Arequipazo

Comparar el “Baguazo” como un nuevo “Andahuaylazo” es un tag efectivo, pero irreal. Un recurso mediático, pero mentiroso. En la plataforma de los pueblos amazónicos nunca estuvo la caída del gobierno. La asonada de Andahuaylas (2005), en cambio, fue una acción de armas que buscaba acabar con el régimen democrático.

La plataforma leída por Antauro Humala tenía como primer punto el fin del gobierno de Alejandro Toledo. Nada de esto ocurre ahora. La renuncia del gabinete Simon es una consecuencia de la incompetencia del gobierno para manejar la situación en la selva. No amenaza la continuidad democrática; por el contrario, es necesaria para fortalecer el sistema.

El “Baguazo” del 2009 tiene más bien similitudes con el “Arequipazo” del 2002.

La iracunda protesta de la población arequipeña fue en respuesta a la decisión del Ejecutivo de privatizar las empresas eléctricas Egasa y Egesur como parte de su política de promover y atraer inversiones.

En ese momento, el presidente de la República estuvo ante la disyuntiva de imponer su decisión a sangre y fuego –las tropas de asalto ya habían sido enviadas- y sumar cadáveres o retroceder en su determinación y asumir el costo político como signo de debilidad.

Ocurrió lo segundo, pero a la luz del tiempo fue lo mejor. Hoy se aprecia con claridad que no fue debilidad, sino sentido común, criterio y responsabilidad. Y una dosis de humanismo para asumir la derrota política transitoria, preservando la vida humana.

Como en Arequipa, los habitantes de la selva se resisten a procesos de concesión y/o privatización de los recursos naturales, tierra, agua, petróleo, gas. No es sólo ignorancia, como se dice desde el poder. Es una visión cultural distinta. Un choque antropológico entre dos mundos; uno que vive enlazado a Internet y otro que con toda la modernidad que vivimos no tiene aún energía eléctrica, agua limpia o canales para evacuar sus excretas.

Las voces de vacancia presidencial escuchadas en el entierro de los policías asesinados en Bagua son producto del dolor de familias que sienten que sus hijos fueron enviados a la boca del lobo sin haberse agotado las vías pacíficas de resolución de conflictos.

Estas voces se seguirán escuchando en las calles si se persiste en la equivocada visión de senderizar la protesta; de ver un terrorista en cada diferencia, en cada opositor.

No es por supuesto una respuesta terrorista. La violencia que hemos vivido y que se ha ensañado contra policías indefensos no es explicable con códigos tradicionales y sólo occidentales. Lo sabe Mario Vargas Llosa cuando le cupo la misión de esclarecer el asesinato de ocho periodistas en Uchuraccay. Tampoco entonces se entendió su visión de mundos distintos, antagónicos, que encontró en las alturas iquichanas.

La barbarie no sólo está en los que se pintan la cara y aúllan blandiendo sus lanzas. El salvajismo también se expresa en decisiones políticas confrontacionales, obtusas, que buscan imponer su autoridad a sangre y fuego y que –como hemos visto- sólo conducen a la muerte.

La barbarie... al día siguiente

El país no puede seguir atrapado por la violencia. El costo de vidas humanas es muy alto. Debemos encontrar una salida política, dialogada, ahora.

Antes que nada las responsabilidades.

La responsabilidad política inmediata recae en el Premier Yehude Simon y en la ministra del Interior, Merecedes Cabanillas.

El primero por no tener el liderazgo suficiente para lograr sentar en la mesa de negociaciones a las comunidades amazónicas; y la segunda por utilizar armas de fuego contra la población civil.

Pero la responsabilidad histórica por haber permitido esta ofensiva armada contra las poblaciones amazónicas es del Presidente de la República. Ningún operativo de esta envergadura pudo realizarse sin su aprobación.

Cuando ocurrió el “Arequipazo” (Junio del 2002) el gobierno evaluó la situación y retrocedió. No por debilidad, sino por sentido común y responsabilidad. Preservar la vida de las personas es tarea principal del Jefe del Estado.

Hoy la capacidad de interlocución del gobierno está mellada. Se ha perdido. No existe. El movimiento indígena no encuentra un interlocutor válido ni en el alcalde local, ni en el presidente regional, ni mucho menos en los congresistas o el presidente del Consejo de Ministros.

Una opción sería apoyar los esfuerzos de la Iglesia a través de la Vicaría de Solidaridad de Jaén y de la Conferencia Episcopal.

