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22 enero, 2022

El centro político y el Estado centrado


En un país fraccionado y de extremos como el Perú, de profundas desigualdades económicas y sociales, no es raro que las posiciones políticas se radicalicen. Hasta se podría decir que es el curso natural de las cosas. El quintil rico es una franja estrecha, mientras los quintiles pobres son espacios anchos y desbordados. ¿Por qué habrían de pensar igual o defender los mismos intereses? 

 

La pandemia no ha hecho más que agravar esta diferencia. 

 

¿Qué pueden esperar los pobres en una situación apremiante y angustiante como la que viven a diario? ¿Defender la democracia, la libertad, el equilibrio de poderes, la Constitución? No es su prioridad. Su prioridad pasa por buscar el alimento para sobrevivir. Curar la salud. Sin educación, sin trabajo, enfermos y casi sin oportunidades, la necesidad extrema los empuja a soluciones radicales, extremas, desesperadas. 

 

Los valores y fundamentos de la democracia, siendo imprescindibles, carecen en la desesperanza de la fuerza del convencimiento objetivo para fortalecer el sistema. Es como si la angustia y la preocupación por el diario vivir nublara la razón. Pero no es así, nada más lúcido que defender primero la vida. Aunque esta sea solo sobrevivir.

 

El centro político en estas circunstancias no puede entenderse como un punto geométrico, equidistante en el plano económico o social del país, porque la línea económico social no es equilibrada. Si el desbalance es desproporcional el punto de balance también lo es. Por eso, alcanzar el “justo medio” no es ubicarse en la mitad, sino un poco más abajo, allí donde están la mayoría de los ciudadanos y sus reclamos.

 

Ser de centro significa recoger y atender las demandas que tienen los pobres en educación, salud, justicia, trabajo, servicios básicos, infraestructura, lucha contra la anemia, discriminación. Por nombrar solo algunas de las carencias. Lo que pasa por dirimir el falso dilema de mercado versus Estado. No es posible pensar —como creen los ultraliberales— que el libre juego del mercado resolverá los problemas y que cualquier intromisión del Estado es perjudicial. Tampoco es posible irse al otro extremo —como creen los ultraizquierdistas— en un Estado interventor que distribuya riqueza, cuando todos sabemos que en realidad lo que hará será distribuir pobreza.

 

Lo que en verdad necesitamos es un Estado fuerte. Fuerte no en el sentido de Estado burocrático, sino fuerte en el sentido de que sea capaz de ofrecer resultados. Un Estado débil es aquel que no puede administrar con eficiencia su sociedad. Un Estado fuerte es, en cambio, un Estado eficaz, capaz de ofrecer buena educación y salud, así como buenos servicios. Un Estado fuerte es a la vez un Estado promotor de las iniciativas individuales y sociales, y al mismo tiempo, promotor de la igualdad de oportunidades. 

 

Necesitamos un Estado que allane la cancha para todos, no que la incline para unos pocos en detrimento de las mayorías. Eso es tener un Gobierno de centro. Un Gobierno centrado en atender y resolver las demandas urgentes de quienes nacen en desigualdad de condiciones para beneficio de todos.

01 febrero, 2020

¿Quién ganó la elección?

Por los números, a nivel nacional, Acción Popular es la primera fuerza política y es el indiscutible ganador de las elecciones congresales 2020-2021. Pero que lo haya hecho con 10.3% del total de votos válidos, indica que es más bien la primera minoría de un archipiélago variopinto de opciones, donde ningún partido captó una sólida mayoría. Una señal de advertencia para el resto de fuerzas democráticas, de cara al 2021.

El presidente Vizcarra, evidentemente, es el otro ganador de esta elección. En apenas cuatro meses, tras la disolución del Congreso, el gobierno impuso su juego y logró armar una representación parlamentaria completamente diferente, en el que sus principales enemigos –tozudos obstruccionistas– fueron barridos.

En medio de este nuevo escenario político hay también otros actores –con roles diferentes al stablishment, algunos incluso abiertamente antistablishment– que han logrado una importante cuota de poder en estas elecciones.

En Lima, por ejemplo, ganó el voto de una población jaqueada por la ola delincuencial de crímenes, robos y delitos.  Es tal la inseguridad ciudadana, que a la gente no le importó elegir abrumadoramente a un ex policía acusado de asesinato que, cuando fue autoridad, se enfrentó a la delincuencia de todo pelaje, incluidos malos venezolanos. Este sheriff urbano logró –él solo­­­­­­–, más votación que cualquiera de los partidos en la capital de la república.

