Nuevo contrato social educativo

 

Un reciente encuentro de economistas en Lima reportó conclusiones en torno a los efectos nocivos que tuvo el cierre de escuelas en América Latina. La pérdida o pobreza de aprendizaje —entendida como la capacidad de leer y comprender un texto en niños de 10 años— subió del 50 % al 80 % en la región.

 

La pandemia sigue pasando factura social, especialmente a los más pobres, desconectados de internet y sin posibilidades reales de acceder a la educación remota, con maestros de escuela pública no entrenados en el uso de las herramientas digitales, que apenas si usaron el chat de WhatsApp como respuesta desesperada a la incomunicación.

 

La desigualdad social agravó los efectos de la pandemia. De no superar esta deficiencia, aseguran los expertos, la nueva generación perderá millones de dólares debido al trabajo precario que obtendrá con el arrastre de una mala formación académica básica. 

 

Mientras el resto del mundo desarrollado realiza el tránsito de la sociedad del conocimiento a la sociedad híbrida de la tecnología cognitiva, nuestros alumnos de escuelas fiscales están atrapados en una sociedad sin conocimiento en la que no comprenden lo que leen. 

 

El Estado, con la incapacidad técnica con la que hoy se administra, será difícil que pueda atender este problema. En el caso peruano se tendría que empezar por reabrir todas las escuelas —aún hay 600 mil estudiantes que no han retornado a clases, según la representante de la UNESCO en el Perú—. Y, aun así, la solución no podría quedar solo en manos del Estado y de sus profesores.

 

Necesitamos, como dice el informe de la UNESCO, un nuevo contrato social para la Educación. “Un contrato social que es más que un convenio, ya que refleja normas, compromisos y principios que tienen un carácter legislativo formal y que están culturalmente arraigados”. 

 

El punto de partida es una percepción común de los fines públicos de la educación. Hace unas semanas, en una visita que hicimos a un comedor popular de Lima Norte, preguntamos a las señoras que uso quisieran darle a su comedor por la tarde, luego de atender a sus comensales. Sin dudar, expresaron su deseo de convertirlo en aula de reforzamiento escolar. “Queremos que nuestros hijos aprenden inglés, matemática, computación”, dijeron.

 

En Lima existan cerca de 20 mil comedores populares ubicados en lugares donde precisamente las escuelas permanecieron cerradas por dos años. Si el Estado quisiera enviar maestros para reforzamiento escolar no habría presupuesto. De modo que la respuesta no va por allí.  Se requiere visión y esfuerzos colectivos de la sociedad civil para hacer frente al problema generado por el cierre de las escuelas. Las universidades, por ejemplo, podrían involucrarse. Ellas tienen alumnos que pueden asumir tareas de reforzamiento de materias escolares en los lugares de pobreza y pobreza extrema.

 

Es necesario un espíritu solidario de parte de nuestros jóvenes para aportar su conocimiento y organizar programas de apoyo en barrios marginales. Promover equipos de voluntariado puede ayudar a recuperar el tiempo perdido en las tareas de aprendizaje. Las facultades de Educación, los institutos pedagógicos —los centros de formación de los futuros maestros— debieran ser la primera línea de este ejército de jóvenes profesores que asuman la tarea de ayudar a educar a los niños afectados por el cierre de sus escuelas.

 

Recuperar la calidad de la educación es, en efecto, un esfuerzo social compartido. La educación inclusiva debe ser tarea de todos si queremos que nadie quede fuera. La solidaridad es esa fuerza que se necesita para cerrar las brechas educativas que también nos dejó la pandemia. Un país fortalece su tejido social cuando sus individuos cooperan.

Tiempos de hambre y de ira

El más recinte número de la revista británica The Economist trae en su portada, en un fondo negro, el mapa de Latinoamérica en forma de una hoja de uva que empieza a amarillearse en sus contornos, en señal de su decrepitud. How democracies decay es el titular: Cómo decaen las democracias. No es novedad que la democracia retroceda en la región, más como expresión de gestión de gobierno que como sistema político. Una mezcla de desazón, frustración e impotencia podrían explicar este fenómeno que, en verdad, no es propio de América Latina. Ese sentimiento de rechazo se expresa cada vez con más fuerza en la colectividad social, especialmente entre los más jóvenes. La insatisfacción democrática avanza en ausencia de líderes, partidos políticos e instituciones. Y es el espejo en el que el mundo occidental teme mirarse. The warning from Latin American.

