El otro boom del agro

Hay otro boom en el agro. Y esta semana estalló. Las cifras que explican este otro "boom", no están en dólares, sino en magros soles. Es el problema central de la protesta social que terminó con la Ley de Promoción Agraria: los sueldos bajos. Alrededor de este punto hay reclamos por derechos de salud, laborales y tributarios. Pero, lo central de la explosiva respuesta del trabajador del campo es el aumento de sueldos. 

El jornal promedio actualmente es de 39 soles por 8 horas de trabajo. Las penalidades y descuentos pueden reducir en la práctica el monto a 20 soles. Si descontamos el desayuno, almuerzo y pasajes casi no queda nada para el diario. No hay ahorro. Ni planes. Ni horizonte de vida.

 

El jornal es sobrevivencia pura y dura. Evidencia de que algo no funciona. Así pasamos del boom agro exportador a la explosión del agro trabajador.

 

El mayor problema parece ser la informalidad que además arrastra una serie de distorsiones e inseguridades. Si el trabajador es captado por una service (en complicidad o no con la empresa formal), no tiene derechos, ni beneficios. Nada. El jornalero informal depende solo de su fuerza de trabajo. Agotada ésta es reemplazada por otro y así sucesiva y abusivamente.

 

Digan lo que digan, no hay punto de comparación entre el crecimiento de las ganancias de la agroexportación y el sueldo de sus trabajadores. Es como si el primero subiera por ascensor y el segundo por escalera. El siguiente cuadro lo confirma. 

El problema, entonces, no es de crecimiento del empleo, sino de calidad del mismo. Es en el salario donde las distorsiones, entre lo formal e informal, se hacen más evidentes. Y aquí es donde se ancla el reclamo de los trabajadores en la comisión multipartidaria del Congreso de la República.

 

Las negociaciones deben equilibrar las posiciones en algún punto entre 40 y 70 soles diarios. El otro punto asociado directamente al principal es la temporalidad de los contratos. Debe mejorarse en la nueva propuesta que se elabore. El empleo temporal —característico en la agricultura— no tiene por qué ser precario. El trabajo estacional debe asumir proporcionalmente los costos de gratificaciones, vacaciones y seguro médico. 

 

Sobre este punto convendría que se evalúe la necesidad de crear supervisores especializados en empresas agrícolas —una especie de Sunafil especializada en trabajo agrícola: Sunagro—, un organismo técnico que entienda las características especiales que tiene la empresa agroexportadora formal, que tiene, además, el know-how de ser supervisada por empresas multinacionales con estándares mucho más exigentes para acceder al mercado externo.

 

Trabajo decente es no solo un concepto. Si en verdad aspiramos a ingresar al exclusivo club de los países de la OCDE, debemos empezar por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, aumentar sus jornales, es decir, embridar sus derechos a los beneficios del boom agroexportador. 

 

 

Lecciones de una huelga

El Decreto de Urgencia N° 011-2017 del gobierno, materializando los acuerdos asumidos por el Ministerio de Educación con los profesores, marca un punto de quiebre en la huelga magisterial que ya cumple más de setenta días y ha dejado a 3.5 millones de estudiantes a punto de perder el año escolar.

A partir de este lunes, el gobierno no tendrá otra medida que aplicar la ley y reemplazar a los profesores que no acaten la norma y vuelvan a las aulas. En el caso de los profesores, es probable que la huelga se diluya por cansancio y regresen a clases sin que la neo dirigencia magisterial haya tenido la inteligencia para rubricar su victoria.

Mientras los dirigentes regionales dirimen este fin de semana su decisión final, no se debe dejar pasar las alertas —o lecciones— que encendió y que debemos aprender de este conflicto. Aquí algunas de ellas:

1. El gobierno exhibió una absoluta orfandad política en el tratamiento del problema. Deben reflexionar sobre el valor de la política —el arte de gobernar—, en lugar de despotricar de ella.

2. Todas las fuerzas representadas en el Congreso también fracasaron. Los maestros los pasaron por encima e hicieron trizas la representación nacional. Fuerza Popular tuvo un desempeño al límite, por decir lo menos. Intentó —una vez más— perturbar al gobierno, diferenciándose del resto de fuerzas políticas, pero su maniobra cayó en saco roto. Fue por lana y salió trasquilada.

