28 febrero, 2008

Cusco un error más del Gobierno

El Gobierno ha abdicado de su derecho a presentar un Estado unitario, regido por la ley y el orden, capaz de mostrar al mundo lo mejor de la herencia de sus antepasados: Cusco y sus riquezas. Machu Picchu y su portentosa presencia milenaria.

Ante la arremetida violentista en los últimos días de un sector del pueblo cusqueño, protestando en el paro agrario y por la ley de concesiones de terrenos arqueológicos, el gobierno ha respondido con un exhabrupto: dejar a Cusco fuera de las sedes de las reuniones de la APEC.

El Presidente García – se dice- tiene en sus manos una lista de ciudades alternativas y decidirá en solitario cuál de ellas será finalmente la elegida.

A estas alturas que la noticia ya dio vuelta al mundo, seguramente habrá participantes que preguntarán qué está pasando en Perú que no puede organizar una cita internacional en Cusco.

La respuesta del Ejecutivo indica claramente que este Gobierno no quiere dialogar. No le gusta escuchar, ni consensuar. Busca imponerse a cómo de lugar, sin importar el daño que pueda causar su decisión. Por lo pronto la Cámara de Comercio de Cusco calcula en 2 millones de dólares las pérdidas.

No es la primera vez que hay protestas, actos vandálicos y violencia ad portas de un evento de magnitud importante. El Perú no puede pretender mostrar una tendencia distinta a la que ocurre en el mundo. En todas partes se cuecen habas y se tiran piedras. Pero a nadie se le ocurre cambiar una sede por eso.

La Policía Nacional conoce procedimientos de seguridad y tiene amplia experiencia en el control del orden público. Ocho presidentes y representantes de otros cuatro gobernantes inauguraron en diciembre del 2004 en Cusco la III Cumbre Sudamericana.

Igual hubo protestas, desmanes y actos de pillaje, pero todo fue controlado. Se hicieron hasta tres cercos de seguridad para garantizar la tranquilidad del evento. Se restringió el libre tránsito, se chequearon las casas cuadra por cuadra. Pero principalmente, se conversó políticamente con la dirigencia regional. En otras palabras, se ejerció autoridad; se gobernó.

Lo que ahora se ha hecho es retraer la autoridad. El razonamiento del gobierno parece ser: como en este lugar no puedo garantizar orden público me mudo a otra parte. Y sanseacabó, adios los cusqueños.

No es una medida acertada. La lección que pretende imponer el gobierno puede resultar al revés. ¿Qué garantiza que las protestas no se trasladen a las otras sedes? ¿Qué harán en ese caso? ¿construirán una isla flotante en medio del Titicaca?.



26 febrero, 2008

Lourdes, la anfitriona

Lourdes Flores ha invitado al presidente García a departir una cena en su casa en reciprocidad a una invitación que tuvo hace unos meses en Palacio de Gobierno. La tarjeta de invitación cursada no es precisamente una dulzura de estilo, pero está muy bien empaquetada en términos políticos.

“Ha aprendido Ud. bien algunas reglas básicas de la economía de mercado que antes se negaba a pesar de su brillantez e inteligencia, pero en 20 meses no ha aprendido cómo hacer funcionar el Estado”, le ha dicho la lideresa del PPC al presidente de la República.

Pero acaso demasiada atención se ha prestado a la tarjeta de invitación en lugar de al menú sugerido por la anfitriona, es decir, la agenda del encuentro. ¿De qué podrían conversar García y Lourdes, además de repasar aspectos de política nacional e internacional?

La propia Lourdes se encargó de sugerir el tema a tratar: ¿Qué es lo que pueden hacer juntos el PPC y el Apra para que el Estado funcione bien?, afirmó ante una pregunta de La República.

Algunos analistas han visto esto como la posibilidad remota (Lauer) de un acercamiento o pacto entre la derecha tradiconal simbolizada por el PPC y la neoderecha que encarna el Partido Aprista. Previo aumento de la cuota de poder en los ministerios y acaso en la Mesa Directiva del Congreso.

Lo cierto es que la definición de Lourdes ha centrado el debate en el déficit de gestión que tiene el actual gobierno. Esta es una experiencia de manejo de la cosa pública que privilegia lo mediático, con propuestas altisonantes, pero sin estrategia, sin rumbo. Mucho ruido y pocas nueces.

El caso de los programas sociales es clamoroso. La cacareada fusión de estos programas en la práctica es un simple plumazo en el papel. Se han eliminado rótulos de oficinas, se han dejado de usar logotipos y papel membretado, pero el grueso del aparato público sigue allí. Es más, se han reemplazado funciones, cargos y personas, pero no se ha ahorrado en planillas. Hay edificios enteros donde la gente sólo va a pasar el tiempo y cobrar su cheque.

He aquí un punto para empezar a hablar de reforma del Estado. Pero, pensándolo bien, ¿conoce Lourdes más que Alan el manejo del Estado? Una forma de aclarar esta duda sería que Lulú asuma el premeriato. Aunque esta fórmula ya requiere de una alta cocina y de otros fogones.



21 febrero, 2008

Violencia y crisis de crecimiento

Cinco muertos, un país convulsionado, tres zonas de emergencia, Cusco paralizado, ataques a turistas, revela algo más que una ola de protesta instigada por grupos agrarios o regionales radicales o “manos extranjeras”.

La raíz de los conflictos sociales no está en la ideología, sino en algo más real, la economía.

El crecimiento macro económico del Perú oficial no se traduce en lo que reclama el otro Perú: atención a sus demandas, oportunidades de desarrollo, trabajo.

El Reporte Anual de Economía y Desarrollo RED 2007-2008, denominado "Oportunidades en América Latina: hacia una mejor política social" de la Corporación Andina de Fomento da luces al respecto. No existe igualdad de oportunidad para todos los sectores sociales. No digo redistribución, sino oportunidad.

Apenas el 10 por ciento del quintil peruano más pobre tiene acceso a Educación de calidad en los primeros años de vida. En el quintil más rico esta cifra sube a 50 por ciento.

El agua domiiliaria llega a 30 por ciento del quintil más pobre, versus el 90 por ciento que goza de este recurso en el quintil más rico. En alcantarillado la diferencia es aún más notoria: 97 por ciento del quintil más rico dispone de este servicio, contra un 7 por ciento del quintil más pobre.

El crecimiento no llega a todos. Un bolsón de peruanos está al margen de los buenos resultados que alegran a Wall Strett pero que siguen alterando a Rural Road.

Contrariando al dicho popular, en el Perú la gente parece percibir que cuando llueve no todos se mojan. Hay quienes se empapan, pero hay otros a los que no les llega ni una gota.

Los puntos de descontento los revelan las recientes encuestas. La desaprobación del Presidente García crece sostenidamente. En los primeros dos meses de este año, pasó de 59% a 64%. Apenas en 20 meses casi ha llegado a sus niveles de aceptación de la primera vuelta.

La consecuencia de este desencuentro económico lo paga la política.

La intermediación democrática canalizada en teoría través del sistema de poderes y sus representantes, los políticos y funcionarios públicos, ha sido rebasada por los manifestantes.

Hoy las masas presionan y perforan al sistema democrático con la fuerza de la protesta y las movilizaciones. Las tensiones sociales se resuelven en las calles.

Se ha perdido la intermediación, por eso el Congreso es desbordado por los acontecimientos y se muestra incapaz de atender los problemas sociales.

Frente a esto, el Gobierno responde acentuando su poder represivo, como ha ocurrido a la vista de todos. Cinco muertos, dos de ellos con disparos a la cabeza y nadie responde oficialmente por ellos. Cuidado que la espiral de violencia termine nuevamente devorándonos a todos.