Los israelitas del nuevo pacto universal, son también los ganadores de esta elección. Son la segunda fuerza política en Lima. Nada mal para una comunidad cerrada y marginal de barbados y entunicados personajes que viven bajo los principios del antiguo testamento y el ayllu andino que propugnan un estado teocrático, pero, también, propuestas razonables como: política de medicamentos genéricos, institutos técnicos agrícolas, revisión de la ley de AFPs, entre otras. 

El antisistema también ganó esta elección. Con cerca de un millón de votos, concentrados básicamente en el sur, la agenda inmediata de este grupo –Unión por el Perú– sería la liberación de Antauro Humala, militar que purga prisión por levantarse en armas contra un gobierno democrático, intentona golpista en la que fueron asesinados cuatro policías. Tras la agenda extremista de pena de muerte para funcionarios públicos ladrones y violadores, se esconde en realidad una agenda anti minera y anti inversiones que ha sintonizado con una porción importante del país.

Así las cosas, el rol del Congreso 2021 será primero articular un conjunto de fuerzas democráticas para construir con ellas el centro político que saque adelante las reformas pendientes, pero, sin descuidar las agendas regionales y nacionales –los problemas urgentes de la gente en la calle– que también se han expresado en esta elección.


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P.d: Breve paréntesis al trabajo de investigación que venimos realizando (y que en los últimos meses nos ha consumido el poco tiempo libre que disponemos), para comentar los acontecimientos nacionales, como lo venimos haciendo, desde hace unos años, en este mismo espacio.

13 octubre, 2019

Realidad contrafáctica


La denegación fáctica nos ha devuelto a la realidad contrafáctica. Después de una pelea terminal entre los poderes del Estado, en el que uno terminó disolviendo al otro, volvemos al punto inicial. Tendremos elecciones parlamentarias con las mismas reglas de siempre, las de toda la vida. 

El Jurado Nacional de Elecciones aclaró las dudas: los partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas no tendrán obligación de presentarse el 26 de enero de 2020. Tampoco desparecerán si se inhiben. No habrá alternancia ni equidad de género en las listas presentadas, ni elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Nada. 

Todo será como antes, como siempre. Los partidos deberán seleccionar a sus candidatos al Congreso con sus reglas internas. Que lleven invitados dependerá única y exclusivamente de su voluntad, así como que cierren sus cupos solo para sus militantes será de su absoluta responsabilidad. 

Lo que aún no se aclara en esta línea de tiempo contrafáctica —o paralela— es si los disueltos congresistas pueden volver a presentarse. El JNE ha dicho que lo hará cuando se presente un caso concreto en alguna de las circunscripciones regionales y sentará posición firme, recién en segunda instancia.

Queda aún un nudo gordiano para quienes pretendan ser candidatos a la presidencia (el 2021) y quieran ahora postular como congresistas en las elecciones parlamentarias complementarias (2020). El impedimento es el Art. 95 de la Constitución: "El mandato legislativo es irrenunciable". 

Si los principales líderes de los partidos quieren ser candidatos presidenciales el 2021 y al mismo tiempo postular ahora al Congreso 2020 deberán tener claro que, una vez elegidos, deben reformar la Constitución y aprobar en dos legislaturas ordinarias sucesivas —con 87 votos— la renuncia voluntaria del cargo de congresista o la exoneración de este requisito para candidatear a la Presidencia de la República. No hay otra.

Así las cosas, ¿valió la pena llegar hasta donde hemos llegado para tener unas elecciones contrafácticas sin alguna reforma política aprobada? ¿Habrá oportunidad de tener una mejor representación nacional? Son preguntas que se complementan, pero que requieren respuestas por separado.

La primera pregunta refleja hasta donde llegó la improvisación política. Los objetivos iniciales fueron la mejora de la calidad de la representación, el fortalecimiento de las instituciones, una mayor democracia interna en los partidos, si cabe el término. Pero el resultado fáctico ha sido más de lo mismo. Serán las cúpulas partidarias de toda la vida las que manejen la situación. 

Lo que nos lleva a responder la segunda interrogante. La lucha de poderes liquidó la hegemonía de una agrupación política en el Congreso. Está por verse si la nueva representación —mucho más fraccionada seguramente que la que acaba de terminar— será más colaborativa con el Ejecutivo. Esperemos que sí. Aunque sería mejor si el Ejecutivo fuese un mejor actor político para trabajar y lograr consensos, aún en escenarios difíciles.

