Las Bambas: Las comunidades quieren hacer empresa

A mediados de agosto de este año, apenas instalado el nuevo Gobierno, un grupo de comunidades de Chumbivilcas, Cusco, paralizó las actividades del corredor minero del sur, Las Bambas, generando la intermediación del entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, un paisano de la zona.

 

Los medios informaron que el motivo de la medida de fuerza era un viejo reclamo que cambió el uso de una vía regional a nacional, lo que permitió el tránsito de pesados camiones con el mineral, levantando polvo y afectando los cultivos y la vida de la población.

 

Sin ser del todo inexacta esta información, es, al menos, incompleta. El motivo principal del reclamo de los chumbivilcanos era que la empresa Minera MMG Las Bambas les permitiera a 10 comunidades cusqueñas ser proveedoras de bienes y servicios.

 

Más que una protesta antiminera o ecológica, se trató de una protesta para ser parte de las operaciones comerciales y compartir las ganancias. En este caso, las comunidades proponen comprar camiones de alto tonelaje y formar empresas para brindar el servicio de transporte del mineral. Chumbivilcas no protesta tanto por el polvo que dejan los camiones al pasar por su territorio, sino por el derecho a ser ellos quienes lo hagan.

 

No es la primera vez que las comunidades altoandinas protestan y paralizan las operaciones. Según la Defensoría del Pueblo, en esta región se reportan 22 de los 196 casos de conflictividad social que existen en todo el país. 9 de estos conflictos se ubican en la provincia de Chumbivilcas. Lo novedoso en este último caso es el espíritu empresarial que revelan esas acciones. Es un aspecto que las mesas de negociación y, por supuesto, las empresas extractivas deben tener en cuenta al momento de analizar y decidir operaciones. 

 

El concepto es sencillo, aunque su puesta en práctica es más compleja. La zona de influencia directa de Las Bambas abarca las provincias de Cotabambas y Grau, en Apurímac, donde se encuentra el yacimiento. Esta zona recibe alrededor de 1.5 millones de soles diarios producto de regalías.  

 

El material es extraído es transportado a la costa para su exportación. La ruta que utiliza para salir pasa por la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, que es la que ahora protestó y logró cerrar una acuerdo con el Gobierno para convertirse en socia comercial de la empresa. En este punto, el Comité de Gestión Minero Energético instalado en Apurímac, ha sido sobrepasado por los emprendedores chumbivilcanos.

 

Por esta razón, el gobernador de Apurímac ha expresado su molestia contra este acuerdo. No es posible, dice, que se atienda primero a quienes solo tienen el derecho de tránsito, sin que antes se resuelva el pedido de quienes producen el mineral. ¿Por qué tendrían que ser los cusqueños los que ofrezcan el servicio de transporte del mineral y no los apurimeños?

Cuando hablamos de cambios que se deben lograr en las comunidades antes que pensar en una nueva Constitución debe atenderse primero problemas como este. ¿Cómo logramos que el crecimiento y las oportunidades que brinda la minería involucre también a las comunidades altoandinas? El canon, el sobrecanon y las regalías son una forma de hacerlo desde el Estado. Pero está claro que eso no basta. Su efecto se diluye ante la ineficacia y la corrupción de la administración pública.

 

La minería representa el 60% de las exportaciones del país y aporta el 20% de los ingresos tributarios. Sus beneficios llegan a través de impuestos que son redistribuidos a los tres niveles de gobierno. La provisión de servicios básicos —educación, salud, infraestructura— es la manera que tiene el Estado para hacerse presente en las comunidades. Pero así como se busca crecer sostenidamente, también se debe redistribuir socialmente. Y esta tarea está un poco más allá de lo que la acción del Estado pueda hacer en las comunidades. 

 

La protesta de Chumbivilcas, nos dice que son las propias comunidades las que quieren involucrarse, asociarse, en los negocios. Para que un proyecto minero sea viable la comunidad debe percibir los beneficios de manera inmediata. Ellas no quieren ser más espectadoras del mineral que pasa a diario por sus tierras. Ahora quieren ser socias y dar servicios a la empresa. No debería restringirse ese espíritu emprendedor, al contrario, debería incentivarse. Después de todo, las comunidades solo quieren sentarse en la mesa, de igual a igual. 

 

 

 

Las Bambas: ¿Qué sombrero tiene el Estado?

Hay que tener el sombrero bien puesto. Quedó claro que el tema de Las Bambas no es un asunto de privados. El Estado tiene un rol fundamental: cumplir y hacer cumplir la ley, proteger la inversión privada, asegurar el libre tránsito, brindar seguridad, pero, fundamentalmente, defender a los ciudadanos.

No hay Estado sin ciudadanía. El Estado garantiza las reglas de una convivencia pacífica. Cuando esta no es posible, existen los tribunales. Allí se dirimen las diferencias entre privados; en uno de los poderes del Estado. 

El problema es cuando el Estado se quita el gorro de garante y se pone del lado de una de las partes, generalmente de los poderosos. Así ha ocurrido con las comunidades campesinas o rurales desde siempre. 

En Las Bambas se trató, desde el principio, de hacer las cosas de manera diferente. A los campesinos de Fuerabamba se les pagó por las tierras que ocupaban, se les construyó un pueblo completo en Nueva Fuerabamba, y se les permutó tierras agrícolas y de pasturas en Villa Villa. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué llegamos al punto de estallar un nuevo conflicto social?

