El Estado calato

Las emergencias desnudan el país. Antes fue la pandemia, hoy es el cambio climático. Las lluvias torrenciales, los desbordes del río y las inundaciones que se llevan cultivos y poblados enteros nos han dejado nuevamente al Estado en cueros. Tenemos un Estado calato.

Estos fenómenos naturales son recurrentes en nuestro país. Somos un país tropical, atemperado por el anticiclón del Pacífico y la corriente fría del Humboldt, que cada cierto tiempo, invariablemente, soporta el fenómeno de El Niño o La Niña, que nos visita y nos devasta.

Lo sabemos, pero una y otra vez asistimos, inermes, a su cíclico efecto.

Los responsables son la pobreza, pero también, la codicia, el despilfarro y la corrupción.

La pobreza, porque las migraciones humanas expulsadas del interior del país lo hacen porque no tienen otra opción. Vienen a la capital en busca de un porvenir, una esperanza de vivir mejor. Lo que encuentran es el arenal, el cerro o el cauce seco del río donde instalan sus casas.

La codicia y la delincuencia se esconden detrás del tráfico de tierras. Los pobres son víctimas de un mercado perverso: comparan lotes desprovistos de servicios, y autoridades inescrupulosas, populistas, les ofrecen titulación a cambio de votos.

Siete de cada diez viviendas se construyen informalmente. La corrupción permite que el negocio fluya. Autoridades codiciosas y traficantes de terrenos son la fórmula perfecta para el crecimiento desordenado de la ciudad.

Con el tiempo, las quebradas se activan y el agua y el lodo cobran lo que les pertenece. Los ciclos de lluvias, desbordes y huaicos parecen irse acortando.

Cerca de la mitad de ls población mundial se ubica a menos de 60 kilómetros de las costas. Esto quiere decir que si no aplicamos ingeniería, pero también sentido común, orden y ley en la planificación urbana, seguiremos lamentando cada cierto tiempo las pérdidas económicas y humanas de los desbordes.

Se tiene que replantear el manejo de cuencas, ríos y quebradas, gestionar adecuadamente sus cursos de agua, construir represas, canales, reforestar el ande, empezando por los ríos más importantes con planes quinquenales.

El Estado debiera planificar la urbe. Somos uno de los países más afectados por el cambio climático. Y encima, tenemos un territorio geográfica y políticamente muy dividido. Falta planificación y gestión del suelo. Los distritos no tienen catastros adecuados. Existe subvaluación de terrenos y de casas. Solo el 5% de los distritos del Perú cobra el 90% del impuesto predial.

En lugar de política de viviendas debemos empezar a hablar de políticas de ciudades. Una nueva forma de administrar el territorio. El concepto es integrar la tierra, la vivienda y la producción. No puede haber proyectos sin planificación. El Estado debe diseñar estrategias descentralizadas macrorregionales.

Las grandes obras de desarrollo regional no se pueden dejar en manos solo de los gobiernos regionales o locales. Deben ser responsabilidad del gobierno central. Independientemente de los límites territoriales, se debe priorizar la gestión. Es la forma de empezar a "vestir" el Estado calato que por ahora tenemos.

Burócratas arracimados

 

En primer lugar, hay que decir que todo Estado moderno requiere de una burocracia para su funcionamiento. El sistema de administración del Estado expresa el dominio legal de quien detenta el poder o de quien, ganándolo, le  impone su sello o su orientación. 

 

Pero una cosa es que los partidos que ganan las elecciones tengan todo el derecho de colocar a sus cuadros en los puestos de dirección y otra muy distinta es copar el aparato del Estado con militantes incapacitados para el puesto. 

 

Se trata de lograr una estructura administrativa eficiente, no de arracimar funcionarios públicos.

 

Cuando el Estado es desbordado por funcionarios inexpertos que solo llegan al Gobierno por cuota partidaria, el sistema deviene en un burocratismo patrimonialista en donde el líder no tiene servidores públicos que lo ayuden a gobernar, sino subordinados —esclavos, clientes, los llama Weber—, que solo reciben órdenes de quien detenta el poder.