17 febrero, 2008

El Tercio Superior

El D.S.004 que establece como requisito el pertenecer al tercio superior para ser contratados como maestro es una medida loable en el fondo, pero criticable en la forma.

Nadie puede oponerse a mejorar la calidad educativa eligiendo entre los mejores alumnos egresados de las Universidades e Institutos Pedagógicos.

De hecho, este requisito lo exigen empresas del sector privado para contratar sus profesionales; igualmente instituciones académicas para otorgar becas.

Pertenecer al tercio superior tiene en la vida real su recompensa. Es perfectamente práctico y rentable que el Estado quiera contratar a sus mejores alumnos.

El problema es que hacemos con los dos tercios restantes.

¿Los evaluamos y el día que le entregamos su diploma de egresado les decimos que la tire al tacho porque no podrá acceder a una plaza abierta en el sector público?

¿Por qué un chico que recién sale de un centro de formación académica –dentro del tercio superior- asegurará una mejor enseñanza que otro que no estando en el tercio ha acumulado un número de años enseñando en una escuela?

El maestro, lo saben los entendidos, se forma en base a conocimientos y experiencia.

Sin cambiar el objetivo del ministro –mejorar la calidad de la educación-, el decreto supremo del tercio superior debiera rectificarse en el sentido de ser considerado como una bonificación especial en la evaluación general.

Igualmente suma puntos el hecho de haber seguido cursos de perfeccionamiento o maestrías.

De esta manera, los dos tercios restantes tendrían la misma opción de postular a una vacante.

El tercio superior ha logrado dividir al país. Si el gobierno no corrige el dispositivo, en lugar de sumar, restará.

En todas las profesiones hay egresados del tercio superior que no necesariamente refrendan su éxito académico universitario en el campo laboral. Y viceversa. Hay egresados del tercio inferior incluso, que luego destacan el campo profesional.

No hay pues por qué ser dogmáticos en este tema. Después de todo, como dicen los viejos taurinos, a los toros se les conoce en el ruedo.



10 febrero, 2008

Erre con erre reelección

Sin querer queriendo, el Presidente Alan García ha adelantado el calendario electoral. En Trujillo, ante una masa de militantes empleados del gobierno, se preguntó por qué están condenados los apristas a irse el 2011, si hacían bien las cosas podían quedarse.

Un despistado reportero local lanzó un despacho atribuyendo al presidente la posibilidad de una reelección inmediata, lo que fue desvirtuado de inmediato por el propio García que llamó a la radio para aclarar la confusión.

La pregunta que queda flotando, sin embargo, es a quién representará el Apra el 2011, ¿a los mineros que tienen como su interlocutor en el Gobierno al Premier Jorge Del Castillo? Y lo más importante, ¿podrá García apoyar a alguien de su partido que le cierre la posibilidad de tentar una tercera oportunidad el 2016?

Nadie ha olvidado al García del 90 apoyando a un desconocido Fujimori en contra del candidato de su partido, Luis Alva Castro. El mantenimiento de su partido en el poder no es precisamente una de las preocupaciones de García.

El escenario ideal de García es borrar el pésimo recuerdo del 85 manteniendo el crecimiento económico en este periodo y esperar que fracase el gobierno siguiente para seguir soñando con regresar. Un gobernante del Apra –sea que fracase o tenga éxito- es un problema para el propio García.

El otro aspecto a tener en cuenta es el espectro político que tenemos actualmente en el país. Con García convertido al libre mercado -bendecido por Mario Vargas Llosa que de haber votado por él tapándose la nariz ha pasado a no arrepentirse de su voto en segunda vuelta por el mal menor-, la derecha se ha repoblado, dejando un espacio de centro izquierda que nadie, por el momento, ha logrado conquistar.

García se siente cómodo ocupando hoy el mismo espacio de Lourdes Flores, Vargas Llosa, Hernando de Soto, Antero Flores, Rafael Rey, pero nada asegura que se encuentre en la misma posición el 2011. Ya demostró en las últimas elecciones que puede hablar desde la izquierda y oponerse al TLC, y gobernar sin preocupaciones desde la derecha y firmarlo.

Si alguna virtud ha tenido el anuncio presidencial sobre las aspiraciones de su partidario a mantenerse en el poder ha sido definir -de una vez por todas- que no será García el que intente quedarse y que se irá el 28 de julio del 2011 a las 12 del mediodía.

01 febrero, 2008

La orquesta de la Muerte

Al llegar las camionetas a la puerta del callejón salió un niño. Vio que un grupo de hombres bajaba raudo portando un saco pesado que bajaron de sus vehículos.

-¿Quiénes son ustedes?-, preguntó el niño acercándose a ayudarlos.

- Somos los de la orquesta- dijo uno de ellos.

El niño intentó cargar el saco, pero no pudo. Los “instrumentos” pesaban demasiado.

Los “músicos” ingresaron a la fiesta y un hombre preguntó desde el balcón

-Qué pasa, jefe?

Un disparo seco fue la respuesta que recibió, con lo que empezó la danza de la muerte. Era el Destacamento Colina en acción y su jefe, Martín Rivas, había empezado a ejecutar la partitura macabra que acabó con 15 personas, incluido el niño.

Pasajes sórdidos como éste han sido narrados en el juicio a Fujimori por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos.

De manera truculenta pero sin dramatismo, los agentes-colina van revelando detalles de sus operativos, cuya misión –conocemos ahora- no era capturar sospechosos, sino eliminarlos. Era la forma cómo desde el Estado se decidió responder la estrategia senderista de provocar a los representantes del orden emboscando, torturando o aniquilando, autoridades políticas, militares, policías, dirigentes partidarios o campesinos que se resistían a seguirlos.

Habrá quienes pese a lo que vienen viendo y escuchando justificarán el accionar de este grupo de soldados frente al horror perpetrado por Sendero Luminoso. Su razonamiento los lleva a señalar cosas simples como “no había otra forma”, “si eran terroristas está bien que se los haya eliminado”, hasta formas más elaboradas como “el Estado tiene que defenderse”, “Lo hicieron para preservar la democracia”.

El juicio televisado nos revela hasta dónde llega un Estado cuando se desvía y corrompe producto del control absoluto del poder. El Destacamento Colina, integrante del Ejército Peruano, actuó al amparo del gobierno de turno y aplicó métodos vedados de guerra de baja intensidad.

Bajo la fachada de crear un organismo especializado de inteligencia para luchar contra la subversión, se dio vida a una maquinaria encargada de realizar asesinatos extrajudiciales contra senderistas o sospechosos de senderistas. Por los testimonios escuchados, hubo momentos en que este grupo operó como un sicariato.

De los testimonios ofrecidos hasta ahora resulta imposible que los altos mandos del Ejecutivo –incluido el Jefe del Estado- hubieran desconocido su existencia. Y si verdaderamente el presidente de la República estuvo ajeno a su accionar, es culpable de negligencia punible, cuando menos.

Pero todo indica que no fue así. Como dice el informe de la Comisión de la Verdad “No sólo se impidió deliberadamente la investigación del crimen mediante una imposición de mecanismos legislativos y judiciales, encubriendo y obstaculizando la sanción de los responsables. Como consecuencia de ello, se protegió una política de violación de los derechos humanos al inobservar el Estado obligaciones internacionales, sancionándose, para ese propósito, leyes cuyo único objeto era la impunidad”.

Todo esto lo podemos ver ahora en vivo y en directo por el canal de cable. Una pregunta que cruza todos los testimonios es: ¿puede el Estado en nombre de la seguridad nacional cometer un crimen contra quien a mano armada subvierte el orden con terror? Hubo entre Los colina quienes creyeron que sí. Y me temo que no sólo entre los colina...