3. El Sutep nacional con Patria Roja a la cabeza es la otra fuerza política derrotada por la marea magisterial radical. El profesor Castillo es hoy un dirigente reconocido a nivel nacional, cuando dos meses atrás solo lo saludaban en su colegio de Cajamarca.

4. Esta nueva fuerza organizada de los profesores a nivel regional no responde ni ideológicamente, ni mayoritariamente, al pensamiento senderista, neosenderista, proseguir, acuerdista o como quiera llamársele.

5. Es un sancochado gremialista absolutamente pragmático en lo político y radical en el discurso, que tiene como máxima bandera el reconocimiento oficial de parte del gobierno. El logro de beneficios en favor de los maestros es el medio, no el fin.

6. Los dirigentes regionales están con todos y con nadie. Quieren abrirse un espacio en el gremio magisterial con la finalidad de disputarle el poder al establishment de Patria Roja. Si para eso tienen que hablar con Dios y con el diablo, lo harán. Lo vienen haciendo desde por lo menos hace tres gobiernos democráticos.

7. El pensamiento sendero, sin embargo, sí está presente en el magisterio, como en cualquier otro "espacio de lucha", donde puedan accionar. Se les derrotó militarmente, pero no políticamente. Recuérdese que estuvieron a un paso de inscribirse como partido político.

8. La descentralización es un proceso no solo administrativo, sino político. La realidad demuestra que han surgido nuevos actores dirigenciales que son fruto del descentralismo. El centralismo gremial también existe y ha sido puesto en cuestión.

9. La democracia representativa necesita mecanismos de expresión y negociación y no solo mecanismos de control policial para enfrentar esta nueva realidad. Inteligencia policial sí, pero, mejor, inteligencia política.

10. La Carrera Pública Magisterial es una política de Estado. Pero no es la Biblia escrita a fuego, ni el Codex cincelado en piedra. Es necesario abrir una discusión amplia sobre el tema y no temer a replantear algunos puntos. Revisar el sistema de evaluación no significa rechazar la evaluación.

11. Los padres de familia y sus hijos han sido los grandes ausentes de este enfrentamiento entre gobierno y profesores. Ninguna de las fuerzas en pugna logró ganarse a estos actores y dirimir la tensión hacia uno u otro lado. 

12. Los partidos políticos requieren volver al trabajo en gremios. En la medida que descuiden estos espacios, otros más radicales lo ocuparán. En política, todo espacio se llena.

Emergencia y vida en Islay

El gobierno está ante una emergencia. Desde hace casi dos meses, no puede resolver el conflicto generado en la provincia de Islay, Arequipa, donde los pobladores se oponen al proyecto minero Tía María. El saldo es terrible: 3 muertos, 166 policías y 80 civiles heridos.

Arrinconado, con misiones de diálogo –del más alto nivel– fracasadas, ante el temor de una escalada mayor de violencia y con un paro ad portas, al gobierno no le ha quedado otra salida que autorizar el ingreso de las Fuerzas Armadas a la zona de conflicto.

A la fuerza ilegal de la agitación y la violencia, el Estado responde con la fuerza legal que le da la ley. Es una emergencia, sin duda.

No es posible pronosticar cuál será el resultado de enviar tropas del Ejército. Siempre es deseable que el efecto disuasivo funcione; pero también podría ser un catalizador en sentido contrario.

El límite es el artículo primero de la Constitución: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Vale imponer la ley por la fuerza; hacer prevalecer el ius imperio por encima de la vida humana?

La minera es la base de la economía peruana. De aquí proviene nuestra mayor fuente de recursos y exportaciones. Necesitamos extraer el mineral. Nadie duda de eso. Pero el problema es a qué costo.

Hasta ahora hemos fracasado como país en integrar a la cadena de desarrollo a las comunidades pobres que tienen recursos naturales en sus territorios. El Estado  no ha ejercido su rol mediador entre la empresa y las comunidades.

Se requiere generar una situación justa y gananciosa para todos. Las mineras requieren seguridad para operar en un marco de estabilidad, las comunidades necesitan ser partícipes directas de las ganancias que generen esos recursos y el Estado espera mayores ingresos para generar obras de desarrollo.

Este modelo tripartito de corresponsabilidad y gestión fue posible en la primera etapa del Proyecto Cuprífero Las Bambas, en Apurímac, en el gobierno de Alejandro Toledo.