La responsabilidad, entonces, de modificar esta realidad recaerá en las dirigencias partidarias. ¿Se requiere llevar a estas elecciones, jóvenes, rostros nuevos, que refresquen la política? ¿O se requiere más experimentados que defiendan lo logrado por el sistema vigente? Siempre será mejor renovar ideas que renovar edades. Equilibrar juventud y experiencia, antes que inclinar demasiado la balanza hacia uno u otro lado.

El periodo 2020, como señalamos en el post anterior, será clave para allanar el camino del Perú del Bicentenario. Un recambio generacional siempre es importante, pero mejor combinado que radical. Después de todo, estamos inaugurando un camino paralelo en este Congreso de quince meses que muy pocos se atreven a decir hacia dónde se orientará y cómo será: ¿una mini Asamblea Constituyente?, ¿una Cámara de Diputados?, ¿una de Senadores?, ¿un pequeño Congreso Bicameral Constituyente? Cosas de lo fáctico y sus bifurcaciones contrafácticas. 

29 julio, 2019

Presidente Vicarra: que se vayan todos

Lo hizo. Para poner fin a la crisis política que ha tenido enfrentado y entrampado al ejecutivo y legislativo, desde el inicio del gobierno me refiero al periodo PPK, el presidente Martín Vizcarra decidió jalar la cadena, adelantar elecciones y recortar su mandato y el de los congresistas, coincidiendo con el sentir de la calle: que se vayan todos.
Sin partido, sin bancada, sin fuerza para aprobar las reformas políticas como las que había planteado, pero también sin capacidad para resolver los problemas sociales ligados a la minería, el presidente eligió una salida política a la crisis y parálisis en la que se encontraba.
En junio pasado, cuando empezó a gestarse el choque terminal de poderes, decíamos aquí que: “Entre trabajar y construir el consenso en torno a las reformas políticas o coincidir con la calle y patearle el trasero al legislativo, el ejecutivo prefirió lo segundo”. Una reforma política señalamos entonces, requiere tiempo, debate más allá de las organizaciones políticas y mucho trabajo para construir consensos, pero que, por lo visto, “Estamos a punto de tirar todo por la borda y entrar a una vorágine electoral interminable. Nuevo Congreso. Referéndum. Elecciones generales. Otra vez nuevo Congreso”. 
Para contrarrestar su debilidad institucional y de gestión el presidente recurre al referéndum, un mecanismo de la democracia directa insertado en la Constitución del 93, cuyo abuso hay que precisarlo— puede derivar en lo que se conoce como “Democracia plebiscitaria”, una característica de gobiernos más populistas que democráticos que prefieren consultas directas al pueblo en lugar de canalizar estas expectativas a través de los canales representativos.
Recurrir de forma permanente a la voluntad del soberano refleja tanto la carencia de estructura y fortaleza partidaria propia como un agotamiento del juego democrático de la representación política. Cuando estas dos falencias se encuentran, el vacío de representatividad que siente la calle puede ser llenado por el gobernante con una estimulante como plebiscitaria caracterización personal de la política.
Una vez más, entre la calle y el Congreso con una mayoría que no aprende de sus errores, el presidente política y mediáticamente elige la calle. “Propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020”. “Yo también me voy”, agregó, ganándose platea y cazuela.
La medida del presidente de adelanto de elecciones es constitucional. El referéndum es un mecanismo válido para salir de la crisis. Una válvula de escape ante la imposibilidad de resolver por la vía del diálogo y el acuerdo las diferencias políticas. Pero no hay que olvidar que la deliberación de los grupos representativos pasa directamente a las masas y abusar de este recurso puede dejar al presidente de la República al borde del caudillismo carismático. La vacuna frente a este nuevo mal es que se cumpla realmente el espíritu del referéndum: que se vayan todos. Al borde del bicentenario, hemos vuelto a la normalidad: ser un país de desconcertadas gentes.

22 junio, 2019

Partidos: no más firmas de adherentes

La reforma política aprobada recientemente en la Comisión de Constitución del Congreso de la República —que sustituye la inscripción de adherentes por la de militantes para legalizar la inscripción de un partido— es un experimento electoral que busca fortalecer la institucionalidad política restringiendo el número de partidos políticos. 

Ya no se necesitará buscar el 4% de electores hábiles, las 700 mil firmas de adherentes que en la práctica significaba acopiar cerca de 4 millones de firmas de manera fraudulenta, para inscribir una nueva organización política, sino, por el contrario, bastará adherir el 0.1% del padrón general de votantes y contar con el respaldo diligente de mínimo 23 mil ciudadanos.

Es el primer cambio de las reformas políticas que reestructura la organización. Pasamos del respaldo pasivo y anónimo al compromiso activo y militante.