 

La corrupción, la violencia delincuencial, la falta de empleo y oportunidades, así como la rapacidad de quienes llegan al gobierno, parecen estar en la base de ese sentimiento negativo hacia el modelo de occidente para gobernar. Frente a regímenes que no logran reactivar del todo la economía, la inflación que vuelve a levantar cabeza, sistemas de salud que no se reforman pese a las debilidades mostradas en la pandemia, y tasas de desempleo y subempleo lastradas por dos años de parálisis, el apoyo a los sistema de gobierno es precario cuando no frágil. Los ciudadanos no se sienten comprometidos en defender la democracia. Lo grave es que esa incapacidad en la gestión gubernamental puede terminar arrastrando el modelo mismo de organización política.

 

En febrero de este año, el Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, con apoyo del LAPOP Lab de la Universidad Vanderbilt (Estados Unidos), y el Barómetro de las Américas, realizó un análisis de la opinión de los latinoamericanos sobre la democracia y encontró razones poderosas que ligan el futuro de esta en la región al desempeño y eficacia de los gobiernos de turno. Una síntesis muy básica sería: si al gobierno le va bien, a la democracia también. O, si el gobierno lo hace bien, la democracia se fortalece. Lo contrario también es cierto. 

 

En esa línea, la subida de precios de los combustibles, la crisis en el abastecimiento de alimentos, la inseguridad ciudadana, la disparada de precios, la precaria educación, son factores de gestión de gobierno que, independientemente de las ideologías o del sesgo político de los gobiernos de turno,  inciden en el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema democrático. Las protestas, si bien son parte del sistema, a la larga, cuando son persistentes, sostenidas, violentas y concurrentes, es decir, que provienen de origen distinto, pero simultáneo, pueden terminar afectando la esencia del régimen político, buscando salidas desesperadas cuando no respuestas populistas y autoritarias.

 

El estudio citado señala que si bien la democracia como concepto es apoyada mayoritariamente en las Américas, “esta actitud está disminuyendo rápidamente en la gran mayoría de los países”. El problema es mayor en los niveles socioeconómicos y educativos más bajos. ¿Qué razones tendrían los menos favorecidos y excluidos en apoyar un sistema que les ofrece cambio cada cierto tiempo y no solo no les entrega resultados, sino malos manejos? 

 

El sentimiento negativo incide también en personas que fueron víctimas de la delincuencia o la corrupción. Pensemos en una señora de una olla común que no toma desayuno, se alimenta una sola vez al día, se priva de comer los fines de semana, sin trabajo, sin educación, enferma, que no le llega un bono solidario y que en el mercado tiene que hurgar entre la basura para conseguir alimento. ¿De qué democracia podemos hablarle o pedirle que la apoye? Con hambre y con frío es difícil pensar en defender la democracia. 

 

Y, sin embargo, no existe otra salida. La democracia debe prevalecer y los gobiernos deben ser eficientes y honrados para robustecerla. The Economist lo señala de esta manera: “Los latinoamericanos necesitan reconstruir sus democracias desde cero. Si la región no redescubre la vocación por la política como servicio público y no recupera el hábito de forjar consensos, su destino será peor”. La política debe recuperar su real sentido, dirimir los conflictos, acortar las desigualdades, administrar con eficiencia y eficacia los recursos de todos; contrapesar las necesidades y equilibrar las oportunidades. Debemos salir del circulo vicioso en el que parecemos entrar a toda velocidad y recuperar el circulo virtuoso del crecimiento, pero con equidad. Si no lo logramos equilibrar la cancha seremos víctimas de nuestras propias iras y frustraciones.

 

 

 

 

El desarrollo esquivo

 

No hay que dejar pasar las declaraciones del ministro Waldo Mendoza en un reciente foro virtual por el bicentenario de la creación del Ministerio de Economía y Finanzas. Es interesante su reflexión descartando el sueño de una industria nacional debido a su distanciamiento físico y geográfico de las grandes potencias económicas.