 

Todos los partidos que llegan al Gobierno se encuentran con este tipo de problemas. Aunque es cierto que —unos más que otros— los partidos adolecen de expertos o militantes preparados en administración pública. 

 

Por otro lado, no hay una carrera en pregrado de Administración Pública. Esta recién existe como especialidad en el posgrado sea a través de cursos, diplomado o maestría, y con mallas curriculares diversas, según se trate de universidades públicas o privadas.

 

Lo ideal sería crear una Escuela Nacional de Administración Pública que forme y capacite a los futuros funcionarios del Estado en los diferentes niveles y subniveles del Estado. Un modelo es el de la Academia Diplomática, que todos los años permite el ingreso con un cupo limitado de aspirantes a integrar el servicio diplomático peruano —bachilleres de casi todas las profesiones—, asegurando una formación competente y una línea de carrera meritocrática. 

 

También podría acreditarse un programa para que las propias universidades ofrezcan esta especialización en el último año de su carrera, previo diseño del perfil de funcionario que requiere el sistema de administración pública. 

 

La administración pública debe ser una línea de carrera para estudiantes comprometidos con el servicio público, y con criterios claros y transparentes de ascenso, promoción y responsabilidades. 

 

Los partidos políticos deben conservar su cuota de poder en los puestos de dirección —para eso ganan las elecciones, para gobernar— y alentar a sus militantes a prepararse para administrar el Estado. Pero deben llevar líderes, no ganapanes.

 

En ningún caso debe verse al Estado como un botín, una agencia de empleos o un carnaval de puestos públicos. 

 

El Estado no requiere de un burocratismo incompetente, patrimonialista y saqueador, sino, una burocracia técnica y profesional preparada para servir al ciudadano con eficiencia, sentido social y ética.

El centro político y el Estado centrado

En un país fraccionado y de extremos como el Perú, de profundas desigualdades económicas y sociales, no es raro que las posiciones políticas se radicalicen. Hasta se podría decir que es el curso natural de las cosas. El quintil rico es una franja estrecha, mientras los quintiles pobres son espacios anchos y desbordados. ¿Por qué habrían de pensar igual o defender los mismos intereses? 

 

La pandemia no ha hecho más que agravar esta diferencia. 

 

¿Qué pueden esperar los pobres en una situación apremiante y angustiante como la que viven a diario? ¿Defender la democracia, la libertad, el equilibrio de poderes, la Constitución? No es su prioridad. Su prioridad pasa por buscar el alimento para sobrevivir. Curar la salud. Sin educación, sin trabajo, enfermos y casi sin oportunidades, la necesidad extrema los empuja a soluciones radicales, extremas, desesperadas. 

 

Los valores y fundamentos de la democracia, siendo imprescindibles, carecen en la desesperanza de la fuerza del convencimiento objetivo para fortalecer el sistema. Es como si la angustia y la preocupación por el diario vivir nublara la razón. Pero no es así, nada más lúcido que defender primero la vida. Aunque esta sea solo sobrevivir.

 

El centro político en estas circunstancias no puede entenderse como un punto geométrico, equidistante en el plano económico o social del país, porque la línea económico social no es equilibrada. Si el desbalance es desproporcional el punto de balance también lo es. Por eso, alcanzar el “justo medio” no es ubicarse en la mitad, sino un poco más abajo, allí donde están la mayoría de los ciudadanos y sus reclamos.

 

Ser de centro significa recoger y atender las demandas que tienen los pobres en educación, salud, justicia, trabajo, servicios básicos, infraestructura, lucha contra la anemia, discriminación. Por nombrar solo algunas de las carencias. Lo que pasa por dirimir el falso dilema de mercado versus Estado. No es posible pensar —como creen los ultraliberales— que el libre juego del mercado resolverá los problemas y que cualquier intromisión del Estado es perjudicial. Tampoco es posible irse al otro extremo —como creen los ultraizquierdistas— en un Estado interventor que distribuya riqueza, cuando todos sabemos que en realidad lo que hará será distribuir pobreza.