27 enero, 2008

Ecos del Andahuaylazo

El “Andahuaylazo” del 2005 fue una operación político-militar destinada a provocar la vacancia del poder de Alejandro Toledo. Buscaba generar una respuesta violenta del gobierno a través de la intervención de las Fuerzas Armadas para motivar a su vez la intervención del Congreso y aprobar la remoción inmediata del presidente de la República por incapacidad moral.

El movimiento insurreccional de Antauro Humala estuvo -en varios momentos de esas difíciles horas vividas- a punto de lograr su cometido. Las Fuerzas Armadas estaban ya, armas en ristre, en posición de ataque, pero la decisión política fue negociar con los insubordinados, rescatar con vida a los rehenes y recuperar el Estado de Derecho, evitando un baño de sangre que hubiera dado a los enemigos políticos del régimen la excusa que buscaban para derrocar a Toledo.

La acción armada de Antauro, apoyada por su hermano Ollanta, presentó un plan político de tres puntos: renuncia del presidente de la República, instalación de una asamblea constituyente y adelanto de elecciones. Los políticos de entonces callaron en siete idiomas. En los primeros minutos de la incursión, algunos medios de comunicación sirivieron de cajas de resonancia de la asonada.

A las pocas horas de haber sido ocupada la Comisaría de Andahuaylas, Antauro Humala se comunicó con Radioprogramas del Perú. Por esta misma vía, Ollanta leyó un comunicado desde Seúl, Corea, en el que demandó la renuncia inmediata del presidente Toledo, su sucesión y su sometimiento a un juicio de residencia. En el comunicado Ollanta Humala hizo un llamado “a los reservistas a nivel nacional, en condiciones de actuar organizadamente en defensa de la población y por la recuperación de nuestras instituciones”.

Antauro al tomar conocimiento del comunicado de su hermano llamó a la insurrección general desde Andahuaylas. Sólo después de haberse enterado de la muerte de cuatro policías, Ollanta pidió a su hermano deponer las armas. Hubo medios que se negaron a leer los comunicados oficiales del Gobierno.

El Presidente convocó al Consejo del Estado para comunicar a todos los órganos su decisión de utilizar la fuerza para mantener el orden democrático. El presidente del Congreso Antero Flores Aráoz respaldó la propuesta.

La asonada humalista no obtuvo el respaldo ni de unidades militares ni de organizaciones civiles, políticas o institucionales. Antauro se quedó sólo con sus hombres y fue capturado al tercer día, en una hábil maniobra desplegada por el general Felix Murazzo, quien lo convenció para conversar y al final, por orden del Presidente de la República –vía telefónica, tras un tenso diálogo desde Salón Bolognesi en Palacio de Gobierno donde se congregó el comando general de operaciones-, lo detuvo con presencia del fiscal de turno respectivo.

Fue una operación limpia, que evitó más muerte de la que los humalistas provocaron. El comando militar se quedó con sus chalecos antibalas puestos y se logró que los rebeldes entregaran las armas en presencia de autoridades. La chispa que incendiara la pradera no prendió y el Presidente Toledo terminó su periodo de gobierno sin haber manchado sus manos de sangre, como se buscó con insistencia en la asonada de Andahuaylas, el primer día de enero de 2005.



23 enero, 2008

Perú – Chile: las cuerdas separadas

Cada vez que las relaciones se tensan con el vecino del sur, irremediablamente sale a relucir el argumento de las cuerdas separadas. Esto quiere decir que las acciones que discurren en el campo político-diplomático internacional no deben mezclarse con las relaciones comerciales o de negocios que mantienen ambos países.

El gobierno defiende esta tesis, lo mismo que organizaciones empresariales, políticos de diversos partidos y medios de comunicación importantes como El Comercio. Posición contraria sostienen políticos como Carlos Ferrero, líderes del Partido Nacionalista y académicos como Alan Fairlie.

En realidad la política de cuerdas separadas en las relaciones peruano-chilenas nace de la Cancillería y se basa principalmente en una postura pragmática, una visión económica liberal que bien puede resumirse en la frase “bussines are bussines”.

En el fondo es una manera de ganar tiempo.

Chile tiene actualmente alrededor de 6 mil millones de dólares de inversión en nuestro país. El Perú no pasa de 300 millones de dólares invertidos en Chile. Pero, además de la asimetría económica, quizás, lo que en verdad preocupe, es la evidente asimetría militar.

Los economistas liberales señalan que hacer negocios en países fronterizos ayuda a mejorar las percepciones entre los vecinos y disminuye el riesgo de posibles conflictos bélicos debido a que las fuerzas económicas son las primeras que se ven afectadas por las guerras. Fairlie ataca este planteamiento señalando que eso no ocurre cuando las asimetrías económicas entre los pasies vecinos son abismales. Por el contrario -señala- esta asimetría puede ser factor de conflicto.

En el caso de las diferencias en Defensa, sólo resta ganar tiempo y esperar que el Fondo de Defensa creado en nuestro país el 2004 -que ya permitió comprar cuatro fragatas Lupo- permita programar la recuperación de nuestras Fuerzas Armadas. Mientras, ya se viene aplicando el nuevo concepto de “Núcleo Básico Eficaz” y “Guerra Asimétrica”

Para ser sinceros, la política de cuerdas separadas es algo que también se escucha en círculos oficiales chilenos. Lo ha afirmado el propio canciller Foxley en reiteradas oportunidades, aunque ayer llegó un ruido en este aspecto. La noticia daba cuenta de que el gobierno chileno había quitado el carácter de urgente al trámite que el Senado debía iniciar sobre la firma de un TLC con Perú, una semana después de que nuestro país presentara la demanda limítrofe contra Chile en La Haya.

La información consignaba unas declaraciones del senador derechista opositor Hernán Larraín: “Está claro que las relaciones con Perú no pueden ser igual que antes, cuando reinaba otro espíritu... El gesto inamistoso del Perú debe ser respondido". Es decir, no más política de cuerdas separadas. Foxley se encargó de desmentir tal posición, pero queda siempre el rintintín de la duda.

El canciller peruano, por su parte, ha reiterado que la demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la delimitación marítima con Chile, es un tema que circula por un carril separado debido a que se trata de un tópico eminentemente jurídico y jurisdiccional. "Y allí debe quedar y no debe trasladarse a los otros campos de la relación bilateral".

Hasta el momento el discurso de las cuerdas separadas ha servido para ambos gobiernos. Lo que nadie sabe es que pasará cuando uno de los dos países vea que en realidad la economía y la política son en efecto dos cuerdas, pero, no separadas, sino trensadas por la idiosincracia de los pueblos.



19 enero, 2008

Perú - Chile: escenarios no deseados

El Perú tiene la razón, pero Chile tiene la fuerza. Partiendo de esta realidad, los países desarrollarán sus estrategias privilegiando sus respectivas fortalezas. Pero eso no quiere decir que las cosas se mantengan inalterables en el tiempo. Todo lo contrario. Sin desesperación, pero invariablemente, nuestro país deberá avanzar en potenciar equipos y sistemas de defensa. Las negociaciones en Itamaraty enseñaron que una cosa es sentarse a conversar sin respaldo militar y otra muy distinta es hacerlo con ventaja operativa.

El tiempo que gane la diplomacia en este juego lo agradecerá la defensa. Teniendo esto claro podrán reorientarse los presupuestos y las prioridades para garantizar un respaldo militar adecuado que nadie quiere usar, pero que no se puede dejar de pensar.

Los chilenos están en lo mismo. El pensamiento profundo de la presidenta Bachelet no deja dudas. "Chile hará lo que corresponde en la Corte de La Haya, defenderá con mucha fuerza su postura, porque estamos convencidos de que no solo tenemos la razón, sino que tenemos todos los elementos para mostrar con claridad la postura chilena", ha dicho ayer la presidenta. ¿Cuáles son todos esos elementos que mostrarán con claridad la postura chilena?,¿son todos de carácter legal? ¿O hay también argumentos extra-jurídicos?