 

“Todos los países nuevos industrializados están al costado de Estados Unidos, Alemania o Japón. Son las grandes cadenas de valor. Estos (países) chiquitos se agarran y mientras alguien produce autos, ellos producen llantas”, dijo Mendoza para graficar su hipótesis.

 

Enseguida agregó: “América del Sur está lejos de Alemania, Japón, China o Estados Unidos; por eso no hay ningún país industrializado en América Latina, excepto México. Efectivamente, no hay que soñar con que el Perú pueda ser un país industrializado”.

 

El ansiado camino al desarrollo ha tenido varias fórmulas para explicarlo y resolverlo. En los años 40 y 50 se enfatizó el crecimiento del Producto Nacional Bruto como la clave para salir del subdesarrollo, en los 60 y 70 el acento estuvo en mejorar la distribución, en los 80 se habló del desarrollo humano para pasar en los 90 al alivio de la pobreza.

 

Prebisch centraría su explicación en un solo proceso de centro-periferia en el que el desarrollo de los países más poderosos era imposible sin explicar el subdesarrollo de los países periféricos. De aquí surgiría la Teoría de Sustitución de Importaciones como una respuesta para superar el poco progreso técnico de los países periféricos, como el nuestro. La Teoría de la Dependencia afirmaría que el carácter dependiente del capitalismo periférico será la raíz de su imposibilidad de dejar o salir del subdesarrollo.

 

La visión de Mendoza rompe con esta lógica de industrialización que sigue el molde de los países desarrollados para centrarnos en objetivos más realistas como promover la minería (sector primario), la agroexportación, e incorporando nuevos motores productivos como la industria forestal, la acuicultura y el turismo. Solo en el caso forestal tenemos 78.8 millones de hectáreas de bosques, pero no tenemos plantaciones ni exportamos madera.

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el exministro Piero Ghezzi propone una estrategia de crecimiento con tres objetivos: a) Facilitar el crecimiento en todos los sectores con potencial, incluida la industria; b) Encadenar a las MYPE; y c) utilizar los recursos naturales para generar ecosistemas de conocimiento. Esto significa, desde el Estado, generar políticas públicas de desarrollo productivo.

 

El desarrollo no vendrá solo de los mecanismos del mercado. En países como el nuestro, con diversidad económica y social, y con abundante mano de obra no calificada, se tiene que imbricar el Estado y el mercado para ayudar a desbastar las disparidades. El proceso de desarrollo no es solo acumulación de capital económico, sino también de capital humano y social.

 

El desarrollo es, entonces, un proceso multidimensional. Un proyecto nacional de desarrollo de esta envergadura requiere esfuerzo de voluntad y acuerdo político entre las fuerzas productivas, las fuerzas sociales, los inversionistas, los empresarios y los trabajadores. Un amplio consenso político, económico y social, seguridad jurídica y un largo proceso de clima político estable. Todo lo que por el momento, lamentablemente, no tenemos; como si el desarrollo nos fuera un bien esquivo.

Crisis de confianza

La crisis de confianza se nota en todos lados. Se abre a nuestros pies.

En las instituciones que nos representan, en la que nos gobiernan y hasta en las relaciones interpersonales. 

¿Qué representan, sino, los audios grabados al presidente de la República por personas de su círculo más íntimo? 

¿Qué las sospechas desde el poder de una conspiración en curso? 

¿Y qué del brulote armado por el ministro de Energía y Minas ante descabelladas elucubraciones de dos colaboradores de su propio entorno?

Nadie cree en nada ni en nadie. 

¿Qué de las recetas y recomendaciones que pululan en las redes para acabar con el covid-19? ¿Ivermectina, hidroxicloroquina, anticoagulantes? 

¿Y qué de los médicos que las defienden y de supuestos estudios que demuestran su eficacia, pero que nadie ha leído ni visto?

Todos sospechan de todos. 

Creen que los medios nos lavan el cerebro, que la escuela solo sirve para reproducir el statu quo, que la religión nos vuelve borregos, que los políticos nos mienten, y que todos, absolutamente todos, roban.