 

Lo que en verdad necesitamos es un Estado fuerte. Fuerte no en el sentido de Estado burocrático, sino fuerte en el sentido de que sea capaz de ofrecer resultados. Un Estado débil es aquel que no puede administrar con eficiencia su sociedad. Un Estado fuerte es, en cambio, un Estado eficaz, capaz de ofrecer buena educación y salud, así como buenos servicios. Un Estado fuerte es a la vez un Estado promotor de las iniciativas individuales y sociales, y al mismo tiempo, promotor de la igualdad de oportunidades. 

 

Necesitamos un Estado que allane la cancha para todos, no que la incline para unos pocos en detrimento de las mayorías. Eso es tener un Gobierno de centro. Un Gobierno centrado en atender y resolver las demandas urgentes de quienes nacen en desigualdad de condiciones para beneficio de todos.

El Estado informal

Parece un oxímoron —la figura retórica que nace de la combinación de dos palabras de significado opuesto—, pero en el Perú no lo es. El Estado, la organización jurídica de la nación, la definición más ajustada a lo formal, alcanza en nuestro país dimensiones de todo lo contrario. 

 

Un Estado informal es la realidad de todos los días, que por lo mismo ya no llama la atención. Atraviesa la estructura orgánica de cabo a rabo. 

 

El Estado informal está en el cuaderno de ocurrencias de la comisaría de barrio, que anota el robo de tu celular o de los espejos de tu carro sin que se despliegue investigación alguna.

 

Está en la receta médica que prescribe un galeno en el hospital público y que no existe en la farmacia, sino en la cadena de boticas privadas que se disputan a los clientes frente al nosocomio.

 

Está también en las precarias carpas que se levantan en las afueras del hospital infantil donde durante semanas pernoctan los padres que vienen de provincias para asistir a sus hijos enfermos.

 

Está en el policía de tránsito que recibe un sencillo del infractor antes que cumplir con su deber y colocar la papeleta o perdonar al que transgrede la ley si la falta es leve.

 

Está en el secretario de juzgado que se reúne por lo bajo con alguna de las partes y coloca o reacomoda el expediente según sea el arreglo al que haya llegado.

 

Está, por cierto, en el Congreso de la República cuando aprueba proyectos alargando el uso de colectivos informales en corredores viales destinados —¡qué sorpresa!— para empresas de transporte formal.

 

Y está en el propio Poder Ejecutivo cuando nombra sendos funcionarios en cargos de primera importancia sin que tengan la experiencia ni las credenciales para el buen desempeño de la función pública. 

 

Pero, sobre todo, está en todos los mecanismos en donde lo que campea es la corrupción.

 

Antes de la pandemia ya teníamos más del 73% de nuestra economía en la informalidad (OIT, 2020). Hoy, ese porcentaje se ha disparado a más del 80%. 

 

En Chile, a propósito del debate presidencial que definió a su futuro presidente, se debatía con asombro el crecimiento de la informalidad económica en ese país al 30%. ¿Se imaginan al Perú con esos indicadores de informalidad?

 

El fenómeno informal en la economía es claramente, sobre todo al comienzo, una forma de subsistir. En la política, en cambio, es una señal de disfuncionalidad.

 

Nadie puede cuestionar que la informalidad económica ha resuelto el problema del empleo. Pero del empleo precario. La informalidad ha sido una válvula de escape de sociedades al límite como la nuestra.

 

Pero la informalidad política, desde el Estado, revela algo peor que la precariedad del puesto de trabajo. Revela la precariedad del sistema.

 

Un Estado que no puede proveer servicios públicos de calidad tiene un problema mayor que solo tener malos funcionarios. Un Estado informal retrae, desfavorece el propio desarrollo nacional.

 

El Estado informal perfora la confianza en el sistema. Y como todo sistema que falla y cuyo final es el desmoronamiento, un Estado informal es el paso más seguro a un Estado fallido.

