10 Lecciones de un autogolpe fallido

 

1. Las instituciones democráticas cumplieron su papel. El Tribunal Constitucional rechazó casi de inmediato el golpe de Estado y la quiebra del orden constitucional perpretado por Pedro Castillo Terrones. Pero fue el comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y  la Policía Nacional del Perú el que terminó de desmoronar la osadía palaciega al ratificar su respeto al orden constitucional establecido y señalar que la disolución del Congreso constituye una infracción a la Constitución que genera el no acatamiento de las instituciones armadas. 

 

2. Debe igualmente destacarse la sólida posición institucional en defensa de la democracia y el Estado de derecho que tuvieron el Poder Judicial, La Procuraduría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público. Los distintos órganos componentes del sistema condenaron el intento del golpe de Estado de manera escalonada a través de las redes sociales.

 

3. Un golpe sin preparación, ni respaldo, ni estrategia, es un acto fallido, políticamente suicida. El presidente fue víctima de su falta de convicción democrática como de sus impromptus, sus miedos y sus fantasmas. Nadie respaldó su temeridad. Ni su partido, ni sus congresistas, ni el Consejo de Ministros. Las declaraciones de Salatiel Marrufo tildándolo como cabeza de una organización criminal terminaron por destrozar sus nervios. El resultado fue el mensaje a la nación de un autócrata tembloroso, balbuceante, sin autoridad ni convicción.

 

4. Pero, no nos equivoquemos. Si bien su último acto fue desesperado, no lo fue su concepción. La vena autoritaria de Pedro Castillo se evidenció en múltiples momentos. No solo en el ataque permanente a las instituciones, sino también a la prensa. La prueba más reciente fue el acta del Consejo e Ministros del 24 de noviembre de 2022, donde consideran el rechazo de plano del Congreso a una propuesta de reforma constitucional sobre el referendo como primera confianza denegada. De ahí a provocar un nuevo intento de denegatoria de confianza y cerrar el Congreso estaba a un paso. 

 

5. La controversia entre poderes puede resolverse con un árbitro efectivo, equilibrado y oportuno. La medida cautelar del Tribunal Constitucional, que suspendió cualquier efecto que pudiera derivarse de la decisión del Poder Ejecutivo —de interpretar como denegada la confianza a la que se refiere el acta de la sesión del Consejo de Ministros del 24 de noviembre— echó por tierra el intento del Ejecutivo de pretender cerrar el Congreso legalmente. 

 

6. Los peruanos hemos aprendido a resolver los problemas por nosotros mismos. Hay algunas cosas de las que estamos curados: la hiperinflación, por ejemplo. En política, en cambio, arrastramos otras viejas taras, como confundir lo público con lo privado y  creer que el Estado es un botín. Que hayamos rechazado el intento de golpe de Estado, sin intervencionismos de terceros ni tutelajes, es una buena noticia para nuestra endeble cultura democrática. 

 

7. El rol de la prensa también merece señalarse. Sin su labor fiscalizadora no se habría llegado a donde estamos hoy. Semana a semana los medios fueron arañando y levantando capa por capa las obcenidades del régimen. Las declaraciones de Salatiel Marrufo prueban que tenían razón. En el poder se enquistó una maquinaria que no solo dilapidaba los recursos públicos, sino que, según ha confesado el testigo, rentaba los cargos para poder hacerlo. El ministro de Vivienda, por ejemplo, entregaba mensualmente 50 mil soles al jefe del Estado para que no ser removido del cargo. Ante estas denuncias, el poder respondió atacando, aislando, menoscabando a la prensa. Que lo sepan los políticos, con la prensa mal vecino es el amor y cuando no hay es peor. O, simplemente, mal con ellos, peor sin ellos.

 

8. La participación ciudadana ha sido vital. Esta vez no fueron marchas masivas, sino apenas un puñado de ciudadanos que rodeó las embajadas de Cuba y México en previsión de que Pedro Castillo busque asilo político. Estaban en lo correcto. Sin embargo, fue la propia escolta presidencial la que detuvo en flagrancia al fallido presidente golpista. Alertados por sus teléfonos celulares, otro pequeño grupo de transeúntes fue testigo de los hechos y grabó las incidencias. 

 

9. La crisis política no ha acabado. Se ha conjurado el ojo de la tormenta, pero continua la borrasca producto de la desconfianza y la fractura de la ciudadanía y la clase política. Las primeras señales de que no serán tiempos de calma vienen del sur del país. Se empiezan a generar manifestaciones que bien pueden ser aprovechadas por líderes extremistas. El horizonte de gobernar hasta el 2026, que ha señalado la presidenta Dina Boluarte, es legítimo, pero, probablemente, irreal. Un sector de la población seguirá exigiendo que el Congreso también se vaya. Para eso, la presidenta deberá aguzar sus sentidos para leer bien lo que la calle demanda.