Sobre los partidos y el Congreso, que nadie se asombre. Son los menos queridos y respetados en en mundo.

La confianza en los partidos (21.2) y en el Congreso (20.9) en el Perú, antes de la pandemia, ya estaba en su nivel más profundo de desconfianza ciudadana, según El Barómetro de las Américas. De ahí el apoyo que tuvo su cierre en setiembre del 2019. Y la expectativa que generó la actual representación.

En confianza interpersonal tampoco estamos bien. 

El año pasado solo el 11% de los encuestados describió a las personas de su comunidad como muy confiables. Esto no ha cambiado mucho entre el 2006 y 2019. A diferencia de Canadá donde el 85.4% piensa que sus vecinos son muy confiables.

Otra herramienta de medición, El Latinobarómetro del 2018 ya decía que somos la región más desconfiada del planeta y que por segundo año consecutivo teníamos el récord mínimo histórico de confianza interpersonal. 

Colombia, Uruguay y Guatemala, con 20% cada uno, encabezaron la tabla. En el fondo: Perú (11%) Costa Rica (10%) Venezuela (8%) y Brasil (4%).

La confianza en las instituciones representativas otorgaba al Perú el índice más bajo. 

El nivel de confianza los peruanos en su Congreso llegó a 8%, la última posición de la tabla; en Uruguay fue el 33%. 

Y si hablamos de los partidos políticos en América Latina, en promedio, alcanzaron 13%, once puntos porcentuales menos de lo que tuvieron el 2013. 

En el Perú el nivel de confianza en los partidos fue 7%.

Es una crisis generalizada de confianza lo que tenemos. Y de valores. Hay impotencia, frustración, y también algo de cinismo para dejar que las cosas sigan como están.

Al descender los niveles de confianza se erosiona el sistema democrático. Se pierde legitimidad de origen. Y se la substituye por la legitimidad de hecho. 

No hay integración social. Y cuando eso sucede, el terreno es fértil para los demagogos y aventureros. Ojalá despertemos a tiempo los peruanos.

 

 

Al medio hay sitio

En psicología el hijo sánwidch, el del medio, suele sentir que no es tomado en cuenta o que es poco considerado. No es primogénito, sobre quien los padres ponen todas sus expectativas, ni el “benjamín”, el engreído de la casa. En las sociedades pasa algo parecido. La clase media pasa desapercibida para el Estado. Toda la atención se centra en los más pobres y desvalidos —y esta bien que así sea— pero, por lo general, las políticas de ayuda para la clase media escasean o no son asumidas como prioritarias.

Durante casi treinta años todos los esfuezos macroeconómicos que hiceron los países, hablemos de América Latina, fueron para disminuir la pobreza y ensanchar la clase media. Es decir, ayudarlos a salir del fondo de las preocupaciones para depositarlos en la zona del olvido. Ambos cometidos se lograron. Las naciones de América Latina avanzaron en lo económico y social hasta alcanzar en muchos casos el nivel de los países de ingresos medios.

Entre el 2000 y 2010 las cifras fueron impresionantes. En esta década tuvimos un crecimiento promedio de 4% anual, lo que hizo duplicar los ingresos per capita de US$ 7.200 a US$ 14.160. En el Perú, hasta el 2014 la pobreza retrocedió de 45,4% a 29,1%. Incluso la pobreza extrema tan resistente en nuestro medio se redujo de 12,2% a 7,8%. 

El Banco Mundial calculó el 2012 en 50 millones los nuevos integrantes de la clase media en la región. Para el 2015, la CEPAL estimó que 90 millones de personas en América Latina habían logrado asecender a la clase media. La pandemia ahora amenaza con tirar todo como un castillo de naipes. Nunca hablamos de una clase media consolidada, sino de una más bien precaria, inestable, asentada en el crecimiento del empleo, eso que la pandemia ha terminado por deshacer. 

En tres meses hemos retrocedido lo que ganamos en treinta años. Según la CEPAL, 2019, los pobres ya venían aumentado en América Latina, por lo menos, desde el último quinquenio. Antes del Covid-19, esta institución calculaba que los pobres habían aumentado 17 millones entre el 2014 y el 2019, mientras que los pobres extremos aumentaron 26 millones en el mismo periodo. El Perú no escapaba de esta debilidad del crecimiento. El 2018, según el INEI, teníamos 20.5% de pobres.