 

 

Los silenciosos

A los caminantes y nuevos caminantes se unen, sin voz pero con voto, los silenciosos, jóvenes que han perdido sus empleos con la pandemia y que ven el futuro con preocupación, cuando no con desesperanza. Uno de cada seis jóvenes en el mundo se quedó sin trabajo por el Covid-19. En el Perú, es uno de cada tres. 

2.4 millones de empleos formales se han perdido oficialmente. No hay cifras sobre la caída del empleo informal. Pero el -40,5% de PBI en abril y el -12,5% proyectado para el año pueden dar una idea del panorama infernal. Una vuelta por La Victoria también ayuda.

No estamos ante una crisis sanitaria o económica, sino ante una crisis del Estado-nacional (Alberto Vergara, dixit). Tenemos 200 años de crisis larvada que la pandemia simplemente maduró. Somos una República histórica y estructuralmente desigual. Lo que avanzamos en treinta años de disciplina y sacrificio fiscal lo hemos perdido en tres meses. Al final del día seremos más pobres y más enfermos. 

¿Teníamos otra opción? No en este momento. Siempre supimos que la cuarentena radical era para evitar saturar la demanda hospitalaria. Un terremoto podía desbordar igual o peor las emergencias. La respuesta no está solo en el presente, sino en la Historia. En nuestras raíces desconectadas. En el suelo que nos vio nacer, pero que nos empuja a mal vivir. O morir.

Y, mientras tanto, en silencio, millones de jóvenes se ocultan tras la estadística. Ellos son el resultado de la peor crisis económica de los últimos 100 años. La pobreza podría crecer de 20,5% a 27,5%, según proyecciones del BCR, por lo que tendremos que volver a empezar.

El problema es que no sabemos si la gente querrá nuevamente empezar a recorrer el mismo camino. El “sentir del pueblo”, va en otra dirección. Quiere un Estado benefactor antes que un Estado ahorrador. Sería mejor un Estado eficaz, y no de prosperidad falaz como el de la República Aristocrática de Basadre. Un Estado que obre y no ubre ni robe. 

Por ahora hay menos ruido que nueces. En Chile, el hambre ha roto la tregua en algunas zonas y la gente ha salido a saquear tiendas en busca de comida. En Perú, la primera señal de descontrol es el aumento de la delincuencia. Nacional e importada. 

Desde el Ministerio del Interior se propone extender el toque de queda hasta fin de año “para frenar a los delincuentes que roban de noche”. Pero no está demostrado que restringir un derecho ciudadano sea una medida efectiva para que la Policía cumpla con su mandato constitucional que es controlar el orden público. Aprovechen más bien que los principales afectados con la pandemia, los jóvenes, están en modo silencioso. Si se dan cuenta, entonces, sí, la cosa puede complicarse. Y puede haber ruido. Mucho ruido.

El Estado informal

El accidente del Cerro San Cristóbal ha desnudado un problema de fondo; el de la informalidad. Pero no de la sociedad, que ya la conocemos, sino del Estado, que nos revela que, en lugar de avanzar, retrocedemos.

La empresa Green Bus es una empresa formal. Obtuvo todos sus permisos para operar. Se los otorgó la Municipalidad de Lima. Estaba autorizada para hacer turismo urbano. 

La Municipalidad del Rímac, también le extendió una autorización para funcionar. Le pegó una calcomanía en el parabrisas y le cobraba 3 mil soles mensuales a la empresa para que trabajara tranquila.

Para que sus buses turísticos de dos pisos transitaran libremente, Green Bus debió pasar una revisión técnica de todas sus unidades.

La empresa pasó esa prueba técnica. Tiene los papeles para probarlo.

En la guantera del bus siniestrado estaba el SOAT 2017. Los pasajeros estaban protegidos contra accidentes de tránsito. Pero cuando llegaron a hospitales y clínicas estas se negaron a atenderlos.

El problema es otro. No es que la empresa sea informal. El informal es el Estado.

Es la maldita informalidad que nos persigue y domina. Que está en el ADN institucional de toda entidad que brinda un servicio público. 