La respuesta tiene varias aristas. Es verdad que el Ministerio de Transportes no expropió los terrenos ni le pagó el justiprecio a la comunidad por sus tierras donde ahora pasan centenares de camiones diarios. Pero también es cierto que los comuneros se han negado a que el Ministerio de Transporte tase esas tierras. Lo que ellos quieren ahora es que la empresa les pague un peaje por derecho de uso de la vía. Y probablemente, sientan que fueron engañados y quieren replantear los acuerdos firmados con la minera.

En el entramado de pasiones humanas que explican las posiciones extremas que vemos hoy están desconfianza, el engaño y también algo de codicia. ¿Fueron las comunidades engañadas por la empresa en el momento en que tasaron sus tierras? ¿Negociaron en igualdad de condiciones? ¿Cumplió el Estado con organizar, consensuar y ejecutar planes de desarrollo para las comunidades impactadas por la minería? 

Por lo que hasta ahora vamos conociendo, parece que no. ¿Cómo asegurar entonces que las comunidades -cualquiera que esta sea- que se encuentren dentro de una zona con recursos naturales explotables, conviva y procese sus expectativas dentro de un clima de paz?

Lo ideal sería convertirlas en socias de las empresas. Pero si eso no se puede, al menos el Estado debe asegurarles un adecuado asesoramiento legal para acompañarlas y ayudarlas a decidir en el momento que la empresa realice su oferta. 

Además de los sectores Energía, Ambiente y Transporte, la Defensoría del Pueblo, que tiene oficinas regionales descentralizadas, podría ser el ente que brinde este tipo de asesoría legal especializada a las comunidades que lo requieran. 

Un segundo paso sería no solo tener planes de desarrollo para las zonas de influencia, sino comités de desarrollo local, que administren los fondos que adelanta la empresa minera, con participación de las propias comunidades, debidamente asesoradas, por supuesto.

Si el Estado no cautela el interés de las comunidades, estas buscarán algún tipo de asesoría legal o económica y podrían encontrar a profesionales inescrupulosos que lucran con la ignorancia de la gente, como estamos viendo. Al Estado habría que recordarle en este caso que: al que le sirva el sombrero, que se lo ponga.

Tía María: Pausa... Play

El proyecto Tía María fue suspendido temporalmente. No por decisión del gobierno, sino de la propia empresa. En palabras de Southern: "Pausa de 60 días". Un compás de espera necesario para detener la ola de violencia y recuperar el clima de confianza que requiere toda conversación para llegar a acuerdos.

Es ahora cuando el gobierno deberá desplegar sus mejores esfuerzos para evitar que esta pausa se prolongue demasiado, al punto de hacer peligrar la viabilidad del proyecto. Más que pausa, necesitamos poner play. Hacer algo pronto, ya.

Lo primero que se debe hacer es desideologizar el problema.

No estamos frente a "promineros" versus "antimineros". Tampoco es un conflicto entre "proimperialistas" y "nacionalistas". Tampoco es un problema técnico de estructura de suelos, desalinización del agua o de extracción de solutos de un sólido, mediante la utilización de un disolvente líquido.

No es, por cierto, un problema comunicacional de un pueblo que no entiende lo que dicen los técnicos; ni de ingenieros que hablan "difícil", en un lenguaje que no llega al pueblo.

Tía María es un problema político.

Es un problema que confronta el modelo de desarrollo que queremos para el país. En el fondo, es un problema entre minería y agricultura. Entre contaminación y medio ambiente. Entre acumulación de riqueza para unos y pobreza para otros. Por esta razón, no se puede imponer un proyecto a la fuerza. Se requiere que el Estado ejerza su rol mediador entre la empresa y las comunidades; no que se ponga de costado o, peor aún, del lado de la empresa.

¿Por qué no empezar, por ejemplo, en construir una metodología de trabajo que identifique las necesidades, expectativas y propuestas de las comunidades antes de iniciar un diálogo apurado? ¿Por qué no al tiempo que se explica de manera directa y franca las ventajas y desventajas del proyecto y el plan de mitigación de impacto ambiental, se crea un Fondo Social para invertir en obras de desarrollo para las comunidades directamente impactadas?

¿Y por qué en lugar de solo invertir en obras de desarrollo se estudia seriamente la posibilidad de convertir a las comunidades en socias de la empresa, incluirlas en el directorio y compartir con ellas las utilidades? Y ya que hablamos de diálogo post conflicto, ¿por qué en lugar de establecer mesas de trabajo coyunturales, no se restituye mejor los espacios de diálogo institucionalizado –que con tanto esfuerzo creó el Estado y prácticamente los desapareció el gobierno anterior– como el Consejo Nacional de Descentralización (CND) o el Indepa?

La actividad minera moderna es perfectamente compatible con la agricultura. A condición que se desarrolle dentro de una convivencia armoniosa con las comunidades locales en base al mutuo acuerdo. Recuperar el clima de estabilidad social requiere algo más que diálogo, explicaciones o campañas de publicidad. Requiere acciones concretas, osadas. Una nueva forma de entender el desarrollo.

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Artículo publicado en Diario 16 el domingo 17 de mayo de 2015.

Emergencia y vida en Islay

El gobierno está ante una emergencia. Desde hace casi dos meses, no puede resolver el conflicto generado en la provincia de Islay, Arequipa, donde los pobladores se oponen al proyecto minero Tía María. El saldo es terrible: 3 muertos, 166 policías y 80 civiles heridos.