La paralización de la economía como medida de contención de la pandemia, ha tenido el efecto de cortar las piernas para detener la hemorragia. La clase media endeble ha sido empujada a la informalidad. El pago de pensiones en colegios y universidades privadas ha caído a 50%. Los pequeños negocios han cerrado acumulando deudas en los bancos. Este impacto negativo del Covid-19 en los ingresos laborales regulares de las familias indica que la clase media vulnerable aumentaría del 42,7% al 46,5%, y la clase media consolidada caería del 35% al 31,7%, según estudios recientes del BID.

No queda nada que esperar. La salud y el empleo es lo primero que se resiente cuando la crisis golpea. La clase alta tiene soporte para resistir el embate. Las clases populares son socorridas por el Estado. La que está realmente fregada es la clase media. Nadie se acuerda de ella. En términos sociales no tienen bonos de solidadaridad. En salud, han perdido su cobertura privada y ahora aumentarán las atenciones en los centros hospitalarios públicos; y en cuanto al empleo, se lo tendrán que inventar, como antes, como siempre. ¿Al medio hay sitio? Parece que no. 

Indignados y conectados

América Latina es hoy un laboratorio abierto de procesos económicos, políticos y sociales en el que  la gente se ha volcado a las calles, indignada y violenta, generando una dinámica que requiere ser explicada para evitar confusiones y pescar a río revuelto.

Los países andinos -Venezuela, Ecuador Chile, Bolivia- parecen calentarse al punto de poner a prueba sus endebles democracias. ¿Qué produce esta ola de enfrentamientos? ¿Hay alguna explicación que sea común a todos estos estallidos?

Una primera hipótesis es que no sea un solo factor. Ni una sola mano. Que, por el contrario, existan razones distintas. Hambre y dictadura en Venezuela; autoritarismo y fraude electoral en Bolivia; costo de vida en Ecuador; desigualdad e insatisfacción en Chile. 

Es importante diferenciar el origen de las crisis para no confundir la respuesta a cada una de ellas. De hecho, con diferente tesitura y fórmulas, tras los estallidos sociales, el poder se conserva en Chile, Venezuela y Ecuador. En Bolivia, se destituyó al presidente y asumió una representante del radicalismo religioso.

A punta de bayoneta, bala, subsidios y populismo, Nicolás Maduro, sigue gobernando y conviviendo con un presidente reconocido por todos, pero que no manda. Sebastián Piñera, después de 22 muertos y tres semanas de multitudes desbocadas en las calles terminó por acordar, junto a las fuerzas políticas de oposición, la convocatoria a un plebiscito y encaminar a Chile hacia una nueva constitución; a cambio, se mantiene en el poder. Lenin Moreno, en Ecuador, abandonó Quito por unos días, pero tras llegar a un acuerdo con los indígenas, derogó el alza de combustible y regresó a Palacio. 

Las situaciones políticas que generaron las crisis no se parecen ni en su origen, ni en su tratamiento, ni en sus resultados. 

No es verdad entonces que en todos los países estemos ante una respuesta al decaimiento, vulnerabilidad o retroceso de la clase media. En Venezuela la crisis es transversal a todas las clases sociales. En Bolivia es más profunda la fractura étnica que la económica. Fueron los no indígenas quienes expulsaron a Evo. Por el contrario, en Ecuador fueron los indígenas quienes le perdonaron la vida a Moreno.

Desde hace muchos años el BID ha identificado a América Latina como la región con mayor desigualdad de ingresos. Entre el 2002 y 2012 más de 10 millones de latinoamericanos se incorporaron a la clase media. A ese ritmo, todo parecía indicar que América Latina fuera predominantemente una región de clase media el 2017, pero no ocurrió. A partir del 2014 solo 3 millones y medio de latinoamericanos ascendieron a la clase media cada año. 