Chile hace alarde de su fuerza como elemento disuasorio en la confrontación abierta y jurídica que se acaba de abrir en La Haya porque, como bien dice uno de sus ex cancilleres hoy en El Mercurio, Hernán Felipe Errázuriz, “las partes se han comprometido a un juicio pacífico. Pero las conductas y confianzas cambian a partir de las demandas judiciales y tienden a complicarse”.

A diferencia de nosotros, a la hora de defender su posición, Chile no hace distingos entre sus colaboradores. Y convoca a sus profesionales sin preguntar si tienen credenciales democráticas o si han servido a la dictadura. Es el caso de Errázuriz, economista de ala dura, integrante de la dictadura pinochetista, primero como presidente del Banco Central de Reserva, ministro de Minería y secretario general del Gobierno, embajador de Chile en los Estados Unidos (periodo de Ronald Reagan) y canciller pinochetista en las postrimerías del régimen militar chileno.

Errázuriz es uno de los seis ex cancilleres convocados por la presidencia de Michelle Bachelet para defender la tesis chilena de que el límite marítimo con el Perú no sólo está establecido, sino que es inmodificable. El ex canciller pinochetista considera que planteada la litis ante la Corte está trabada y si bien los jueces resolverán “eso no basta”. Por lo tanto, “hay que armonizar y abordar factores extrajudiciales, coordinar medios y precaver con prudencia eventos no deseados por las partes”.

Las voces de prudencia van y vienen de uno y otro lado. Pero acudir a La Haya abre una puerta que puede trascender el ámbito jurídico. Para esos "otros escenarios" es que debemos prepararnos desde ahora. En relaciones internacionales, diplomacia y defensa son caras de una misma moneda.



Cronología del diferendo marítimo Perú - Chile

La Agencia Reuters publica esta reseña cronológica que resume paso a paso el diferendo marítimo entre nuestro país y Chile. A partir de ahora se abre un largo proceso cuyos resultados se verán con seguridad en el próximo gobierno.

19 julio 2004: Perú informa que entregó a Chile una propuesta formal para iniciar en un plazo de 60 días negociaciones y solucionar la "controversia jurídica" sobre la delimitación marítima.

12 septiembre 2004: La Cancillería peruana dice que se agotó la posibilidad de buscar una solución al diferendo a través de negociaciones directas y que el país andino puede recurrir a los medios de solución pacífica de controversias previstos en el derecho internacional.

31 octubre 2005: Chile lanza una ofensiva diplomática para convencer a sus socios sudamericanos de que es ilegal un proyecto del Congreso de Perú que fija una línea fronteriza marítima distinta a la reconocida por Santiago.

3 noviembre 2005: El entonces presidente peruano Alejandro Toledo promulga una ley aprobada horas antes por el Congreso que sienta las bases para negociar una frontera marítima con su vecino del sur. Chile dice que la norma no tiene efecto internacional y que hará respetar acuerdos vigentes.

4 octubre 2006: El Gobierno peruano dice que agotará la vía diplomática antes de recurrir a la corte de La Haya para solucionar la diferencia limítrofe con Chile.

10 abril 2007: Perú anuncia que ratificó ante Naciones Unidas su posición en torno a los límites marítimos con Chile y presentó las líneas de base que definen su frontera.

9 junio 2007: Perú presenta una nota de protesta a Chile por su pretensión de "confundir" la delimitación marítima, que Lima considera pendiente, con la frontera terrestre ya fijada por un tratado de 1929.

28 julio 2007: El presidente peruano, Alan García, dice que ya comunicó al Gobierno chileno la decisión de su país de acudir a la corte internacional de La Haya para resolver el diferendo sobre la frontera marítima.

12 agosto 2007: Perú publica un mapa oficial en el que define su límite marítimo en el sur, un documento que considera clave para sustentar su posición respecto del diferendo con Chile.

13 agosto 2007: Chile llama a su embajador en Perú luego de protestar por la publicación del mapa. A los pocos días, el Gobierno chileno anuncia su regreso a Perú para coordinar ayuda tras un terremoto en el sur de Lima.

23 agosto 2007: Chile asegura que la publicación del mapa peruano es un obstáculo para entregar una eventual solución a la histórica demanda de Bolivia de un acceso al Océano Pacífico.

9 noviembre 2007: García y la presidenta chilena, Michelle Bachelet, conversan en Santiago "muy de pasada" sobre la controversia que tienen ambos países por sus límites marítimos, aprovechando la participación de ambos en la XVII Cumbre Iberoamericana en la capital chilena.

28 diciembre 2007: Perú oficializa la designación de su ex ministro de Defensa y ex canciller Allan Wagner como agente diplomático del Estado peruano ante la corte internacional de La Haya.

9 enero 2008: El Gobierno peruano designa a los integrantes de su delegación ante el tribunal internacional.

10 enero 2008: La estrategia de Perú para zanjar el diferendo en La Haya recibe el respaldo unánime de diversos sectores políticos y sociales del país. Chile constituye un consejo de ex cancilleres para que lo asesore en su defensa.

14 enero 2008: Bachelet asegura que Chile está preparado para defenderse en la Corte Internacional de Justicia frente a una demanda peruana. El subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, asumirá como líder del grupo que defenderá la posición de Chile.

16 enero 2008: Perú anuncia que presentó ante La Haya una demanda para solucionar la controversia sobre su frontera marítima con Chile.

17 enero 2008: Chile llama a consulta a su embajador en Perú, Cristián Barros, para analizar la agenda bilateral tras la demanda peruana.

17 enero, 2008

Comunicado de Perú Posible sobre delimitación marítima con Chile

Pensando en el Perú

La defensa de la soberanía nacional es una política de Estado; formada en el tiempo al amparo de sucesivos gobiernos. Los hombres pasan, pero los altos intereses del país permanecen.

La delimitación de la frontera marítima con el vecino país de Chile es una controversia de naturaleza jurídica, pacífica y justa.

Respaldamos la iniciativa del actual gobierno de buscar la solución definitiva al diferendo en la Corte Internacional de La Haya.

Esto no se hubiera concretado si nuestro Gobierno de Perú Posible no hubiera realizado las siguientes acciones dentro de una política de Estado:

- Reconocimiento de la competencia de la Corte de La Haya.
- Identificación del Pacto de Bogotá como la base jurídica que habilite el juicio en la Corte.
- Retiro de las reservas que el Perú tenía al Pacto de Bogotá.
- Definición del límite marítimo externo del Perú a través de la Ley de Líneas de Base.

Pensando en el Perú, el 2002, durante su visita de Estado a Chile, el Presidente Alejandro Toledo planteó directamente el tema de la controversia marítima al Presidente Lagos, la cual, de mutuo acuerdo, se hizo pública en la conferencia de prensa al final de la visita de Estado.

Dos años después, el 19 de julio del 2004, se invitó formalmente al Gobierno de Chile a establecer el límite marítimo a través de negociaciones diplomáticas, agotando así las tratativas bilaterales y abriendo a su vez las puertas del escenario internacional en que ahora nos encontramos.

El 13 de febrero de 2007 Perú Posible publicó un pronunciamiento manifestando que las negociaciones diplomáticas con Chile estaban agotadas y que por tanto debía acudirse al Tribunal de La Haya.

Un sólo norte, una misma conducta, una convicción: el Perú.