Los partidos políticos y las organizaciones políticas regionales tendrán un año de plazo para elaborar su padrón de afiliados, identificar sus cuadros directivos —en especial quienes asuman responsabilidades de índole económico-financiera— y solicitar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Los comités partidarios serán conformados por ciudadanos que domicilien en la localidad organizados en grupos de no menos de 50 afiliados debidamente identificados. El partido nacional deberá tener comités en función en al menos 20 de las 25 regiones y en 65 de las 196 provincias que tiene el país. Los movimientos regionales deberán tener comités partidarios en al menos 4/5 de las provincias que conforman sus respectivas circunscripciones.

Hoy con la valla de las 700 mil firmas válidas tenemos 24 organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones y los peruanos inscritos en algún partido suman 1 millón y medio (6.25% del padrón electoral). Las organizaciones políticas más antiguas en nuestro país sobrepasan los 150 mil militantes, pero en sus elecciones internas difícilmente se movilizan más de 20 mil partidarios. Es muy probable que al desaparecer el requisito de las 700 mil firmas —complicado, trabajoso y sumamente oneroso, tanto económica como logísticamente—se pueda pensar en una explosión de partidos políticos.

Depende de lo que se entienda por partido político. Si calificáramos a los partidos por sus comités de base en funcionamiento, difícilmente quedaría una organización en pie. Mantener, pues, vivo un partido político no es tarea fácil.

Tener comités de base de 50 militantes activos en al menos 4/5 de las provincias o las regiones requerirá algo más que un solvente poder económico —grande o mediano, limpio u oscuro— que se infiltre en la política, organice estructuras a nivel regional o nacional y pretenda subirse a cuanta tómbola electoral se realice. 

Mantener una organización política viva requiere convicción, ideario, pasión. Un partido es un concierto de voluntades en pos de un objetivo común. Una lista de ciudadanos no hace un partido. Se requiere el vigor de las ideas, la fuerza de la organización y el iderazgo de sus militantes para estudiar los problemas locales, regionales y nacionales y proponer alternativas de solución.

Sin ideas no hay partidos. Solo templos de reunión.  



15 junio, 2019

Partidos: pensar en el Perú

En un interesante artículo sobre el tipo de partidos políticos que debiera tener el Perú, Carlos Meléndez propone tener una especie de think-thanks que abordan, estudian, analizan, temas relevantes y transforman las ideas en iniciativas que podrían ser incluso legislativas.

Touché. Es el debate de fondo. Qué tipos de organizaciones políticas tenemos y qué tipo de partidos necesitamos. Por ahora, nuestras casas políticas no ingresan en las categorías ni de partido de masas, ni de cuadros, ni en la de catch-all party.

No tenemos partidos. Tenemos clubes de barrio abandonados. Ventanillas de empleo precario. Bolsas de trabajo a futuro. Cuadrillas de cargadores que se activan cuatro meses antes de la campaña electoral.

En principio, carecemos de partidos con ideología. No tenemos tampoco organizaciones con estructuras democráticas, sino producto de artilugios legales, componendas sectoriales, cuando no, resultado de imposiciones económicas.

No existen equipos que se dediquen a pensar en los problemas del país. Ni siquiera a conocer su realidad local o regional. Ni qué decir de la dimensión nacional. El factor internacional, simplemente no existe. 

Los partidos tienen estructuras organizacionales del siglo XIX. Las secretarías responden a un ordenamiento vertical, jerarquizado, muchas veces autoritario, que mantiene el control, pero también lo viejo. No permite que fluya el cambio.

Se requieren partidos que funcionen no como shadow cabinet, escondidos, en la sombra, sino como luminous cabinet, abiertos, interdisciplinarios; un gabinete luminoso en ideas. Que estudie el país. Que proponga soluciones. Que aporte puntos de vista. Que debata con altura. Que fortalezca las instituciones, afirmando la democracia en lugar de conspirar contra ella. 

Belaunde tuvo esa práctica desde que apareció en política. En 1956, cuando se presentó por primera vez y no ganó, se reunía todos los lunes con sus diputados electos para analizar la realidad nacional. Algunas veces, invitaba a un experto a exponer un tema de actualidad. De esas conversaciones y debates intensos emergían proyectos de ley y luego normas que cambiaban la realidad.

En el 62 y 63 –antes de llegar al poder–, los encuentros fueron almuerzos, todos los lunes en el Maury. En una de esas reuniones se analizó la obsolescencia del sistema electoral a través de papeletas que cada partido debía llenar en busca de votos y Belaunde le encargó a Javier Alva Orlandini que estudiara el caso. El resultado fue una nueva ley general de elecciones, bajo el principio de votación secreta y universal que usamos hasta hoy.