Arrinconado, con misiones de diálogo –del más alto nivel– fracasadas, ante el temor de una escalada mayor de violencia y con un paro ad portas, al gobierno no le ha quedado otra salida que autorizar el ingreso de las Fuerzas Armadas a la zona de conflicto.

A la fuerza ilegal de la agitación y la violencia, el Estado responde con la fuerza legal que le da la ley. Es una emergencia, sin duda.

No es posible pronosticar cuál será el resultado de enviar tropas del Ejército. Siempre es deseable que el efecto disuasivo funcione; pero también podría ser un catalizador en sentido contrario.

El límite es el artículo primero de la Constitución: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Vale imponer la ley por la fuerza; hacer prevalecer el ius imperio por encima de la vida humana?

La minera es la base de la economía peruana. De aquí proviene nuestra mayor fuente de recursos y exportaciones. Necesitamos extraer el mineral. Nadie duda de eso. Pero el problema es a qué costo.

Hasta ahora hemos fracasado como país en integrar a la cadena de desarrollo a las comunidades pobres que tienen recursos naturales en sus territorios. El Estado  no ha ejercido su rol mediador entre la empresa y las comunidades.

Se requiere generar una situación justa y gananciosa para todos. Las mineras requieren seguridad para operar en un marco de estabilidad, las comunidades necesitan ser partícipes directas de las ganancias que generen esos recursos y el Estado espera mayores ingresos para generar obras de desarrollo.

Este modelo tripartito de corresponsabilidad y gestión fue posible en la primera etapa del Proyecto Cuprífero Las Bambas, en Apurímac, en el gobierno de Alejandro Toledo.

El proyecto se conocía desde la primera década del siglo XX pero fue en el 2004 que el gobierno lo concesionó al sector privado. Y antes de la etapa de explotación, se creó un Fideicomiso social de 45.5 millones de dólares para obras y proyectos sociales en favor de las provincias de Grau y Cotabambas. La mitad lo puso al contado la empresa concesionaria.

Es curioso cómo este modelo de gestión que funcionó en Las Bambas no funcionó luego en Cusco. En ese caso el problema fue la debilidad institucional del Estado.

En su libro "Crecer para Incluir", el presidente Toledo reflexiona sobre estos temas y señala que el éxito de la actividad minera depende de la estabilidad social, la convivencia armoniosa y el mutuo acuerdo. "No hay proyecto de desarrollo, por más importante que éste sea, que no deba primero convencer a quienes viven sobre él, haciéndolos partícipes de su beneficio desde el primer momento".

La violencia nos conduce a un callejón sin salida: mayor violencia y más muerte. El gobernante debe tener esto siempre presente. El respeto a la vida, antes que a la propiedad privada, debiera ser el punto de inflexión de sus decisiones. 

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Artículo publicado por Diario 16 el Domingo 10 de mayo de 2015.

Entre la fe y la confianza

Dos titulares de los últimos días aluden la necesidad de una especie de intervención divina en la solución de los problemas de Cajamarca. “ Conga en manos de Dios”, afirma Diario 16 (7/07/2012). “El país espera un milagro de padres Cabrejos y Garatea”, titula La República (9/07/2012).


Más allá del uso en sentido figurativo del origen de los interlocutores del gobierno nacional y gobierno regional, sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, respectivamente, es notorio el sentimiento de esperanza que expresan ambos titulares en torno al inicio de las conversaciones en Cajamarca.


El hecho es que ante el desgaste y falta de interlocutores válidos del gobierno, es la hora de los representantes de la Iglesia Católica. Sin embargo, más que una cuestión de fe, lo que se debe recuperar primero en esta nueva etapa es la confianza.


La confianza es un punto de equilibrio crítico en la cadena de negociación. Sin ella, no es posible llegar a acuerdos. Y en exceso, se puede caer en la autoconfianza que puede llevar al abuso o imposición extrema.


Fue lo que ocurrió con Valdes y Santos. Enfrentados, cada uno en posiciones extremas, sin confiar el uno en el otro, mantuvieron sus posturas de manera inflexible, sin moverse un milímetro de sus planteamientos iniciales: Conga va y Conga no va.


La expresión máxima de ambas posturas ha sido: paro general por un lado y Estado de emergencia por el otro.


De manera que lo primero que se tiene que construir, como decíamos en el post anterior, es la confianza.


Monseñor Cabrejos tiene que construir confianza con los dirigentes de Cajamarca para poder ser un interlocutor válido del gobierno y lograr que el pueblo de Cajamarca le crea. Lo mismo pasa con Gastón Garatea. Debe ganarse la confianza del gobierno para poder interceder en los reclamos del pueblo de Cajamarca.


La mejor negociación no es aquella en la que una de las partes gana todo y la otra pierde todo. Esa podría ser también una imposición en base a la fuerza.


La negociación eficaz es aquella que primero identifica con claridad las aspiraciones de las partes y las acerca, permitiendo su procesamiento en el tiempo.


Tanto como la confianza son importantes la credibilidad de los interlocutores y el clima adecuado para las negociaciones. No se puede negociar con una bayoneta en el pecho. Tampoco con representantes carentes de una buena reputación.