El proyecto se conocía desde la primera década del siglo XX pero fue en el 2004 que el gobierno lo concesionó al sector privado. Y antes de la etapa de explotación, se creó un Fideicomiso social de 45.5 millones de dólares para obras y proyectos sociales en favor de las provincias de Grau y Cotabambas. La mitad lo puso al contado la empresa concesionaria.

Es curioso cómo este modelo de gestión que funcionó en Las Bambas no funcionó luego en Cusco. En ese caso el problema fue la debilidad institucional del Estado.

En su libro "Crecer para Incluir", el presidente Toledo reflexiona sobre estos temas y señala que el éxito de la actividad minera depende de la estabilidad social, la convivencia armoniosa y el mutuo acuerdo. "No hay proyecto de desarrollo, por más importante que éste sea, que no deba primero convencer a quienes viven sobre él, haciéndolos partícipes de su beneficio desde el primer momento".

La violencia nos conduce a un callejón sin salida: mayor violencia y más muerte. El gobernante debe tener esto siempre presente. El respeto a la vida, antes que a la propiedad privada, debiera ser el punto de inflexión de sus decisiones. 

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Artículo publicado por Diario 16 el Domingo 10 de mayo de 2015.

Entre la fe y la confianza

Dos titulares de los últimos días aluden la necesidad de una especie de intervención divina en la solución de los problemas de Cajamarca. “ Conga en manos de Dios”, afirma Diario 16 (7/07/2012). “El país espera un milagro de padres Cabrejos y Garatea”, titula La República (9/07/2012).


Más allá del uso en sentido figurativo del origen de los interlocutores del gobierno nacional y gobierno regional, sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, respectivamente, es notorio el sentimiento de esperanza que expresan ambos titulares en torno al inicio de las conversaciones en Cajamarca.


El hecho es que ante el desgaste y falta de interlocutores válidos del gobierno, es la hora de los representantes de la Iglesia Católica. Sin embargo, más que una cuestión de fe, lo que se debe recuperar primero en esta nueva etapa es la confianza.


La confianza es un punto de equilibrio crítico en la cadena de negociación. Sin ella, no es posible llegar a acuerdos. Y en exceso, se puede caer en la autoconfianza que puede llevar al abuso o imposición extrema.


Fue lo que ocurrió con Valdes y Santos. Enfrentados, cada uno en posiciones extremas, sin confiar el uno en el otro, mantuvieron sus posturas de manera inflexible, sin moverse un milímetro de sus planteamientos iniciales: Conga va y Conga no va.


La expresión máxima de ambas posturas ha sido: paro general por un lado y Estado de emergencia por el otro.


De manera que lo primero que se tiene que construir, como decíamos en el post anterior, es la confianza.


Monseñor Cabrejos tiene que construir confianza con los dirigentes de Cajamarca para poder ser un interlocutor válido del gobierno y lograr que el pueblo de Cajamarca le crea. Lo mismo pasa con Gastón Garatea. Debe ganarse la confianza del gobierno para poder interceder en los reclamos del pueblo de Cajamarca.


La mejor negociación no es aquella en la que una de las partes gana todo y la otra pierde todo. Esa podría ser también una imposición en base a la fuerza.


La negociación eficaz es aquella que primero identifica con claridad las aspiraciones de las partes y las acerca, permitiendo su procesamiento en el tiempo.


Tanto como la confianza son importantes la credibilidad de los interlocutores y el clima adecuado para las negociaciones. No se puede negociar con una bayoneta en el pecho. Tampoco con representantes carentes de una buena reputación.


En el caso de los sacerdotes Cabrejos y Garatea, su credibilidad es  un punto a favor. En sociedades con instituciones precarias y de fuerte tradición religiosa como la nuestra –sobre todo en el interior del país–  los representantes de Dios tienen una mejor hándicap que el resto de mortales.


En cuanto al clima de negociación, debe superarse la situación  de paro indefinido y Estado de Emergencia. Quizás ese sea el primer gesto para iniciar formalmente las conversaciones.

Entonces, más que una cuestión de fe, la negociación es antes que nada una cuestión de confianza.

Los negociadores propuestos por las partes deben construir confianza en un clima adecuado y en medio de presiones naturales o forzadas de uno y otro lado que promueven la desconfianza. Las crisis sociales son, por lo general, fuente de cambios violentos, desconcierto y pérdida profunda de credibilidad.

Es necesario, por ello, regresar al camino de la cordura y salir del entrampamiento en que nos encontramos.