¿Es esta realidad socioeconómica la que explica el estallido en Chile? La desaceleración del crecimiento económico, genera menos empleo, por lo tanto, menos ingresos, menos clase media y más pobres. La región entró a su quinto año consecutivo de desaceleración. Muchos de los que hoy protestan probablemente son miembros de esa clase media estancada, vulnerable, que no quiere, que tiene pavor, regresar a la pobreza.

Pero la pregunta inicial sigue en pie: ¿qué une a todos los estallidos sociales en los países andinos? ¿Hay un plan concertado para desarticular estas endebles democracias? Tendría que ser un súper cerebro que conozca qué botón apretar en cada país para soliviantar a las masas en contra de sus gobiernos. 

Lo único une todos estos estallidos quizás sea lo bien conectados que están los ciudadanos a la hora de salir a las calles. Y los límites de la democracia en estos lares para procesar el conflicto. Lo primero dinamiza el “fenómeno cascada” de replica y escalamiento del estallido, mientras lo segundo revela la debilidad institucional que padecen nuestros países ante masas desbordadas que no obedecen a nadie. 

El otro rasgo que une a estos ciudadanos conectados y enojados -que han hecho de la calle su tabladillo político- es el sentimiento de insatisfacción y hartazgo frente a la autoridad. El Estado debe prestar mejores servicios y no solo ser garante de la fuerza. La gente no solo quiere gobiernos que cumplan su tarea, sino sobre todo honestados con funcionarios y servicios públicos que atiendan sin prepotencia, humillación o indignidad.

La brecha entre las aspiraciones de la gente y la realidad que no cambia podría estar generando desesperanza y frustración. Y cuando el ciudadano no encuentra satisfacción, se queja por las redes sociales. Estamos ante un ciudadano empoderado y anárquico en las redes. 

Las generaciones jóvenes viven las crisis en la vida real y también en el mundo digital. Ambos mundos conviven y se traslapan, retroalimentándose. Y cada vez es más difícil diferenciarlos. Así, la chispa del descontento social se enciende y extiende mucho más rápida, descontrolada y hasta irracionalmente, sin que ello no signifique que existe una dosis de realidad amplia y aumentada. Las redes amplifican el malestar de la gente, aunque lo real sigue siendo la angustia de vivir al límite, la frustración, los sueños truncos, la  desesperanza. 

Los jóvenes y las StarUps en América Latina

Llegamos siempre algo retrasados a los cambios en la historia. Había naciones, muchas naciones, pero apenas un estado en formación, cuando llegaron los españoles. Ni hablar de ciudadanía.

La independencia ni siquiera trajo la democracia. Esta empezó en muchas partes del continente un siglo y medio después de que se inaugurara en el hemisferio norte. Los derechos civiles llegaron también tarde y los más recientes cuestan aún  reconocerlos.

Algo parecido sucede con la tecnología.  La ola industrial nos pasó por encima. Y la brecha en investigación y desarrollo se agranda cada vez más en comparación con otras regiones del mundo.

América Latina es una de las zonas del mundo que menos recursos aporta en investigación, ciencia y desarrollo. En conjunto, no llega al 1% de su PBI. Solo Brasil alcanza esa cifra, inferior a lo que hacen Israel, Estados Unidos, Alemania y Japón que invierten entre el 3% y el 4% de su PBI en innovación tecnológica.

Por esta razón, es importante lo que acaba de señalar Raúl Diez Canseco Terry —Fundador Presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola— en el V Foro de Jóvenes de las Américas: la región debe invertir en el talento humano y dar el salto de la inversión en sectores productivos a la inversión de riesgo que es aquella “que cree en el talento, en lo nuevo, en lo moderno, en lo disruptivo” y se ve reflejado en nuevos emprendimientos tecnológicos conocidos como StarUps.

La ola tecnológica es la cuarta ola del desarrollo de la civilización humana. El V Foro de Jóvenes de las Américas sirvió para mostrar esta ventana tecnológica de América Latina que empieza a abrirse, algo tarde, es cierto, pero se abre al fin. 

El Young Americas Business (YABT), que dirige el peruano Luis Viguria desde Washington, organizó el TICS Americas 2018, el Eco-Reto 9.0 y el Caribbean Innovation Competition (CIC), para encontrar emprendimientos juveniles que combinaran tecnología, cuidado del medio ambiente, investigación y mercado.