En el caso de los sacerdotes Cabrejos y Garatea, su credibilidad es  un punto a favor. En sociedades con instituciones precarias y de fuerte tradición religiosa como la nuestra –sobre todo en el interior del país–  los representantes de Dios tienen una mejor hándicap que el resto de mortales.


En cuanto al clima de negociación, debe superarse la situación  de paro indefinido y Estado de Emergencia. Quizás ese sea el primer gesto para iniciar formalmente las conversaciones.

Entonces, más que una cuestión de fe, la negociación es antes que nada una cuestión de confianza.

Los negociadores propuestos por las partes deben construir confianza en un clima adecuado y en medio de presiones naturales o forzadas de uno y otro lado que promueven la desconfianza. Las crisis sociales son, por lo general, fuente de cambios violentos, desconcierto y pérdida profunda de credibilidad.

Es necesario, por ello, regresar al camino de la cordura y salir del entrampamiento en que nos encontramos.

Gestionar el conflicto, manejar la negociación, identificar los puntos de la agenda negociadora y arribar a acuerdos en el tiempo, constituyen todos aspectos más que de técnicas, de voluntades, de voluntad política que, en la práctica, es la capacidad de pensar diferente y hacer un esfuerzo por entender lo que el otro propone.

Minería y Estudio de Inclusión Social

Una propuesta interesante ha surgido desde la empresa privada peruana que el gobierno bien podría tener en cuenta para aterrizar la propuesta de inclusión social en las poblaciones con recursos naturales que rechazan -muchas veces de manera violenta-, la inversión y extracción de sus riquezas.

Raúl Delgado Sayán, presidente ejecutivo de CESEL, ingeniero de gran experiencia en obras de infraestructura en nuestro país, ha propuesto que así como es requisito obligatorio para aprobar la viabilidad de un proyecto, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, se realice una especie de Estudio de Inclusión Social de carácter vinculante que asegure a las comunidades los beneficios del desarrollo, las cuales se comprometen a respetar el proyecto en todas sus fases.

Delgado Sayán sostiene que, actualmente, el mayor problema a superar en cualquier proyecto de inversión que tenga como escenario las comunidades altoandinas o amazónicas del país se encontrará con un primer escollo que es la madre de todos los problemas futuros: la desconfianza.

Los pobladores desconfían de las empresas que por lo general llegan a sus tierras, explotan sus riquezas, dañan el medio ambiente y se van sin dejar nada a las poblaciones del área de influencia del recurso.

En lugares donde el Estado por lo general también está ausente, es muy difícil lograr desarrollar lazos de confianza y respeto entre los actores locales, los representantes de la empresa y la institucionalidad oficial.

¿Cómo hacer para romper con esta tendencia histórica de explotación y pobreza; de desarrollo y riquezas para unos y atraso y pobreza para otros?

La propuesta señala que se debe realizar un estudio profundo, exhaustivo,  de planificación del desarrollo sobre la viabilidad de la comunidad en las tres fases del proyecto: exploración, explotación y cierre de la mina.

El Estado invertirá en infraestructura básica, la empresa privada adelantará sus ganancias y formará el recurso humano necesario para la etapa de funcionamiento del proyecto y realizará los planes y prospectos para potenciar e identificar nuevas actividades económicas.

La población se preparará entonces para recibir los beneficios antes de la fase de explotación del recurso y, sobre todo, tendrá claro que la actividad minera no será para toda la vida, por lo que deberá adecuarse para la fase de cierre de la mina buscando otras alternativas económicas y de mercado.

Para evitar que alguna de las partes incumpla su palabra se firmaría este Estudio de Inclusión Social que sería vinculante para las partes: Estado, Empresa y Comunidad. Esta experiencia, en parte, se realizó con las comunidades de Grau y Cotabambas en Apurímac con el Proyecto Minero Las Bambas.

Fue arduo el trabajo de sensibilización y negociación que el 2004 realizó el Estado para convencer a estas comunidades andinas de lo conveniente que era para ellos la explotación de este proyecto cuprífero de más de 4, 200 millones de dólares de inversión.

Nació así la idea de crear un Fondo Fideicomiso de 45 millones de dólares, convertido hoy en el Fondo Social Las Bambas de 63 millones de dólares para construir colegios, postas médicas, instalar agua y desagüe, y capacitar al recurso humano necesario para las actividades mineras.

La propuesta de un Estudio de Inclusión Social se desprende de esta experiencia.

Las comunidades no protestan por violentas o radicales. El caldo de cultivo de esa conducta quizás se explique en la desconfianza histórica instalada en su memoria colectiva, lo que las impulsa al grito desesperado de no ser actores del desarrollo.

Espinar, la fuerza, el miedo y la violencia

La forma como el gobierno encaró la protesta de los pobladores de Espinar ante la empresa minera Xtrata Tintaya, revela un modelo que ya se vio antes en Cajamarca por el tema Conga: romper el diálogo, decretar el estado de emergencia, bloquear las cuentas municipales y procesar judicialmente a los líderes locales acusados de azuzadores y revoltosos.

Estamos ingresando ante un modelo de gobierno asentado en la fuerza antes que en el diálogo. La fuerza pública acompañada de la fuerza de la ley. El modelo Valdes.

La forma cómo se apresó al alcalde de Espinar Oscar Mollohuanca es sintomática. Un grupo de policías ingresó a la municipalidad provincial y lo sacó a la fuerza para entregarlo al Ministerio Público.