Otra, más expedita, es que el Presidente de la República asuma directamente la tarea de conversar con las poblaciones indígenas.

Cuando su primer ministro fracasa, el Presidente de la República tiene la obligación de dialogar y encontrar una solución conversada, en este caso, con el movimiento amazónico.

El Presidente pudo evitar este baño de sangre. Hoy su es obligación replantear su política del Perro del Hortelano en la selva.

Si el Presidente García tiene un nuevo Evangenlio Privatizador que nos convenza a todos mediante el diálogo y la consulta; no a la fuerza y a balazos.

Se equivoca el Jefe del Estado cuando en lugar de comuneros amazónicos ve terroristas complotando contra la democracia.

Esta visión guerrerista de la política lo lleva a tomar salidas violentas como la que hemos visto en Amazonas.

Por la tranquilidad pública y la paz social del país debemos salir de este callejón oscuro.

El país no quiere más violencia y más muertes. No queremos un gobierno fuerte, si esto significa disparar contra nuestros hermanos.

Infierno en la selva: a sangre y fuego

El país está de duelo. No sólo por los muertos de la selva. Ayer ha muerto también la decencia. Ha muerto la tolerancia y el diálogo y ha nacido la violencia. La legal y la otra. Y ambas se han mirado frente a frente y han hablado en el único idioma que conocen: muerte.

Casi dos meses de paralización y el saldo ha sido balas, cuchillos, lanzas sangre y muerte.

La responsabilidad política inmediata recae en el Premier Yehude Simon y en la ministra del Interior. El primero por no tener el liderazgo suficiente para lograr sentar en la mesa de negociaciones a las comunidades amazónicas; y la segunda por utilizar armas de fuego contra la población civil.

Pero la responsabilidad histórica por haber permitido esta ofensiva armada contra las poblaciones amazónicas es del Presidente de la República.

Ningún operativo de esta envergadura puede realizarse sin su aprobación.
Precisamente por las consecuencias que un hecho como este genera.

El saldo trágico no se conoce aún. Han muerto 11 policías, dirán algunos.

Sí, pero la responsabilidad sigue siendo de quienes los enviaron a reprimir a una población iracunda, cuando lo que se necesitaba era una salida política.

La salida política estuvo en manos de los congresistas el día anterior cuando la mayoría oficialista pudo debatir y derogar los decretos supremos rechazados por las poblaciones amazónicas.

En lugar de eso, trasladaron su responsabilidad a la Presidencia del Consejo de Ministros -un fantasma político a estas alturas-, un pobre hombre que palidece a plena luz del día, sin más respaldo que el de su propia sombra.

Ese solitario de Sayán encaramado en la Av. 28 de Julio no tiene forma de asirse ya al poder que no sea su propia desorientación o desvergüenza.

¿Por qué el Presidente de la República no bajó -por una vez- de su atalaya de poder y se sentó a conversar con las poblaciones indígenas?

El Presidente pudo evitar este baño de sangre. Y replantear su política del Perro del Hortelano en la selva. Y convencernos a todos de su nuevo evangenlio privatizador.

Pero en lugar de eso, aprobó los planes de desalojo violento de las carreteras tomadas por los nativos, sin que se tocaran los decretos 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

La intransigencia de uno y otro lado generó finalmente este callejón sin salida. Las consecuencias han sido el elevado costo en vidas humanas, que nadie se pone de acuerdo en precisar ¿26 muertos? ¿30? ¿43?. Una vez más, el presidente y su gobierno se mancharon las manos de sangre.

Conflicto amazónico: la política y la antipolítica

El proceso abierto contra los dirigentes amazónicos por sedición y rebeldía es un acto prepotente del gobierno. Una muestra más del fracaso del diálogo institucionalizado entre gobernantes y gobernados.

El empapelamiento legal puede atizar aún más el conflicto. Y no resuelve el tema de fondo que es atender el reclamo de las comunidades amazónicas sobre un paquete legislativo aprobado sin consulta como manda el Convenio 169 de la OIT de protección de los derechos indígenas.

En agosto del año pasado -cuando estalló el conflicto-, reclamábamos en un post la recuperación de la autonomía económica, política, administrativa y financiera del INDEPA.

Este mecanismo de representación de las comunidades amazónicas con el Estado creado en abril del 2005 tenía rango ministerial y bien llevado pudo actuar como un espacio de concertación entre el Estado y los representantes de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos.