Gestionar el conflicto, manejar la negociación, identificar los puntos de la agenda negociadora y arribar a acuerdos en el tiempo, constituyen todos aspectos más que de técnicas, de voluntades, de voluntad política que, en la práctica, es la capacidad de pensar diferente y hacer un esfuerzo por entender lo que el otro propone.

Adiós, señor Valdes

Siete meses después de juramentar el gabinete Valdes, con el saldo de 17 muertos, víctimas de la represión de las Fuerzas del Orden en conflictos socioambientales, cinco de los cuales se produjeron en los últimos dos días de violencia en Celendín y Bambamarca, el presidente Humala decidió salir de su incómodo silencio para anunciar que el Ejecutivo propone a monseñor Miguel Cabrejos como mediador en el conflicto por el proyecto Conga.

Una respuesta positiva, aunque tardía, tristemente tardía.

El presidente regional de Cajamarca, Santos, ha aceptado la participación de monseñor Cabrejos y  ha presentado a su vez como su representante al padre Gastón Garatea, propuesto ayer como mediador por Alejandro Toledo.

La primera víctima de esta nueva etapa de diálogo que se abre en Cajamarca es el Presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdes.

Sin juego alguno que no sea la posición inamovible del uso de la fuerza pública y legal, Valdes, sintomáticamente fue desautorizado anoche  por la vicepresidenta Marisol Espinoza quien insinuó que había perdido su capacidad negociadora.

"Tú no puedes sentarte a la mesa con sectores o con alguien que no es visto con confianza… si realmente queremos encontrar una solución o salida, entonces no podemos empecinarnos en colocar a alguien que en este momento ha recibido cuestionamientos por parte de la población", señaló.

De esta manera, la figura principal del Ejecutivo terminaba su función. Se ha despojado del principal valor que encierra un cargo como el que tiene: confianza.

Confianza para gestionar el conflicto y sacarlo del punto de quiebre en que se encuentra, afectando seriamente al gobierno de Ollanta Humala.

Confianza para resolver los temas calientes que amenazan con prenderse en diversos puntos del país.

Confianza, en suma, como dice la vicepresidenta, para sentarse  la mesa y dialogar con los sectores en conflicto.

Así, siete meses después, Conga vuelve al punto en que lo dejó el ex premier Salomón Lerner Ghitis.

El Presidente Humala debe ahora determinar el momento del cambio del primer ministro y recomponer su gabinete.

¿Antes o después del Mensaje a la Nación de 28 de Julio? Sería ideal que fuera un poco antes. El gabinete que lo acompañe al Te Deum y a las actividades protocolares de Fiestas Patrias debiera tener un nuevo rostro, renovado y de ancha base.

Pero no tendría nada de malo tampoco hacerlo inmediatamente después del mensaje presidencial para despedir a sus colaboradores con honores y salva de cañonazos –literalmente– y mantener el control de la agenda mediática con el anuncio de los cambios.

Lo que no podrá hacer más el presidente Humala, es sostener a Valdes… como hasta ahora lo ha venido haciendo. El costo de persistir en este modelo es demasiado alto y empieza a afectar al propio jefe del Estado.

Minería y Estudio de Inclusión Social

Una propuesta interesante ha surgido desde la empresa privada peruana que el gobierno bien podría tener en cuenta para aterrizar la propuesta de inclusión social en las poblaciones con recursos naturales que rechazan -muchas veces de manera violenta-, la inversión y extracción de sus riquezas.

Raúl Delgado Sayán, presidente ejecutivo de CESEL, ingeniero de gran experiencia en obras de infraestructura en nuestro país, ha propuesto que así como es requisito obligatorio para aprobar la viabilidad de un proyecto, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, se realice una especie de Estudio de Inclusión Social de carácter vinculante que asegure a las comunidades los beneficios del desarrollo, las cuales se comprometen a respetar el proyecto en todas sus fases.

Delgado Sayán sostiene que, actualmente, el mayor problema a superar en cualquier proyecto de inversión que tenga como escenario las comunidades altoandinas o amazónicas del país se encontrará con un primer escollo que es la madre de todos los problemas futuros: la desconfianza.

Los pobladores desconfían de las empresas que por lo general llegan a sus tierras, explotan sus riquezas, dañan el medio ambiente y se van sin dejar nada a las poblaciones del área de influencia del recurso.