El alcalde fue denunciado por delitos contra la seguridad pública, atentado contra la seguridad común, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y apología del delito. En tiempo record, fue trasladado de jurisdicción y terminó encarcelado 5 meses –de manera preventiva– en el penal de Cachiche de Ica, mientras dura el proceso judicial.

Espinar marca un punto de quiebre en la relación Estado – conflictos sociales.  

El presidente Humala parece haber llegado a la conclusión de que existe una acción coordinada de fuerzas políticas que conspiran contra su gobierno camufladas en un discurso de defensa medioambiental cuando en realidad se oponen ideológicamente a cualquier tipo de inversión privada.

La dificultad de esta forma de pensar es que confunde el accionar violento de las dirigencias de problemas reales de la población: estado ausente en las zonas de influencia de la minería, empresas desvinculadas de programas de desarrollo, falta de información sobre impacto real de las actividades extractivas en las comunidades.

La intermediación del Estado en la resolución de los conflictos sociales es una falencia. Esta tarea está en manos del presidente del Consejo de Ministros, pero ni él ni la Unidad de Prevención de Conflictos Sociales parecen darse abasto para encontrar soluciones negociadas.

La negociación es un proceso de larga maduración. No es una solución inmediata a un problema desbordado. Se requiere voluntad de ambas partes y metodología para acercar posiciones. Pretender el uso de la ley y la fuerza pública en una situación de conflicto, muchas veces, no abre, sino cierra las puertas a la negociación. El actual procedimiento adoptado por el gobierno en el caso de Espinar marca la pauta de enseñar a través del miedo. Pero el miedo es un estado de perturbación que llevado al extremo puede generar una salida aún más violenta.  

Conflictos sociales: alto a la barbarie

En el Perú las cifras del crecimiento económico y las de violencia en los conflictos sociales crecen a la par. Es un fenómeno social que debe merecer la atención de nuestros gobernantes y clase política, pues pone en evidencia la tensión creciente entre las fuerzas del mercado, el Estado y la sociedad. A más crecimiento, más reclamo violento. Más represión. Más muerte.

Según una reciente investigación realizada por la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo “entre enero del 2006 y septiembre del 2011, se registró un total de 540 conflictos sociales, en 109 casos hubo afectaciones a la vida y a la integridad física de las personas. En el mismo período, el número total de personas fallecidas ascendió a 195, en tanto que el número de personas heridas fue 2 312, entre civiles y policías”. Este gobierno ya lleva 6 muertos en menos de un año.

En la mayoría de los casos, asegura el informe, el origen de los conflictos fue reclamos socioambientales.

Si bien el uso de la fuerza legal es patrimonio del Estado y debe imponerse ante el desborde de las masas que confunden defensa de sus derechos con uso radical de la violencia; ésta debiera ser la última opción y no la primera.

Lo que viene sucediendo es que nos estamos acostumbrando a reprimir con violencia cualquier protesta social, sin que nos alarme la muerte de ciudadanos a manos de las fuerzas del orden.

Recordemos los discursos del ex presidente Alan García cuando demandaba a la policía usar sus armas de fuego para apaciguar las protestas. La policía -pensaba el ex mandatario-, estaba desprotegida legalmente ante una turba porque si disparaba contra ella y se producía una muerte era pasible de un juicio por homicidio culposo. En consecuencia, había que proteger a la policía y dotarla de instrumentos legales para que usara su arma de reglamento en situaciones de conflictividad social. En otras palabras, matar con impunidad.

Algo tiene que fallar en la sociedad cuando llegamos a conclusiones como esa. ¿Por qué en lugar de pensar en mejorar la capacidad de articular y armonizar los diversos intereses en conflicto, llegamos a la conclusión que la solución pasa por reprimir con violencia el conflicto, sin importar el costo en vidas que esto pueda significar?

El alto nivel de violencia no puede ser explicado sólo como herencia del terrorismo. Estan fallando los diversos niveles de gobierno que no pueden anticipar y resolver el conflicto en su estado inicial. Falla la autoridad local, regional, nacional que son superados por las fuerzas en pugna. Fallan los partidos políticos que no representan las aspiraciones de los sectores sociales. Falla la empresa cuando privilegia la renta económica y se olvida de la renta social. Y fallan los grupos de presión sindicales y gremiales cuando confunden defensa de derechos con protesta violenta.

Esta incapacidad para encontrar una solución dialogada es lo que más preocupa del informe de la Defensoría del Pueblo. Ni el crecimiento económico, ni las casi dos décadas de gobiernos democráticos que tenemos han logrado que encontremos formas civilizadas de procesar nuestras diferencias.

Si sumamos a ello un gobierno acorralado por un aumento de las protestas sociales, una policía no preparada ni equipada para hacer frente a este fenómeno y una crisis de representación en las instituciones encargadas a intermediar entre la sociedad, el mercado y el Estado, el futuro se presenta aterrador. Es momento de repensar el tema de los conflictos sociales y su solución no violenta. Los muertos en los conflictos sociales, nos señalan con claridad qué camino no seguir.

El sentido del Estado de emergencia en Cajamarca

Mediante resolución suprema, el gobierno ha autorizado a las FF.AA. intervenir en Cajamarca en resguardo de establecimientos públicos y privados, servicios de agua, luz, aeropuertos, vías de acceso en las provincias de Cajamarca, Celedín, Hualgayoc y Contumazá.