Es decir, pudo ser el canal de diálogo donde se debatiera el problema legal de los decretos legislativos aprobados. Algo que no existe hoy en día.

La Mesa de Diálogo instalada por el premier Yehude Simon es una respuesta desesperada antes hechos consumados; no un mecanismo de trabajo permanente.

Por un acto de encono, ojeriza o simple ramplonería sobre todo lo actuado por el gobierno anterior, INDEPA fue trasladado a un traste del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), perdiendo toda dinámica y representatividad.

Para terminar de cooptar y desnaturalizar el organismo, el Ejecutivo nombró como presidente ejecutivo del INDEPA a Mayta Cápac Alatrista Herrera, un regidor aprista del Concejo Municipal de Lima Metropolitana.

Nadie escuchó la protesta de las comunidades amazónicas. Ni siquiera cuando a través de los medios anunciaban sus medidas de lucha. Recién cuando tomaron instalaciones petroleras y bloquearon carreteras, voltearon a verlos.

Un signo distintivo de este gobierno es su resistencia a conversar, a no dialogar ni crear espacios de intermediación política con organismos representativos de la sociedad.

Por esa vía sólo se enseña el fracaso de la política, quedando abierto el camino de la represión, la acusación policial o fiscal, la persecución judicial; es decir, el camino de la antipolítica.

Comunidades amazónicas
Amazonía
Alberto Pizango

La insurgencia de las comunidades amazónicas

Las comunidades indígenas amazónicas se han declarado en insurgencia contra el gobierno del Presidente García. Tras más de mes de estar en paro y haber jaqueado importantes ciudades y centros de producción petrolera, el diálogo sostenido con la Presidencia del Consejo de Ministros se ha roto llevando al fracaso las negociaciones.

No parece haber punto de conciliación. Las comunidades nativas esperan la derogatoria de los decretos legislativos dados por el gobierno al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso para cerrar el TLC con los Estados Unidos. El gobierno, por su parte, pretende aprobar los dispositivos.

De lo que se trata es de la manera en que se disponen extensas áreas de selva a concesionarios privados ansiosos de explotar hidrocarburos –petróleo y gas- y recursos forestales en general.

Los indígenas señalan que el Estado no puede enajenar sus tierras; tierras que sus ancestros ya habitaban, aún antes de la aparición del Estado.

En el fondo, son dos concepciones opuestas de entender el derecho de propiedad.

Este paro indígena y el llamado a insurrección es el fracaso de la política del Perro del Hortelano que el Presidente García impulsó para privatizar la Selva.

Las comunidades indígenas no han sido consultadas.

Todos recordamos agosto del año 2008, cuando las comunidades indígenas de la Amazonía se pusieron de pie para decir No a los Decretos Legislativos, 1015, 1073, 1064, 994, 1020, 1064,1081 y 1090.

Luego de una gran movilización el Congreso derogó dos de los dispositivos legales: el 1015 y 1073 que cambiaban el quórum para aprobar las decisiones comunales.

Las normas aprobadas por el gobierno coinciden con un acelerado proceso de concesiones mineras y petroleras en estos territorios. El objetivo escondido sería entregar estas tierras para bio-combustible.

¿Puede el Estado disponer de los recursos que el suelo o subsuelo amazónico tienen en su seno? Por supuesto. Lo que no puede hacer es ignorar los beneficios a que tienen derecho las comunidades indígenas que viven sobre el territorio.

La experiencia histórica no ha sido nunca favorable para el pueblo amazónico. Se explotó el caucho, el petróleo, el oro y nada cambió para ellos. La desconfianza está instalada en la memoria colectiva de su pueblo. Ni la amenaza de muerte parece disuadirlos. “Si quieren matarnos, entonces, nos matarán”, ha dicho el dirigente Alberto Pizango. Ojalá la sangre no llegue al río.

Indepa debe recuperar su autonomía

Políticamente el gobierno buscará ganar en la mesa lo que ha perdido en la cancha. Está claro que el Ejecutivo no promulgará la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073 aprobada por el Congreso. Por el contrario, buscará llevar a los representantes de las comunidades indígenas a la mesa de negociaciones, discutir los alcances y beneficios de las leyes derogadas y mantener su posición de modernizar las relaciones de comercio de la tierra en la selva, sea mediante la observación parcial de la norma aprobada en el Congreso o presentando una nueva iniciativa legal.