En lugares donde el Estado por lo general también está ausente, es muy difícil lograr desarrollar lazos de confianza y respeto entre los actores locales, los representantes de la empresa y la institucionalidad oficial.

¿Cómo hacer para romper con esta tendencia histórica de explotación y pobreza; de desarrollo y riquezas para unos y atraso y pobreza para otros?

La propuesta señala que se debe realizar un estudio profundo, exhaustivo,  de planificación del desarrollo sobre la viabilidad de la comunidad en las tres fases del proyecto: exploración, explotación y cierre de la mina.

El Estado invertirá en infraestructura básica, la empresa privada adelantará sus ganancias y formará el recurso humano necesario para la etapa de funcionamiento del proyecto y realizará los planes y prospectos para potenciar e identificar nuevas actividades económicas.

La población se preparará entonces para recibir los beneficios antes de la fase de explotación del recurso y, sobre todo, tendrá claro que la actividad minera no será para toda la vida, por lo que deberá adecuarse para la fase de cierre de la mina buscando otras alternativas económicas y de mercado.

Para evitar que alguna de las partes incumpla su palabra se firmaría este Estudio de Inclusión Social que sería vinculante para las partes: Estado, Empresa y Comunidad. Esta experiencia, en parte, se realizó con las comunidades de Grau y Cotabambas en Apurímac con el Proyecto Minero Las Bambas.

Fue arduo el trabajo de sensibilización y negociación que el 2004 realizó el Estado para convencer a estas comunidades andinas de lo conveniente que era para ellos la explotación de este proyecto cuprífero de más de 4, 200 millones de dólares de inversión.

Nació así la idea de crear un Fondo Fideicomiso de 45 millones de dólares, convertido hoy en el Fondo Social Las Bambas de 63 millones de dólares para construir colegios, postas médicas, instalar agua y desagüe, y capacitar al recurso humano necesario para las actividades mineras.

La propuesta de un Estudio de Inclusión Social se desprende de esta experiencia.

Las comunidades no protestan por violentas o radicales. El caldo de cultivo de esa conducta quizás se explique en la desconfianza histórica instalada en su memoria colectiva, lo que las impulsa al grito desesperado de no ser actores del desarrollo.

No se aisle, Presidente

El país ha ingresado a una etapa de confrontación muy complicada. En Cajamarca, los colegios están cerrados, los negocios igual. Las carreteras se cierran por zonas. Hay piquetes de revoltosos dando vueltas por allí. En otras provincias como Celendín o Bambamarca, la cosa luce peor.

En Espinar, Cusco, no hay autoridad con quien dialogar; su alcalde está preso en Ica. En diversos puntos del país se registran movilizaciones en apoyo a Espinar y Cajamarca.

El partido de gobierno ha perdido tres congresistas. Y se teme que otros dos se sumen a la diáspora política, generando incertidumbre ante la elección de la próxima Mesa Directiva del Congreso.

En suma, un sistema democrático que es arremetido por fuerzas políticas radicales, obtusas, y un Poder Ejecutivo jaqueado, sin capacidad de respuesta. ¿Qué hacer? ¿Qué debiera hacer el Presidente de la República?

Dos consejos, Presidente. Uno, dialogue con el pueblo. Dos, actúe políticamente.

En el primer caso, explique usted el cambio que ha tenido. Su pensamiento inicial se ha transformado en el poder. Ha madurado. Bien, explíquelo. Dígale usted al pueblo los beneficios de la inversión, de la gran minería.

Haga docencia. Lidere la Nación. Díganos con claridad a dónde vamos, qué idea de país tiene ahora y a dónde lo quiere llevar. Puede hacerlo de a pocos, como ahora en la inauguración de agua potable en Villa María del Triunfo.

También puede viajar a diferentes puntos del país y tener contacto directo con la gente. Hable con el pueblo. Explique las cosas difíciles en términos sencillos. No tenga miedo. Hablando se entiende la gente.

Puede usar el mensaje a la Nación, aunque, la verdad, creo que ese formato acartonado no va con usted. Endurece su lenguaje.

En el segundo caso, haga política. Reúnase con sus congresistas. Con sus ministros. Convoque a especialistas. Conozca. Analice. Ejecute. Y delegue. No pretenda inmiscuirse en pequeños detalles. Dar instrucciones no significa manejar directamente las cosas.

Concerte. Persuada. Negocie. Conceda. No sólo exija. Mande. Ordene. O Imponga. La política implica trabajo, sangre, sudor y lágrimas.