¿Significa esto que Humala ha militarizado los conflictos sociales?

No, necesariamente. La declaratoria de emergencia es una medida constitucional excepcional que el gobierno ha decidido usar ante el fracaso del diálogo entre representantes del gobierno y dirigentes locales.

El dispositivo señala que la actuación de las FFAA constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional y no releva la activa participación de ésta. Es decir, no le entrega a las FF.AA. el comando político-militar.

La militarización de los conflictos sociales es la represión a sangre y fuego de las protestas con la consecuente baja de civiles a manos de los militares. “El país no soportaría otro baguazo”, dijo con razón el ex presidente Alejandro Toledo.

El artículo 137° de la Constitución establece que, el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, el Estado de Emergencia.

En estas condiciones, el Estado reestablece el orden y la tranquilidad públicas, necesarios para que se desarrollen con cierta normalidad las actividades de los ciudadanos.

Esperamos que la población de Cajamarca asuma esta medida con cautela y precaución, retome el diálogo y arribe a una solución definitiva a sus reclamos.

Sólo en condiciones de paz social, es posible estudiar la viabilidad del proyecto minero Conga que tiene un cuestionado Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en el gobierno anterior.

El país necesita la inversión privada, pero no a costa de impactar negativamente de manera irreversible en el medioambiente. Corresponde, en consecuencia, revisar el EIA y hacer nuevos estudios.

Por otro lado, el gobierno tiene la obligación de garantizar la vida, restablecer los servicios básicos y hacer respetar la propiedad pública y privada.

El Estado de Emergencia genera, de todos modos, una situación de tensión que requiere un alto sentido de responsabilidad de parte tanto de las fuerzas del gobierno como de los agitadores sociales para que no se desborden las pasiones.

Por el bien del país, nadie espera que hablen las balas.

Conga, rumba y rumbo

Conga es, según el Diccionario de la RAE, “música popular cubana de origen africano”. También la “danza colectiva que se baila al compás de esta música”. Por extensión, conga alude al pequeño tambor que acompaña ese y otros ritmos.

En nuestro diccionario político habrá que añadirle otra acepción: proyecto minero que definió el rumbo del gobierno del presidente Humala.

Y es que la música y el baile frenético recién empiezan para este gobierno.

Al definirse en pro del proyecto minero, Humala debe resolver la manera de enfrentar a sus críticos de dentro y de fuera.

Para nadie es un secreto que el sector más resistente a la posibilidad de que ingresos capitales privados es la izquierda radical; la misma que acompañó a Humala y se cobijó como proyecto político en La Gran Transformación.

Humala sabe que sin nuevas inversiones –mineras o de otro tipo, pero inversiones frescas– no tendrá ingresos para hacer realidad su promesa de crecimiento con inclusión social.

De manera que rápidamente deberá poner atención en sus operadores políticos para encarar el conflicto social que, sin duda, vendrá desde Cajamarca.

SI el gobierno cede a la presión social y desiste de llevar adelante el Proyecto Minero Conga de aproximadamente 4,500 millones de dólares, no sólo habrá repetido el modelo García con Tía María, sino que será muy difícil que pueda siquiera avanzar en el cumplimiento de sus objetivos.

Los empresarios jamás se sintieron mejor que con el anuncio presidencial de ir adelante con el megaproyecto minero y de revisar el tema del canon minero. Pero sería irresponsable si es que dejan que toda la responsabilidad de convencer y manejar el asunto Conga en manos del Ejecutivo.

Hay quienes proponen que las comunidades se conviertan en socias del proyecto participando en un porcentaje de las acciones de la empresa. No se debe descartar esta posibilidad.

Pero a la mano tenemos la experiencia del proyecto cuprífero Las Bambas en las provincias de Cotabambas y Grau en Apurímac. En ese proyecto, parte del precio pagado por los derechos de explotación, se convirtieron en un Fondo Fideicomiso con participación de autoridades y comunidades para desarrollar obras de infraestructura y mejoras en las zonas de influencia antes de iniciarse las obras.

La propuesta era sencilla: “inversión minera con responsabilidad ambiental y desarrollo social”.

No se trata, pues, sólo de establecer políticas de información y comunicación “para convencer a los pobladores de la zona”, sino de acciones concretas que permitan a los pobladores ser beneficiarios directos de la llegada del gran capital.

No hacerlo es desconocer las reales necesidades de nuestra población más pobre. Menuda tarea la del presidente Humala de afirmar el rumbo. Si fracasa no sólo se escuchará la conga, sino que empezará el gran rumbón.

Conflictos sociales y desborde de la autoridad

El conflicto social es parte de la vida en sociedad. No hay sociedad inmune al conflicto social. El problema es que en su etapa inicial, larvaria, por lo general, no ocupa la atención de los gobernantes, ni de los medios de comunicación. Pasa desapercibido. Es invisible.

Sólo en su última etapa -el estallido social, la marcha de sacrificio, el paro indefinido, la asonada violenta-, el conflicto social, logra captar la atención de los decision makers y de los mass media. El conflicto social se presenta entonces como un desborde al poder constituido, un desconocimiento a las instancias sub-nacionales del poder que amenaza el statu quo, un movimiento violento al margen de la ley.

