Un reciente encuentro de economistas en Lima reportó conclusiones en torno a los efectos nocivos que tuvo el cierre de escuelas en América Latina. La pérdida o pobreza de aprendizaje —entendida como la capacidad de leer y comprender un texto en niños de 10 años— subió del 50 % al 80 % en la región.
La pandemia sigue pasando factura social, especialmente a los más pobres, desconectados de internet y sin posibilidades reales de acceder a la educación remota, con maestros de escuela pública no entrenados en el uso de las herramientas digitales, que apenas si usaron el chat de WhatsApp como respuesta desesperada a la incomunicación.
La desigualdad social agravó los efectos de la pandemia. De no superar esta deficiencia, aseguran los expertos, la nueva generación perderá millones de dólares debido al trabajo precario que obtendrá con el arrastre de una mala formación académica básica.
Mientras el resto del mundo desarrollado realiza el tránsito de la sociedad del conocimiento a la sociedad híbrida de la tecnología cognitiva, nuestros alumnos de escuelas fiscales están atrapados en una sociedad sin conocimiento en la que no comprenden lo que leen.
El Estado, con la incapacidad técnica con la que hoy se administra, será difícil que pueda atender este problema. En el caso peruano se tendría que empezar por reabrir todas las escuelas —aún hay 600 mil estudiantes que no han retornado a clases, según la representante de la UNESCO en el Perú—. Y, aun así, la solución no podría quedar solo en manos del Estado y de sus profesores.
Necesitamos, como dice el informe de la UNESCO, un nuevo contrato social para la Educación. “Un contrato social que es más que un convenio, ya que refleja normas, compromisos y principios que tienen un carácter legislativo formal y que están culturalmente arraigados”.
El punto de partida es una percepción común de los fines públicos de la educación. Hace unas semanas, en una visita que hicimos a un comedor popular de Lima Norte, preguntamos a las señoras que uso quisieran darle a su comedor por la tarde, luego de atender a sus comensales. Sin dudar, expresaron su deseo de convertirlo en aula de reforzamiento escolar. “Queremos que nuestros hijos aprenden inglés, matemática, computación”, dijeron.
En Lima existan cerca de 20 mil comedores populares ubicados en lugares donde precisamente las escuelas permanecieron cerradas por dos años. Si el Estado quisiera enviar maestros para reforzamiento escolar no habría presupuesto. De modo que la respuesta no va por allí. Se requiere visión y esfuerzos colectivos de la sociedad civil para hacer frente al problema generado por el cierre de las escuelas. Las universidades, por ejemplo, podrían involucrarse. Ellas tienen alumnos que pueden asumir tareas de reforzamiento de materias escolares en los lugares de pobreza y pobreza extrema.
Es necesario un espíritu solidario de parte de nuestros jóvenes para aportar su conocimiento y organizar programas de apoyo en barrios marginales. Promover equipos de voluntariado puede ayudar a recuperar el tiempo perdido en las tareas de aprendizaje. Las facultades de Educación, los institutos pedagógicos —los centros de formación de los futuros maestros— debieran ser la primera línea de este ejército de jóvenes profesores que asuman la tarea de ayudar a educar a los niños afectados por el cierre de sus escuelas.
Recuperar la calidad de la educación es, en efecto, un esfuerzo social compartido. La educación inclusiva debe ser tarea de todos si queremos que nadie quede fuera. La solidaridad es esa fuerza que se necesita para cerrar las brechas educativas que también nos dejó la pandemia. Un país fortalece su tejido social cuando sus individuos cooperan.