Al caer el bus por el abismo quedó al descubierto que la distancia entre sus ejes es muy corta; la cola del bus es muy larga, y la altura también; las llantas lucen desgastadas, sin cocadas, en la lona; y los asientos del segundo piso descapotado… ¡no tenían cinturones de seguridad!

El SOAT estaba vigente, pero las clínicas y hospitales reclamaban el papel en físico para atender a los heridos. Y todos tenemos en la guantera ¡sólo un papel, no más de 65,  como pasajeros tenía Green Bus!

Esa misma informalidad del Estado le permitió a la empresa operar… ¡sin rutas definidas, ni paraderos establecidos! Jalando gente en la propia Plaza de Armas.

Esa misma informalidad estatal es la que no puede colocar un tomógrafo en un hospital o no pueda hacer análisis clínicos a más de una docena de accidentados porque no hay tanto personal para atender... un domingo por la tarde.

Es la informalidad del Estado. Un Estado incapaz de ordenar la convivencia ciudadana, poner orden y ejercer autoridad. Un Estado donde lo que mejor funciona es la coima que lo perfora y lo entumece, volviéndolo ineficaz.

El Perú Cholo

José Matos Mar (1921-2015), pudo ver, estudiar y fotografiar el Perú en movimiento, en permanente transformación. Ese Perú que por años fue olvidado –y en muchos aspectos sigue siéndolo– y que emergió de los Andes con una fuerza brutal, pero pacífica, transformando para siempre el rostro colonial de Lima, pero, también, el alma y la identidad nacional.

Ese Otro Perú, como él le llamaba, empezó a llegar a la capital por oleadas a partir de mediados de los cuarenta; huía de la pobreza, el atraso y la falta de oportunidades. Ocupó las tierras más pobres de la ciudad: el arenal, los cerros, el pedregal. Clavó la bandera peruana y reclamó al Estado servicios básicos, infraestructura, salud, educación, trabajo.

Nacieron las barriadas, los asentamientos humanos, las urbanizaciones populares, transformadas hoy en distritos medianamente urbanizados, precariamente atendidos, pero con una fuerza laboral y empuje empresarial enorme desarrolladas al margen del Estado, con menos ideología y, por lo mismo, más emprendimiento que ciudadanía.

A esa marea humana, amorfa, chicha, multiétnica, que se diseminó en la ciudad, Matos Mar la llamó Revolución Cultural, un choque social, económico, político y cultural, entre el Otro Perú y el Perú Oficial, que desbordó al Estado y que al mismo tiempo tomó la forma de una sociedad nacional emergente.

Ese proceso no se ha detenido. Este primer periodo de casi ochenta años ­–si consideramos que estamos a seis años del Bicentenario– ha sido una etapa de conquistas de primer piso: agua, luz, pistas y veredas, títulos de propiedad. Los pobres del Perú se organizaron para reclamar estos servicios, pero una vez obtenidos, su nivel de organización social parece haberse resentido.

Una seguna ola transformadora se puede ubicar en el plano económico. Los pobres generaron su propio empleo. Autoconstruyeron sus casas. Organizaron sus mercados de abastos, de ferretería, carpintería, metal mecánica y hasta de artículos robados y reciclados. Hoy, muchos de esos enclaves de negocio informal y negro son consolidados centros comerciales. Los pobres de ayer son los emprendedores de hoy que se organizan, ya no invadir, sino, para comprar terrenos y levantar emporios comerciales e industriales.

La tercera ola transformadora está en pleno desarrollo y no se vislumbra por ahora qué forma terminará adquiriendo. Es la reforma política o ciudadana. Es menos clara, en la medida que la informalidad sigue siendo el sello de esta nueva sociedad. En este aspecto, los ex pobres, hoy emprendedores, son menos republicanos y cívicos que el Perú Oficial. Son más bien, contrarios a este tipo de orden. Buscan sacarle la vuelta a los dictados del Perú Oficial. Evaden impuestos. No respetan las reglas de tránsito. Y, por supuesto, no tienen una ideología definida o mayoritaria. No se sienten representados por algún partido político en especial y son esquivos a  cualquier fidelidad partidaria. Son inestables, políticamente hablando. Su comportamiento político se mueve por cardúmenes y son altamente sensibles, generando cambios inesperados.