El concurso buscaba el talento y la innovación en los jóvenes de las Américas. Se presentaron un total de 4,716 iniciativas, de las cuales, se seleccionaron 21 equipos finalistas que expusieron e impulsaron su respectiva StarUp en el foro juvenil desarrollado en Lima, previo a la Cumbre de las Américas.

Fue fantástico escuchar a los jóvenes hablar el lenguaje global de las nuevas tecnologías, pero asociado a negocios que buscan contribuir a cambiar el mundo. Los proyectos finalistas fueron de Brasil, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Jamaica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Barbados y, por supuesto, Perú.

Me llamó la atención la StarUp Evea Eco Fashion del Perú que proponía fabricar zapatillas con suela de caucho diseñadas para el mercado europeo y norteamericano, que multiplicaban hasta por diez los ingresos que lograban obtener antes las comunidades indígenas vendiendo el latex sin procesar.

Los jóvenes de Eco Fashion habían logrado salir del entrampamiento de quedarnos solo en la venta del recurso natural y con ingenio y madurez proponían innovar, transformar, diseñar y vender el producto en el competitivo mundo fashion de la moda. Es decir, incorporaban valor agregado al producto y también valor social, al trabajar con las comunidades indígenas y compartir las ganancias.

Por ahí va la cosa. Observar, pensar, innovar, actuar. I+D. Todo al margen del Estado. Imagínense si el Estado colaborara, para empezar, incoporando estos conceptos en la malla escolar, desarrollando la vena emprendedora de los jóvenes, promoviendo ferias tecnológicas, extendiendo cursos de inglés, o destinando un capital semilla —de riesgo— para proyectos e iniciativas que premien el talento.

Venezuela: ¿en el nombre del padre o del hijo?

¿Puede la política separar al padre del hijo?

Sí, por supuesto, y allí están los cientos –acaso miles– de historias de familias venezolanas desgarradas por la insania de un gobierno que no lo detiene ni el rechazo, ni las movilizaciones, ni la sangre.

Más de 120 muertos, estudiantes universitarios en su mayoría, pero también menores de edad y hasta infantes. Todo el horror necesario para mantenerse en el cargo y sustituir una a una las piezas de poder.

Hijos que salen a las calles a protestar. Padres sometidos al poder de turno.

Es el caso del recientemente nombrado fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ex defensor del Pueblo de ese país, enfrentado y distanciado políticamente de su hijo, Yibram Saab.

En abril de este año, cuando la violencia arreciaba en diversos puntos de Venezuela, y los disparos de las fuerzas de seguridad cobraban vidas de inocentes jóvenes universitarios, el joven Yibram, estudiante de Derecho, salió a protestar a las calles.

Y, de paso, se enfrentó a su padre.

Tras ser agredido por las fuerzas de seguridad, Yibram preparó un comunicado en el que protestó por la muerte del joven Juan Carlos Pernalete.

Lo escribió, lo grabó con su teléfono y lo subió a las redes.  (http://www.bbc.com/mundo/media-39738732)

“Ese pude haber sido yo”, acusó Yibram.

Allí mismo le pedía a su padre que reflexionara sobre la situación de violencia que vivía su país e “hiciera lo correcto”, para ponerle fin.

Tarek William Saab era en ese momento el defensor del Pueblo, sumiso al régimen de Maduro.

Padre e hijo marcaron posiciones diferentes. Enfrentados por principios antagónicos.

Yibram representa a todos los hijos que salen hoy a las calles en Venezuela para reclamar que su país reencuentre su cauce democrático.

Tarek es el padre que no escuchó, ni respondió al hijo, y que acaba de renunciar a la Defensoría del Pueblo para ser nombrado fiscal general por una Asamblea Constituyente espuria.

El problema es la perversión de la política, su transformación en dictadura pura y dura.

Quien mancha el poder con sangre; corrompe, degrada, envilece, el fin supremo de la sociedad que es el ser humano, es decir, la política.

Entonces, ¿puede la política separar al padre del hijo? Si se envilece, claro que puede. Pero también puede reivindicarse, separar al hijo del padre y recuperar los valores en la política.