La Comisión Política

Lima, 17 de enero de 2008

16 enero, 2008

La demanda peruana ante La Haya

Al Señor Secretario
Corte Internacional de Justicia:

El suscrito, debidamente autorizado por el Gobierno de la República
del Perú como su Agente, tiene el honor de someter a la Corte
Internacional de Justicia, de conformidad con los artículos 36 (1) y
40 (1) de su Estatuto y el Artículo 38 de su Reglamento, una demanda
dando inicio al proceso instituido por la República del Perú contra la
República de Chile por el siguiente caso:

I. Materia de la Controversia

1.- La controversia entre el Perú y Chile está referida a la
delimitación del límite entre las zonas marítimas de los dos Estados
en el Océano Pacífico, que comienza en un punto en la costa denominado
"Concordia" conforme al Tratado del 3 de junio de 1929. La
controversia entre el Perú y Chile también comprende el reconocimiento
a favor del Perú de una vasta zona marítima que se sitúa dentro de las
200 millas marinas adyacentes a la costa peruana, y que por tanto
pertenece al Perú, pero que Chile considera como parte del alta mar.

II. Los Hechos

2. Las zonas marítimas entre el Perú y Chile nunca han sido
delimitadas ni por acuerdo ni de alguna otra forma. El Perú,
consiguientemente, sostiene que la delimitación deberá ser determinada
por la Corte conforme al derecho internacional.

3. Sin embargo, Chile sostiene que ambos Estados han acordado una
delimitación marítima que comienza en la costa y continúa a lo largo
de un paralelo de latitud. Aún más, Chile ha rehusado reconocer los
derechos soberanos del Perú sobre un área marítima situada dentro del
límite de 200 millas marinas desde sus costas (y que se encuentra
fuera de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental de
Chile).

4. Desde los años ochenta, el Perú ha intentado consistentemente
negociar las diversas cuestiones incluidas en esta controversia, pero
ha encontrado la constante negativa chilena a entrar en negociaciones
(ver por ejemplo el Anexo 1). Mediante Nota de su Ministro de
Relaciones Exteriores del 10 de septiembre del 2004 (Anexo 2) Chile
cerró firmemente la puerta a cualquier negociación.

III La Jurisdicción de la Corte

5. La jurisdicción de la Corte en este caso se basa en el Artículo
XXXI del Tratado Americano sobre Solución Pacífica de Controversias
(Pacto de Bogotá) del 30 de abril de 1948 (Anexo 3) Esta disposición
reza:

ARTICULO XXXI. De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las Altas Partes
Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado
Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún
convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la
jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden
jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre:

a) La interpretación de un Tratado;

b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional;

c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría
la violación de una obligación internacional;

d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el
quebrantamiento de una obligación internacional.

6. Tanto el Perú como Chile son partes en el Pacto de Bogotá. Ninguna
de las dos partes mantiene a la fecha reserva alguna al referido
Pacto.

IV. El Fundamento Legal de la Reclamación Peruana

7. Los principios y normas del derecho internacional consuetudinario
sobre delimitación marítima, tal como se encuentran reflejados en las
disposiciones relevantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar de 1982 ("CONVEMAR") y desarrollados por la
jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y de otros
tribunales, constituyen las principales fuentes de derecho aplicables
a la presente controversia.

8. El principio rector principal sobre delimitación de la zona
económica exclusiva y de la plataforma continental entre Estados con
costas adyacentes, recogido en los Artículos 74 y 83 de la Convención,
es que la delimitación "se efectuará por acuerdo entre ellos sobre la
base del derecho internacional, a que hace referencia el Artículo 38
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a
una solución equitativa." Según ha sido interpretado por la reciente
jurisprudencia de la Corte, este principio es básicamente similar al
que rige la delimitación de los mares territoriales de los Estados con
costas adyacentes conforme al Artículo 15 de la Convención,
consistente en aplicar la equidistancia, teniendo en cuenta
circunstancias especiales cuando las hubiere.

9. De conformidad con el derecho internacional, tanto el Perú como
Chile tienen derecho a un dominio marítimo adyacente como prolongación
de sus respectivos territorios terrestres hasta una distancia de 200
millas marinas desde sus líneas de base. A consecuencia de ello y
dada la configuración geográfica de la costa, sus derechos se
superponen. Como quiera que ningún acuerdo ha sido alcanzado por las
Partes respecto a la delimitación de sus respectivas zonas marítimas y
en ausencia de circunstancias especiales que cuestionen la aplicación
de la línea equidistante, es la línea equidistante la que permite
arribar a un resultado equitativo. El límite marítimo entre las Partes
deberá ser determinado en tal sentido.

10. En contraste, una línea divisoria a lo largo de un paralelo que
comience en la costa, conforme a la pretensión chilena, no cumple el
requisito fundamental de arribar a un resultado equitativo y tampoco
surge de acuerdo alguno entre las Partes.

11. La delimitación debe empezar en un punto en la costa denominado
Concordia, punto terminal de la frontera terrestre establecido
conforme al Tratado y Protocolo Complementario para resolver la
cuestión de Tacna y Arica -Tratado de Lima- del 3 de junio de 1929
(Anexo 4), cuyas coordenadas son 18º 21' 08" S y 70º 22' 39" O (ver
Anexo 5), y debe extenderse hasta una distancia de 200 millas marinas
desde las líneas de base establecidas por las Partes. Esto es en
conformidad con el Artículo 54, párrafo 2 de la Constitución del Perú
de 1993 (Anexo 6), la Ley No. 28621 sobre Líneas de Base del Dominio
Marítimo del Perú del 3 de noviembre de 2005 (Anexo 5), el Decreto
Supremo peruano No. 047-2007-RE del 11 de agosto de 2007 (Anexo 7) y
el artículo 596 del Código Civil chileno modificado por la Ley No.
18.565 del 23 de octubre de 1986 (Anexo 8), todas ellas normas
concurrentes en la fijación del límite exterior de sus respectivos
dominios marítimos hasta una distancia de 200 millas marinas medidas
desde las líneas de base.

12. Conforme a normas y principios bien establecidos de derecho
internacional, el Perú también tiene derecho a los espacios marítimos
que se encuentran dentro de las 200 millas marinas medidas desde sus
líneas de base y que, a la vez, se encuentran fuera de las 200 millas
marinas medidas desde las líneas de base chilenas. Los argumentos
contrarios esgrimidos por Chile carecen de mérito alguno.

V. Decisión Requerida

13. El Perú solicita a la Corte que determine el curso del límite
marítimo entre los dos Estados conforme al derecho internacional,
según lo indicado en la Sección IV supra, e igualmente solicita a la
Corte que reconozca y declare que el Perú posee derechos soberanos
exclusivos en el área marítima situada dentro del límite de 200 millas
marinas de su costa y fuera de la zona económica exclusiva y de la
plataforma continental de Chile.

14. El Gobierno del Perú se reserva el derecho de ampliar, enmendar o
modificar la presente demanda a lo largo del proceso.

15. Para los propósitos del Artículo 31 (3) del Estatuto y del
Artículo 35 (1) del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia,
el Gobierno del Perú declara su intención de ejercer su derecho a
designar un Juez ad hoc.

Todas las comunicaciones relativas a este caso deberán ser enviadas a
la Embajada de la República del Perú en el Reino de los Países Bajos,
Nassauplein 4, 2585 EA, La Haya, Países Bajos.

Respetuosamente,
Allan Wagner

Agente del Gobierno de la República del Perú


ANEXOS

1. Nota del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, 19 de Julio 2004.
2 Nota del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 10 de
septiembre 2004.
3. Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), 30
de abril de 1948
4. Tratado y Protocolo Complementario para resolver la cuestión de
Tacna y Arica -Tratado de Lima- del 3 de junio 1929
5. Ley No. 28621, Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, 3 de
noviembre 2005
6. Artículo 54, párrafo 2 de la Constitución Política del Perú de
7. Decreto Supremo peruano No. 047-2007-RE, 11 de agosto de 2007
8. Artículo 596 del Código Civil de Chile, según modificación de la
Ley 18.565 del 23 de octubre de 1986.