En ese punto, el Estado se defiende y no le queda más remedio que imponer el orden apelando a la fuerza púbica; con el costo en vidas humanas que esto conlleva. Bagua, Puno, Huancavelica, son sólo algunos ejemplos. La pregunta es por qué esperamos que los conflictos sociales lleguen a esta última etapa. ¿Qué está fallando en las estructuras del Estado que es incapaz de atender las demandas sociales en su nivel de gestación?

Tenemos un organismo como la Defensoría del Pueblo que cumple una excelente labor de monitoreo de los conflictos sociales: 224 en estos momentos, 142 activos y 85 en estado latente. Existe igualmente una oficina de conflictos sociales en la PCM que hace lo que puede destapando la olla de presión social, pero no existe coordinación entre ambos entes. No existen tampoco canales de coordinación entre el Legislativo y estas unidades de monitoreo de conflicto social.

Lo más sano es encarar las diferencias sociales antes que degeneren en conflictos irreductibles con posiciones polarizantes, extremistas e ideologizadas. Esto significa crear espacios de diálogo desde el gobierno local y regional para discutir y consensuar planes de desarrollo. Hoy no existen esos espacios para que los actores se pronuncien. No hay canales ni mecanismos que intermedien las demandas cuando están apareciendo. Ni a nivel del Congreso, ni a nivel del Ejecutivo.

Esta es una tarea inmensa que deberá encara el próximo gobierno. La minería y su desarrollo es uno de los aspectos que los actores sociales tienen que evaluar. Pero no es la única. Vista de esta manera, encarar el tema de los conflictos sociales puede ser también una oportunidad para replantear las cosas.

Lo que debe evitarse es que los conflictos busquen –como lo hacen en su última etapa–llevar a la mesa de negociaciones a la cabeza del Ejecutivo, porque eso debilitaría al jefe del Estado. Transformar los conflictos en proceso de desarrollo concertado, debiera ser la orientación. Se debe trabajar en la etapa de gestación de la crisis. En el periodo de pre-crisis. No cuando el problema se ha desbordado por calles y plazas.

La lección de Las Bambas

La inversión de 4,200 millones de dólares en el Proyecto Cuprífero de Las Bambas, Apurímac, sin mayor resistencia de la población, ni conflictos sociales, es producto del aprendizaje del Estado.

De un Estado que logró diseñar entre el 2003 y 2004 un modelo de inversión en el que se previó un Fondo de inversión social, en pleno proceso de exploración, en el que participaron las autoridades locales, regionales y la población.

Fueron negociaciones intensas, difíciles, de idas y venidas, las que se desarrollaron por entonces. Había una enorme resistencia en la población para aceptar la inversión extranjera.

Y no fue una estrategia de comunicación la que cambió la perspectiva de la población. O, mejor dicho, no sólo fue la intensa campaña de comunicación que incansablemente se desplegó en la zona de influencia, sino algo más concreto y necesario: la creación de un Fideicomiso.

Un fondo de 45 millones de dólares que permitió realizar obras de infraestructura, carreteras, colegios, postas médicas. Se creó un proyecto de piscicultura, se invirtió en mejora de pastos y forraje para animales; se invirtió en capacitación técnica para los jóvenes.

El efecto originó un proceso de retorno voluntario de la gente al terruño; una migración al revés. Las Bambas se percibe ahora como una oportunidad de trabajo, de mejora social, de desarrollo.

Los yacimientos de Las Bambas se descubrieron en 1911 y sólo se pudo lograr un acuerdo concreto de explotación ochenta años después, cuando aprendimos la lección.

Lo interesante es que las Bambas está a 260 kilómetros del Cuzco, en la región Apurímac, provincia de Cotabambas, pero no ha sido influenciada por el rechazo que en la capital imperial ha despertado la explotación del Gas de Camisea.

Las reservas probadas se estiman en 40.5 millones de toneladas con leyes mayores a 2%de cobre y un potencial de exploración superior a 400 millones de toneladas.

Las Bambas es más grande que Antamina. Pero no sólo por la inversión y la riqueza que generará; sino por la capacidad de su gente de exigir con firmeza inversión de impacto directo en sus comunidades. Por la forma en que entendió que el desarrollo no puede ser sólo para el gran capital.

La minería no puede ser nunca más riqueza para unos pocos y pobreza para el resto comuneros. El Fideicomiso, producto de largas sesiones entre el Estado y la sociedad apurimeña, por eso, es un producto a replicar, un modelo de cogestión de la inversión y una demostración que las poblaciones andinas merecen ser tratadas como contraparte en todos sus aspectos.

Majaz y los intereses de Chile

Entre los fantasmas que el presidente García ve en el conflicto minero de Majaz, hay uno que conviene que aclare: Chile. Según denunció el Jefe del Estado “si alguna ONG se opone al desarrollo minero en el país es porque existen intereses de fuera que impulsan el estancamiento del Perú en dicho sector”.

- ¿A quién le conviene que el Perú no produzca 5 millones de toneladas de cobre, sino que nos quedemos con uno?- preguntó García.

- A Chile-, respondió de inmediato un periodista.

- Usted lo ha dicho-, retrucó el presidente. Y allí quedo el asunto.

No es la primera vez que se oyen argumentaciones como esta señalando un complot internacional que impide ejecutar obras de desarrollo importante en el Perú o en Bolivia.

Es conocido que muchas de las protestas mineras bolivianas reciben apoyo indirecto de empresas mineras chilenas. Incluso hay quienes afirman que es política del gobierno chileno trabajar con las comunidades aymaras buscando su unidad política como una forma de desmembrar el territorio occidental boliviano y el sureste peruano.