Es lo que se puede leer entrelínea de las declaraciones del premier Del Castillo, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, y el legislador aprista Aurelio Pastor. Las poblaciones indígenas no pueden, pues, darse por ganadoras. Apenas si hemos visto la primera parte de un juego más largo y más complejo que la aplastante, diversa y a la vez frágil mayoría opositora armada en el Congreso.

Quizás sea oportuno el momento para que las comunidades indígenas recuperen la autonomía, económica, política, administrativa y financiera que tuvieron desde que en abril del 2005 se creó el INDEPA como un organismo público de rango ministerial, rector de políticas nacionales, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y con jurisdicción en el ámbito nacional.

El INDEPA fue concebido como un espacio de concertación entre los representantes de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos y el Estado. Sin embargo, con este gobierno, dentro de lo que se llamó la reestructuración del Estado que no fue más que la fusión desesperada de organismos públicos, el INDEPA fue subsumido y olvidado en un rincón por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).

Así pasó de ser un ente de diálogo entre las comunidades indígenas amazónicas, andinas y afroperuanas, promotor de políticas nacionales, a un ente ejecutor de políticas sectoriales partidarias. En febrero del 2007, el INDEPA pasó a depender del MIMDES y en junio de este año el Ejecutivo nombró como su presidente ejecutivo a Mayta Cápac Alatrista Herrera, regidor aprista del Concejo Municipal de Lima Metropolitana.

La tarea para el INDEPA debiera ser, entonces, recuperar su autonomía institucional para desde allí cumplir con el objetivo fundacional de formular y aprobar la política, programas y proyectos de alcance nacional para el desarrollo integral de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, así como concertar, articular y coordinar las acciones de apoyo, fomento, consulta popular, capacitación, asistencia técnica, y otros, de las entidades públicas y privadas, a favor de sus comunidades.

Sentarse a conversar con el Ejecutivo en otras condiciones podría significar que la victoria de ayer cambie de signo; más aún cuando lo que se ha derrotado es la política del Perro del Hortelano que el presidente García planteó como punto de partida para el desarrollo de la selva.

comunidades nativas
INDEPA
pueblos amazónicos

El perro del hortelano y la selva nativa

El levantamiento de las comunidades indígenas contra los decretos legislativos que modifican su relación con la tierra es el más duro golpe a la política del “Perro del hortelano” propuesta por el reconverso presidente Alan García.

La relación de las comunidades indígenas de la selva con la tierra es cultural antes que económica. Y esto es no sólo un diferente punto de vista, sino un esquema de pensamiento distinto.

Para comunidades como los achuar, machiguengas, candoshis, huambisas o asháninkas el concepto de libertad para comprar o vender sus tierras, no se entiende. El comercio de libre mercado carece de lógica entre poblaciones que se mueven en una economía primaria pre capitalista.

Son dos mundos diferentes. Uno, el expresado por la propuesta presidencial de potenciar el desarrollo vía la inversión de capitales privados nacionales o extranjeros y la libre disponibilidad de tierras, frutos, bosques, minerales, animales. Otro, el unido a cosmovisiones ancestrales.

La palabra desarrollo no suena igual en ambos lados de la mesa. Para unos es integración al mundo moderno. Para los otros es invasión a sus costumbres. Vargas Llosa reflexionó sobre esta paradoja en El Hablador. ¿Podemos condenar a estos connacionales a seguir viviendo con taparrabo toda su vida y condenar a sus hijos a no disfrutar de los avances de la libertad, la democracia y el desarrollo?

Pero ¿alguien se ha preguntado primero si esas comunidades nativas quieren vivir a nuestra manera? ¿No se ha llegado acaso a un acuerdo de mutua exclusión con los No Contactados al dejarlos vivir libres por el bosque sin hacer nada más que mirar sus débiles e inocuas flechas cuando los detectan nuestros helicópteros?

No es la ideología lo que ata al hombre de la selva, como sostiene la propuesta del Perro del Hortelano. Es la cultura. Y esto es lo que protege legislación como el Convenio 169 de la OIT. Las minorías étnicas deben ser consultadas ante cualquier cambio de legislación que altere sus formas de vida.

El decreto legislativo 1015 y su modificatoria 1073 cambia la organización de las comunidades nativas. No sólo la forma de votar. Estos decretos facilitan la enajenación de las tierras, lo que significa que, en la práctica, se puede desligar a las comunidades de su vínculo cultural con la tierra. Esto es lo que se llama identidad cultural; el derecho que tienen las comunidades a vivir según su propia forma de entender y ver la vida. Algo difícil de comprender desde una óptica occidental y cristiana.