14 enero, 2008

Fuerza 2011: el reciclaje permanente

El reciente anuncio de los fujimoristas de fundar un nuevo partido, Fuerza 2011, de cara a las elecciones generales de ese año, puede explicarse apelando a la teoría de formación de las organizaciones políticas. Para entender su lógica debemos antes hacer un esfuerzo para abstraernos de prejuicios y condenas anticipadas.

Un problema que tienen todas las fuerzas políticas es el agotamiento como sistema. Los partidos son como luces intermitentes prolongadas: se prenden cada cinco años en las campañas electorales y se apagan apenas terminan éstas. Hay una escasa o nula actividad política partidaria en los largos intervalos en los que no hay procesos electorales.

Si a eso le agregamos un proceso público del líder fundador, un megajucio por crímenes y delitos diversos que podrían llevarlo a decenas de años de prisión, la moral partidaria es muy probable que esté por los suelos, adelantando el ciclo natural del fin de las organizaciones políticas.

En estos casos lo que se requiere son nuevas estructuras; no importa que en el fondo sea más de lo mismo: organizaciones manejadas por grupos familiares o dirigencias pequeñas que buscan perpetuar su cuota de poder. En este caso, el lanzamiento de una “nueva” organización política tiene la ventaja de volver a motivar a quienes participan del proyecto fundacional.

Durante más de un año, los fujimoristas saldrán a las calles a recoger firmas (habrá trabajo remunerado, seguramente), y sentirán que forman parte de un proyecto que buscará participar del reparto del poder el 2011. Es decir, tendrán un incentivo o una esperanza. Y eso es un plus si de mantener un grupo organizado se trata. Mucho más rentable en términos políticos que contar con un partido “organizado a nivel nacional”, pero, sin actividad ni reflejos, paralizado, e inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas de la ONPE.

Es la diferencia entre tener partidos de larga trayectoria que generan en su seno una sociedad de intereses frente a partidos que recién se inician que forman más bien –al menos en el papel– una comunidad de iguales. El fujimorismo ha usado este mecanismo hasta el límite: “Cambio 90”, “Nueva Mayoría”, “Vamos Vecino”, “Perú al 2000”, “Sí Cumple” y ahora “Fuerza 2011”.

Sé que la primera reacción es decir que se trata de “más de lo mismo”, fachadas de partidos usados por Fujimori para defender sus propios intereses, cascarones electorales utilitarios. Estamos de acuerdo. Pero más allá de los adjetivos, no se debe desconocer el éxito relativo que desde el punto de vista electoral han tenido cada una de estas organizaciones políticas mutantes. La diferencia que tiene ésta última, sin embargo, es que participará en contienda electoral cuando su líder haya sido condenado y esté recluido en prisión. Para entonces, Fuerza 2011, podría ser apenas una fuerza disminuida.



10 enero, 2008

De Tirofijo a Tiro al aire

La liberación de Clara Rojas y Consuelo Gonzales no es una victoria del Presidente Chávez. Es apenas un acto desesperado de las FARC para disminuir el efecto negativo que significó su frustrada operación mediática internacional. No había otro camino para Marulanda, puesto en ridículo por el Presidente Uribe, al develar el paradero del pequeño Enmanuel.

El operativo abortado por Uribe puso fuera de juego a Chávez, el primer afectado por el incumplimiento de las FARC. La liberación de los rehenes ahora es parte del damage control de Chávez y las FARC. Cada uno en su propio tablero, se han vuelto a dar la mano en la desgracia.

Uribe ha reafirmado su imagen ante una guerrilla que se ha mostrado indolente, no confiable y reacia hacia un acuerdo de paz.

El presidente venezolano ha vuelto a sonreir y a llenarse de frases rimbombantes como “bienvenidas a la vida”. Pero su papel resulta pequeño si se limita a la liberación de las dos rehenes de hoy.

Hay más de 700 colombianos y colombianas que son víctimas de las FARC. Privados de su libertad desde hace años, viven atrapados por el fuego cruzado de la guerra. En muchos casos se trata de secuestros no políticos, sino económicos; raptos delincuenciales por dinero.

Poco a poco conoceremos las condiciones de vida de los prisioneros de guerra. Por lo pronto, Consuelo Gonzales ha empezado a dar algunas pinceladas:

"A los señores durante el día les tienen cadenas en el cuello permanentemente, se bañan con cadenas, en cualquier actividad están con las cadenas, y por la noche, tal vez por razones creo yo de más seguridad, los amarran a un árbol que está al pie de cada cama", narró González a una emisora colombiana, La W, desde Caracas.

Que quede claro: la liberación de Clara Rojas y Consuelo Gonzales no es un acto humanitario de las FARC. No es una señal de cambio en la estrategia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Menos, algún gesto de compasión de Manuel Marulanda.

En lugar de “tirofijo”, el anciano dirigente guerrillero debiera llamarse desde ahora “tiro al aire”. Y el presidente Chávez, tendrá que andarse con más cuidado si no quiere que por tanto figuretismo el tiro le salga por la culata. Recuerde que Ingrid Betancourt sigue cautiva.



06 enero, 2008

El ausente en las negociaciones Perú-Chile

El gobierno solicita unidad en el reclamo que el Perú planteará a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya y la verdad que no hay por qué negársela. Es un tema de Estado que compromete a todas las fuerzas políticas y sociales del país. No caben retaceos ni mezquindades, aunque el gobierno no se muestre amplio al momento de convocar a sus mejores hombres para enfrentar esta cuestión jurídico-internacional. Uno de los ausentes en el equipo peruano negociador, seguramente será el ex canciller de la República, Manuel Rodríguez Cuadros, autor de un libro brillante en la defensa de la controversia limítrofe binacional*.

Confinado actualmente en la congeladora política por cuestiones estrictamente políticas, Rodríguez Cuadros plantea en su libro los tres desacuerdos que deberán ser resueltos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya: la cuestión sobre la delimitación marítima, las tesis opuestas respecto al punto de inicio de la citada frontera y finalmente la pretensión de Chile de desconocer la soberanía y jurisdicción peruana en un espacio marítimo de aproximadamente 28,471.86 km2.

Para la presentación de su libro en diciembre último reunió a Roberto Mc Lean, Eduardo Ferrero (otro de los ausentes notables), Jorge Santisteban de Noriega y Nelson Manrique quienes destacaron las tesis planteadas por Rodríguez Cuadros a partir de un enfoque del derecho internacional sustentada en un principio moderno utilizado por la Haya en la solución de controversias marítimas limítrofes: garantizar la equidad de los resultados.

Como señaló Mc Lean el concepto de equidad no sólo es jurídico y político, sino hasta matemático. La tesis chilena de imponer tierra por mar no resiste la regla de tres simple. Así resulta que el país que tiene una menor línea costera que su vecino posee mayor masa marítima. La tesis peruana, en cambio, de aplicar una línea equidistante en la zona de controversia, encaja a la perfección cuando se la somete al estricto y abstracto razonamiento matemático.

Este mismo principio –de la línea divisoria equidistante– ha sido seguido por el propio Chile en su controversia por la definición de la frontera marítima con Argentina en el Beagle. Por lo que tampoco resulta coherente aceptar este principio en el sur y negarlos en el norte.

El otro concepto que impone la lógica es el inicio de del límite marítimo. Es decir, cuál es el origen de la frontera marítima ¿el punto donde se une la tierra con el mar o la demarcación de ésta punto inicial? El hito es la demarcación de la frontera, es la referencia física, pero no la línea divisoria. En el caso que nos ocupa está claro que este punto es el Hito Concordia y no el Hito N° 1 como pretende Chile.

Por último, la sola lectura de los Acuerdos de 1952 y 1954 que Chile reconoce como Tratados de Límites, aclara que se trata en realidad del establecimiento de normas policiales para infracciones pesqueras como correlato a incidentes con pescadores artesanales de ambos países, dentro de un contexto de defensa de las 200 millas marítimas. Jamás se entablaron negociaciones para la definición de la frontera marítima. Y no podía ser así porque por entonces ambos países no habían establecido sus propias líneas de base fronteriza.