Pero escuchar a un Jefe del Estado esbozar la tesis de complot de un país fronterizo en territorio nacional es algo que no debiera pasar desapercibido. Excepto, claro, que sólo se trate de un juego distractivo del doctor García para lograr unidad en la disputa por introducir la actividad minera en las provincias de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera en Piura.

La minería en Chile es la base del su despegue económico. Si bien en empleo apenas absorve el 1% de la demanda laboral sus aportes al fisco son cuantiosos. Chile representa el 35% de la producción mundial de cobre, liderando la posición de países exportadores de este mineral. Esto siginificó el año pasado exportaciones mineras por más de 38 mil millones de dólares.

El 2006, la actividad minera en Chile representó el 65% del total de las exportaciones de ese país, coincidiendo con un ciclo positivo de precios altos y aumento de la producción. Se calcula que la inversión minera extranjera en Chile en el perido 1974-2006 es de 21 mil millones de dólares; un tercio del total de inversiones extranjeras en el país.

No está demás destacar que las principales zonas chilenas ricas en minerales son los antiguos territorios de Perú y Bolivia perdidos en la Guerra del Pacífico. En Antofagasta, por ejemplo, el pasado 31 de agosto de este año, después de 92 años, se cerró el complejo minero de Chuquicamata.

Esta mina se abrió 30 años después de culminada la guerra trinacional. Y durante todo este tiempo ha rendido ingentes ingresos al país del sur. Un informe del diario El Mercurio señala que "Según la encuesta CASEN, Antofagasta redujo la pobreza desde 14,3% en 1987 a 3,2% en 2003 y tiene también el menor porcentaje de analfabetismo”

Está claro que Chile no sería hoy lo que es sin la minería. De ahí que esta actividad sea conocida en el país del sur como "El sueldo de Chile" o "la viga maestra de la economía". Lo que no tiene mucho sentido es que en el juego internacional por alcanzar el desarrollo de un país, se busque bloquear el desarrollo del vecino. ¿O sí? ¿Qué más sabe el presidente sobre este tema?

Minería Perú + Chile
Majaz + minas
Perú Bolivia Chile

Majaz y los conflictos mineros

Si vemos el mapa de conflictos mineros preparado por la Defensoría del Pueblo, el Perú empieza a tener sarampión, por los brotes de puntitos rojos que empiezan a multiplicarse. De 76 conflictos activos en el país, 46% (35 casos) son enfrentamientos entre poblaciones y empresas mineras.

No hay duda que las inversiones mineras son hoy en día la principal fuente de recursos del Estado. Pero también el principal foco de tensión de las fuerzas sociales y una gran preocupación para el Gobierno.

Intereses de grupos diversos se manifiestan en la actividad minera y sus alrededores: autoridades elegidas, líderes consuetudinarios, partidos políticos, población, Iglesia, ONGs. Todo ello amalgama un cóctel político social de gran potencia.

Defensoría del Pueblo: 76 conflictos activos en todo el país.

El caso más reciente lo vemos en las provincias del Alto Piura donde la población participará este domingo en una consulta popular para expresar su opinión en torno a la continuidad o no del proyecto minero Majaz.

No hay que perderse mucho en las formalidades legales de la consulta. Se sabe que no es vinculante y que no participarán ni los organismos electorales ni la Defensoría del Pueblo. Pero no se puede impedir el contenido simbólico que tiene el proceso. La gente tiene derecho a opinar sobre lo que pasará en su territorio.

Si se respetaran los mecanismos de diálogo y consulta que reclamaban los pobladores del Alto Piura, no se hubiera llegado a la situación extrema de convocar a un acto electoral que carece de legalidad funcional, pero que es perfectamente válido que se realice. De alguna manera, el Estado y las mineras tienen que escuchar a la población.

Es cierto que las lecciones del domingo no generan derecho de veto a la actividad minera, pero pueden ayudar a la búsqueda de consenso.

Ojalá las partes hubieran leído –y aplicado- antes las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo contenidas en un excelente documento presentado hace unos días al Congreso de la República. Las recomendaciones –que aquí resumimos- son para los tres actores principales del conflicto: el Estado, la empresa y la población.

Para el Estado:
- Reformar y fortalecer la institucionalidad ambiental, mediante la creación de una autoridad ambiental independiente de los sectores, con peso y responsabilidad política en los temas de su competencia, con recursos técnicos y presupuestales suficientes y que lidere el proceso de descentralización de la gestión ambiental.

- Mejorar los mecanismos de participación y consulta ciudadana.

- Incrementar la efectividad en el uso del canon y sobrecanon y aplicación de las regalías.

Para las empresas:
- Cumplir escrupulosamente las obligaciones ambientales y derivadas de la normatividad, de los instrumentos ambientales autorregulación.

- Privilegiar el diálogo y la transparencia durante todo el ciclo del proyecto y darle prioridad al cumplimiento de sus compromisos con las comunidades.

Para la población y organizaciones de la sociedad civil:
- Privilegiar el diálogo y la participación responsable y transparente en los
procesos de diálogo formales e informales.

- Modificar y mejorar actitudes y conductas de la población y de los líderes de las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos, evitando el uso de discursos confrontacionales, posiciones maximalistas y el llamado a la violencia.

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