Lo que no puede hacer, Señor Presidente, es esconderse. Encerrarse. Quedarse en Palacio. O contentarse con los twitts de su esposa o, ahora, del Primer Ministro.

No puede tampoco permanecer en silencio forever. Su silencio tiene un límite. Usted sabe que los problemas no se resuelven ignorándolos; sino afrontándolos.

Olvídese de las encuestas. Hable. Viaje. Explique. Convenza. No hacerlo, alimentará el clima político; enrareciéndolo. En serio, presidente, no se aisle.

Espinar, la fuerza, el miedo y la violencia

La forma como el gobierno encaró la protesta de los pobladores de Espinar ante la empresa minera Xtrata Tintaya, revela un modelo que ya se vio antes en Cajamarca por el tema Conga: romper el diálogo, decretar el estado de emergencia, bloquear las cuentas municipales y procesar judicialmente a los líderes locales acusados de azuzadores y revoltosos.

Estamos ingresando ante un modelo de gobierno asentado en la fuerza antes que en el diálogo. La fuerza pública acompañada de la fuerza de la ley. El modelo Valdes.

La forma cómo se apresó al alcalde de Espinar Oscar Mollohuanca es sintomática. Un grupo de policías ingresó a la municipalidad provincial y lo sacó a la fuerza para entregarlo al Ministerio Público.

El alcalde fue denunciado por delitos contra la seguridad pública, atentado contra la seguridad común, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y apología del delito. En tiempo record, fue trasladado de jurisdicción y terminó encarcelado 5 meses –de manera preventiva– en el penal de Cachiche de Ica, mientras dura el proceso judicial.

Espinar marca un punto de quiebre en la relación Estado – conflictos sociales.  

El presidente Humala parece haber llegado a la conclusión de que existe una acción coordinada de fuerzas políticas que conspiran contra su gobierno camufladas en un discurso de defensa medioambiental cuando en realidad se oponen ideológicamente a cualquier tipo de inversión privada.

La dificultad de esta forma de pensar es que confunde el accionar violento de las dirigencias de problemas reales de la población: estado ausente en las zonas de influencia de la minería, empresas desvinculadas de programas de desarrollo, falta de información sobre impacto real de las actividades extractivas en las comunidades.

La intermediación del Estado en la resolución de los conflictos sociales es una falencia. Esta tarea está en manos del presidente del Consejo de Ministros, pero ni él ni la Unidad de Prevención de Conflictos Sociales parecen darse abasto para encontrar soluciones negociadas.

La negociación es un proceso de larga maduración. No es una solución inmediata a un problema desbordado. Se requiere voluntad de ambas partes y metodología para acercar posiciones. Pretender el uso de la ley y la fuerza pública en una situación de conflicto, muchas veces, no abre, sino cierra las puertas a la negociación. El actual procedimiento adoptado por el gobierno en el caso de Espinar marca la pauta de enseñar a través del miedo. Pero el miedo es un estado de perturbación que llevado al extremo puede generar una salida aún más violenta.  

Conflictos sociales: alto a la barbarie

En el Perú las cifras del crecimiento económico y las de violencia en los conflictos sociales crecen a la par. Es un fenómeno social que debe merecer la atención de nuestros gobernantes y clase política, pues pone en evidencia la tensión creciente entre las fuerzas del mercado, el Estado y la sociedad. A más crecimiento, más reclamo violento. Más represión. Más muerte.

Según una reciente investigación realizada por la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo “entre enero del 2006 y septiembre del 2011, se registró un total de 540 conflictos sociales, en 109 casos hubo afectaciones a la vida y a la integridad física de las personas. En el mismo período, el número total de personas fallecidas ascendió a 195, en tanto que el número de personas heridas fue 2 312, entre civiles y policías”. Este gobierno ya lleva 6 muertos en menos de un año.

En la mayoría de los casos, asegura el informe, el origen de los conflictos fue reclamos socioambientales.

Si bien el uso de la fuerza legal es patrimonio del Estado y debe imponerse ante el desborde de las masas que confunden defensa de sus derechos con uso radical de la violencia; ésta debiera ser la última opción y no la primera.

Lo que viene sucediendo es que nos estamos acostumbrando a reprimir con violencia cualquier protesta social, sin que nos alarme la muerte de ciudadanos a manos de las fuerzas del orden.