Pero estas son cosas que profesionales como Manuel Rodríguez conocen y que podrían servir al equipo peruano que preside Allan Wagner. Pero el gobierno ha decidido no invitar a quienes hayan tenido relación alguna con el gobierno anterior. Al menos, pueden consultar su libro.



* Manuel Rodríguez Cuadros: “Delimitación marítima con equidad: el caso de Perú y Chile”, Ediciones Peisa, Diciembre 2007. Lima, Perú.




03 enero, 2008

Inflación 2007: alerta temprana

Ha sido notorio el esfuerzo del gobierno por moderar el impacto del 3.93% con el que cerró la inflación el año 2007. Se ha explicado el contexto internacional complicado que hemos tenido con el aumento del precio del petróleo, el trigo y el maíz y se ha presentado la cifra como el tercer índice más bajo de la Región.

Pero en el mercado, las amas de casa dicen otra cosa. Ellas se quejan de las alzas de los alimentos de primera necesidad. Además de las carnes, los huevos y la leche, ha subido el arroz, el aceite, las frutas, las menestras y las verduras; todo.

No sólo los ejércitos caminan mejor con los estómagos llenos. También los pueblos se desplazan bien si consiguen saciar su hambre. Cuando eso no ocurre, los gobernantes se ven afectados.

Es un caso concreto de cómo la política se asienta sobre la economía. Si la economía se desarregla, la política también. Y viceversa.

El presidente García sabe muy bien esto. De ahí su esfuerzo por explicar el contexto internacional y la disparada del petróleo a 100 dólares el barril para evitar aminorar el costo que de todas maneras pagará por el aumento de precios en el mercado.

No es la primera vez que el presidente usa el contexto internacional para explicar el repunte inflacionario de casa. Lo hizo durante su primera gestión para explicar las cifras espantosas que por entonces provocó.

Por supuesto que de nada le valió su explicación. La gente sabía en la calle lo que la inflación hacía con los precios y con el dinero.

El siguiente cuadro puede refrescar un poco la memoria.


Como se puede apreciar, la inflación del 2007 es la más alta alcanzada en los últimos nueve años. Si a esto agregamos que el 2008 soportaremos un impacto de 2 puntos porcentuales menos en el PBI nacional por la recesión de la economía norteamericana, la cosa no pinta muy bien para el gobierno.

Se necesitará más que palabras para que la gente no vuelva a soñar con el monstruo que García teme más que cualquier otro: el desbocado caballo apocalíptico llamado hiperinflación.



31 diciembre, 2007

El partido: ¿comunidad o sociedad?

Alessandro Pizzorno desarrolló una teoría para explicar el desarrollo de la participación política en una organización. En “Cuaderno de Sociología” XV, Piazzorno encontró dos características del comportamiento humano en una estructura organizada: un sistema de solidaridad y un sistema de intereses. La primera alude a una “comunidad de iguales” donde los fines de los participantes coinciden. La segunda responde más bien a una “sociedad de intereses”, divergentes, múltiples.

Según esta diferenciación, los partidos pueden organizarse en comunidades solidarias o en sociedades de intereses. O, bien pueden ser etapas sucesivas en la vida de un partido que nace con muchas expectativas pero que en el camino éstas decaen, cambian o desaparecen.

En la primera fase de surgimiento del partido prevalece la cooperación para la obtención de un fin común; en el segundo, la competición interna, para satisfacer intereses individuales.

Así un partido político nace como una comunidad de iguales, con principios solidarios y altruistas; pero a medida que se va acomodando al sistema se transforma en una sociedad de intereses.

Angelo Panebianco, otro teórico de los partidos políticos, afirma que “con el paso del tiempo, el partido tiende a transformarse y deja de ser un sistema de solidaridad para convertirse en un sistema de intereses: con la burocratización y la implicación progresiva en la rutina cotidiana, la organización se diversifica y crea, sobre las cenizas, de la igualdad inicial, nuevas desigualdades”.

Cuando esto ocurre, la curva de participación de militantes, adherentes y simpatizantes, declina. Si llamamos a este proceso “institucionalización”, tendremos entonces dos etapas marcadas –una inicial, como comunidad, y otra sucesiva, como sociedad- en la que la organización pierde su atractivo inicial lo que genera el alejamiento de las bases. El proceso inverso explicaría la refundación de aparatos partidarios con la finalidad de mantener siempre vigente los valores iniciales, comunitarios, solidarios, de la militancia.



28 diciembre, 2007

Un partido de ciudadanos

Cuando se escarba en el diagnóstico de la crisis de los partidos, por lo general, existe consenso. Se trata de organizaciones anquilosadas, carentes de organización democrática interna; de gran resistencia al cambio; con un control oligárquico de la conducción política; de carácter cerrado y a veces patrimonial de la dirección; que ve a los ciudadanos como meros instrumentos electorales.

Los partidos políticos surgen en Europa en la primera mitad del siglo XIX. Según Norberto Bobbio el primer embrión de representación política fueron las organizaciones de notables, barones de la tierra, cuyo foco de atención político era difundir o constituir los parlamentos. En 1832 The Reform Act de Inglaterra permitió que grupos industriales y comerciales se sumaran a la participación de la cosa pública. Fueron asociaciones locales formadas para promover candidatos al Parlamento y realizar y sufragar elecciones. No había conexión o vinculación entre estos grupos; la organización era mínima, por lo general individualizada y basada en el comité. El sufragio, era limitado.

La revolución industrial y la aparición de la clase obrera impactaron de manera importante en la estructura de los partidos. Diversos movimientos de protesta se cohesionaron hasta generar una explosión de partidos de los trabajadores en el viejo continente. Nacen los partidos socialistas: Alemania, 1875; Italia, 1892; Inglaterra, 1900; Francia, 1905. Surgen así, los partidos de aparato, organizaciones masivas, con programa político sistemático para conquistar el poder, estructura piramidal con dirección central - cuerpo de líderes profesionales del qué hacer político- y bases dirigidas y organizadas.

El partido de aparato es considerado el partido político moderno, producto de la democracia de masas. Con el tiempo fue perdiendo paulatinamente sus características originarias (participación de las bases, lucha por la transformación de la sociedad, educación moral y política de la masa) para acentuar más su vocación electoral, darle mayor importancia a la actividad parlamentaria y aumentar su influencia. En realidad, se fue adecuando a los tiempos, o como dirían los politólogos, se fue aggiornando debido a cambios estructurales en la relación ciudadano-Estado. Las reglas de convivencia social eran ahora más estables, la percepción de las diferencias de clase habían disminuido y, en conjunto, la participación política de la sociedad era mucho más amplia. Todo ello, ocurre en apenas los últimos cincuenta años del siglo XX.

La consecuencia de estos cambios en la estructura y fines de los partidos es la aparición de los denominados “partidos atrapatodo”, organizaciones que utilizan a la militancia básicamente con fines electorales, con nula o escasa educación política y moral de las bases y con una persistencia por cooptar a los “expertos” o recurrir a personas de prestigio para aumentar las posibilidades electorales.

Desde su origen, las funciones del partido político son dos fundamentalmente: 1) transmisión de la demanda política y 2) participación en el proceso de las decisiones políticas. La primera alude a la posibilidad de intermediar ciertas exigencias y necesidades de la población en la toma de decisiones; mientras que la segunda indica el objeto de ser del partido: participación en el proceso de las decisiones políticas. Así, el partido actúa como correa de transmisión de las aspiraciones de la sociedad o como ejecutor mismo de dichas políticas. Influye o ejerce. Intercede o gobierna.

