Nuevo Congreso... ¡a empezar!

I

El sábado, pasadas las 8 de la noche, concluyó el procesamiento de actas de la ONPE. Ya tenemos resultados finales al 100%. Corresponde ahora al JNE acelerar y resolver las impugnaciones finales, entregar las credenciales y dejar expedito el camino para que se instale el nuevo Congreso.

No hay tiempo qué perder. Urge recomponer el equilibrio político. El ejecutivo se ahoga solo. Se necesita retomar la agenda política, pero, al mismo tiempo, se debe atender las demandas ciudadanas más urgentes: inseguridad ciudadana, crecimiento económico, para empezar.

Y mejorar, el acto de gobernar. 

El Congreso puede ayudar en ese aspecto a recuperar el buen sentido de la política, generando ideas. Organizando una agenda regional que ayude al ejecutivo a atender las demandas del interior del país y, de paso, sacar a los ministros del marasmo en que se encuentran. 

Es momento del qué hacer, más del qué decir. Gobernar es gestionar; no solo comunicar. El refresh  ministerial se ha quedado corto. Es urgente más vuelo ministerial.

II

Empieza mal la relación ejecutivo-legislativo con la propuesta del ministro Morán de eliminar la seguridad policial para los congresistas. El fondo es correcto. La forma en que lo dijo y la oportunidad en la que lo hizo, no. 

Retirar la policía a 130 congresistas no resuelve el problema de la falta de custodios para combatir el crimen. Pero sí podría contribuir, retirarlos de las embajadas, penales, ministerios, o del manejo del tránsito, entre otras, y dejarle estas funciones de seguridad a las Fuerzas Armadas y la de tránsito a las municipalidades provinciales.

III

Los nuevos congresistas serán dentro de poco los nuevos rostros de la política. No caigan en el juego del ping pong. No respondan con la misma ligereza. No conviertan el hemiciclo en un hemicirco. No vean el Twitter. Vean la calle. Suelten ideas y propuestas para mejorar no solo la percepción ciudadana del ejercicio político, sino para mejorar la realidad concreta. Fiscalicen los centros hospitalarios, las comisarías, los colegios. 

El mandato de los votantes ha sido claro. Ha ganado el voto nulo y el voto ausente. Más del 60% de los electores no lo ha hecho por alguna de las nueve agrupaciones políticas que hoy tiene representación en el Congreso. El ejecutivo ya hizo su tarea. Tenemos nuevo Congreso. Hagan política, no politiquería. 

Confianza y esencia

Entre trabajar y construir el consenso en torno a las reformas políticas o coincidir con la calle y patearle el trasero al legislativo, el ejecutivo prefirió lo segundo. Estamos a punto de una colisión de poderes. El ejecutivo pretende que el Congreso le apruebe, de manera express, cinco proyectos de reforma política empaquetados en un corsé de tiempo y forma que deja al primer poder del Estado casi como una mesa de partes.

El cierre o disolución del Congreso es inminente. La confianza solicitada por el ejecutivo no puede estar basada en un acto de fuerza. Ni en una atribución que no se tiene. El Art. 206 de la Constitución lo señala expresamente: “La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República”.

El presidente carece de la facultad de observar una ley de reforma o modificación constitucional. Si no tiene esta atribución, ¿cómo podría el ejecutivo argumentar que el Congreso ha variado la esencia de una norma de reforma constitucional y, por consiguiente, interpretar que no se le ha dado la confianza? 

Un poder no puede reclamar una función que la ley no le faculta. Sin esencia no hay confianza, That´s the question.

Además, ¿ha reparado el ejecutivo en la incongruencia insalvable que existe entre realizar elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias para toda la ciudadanía con la finalidad de elegir a los candidatos de las organizaciones políticas (Proyecto de Ley N.- 4187/2018-PE) y el proyecto que elimina el voto preferencial en las listas parlamentarias y establece la alternancia y equidad de género en la composición de dichas listas (Proyecto de Ley N.- 4186/2018-PE)?

Si las organizaciones presentan listas alternas y con equidad de género en las primarias, estas variarán apenas termine el escrutinio de esos resultados. Y si, por el contrario, lo que se pretende es que la lista final presentada a las elecciones generales y parlamentarias tenga el criterio de equidad de género y alternancia ¿para qué hacemos primarias si no vamos a respetar el orden dictado por el electorado?

Lo más sensato es realizar primarias y que se ordenen las listas según los votos obtenidos. Alterar este orden electoral meritocrático traerá más injusticias que remedio.

Una reforma política requiere tiempo, debate más allá de las organizaciones políticas y mucho trabajo para construir consensos. El Acuerdo Nacional puede convertirse en un foro de discusión en el que se expresen los diversos grupos políticos, económicos y sociales. Es la hora de las instituciones. El Tribunal Constitucional debe ser consultado.

Estamos a punto de tirar todo por la borda y entrar a una vorágine electoral interminable. Nuevo Congreso. Referéndum. Elecciones generales. Otra vez nuevo Congreso. Una cosa de locos. Dejemos que este Congreso termine sus funciones y que sea un nuevo Parlamento, el 2021, el que asuma, sin urgencias, ni presiones, la tarea de reestructurar, reformar, modernizar, nuestras reglas de juego y convivencia social. No juguemos con la democracia. 

Juego de Tonos

El ejecutivo y el legislativo han elevado sus decibeles.

Esta semana, ambos poderes del Estado cruzaron declaraciones altisonantes, estridentes, de uno y otro lado, al punto de volver a zumbar en la opinión pública el cierre o disolución del Congreso.

A todas luces, un diálogo de sordos. Un fracaso más de la política, entendida como diálogo y construcción; y más bien un punto a favor del espíritu de confrontación y ataque.

El quid del asunto es la reforma política. Un conjunto de 12 proyectos elaborados por una comisión de expertos a pedido del ejecutivo que el Congreso ha decidido entrampar, cuando no fondear, en el tacho de basura.

El primer despojo fue el proyecto que buscaba arrebatar la inmunidad parlamentaria para entregarla a la Corte Suprema. Un proyecto atractivo para el pueblo —siempre opuesto al Congreso—, pero imposible para una representación encabritada, arisca, mayoritariamente opositora como la que tenemos.

En lugar de persuadir y trabajar los votos para la aprobación de la reforma, el gobierno prefirió la pechada al Congreso y la denuncia a la opinión pública.

Pero, ¿es realmente la inmunidad parlamentaria la principal de las reformas o acaso el principal problema del país? Ni uno ni otro. Es más bien un estilete contra la autonomía legislativa. 

El castigo a los congresistas por demorar, entrampar o encubrir a un colega en problemas con la justicia, se paga en las urnas. 

La inmunidad legislativa es un principio del equilibrio de poderes. Tiene su origen en el abuso de cualquiera de los otros poderes. Permite a los congresistas actuar sin una espada de Damocles sobre sus cabezas.

Es cierto también que hay un abuso de parte de los representantes ante el pedido de la justicia de levantamiento de su inmunidad por delitos que no son inherentes a su función pública o, mejor dicho, por delitos abiertamente comunes.

En ese caso, una buena salida es colocar un plazo prudente para hacer efectivo el requerimiento judicial y aplicar el silencio administrativo positivo. Si el Congreso no resuelve el pedido de la justicia en el plazo previsto; la justicia, procede en consecuencia.

Nada se consigue elevando el tono de la disputa entre poderes. Más bien, el ruido que genera la disonancia, acompañada de estridencia, preocupa a la sociedad y desalienta la economía. Modulemos, pues, el debate.