Matos Mar vivió para responder una pregunta: ¿existe una sociedad nacional? Y murió viendo germinar, crecer y transformar ese nuevo Perú. Un Perú en movimiento que hoy tiene, pese a todo, una mejor autoestima, un alma colectiva más optimista, emprendedora y ganadora. Un Perú que al pie del orbe, como diría Vallejo, se para mejor en un mundo global y competitivo. Es el Perú Cholo. El Perú Cholo del Cholo Matos Mar. Descanza en paz, Amauta.

Insatisfacción democrática

No es novedad decir que una parte mayoritaria de ciudadanos peruanos se sienta insatisfecho con la democracia. El fenómeno no es solo del Perú, sino de Latinoamérica, aunque con sus variantes, como lo demuestran de manera persistente los resultados del Latinobarómetro.

Desde mediados del 90 hasta la fecha, el descontento con este sistema de gobierno, ha sido una constante que se ha movido entre 55% y 65%. El 2009, en plena crisis mundial de la economía, este porcentaje se elevó a 71% de insatisfacción.

Lo que resulta, más que sorprendente, preocupante, es una encuesta de CFK que a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales del 2016, revela que "más del 80% de entrevistados se encuentra insatisfecho con el sistema democrático de nuestro gobierno".

El informe refiere que la falta de representación de los ciudadanos en los principales poderes del Estado explicaría esta señal de descontento.  Pero, me temo que lo más probable es que no sea el deseo de ser escuchados lo que genere el descontento, sino el nivel de ineficacia mostrada por la democracia para evidenciar resultados.

Cuando los ciudadanos ven, sienten y perciben que la delincuencia va en aumento y que las extorsiones, asaltos y robos al paso, son pan de cada día, no están pensando en que el Estado o sus representantes escuchen sus propuestas de solución. Ellos sienten y están convencidos que el Estado –representado por la Policía– es incapaz de ofrecer seguridad.

Y si, peor aún, fiscales y jueces, en lugar de perseguir el delito y denunciar a los delincuentes, los suelta; los ciudadanos de inmediato culpan al Estado ­como incapaz de ofrecer justicia.

Lo mismo puede decirse de las muertes absurdas de más de 130 niños en las alturas de Puno, Andahuaylas y Huancavelica a causa de una ola de frío que se repite periódicamente, sin que hayamos podido resolver el problema de abrigo más allá de entregar –mal, tarde y nunca– frazadas y casacas. El Estado se muestra incapaz de resolver el problema de fondo: salud.

¿Qué creen  que piensa la gente cuando un puente de menos de 4 años de inaugurado se desploma? ¿Que el concesionario privado no cumplió? ¿O que el Estado fue incapaz de supervisar la calidad de la obra? La negligencia estatal le pasa factura a la frustración o descontento ciudadano que inmediatamente piensa en la cantidad de dinero que se ha gastado en vano o que "alguien", se levantó plata colocando menos fierro y cemento del que correspondía.

Así, corrupción, negligencia o desidia burocrática, son algunos de los factores que corroen la eficacia del Estado para atender y resolver los problemas de los ciudadanos. Esto se traduce en insatisfacción o frustración ciudadana cuando se pregunta al hombre de a pie si siente satisfacción o insatisfacción con la democracia.

En resumen, la ineficacia del Estado puesta en evidencia en diversos órdenes de cosas, termina por minar el sistema de gobierno, llevándose de encuentro a toda la clase política. ¿O será al revés? El descrédito de la clase política, la ineptitud de los gobiernos de turno para resolver los problemas de la gente, son factores condicionantes para pulverizar el crédito ciudadano en la democracia.

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 Artículo publicado en Diario 16 el 27 de julio de 2015.