Estos partidos de aparato o atrapatodo, también denominados partidos de masas, tienen -a diferencia de los entes embrionarios, los clubes de notables-, una organización compleja, una demanda política diversa; constituidos en su mayoría por adherentes y con una minoría de profesionales de la política –“el círculo interno”, lo llama Bobbio- “que toma las decisiones importantes, define la línea política y controla nombramientos, más allá del posible disenso o de los intereses reales de las bases del partido”.

Este es el germen de nuestros partidos. Partidos de aparato nacidos en Europa que han evolucionado de acuerdo al grado de desarrollo social y económico alcanzado en sus propias jurisdicciones. Estructuras verticales, impactadas por los partidos de los trabajadores. Maquinarias electorales, desarticuladas de las bases y –como ocurre en muchos de nuestros casos- de la sociedad. En este aspecto, nuestros partidos siguen comportándose como la Iglesia Católica del siglo pasado; esperando a sus fieles en los templos en lugar de convocarlos en las calles y casas como los modernos evangélicos.

Si surge un nuevo partido éste seguramente nacerá sin los lastres del pasado, sin el burocratismo de las viejas organizaciones políticas y con una vocación proactiva. Un componente importante de la evolución de los partidos es el concepto de ciudadanía. El desarrollo de los partidos está ligado al asentamiento de la democracia, de la manera en que el desarrollo de la ciudadanía está ligado a la conquista de derechos. Se debe, por ello, avanzar más allá de la efervescencia partidaria que se despierta en época de elecciones. Modernizar los partidos políticos es democratizarlos al interior, renovar sus elites, e introducir mecanismos de participación interna. Es, en suma, pasar del partido de masas y de cuadros al partido de ciudadanos.



26 diciembre, 2007

Apuntes sobre partidos políticos

En las últimas tres décadas, los peruanos hemos acudido a las urnas más que cualquier otro compatriota en el pasado. 25 procesos electorales para elegir y revocar autoridades nacionales, regionales y locales; referendums, procesos constituyentes; algo inusual en toda la historia de la República.

El Perú es parte de una primavera democrática que por primera vez vive la región de manera sostenida. Y al mismo tiempo es parte también de la paradoja que encierra esta situación: vivimos en democracia, pero enfrentamos una creciente crisis social.

A tal punto que un informe reciente de las Naciones Unidas revela que más del 50% de los latinoamericanos “están dispuestos a sacrificar un gobierno democrático en aras de un progreso real socioeconómico”, es decir, con alguna forma de gobierno autoritario.

En otras palabras, el sistema democrático se ve amenazado debido a la exigencia de resultados de la ciudadanía que el sistema democrático y sus procesos electorales en sí mismos no son capaces de ofrecer.

La democracia electoral funciona, pero la democracia como gobierno tiene sus límites.

La consecuencia de este desencuentro la pagan las instituciones democráticas. Las poblaciones resienten su confianza en ellas al no encontrar solución a sus demandas; demandas que, por otro lado, se ofrecen resolver durante los procesos electorales.

En campaña, son los partidos políticos los que canalizan estas demandas ciudadanas. La gente vota confiando en sus propias expectativas de solución, pero, al final se desilusiona al comprobar que los candidatos y sus partidos, se olvidan de sus promesas electorales, alimentando la desconfianza de la ciudadanía y aumentando el descrédito de la política y sus instituciones.

Este desfase entre ofrecimiento electoral y acción de gobierno es quizás uno de los factores que ha llevado a que menos de un cuarto de la población crea en los partidos políticos. La gente no cree en los partidos políticos, porque en general no cree en (o no les cree a) los políticos.

La consecuencia es un círculo vicioso que corroe todo el sistema. El descreimiento en los partidos políticos debilita el sistema democrático alentando salidas antisistema.

Entonces, la gente no confía en los partidos, pero tiene que votar por ellos, porque hasta hoy no se ha inventado otro mecanismo de representación política que canalice las expectativas de los ciudadanos en una contienda electoral.

El partido político sigue siendo el instrumento mediante el cual la ciudadanía deposita su cuota de confianza.

Los resultados no pueden ser más desalentadores. Según diversas encuestas realizadas en nuestro país, más del 90% desconfía o no cree en los partidos políticos.

No es un resultado exclusivamente nacional. Según el Latinobarómetro 2007, en general, en América Latina, existe esta misma sensación. Lo mismo ocurre en el mundo. Los partidos políticos como organizaciones están en crisis. La pregunta es por qué.
____________________
* El presente texto forma parte de un reciente trabajo titulado "Introducción al Estudio de los partidos políticos desde su organización y estructura" que acabo de presentar a la Cátedra Mariátegui como fin de una Diplomatura sobre Teoría Política y Buen Gobierno.



23 diciembre, 2007

La pobreza no tiene color político

La pobreza es la expresión de la desigualdad. Es también la evidencia del desequilibrio profundo de la sociedad. De la falta de oportunidades para unos. De una inadecuada redistribución de los recursos para otros. La pobreza puede verse también como un círculo vicioso que se reproduce exponencialmente, si el Estado no interviene.

Difícilmente, las personas por sí solas dejan su condición de pobres. Es el Estado el que debe delinear y ajustar todos sus programas y políticas al objetivo sostenido de superar y eliminar las causas de la pobreza de un país.

Lo que menos debe hacerse con la pobreza es politizarla. Usar el carné partidario o ayudar primero a los que votaron por un partido es no sólo nefasto y antiético, sino perverso, porque mal educa a la gente; la vuelve mendiga del poder de turno.

El uso de los programas de gobierno para fines políticos partidarios es quizás uno de los más pesados lastres que arrastramos como sociedad y que, en fondo, impide romper el círculo vicioso de la pobreza. Los pobres no tienen color político. Este es el cuadro de la pobreza en el Perú de hoy preparado por "Perú Descentralizado", la ONG de Rudecindo Vega:


Hay diversas causas de la pobreza; alguna de ellas son estructurales, históricas. Otras son económicas, sociales, incluso culturales. En nuestro país, la pobreza es más rural que urbana; golpea más a la mujer, a los niños, a los analfabetos, a los campesinos.

Desde el punto de vista de la economía, la pobreza se explica por la baja productividad del campo. El campesino, al no obtener un buen precio por sus productos, anula su capacidad de ahorro o inversión en otros rubros; es decir, no genera riqueza.

La pobreza es también reflejo de una educación devaluada que impide a las personas a mejorar su posición en el mercado para acceder a un puesto de trabajo con un sueldo digno. La pobreza se explica también por el acceso a infraestructura y servicios básicos. Los pobres carecen de servicios indispensables para vivir y generar actividades económicas.

El impacto de todos estos factores incide en la reproducción de la pobreza, tornándola crónica. Así, una familia pobre sin recursos económicos, sin servicios de calidad, vivirá en un lugar igualmente pobre. Los hijos de esas familias muy probablemente se conocerán y se reproducirán en esas condiciones, aumentando su pobreza.

Hay excepciones, por supuesto. El ejemplo de los migrantes emprededores parapetados en la informalidad es prueba de ello. Pero la regla general es que el estado debe intervenir en el soporte de las condiciones básicas de nutrición, salud, educación e infraestructura para lograr que los ciudadanos mejoren sus capacidades y tengan igualdad de oportunidades para competir más adelante.

Si tuviéramos que resumir las causas múltiples de la pobreza podríamos señalar las siguientes: Inequitativa distribución de recursos y servicios; falta de voluntad o incapacidad de los líderes a fin de ejecutar un Plan de Desarrollo estratégico-político; recursos naturales insuficientemente aprovechados; Educación deficiente; escasa investigación; economía rural de subsistencia. Y ahora, gracias a Jorge Del Castillo, habría que agregarle una más: el uso político de los programas sociales del Estado.