La premisa básica del partido y su rol fundamental debiera ser pensar en el Perú. Organizar equipos, estudiar a fondo temas de actualidad, problemas sociales que preocupan a la gente y generar consensos para aportar a su solución. Eso, mientras no están en el gobierno. Cuando llegan, su obligación es poner en práctica lo estudiado. Un partido debe ser primero que nada una casa de ideas.


25 mayo, 2019

Juego de Tonos


El ejecutivo y el legislativo han elevado sus decibeles.

Esta semana, ambos poderes del Estado cruzaron declaraciones altisonantes, estridentes, de uno y otro lado, al punto de volver a zumbar en la opinión pública el cierre o disolución del Congreso.

A todas luces, un diálogo de sordos. Un fracaso más de la política, entendida como diálogo y construcción; y más bien un punto a favor del espíritu de confrontación y ataque.

El quid del asunto es la reforma política. Un conjunto de 12 proyectos elaborados por una comisión de expertos a pedido del ejecutivo que el Congreso ha decidido entrampar, cuando no fondear, en el tacho de basura.

El primer despojo fue el proyecto que buscaba arrebatar la inmunidad parlamentaria para entregarla a la Corte Suprema. Un proyecto atractivo para el pueblo —siempre opuesto al Congreso—, pero imposible para una representación encabritada, arisca, mayoritariamente opositora como la que tenemos.

En lugar de persuadir y trabajar los votos para la aprobación de la reforma, el gobierno prefirió la pechada al Congreso y la denuncia a la opinión pública.

Pero, ¿es realmente la inmunidad parlamentaria la principal de las reformas o acaso el principal problema del país? Ni uno ni otro. Es más bien un estilete contra la autonomía legislativa. 

El castigo a los congresistas por demorar, entrampar o encubrir a un colega en problemas con la justicia, se paga en las urnas. 

La inmunidad legislativa es un principio del equilibrio de poderes. Tiene su origen en el abuso de cualquiera de los otros poderes. Permite a los congresistas actuar sin una espada de Damocles sobre sus cabezas.

Es cierto también que hay un abuso de parte de los representantes ante el pedido de la justicia de levantamiento de su inmunidad por delitos que no son inherentes a su función pública o, mejor dicho, por delitos abiertamente comunes.

En ese caso, una buena salida es colocar un plazo prudente para hacer efectivo el requerimiento judicial y aplicar el silencio administrativo positivo. Si el Congreso no resuelve el pedido de la justicia en el plazo previsto; la justicia, procede en consecuencia.

Nada se consigue elevando el tono de la disputa entre poderes. Más bien, el ruido que genera la disonancia, acompañada de estridencia, preocupa a la sociedad y desalienta la economía. Modulemos, pues, el debate.


02 septiembre, 2018

Las reformas: ¿juntas o revueltas?


¿Puede a estas alturas la reforma judicial caminar al mismo tiempo que la reforma política? Según el gobierno, sí. Según Fuerza Popular, no.

El gobierno insiste en el mecanismo de referéndum con sus propuestas de reforma en los dos niveles. En tanto, Fuerza Popular, cree que primero se debería consensuar la reforma judicial y tomarse más tiempo para la reforma política.

Para el gobierno es fundamental que ambas reformas caminen juntas. La recuperación de Vizcarra está amarrada a esta propuesta, en especial la que propone la no reelección inmediata de los congresistas y, con menor fuerza, el retorno de la bicameralidad.

En un anterior post, señalábamos que si el Congreso rechazaba el referéndum o distorsionaba la propuesta del Ejecutivo hasta hacerla irreconocible, al gobierno no le quedaría otra cosa que “apelar con todo a la opinión pública y alistarse para promover la participación de la gente, recolectar firmas y proponer un referéndum por participación ciudadana”.

Es lo que acaba de anunciar el presidente en Madre de Dios. “Insistiremos con el referéndum. Y si finalmente hay inconvenientes y demoras exageradas, demoras exageradas en el Congreso de la República lo haremos a través de la recolección de firmas. A través de padrones que podemos firmar”, señaló hoy el presidente Vizcarra.

Este es el Plan B del gobierno: referéndum por participación ciudadana.

Las reformas judicial y política son ahora las bases de apoyo que tiene el Presidente Vizcarra. Y deben ir juntas. No separadas ni revueltas. 

Si logra viabilizar el referéndum vía la recolección de firmas, seguirá sintonizando con la población, arrinconará aún más al Congreso y tendrá el escenario ideal para seguir ganando popularidad. ¿Es esto populismo? No. Es hacer política.