Recordemos los discursos del ex presidente Alan García cuando demandaba a la policía usar sus armas de fuego para apaciguar las protestas. La policía -pensaba el ex mandatario-, estaba desprotegida legalmente ante una turba porque si disparaba contra ella y se producía una muerte era pasible de un juicio por homicidio culposo. En consecuencia, había que proteger a la policía y dotarla de instrumentos legales para que usara su arma de reglamento en situaciones de conflictividad social. En otras palabras, matar con impunidad.

Algo tiene que fallar en la sociedad cuando llegamos a conclusiones como esa. ¿Por qué en lugar de pensar en mejorar la capacidad de articular y armonizar los diversos intereses en conflicto, llegamos a la conclusión que la solución pasa por reprimir con violencia el conflicto, sin importar el costo en vidas que esto pueda significar?

El alto nivel de violencia no puede ser explicado sólo como herencia del terrorismo. Estan fallando los diversos niveles de gobierno que no pueden anticipar y resolver el conflicto en su estado inicial. Falla la autoridad local, regional, nacional que son superados por las fuerzas en pugna. Fallan los partidos políticos que no representan las aspiraciones de los sectores sociales. Falla la empresa cuando privilegia la renta económica y se olvida de la renta social. Y fallan los grupos de presión sindicales y gremiales cuando confunden defensa de derechos con protesta violenta.

Esta incapacidad para encontrar una solución dialogada es lo que más preocupa del informe de la Defensoría del Pueblo. Ni el crecimiento económico, ni las casi dos décadas de gobiernos democráticos que tenemos han logrado que encontremos formas civilizadas de procesar nuestras diferencias.

Si sumamos a ello un gobierno acorralado por un aumento de las protestas sociales, una policía no preparada ni equipada para hacer frente a este fenómeno y una crisis de representación en las instituciones encargadas a intermediar entre la sociedad, el mercado y el Estado, el futuro se presenta aterrador. Es momento de repensar el tema de los conflictos sociales y su solución no violenta. Los muertos en los conflictos sociales, nos señalan con claridad qué camino no seguir.

Conga: teatro de operaciones

Se expone el presidente Humala al comparar la protesta social de Cajamarca con el régimen genocida polpotino de la Kampuchea Democrática.

“No podemos aceptar un régimen polpotiano donde un Gobierno regional X pone restricciones a la libertad de trabajo, de tránsito. Solo faltaría que nombren a su mando político y logístico y creen ahí una república popular en una democracia”, le dijo el presidente al diario ABC de España.

De inmediato, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, replicó: “Es una comparación extrema. Mis manos no están manchadas de sangre, y tampoco mi partido ni el movimiento con el que he llegado a la presidencia regional. Yo no estoy ni he sido procesado por desapariciones forzadas ni por violaciones de derechos humanos”.

Lo preocupante es la lógica militar que emana del pensamiento presidencial que, en el fondo, es el argumento de una derecha que no entiende el reclamo social, que confunde marxismo con terrorismo o que simplemente cree que en el informe de la verdad hubo mucha “teatralización”.

Considerar el conflicto social como teatro de operaciones militar es configurar un escenario de impredecibles consecuencias. Es sacarlo de la lógica de la negociación para encaminarlo a uno de resolución por la fuerza.

Conga es un problema que debe resolverse con imaginación, persuasión, inversión y negociación. Una salida negociada es mil veces mejor que una solución violenta.

Por supuesto que nadie niega el derecho del Estado al uso de la fuerza pública. Pero una cosa es que las circunstancias nos lleven a ese punto –de no retorno- y otra es que construyamos ese escenario con declaraciones que sólo avivan la contradicción en lugar de apaciguarla.

Como bien dice hoy Pedraglio “Al Gobierno le han vendido una hipótesis equivocada y se la está comprando sin medir costos: si Conga no va, se detendrán todos los proyectos extractivos que están a la espera. Esto acarrea el peligro de que el autoritarismo gane terreno y se recentralice el poder, lo cual, en lugar de ayudar a superar el entrampamiento, lo terminará convirtiendo en insalvable, sobre todo si se acaba por imponer el proyecto a la fuerza”.

¿Será que los 2 millones de dólares diarios que a diario pierde el proyecto Conga - según los empresarios- empiezan a crispar los nervios del gobierno? La forma cómo se resuelva este tema nos dirá si las puertas del tiempo de Ares se han abierto.