 

10. La presidenta Dina Boluarte tiene la posibilidad de pasar a la Historia no solo como la primera mujer en ocupar la presidencia, sino como la que devolvió al país la tranquilidad pública,  reestableció la confianza en la política y lo reencaminó hacia la tranquilidad y el desarrollo. Puede hacerlo si se plantea reformas inmediatas, plazos realistas y si hace suyo el planteamiento de adelantar las elecciones antes que la efervescencia social nuevamente nos desborde. El gabinete que convoque debe ser de salvación nacional, formado por un presidente (a) del Consejo de Ministros con solvencia técnica, profesional y moral, capaz de convocar y concertar con un sector mayoritario de fuerzas políticas, dentro y fuera del Congreso. La elección de este personaje será crucial para saber si después de seis presidentes, en seis años, los peruanos aprendimos finalmente a valorar y respetar los plazos constitucionales de gobierno.

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y dónde están los políticos?

En circunstancias diferentes la crisis política permanente que atraviesa el Perú debería provocar un realineamiento de las fuerzas democráticas para arribar a un pacto que ponga freno al evidente deterioro no solo del gobierno, sino del sistema institucional.

Es un momento como para que los líderes políticos tomen la batuta y conduzcan el país hacia una solución o insurjan nuevos liderazgos con ideas claras sobre el qué hacer y con capacidad para armar una propuesta, comunicar bien el mensaje y movilizar y persuadir a las masas.

Pero no. Ni uno ni otro aparecen. 

Los líderes que necesitamos no existen más, y los nuevos tampoco. Es como si hubiéramos caído en un estado profundo de crisis de representación, de anomia de líderes carismáticos, huérfanos de ideas y deseos.

El Gobierno es más un intento fallido que un gobierno. Y sin embargo, dirige el país. Lo zarandea, lo resquebraja y, por fin, lo coopta de medianía. Mientras las instituciones languidecen, los poderes informales y lumpenescos ganan el forcejo al Estado y obtienen amnistía en multas y papeletas.

Y una vez más: ¿dónde están los profesionales de la política para ayudarnos a salir del atolladero? Paralizados en una especie de catatonia política. El campamento de Cuajone no tiene agua hace más de 40 días y nadie parece interesado en solucionar este problema. Esta falta de criterio en el manejo del Estado pone en riesgo la institucionalidad democrática que los peruanos —haciendo de tripas corazón— hemos amalgamado en los últimos años. 

La crisis política permanente que el Gobierno provoca amenaza con disolver este tejido institucional. Y, lo que es peor, deslegitima la democracia como sistema de gobierno. A tal punto que se empieza a vender la idea de que el descalabro de precios que padecemos se soluciona con un cambio de Constitución. 

Es como si se quisiera activar con calzador el “momento constituyente” cuando en realidad no estamos, sino, ante un “momento desfalleciente”. Desfallecen nuestros políticos, desfallecen las propuestas, desfallecen las ganas.

El problema con esta incapacidad en todos los frentes es que se puede provocar el abatimiento del propio sistema democrático. Si las soluciones al problema que vivimos no vienen de la civilidad, en un momento de máxima tensión, podría salir de los cuarteles. 

¿Qué esperan para empezar a mirar el cambio de la Mesa Directiva del Congreso y preparar la sucesión constitucional con criterio e incorporar en ella a congresistas como Roberto Chiabra o Gladys Echaíz?

¿Por qué no se autoconvoca el Acuerdo Nacional y firman de una vez todas las reformas mínimas que necesita el país no solo para pasar la página actual, sino para escribir en serio las que vienen?

¿Por qué nadie ha asumido la propuesta de Sagasti de juntar 76 mil firmas para reformar la Constitución y adelantar el proceso electoral?

¿Por qué no se discute en serio el proyecto de ley de la congresista Adriana Tudela para recortar el mandato de los congresistas a la mitad del actual periodo y aprobar su reelección?

Señores políticos, pónganse el alma. 

 

 

 

 

 

 

Gabinete en la sombra

 

No es el shadow cabinet del parlamento inglés, formado por legisladores de la oposición que fiscalizan cada uno de los ministerios del Gobierno de Su Majestad. Tampoco es una idea que circuló hace un tiempo en el sentido de formar en los partidos políticos comités espejo del Poder Ejecutivo para hacerle seguimiento a las políticas sectoriales del Gobierno de turno. No. 

 

El sentido de gabinete en la sombra que se ha conocido esta semana en el Perú alude a un poder paralelo dentro del propio Gobierno, que suplanta las funciones ministeriales, administra la agenda presidencial y ejecuta por sí y ante sí decisiones que franquean la delgada línea de lo indebido y lo ilegal.

 

Se trata de un grupo de asesores presidenciales que funcionan, en efecto, en la sombra, aconsejando al jefe del Estado, tomando decisiones del más alto nivel, ejecutando acciones por encima o al margen de los ministros, sin tener por ello responsabilidad alguna. Usurpando el poder, diría la historiadora Carmen Mc Evoy.

 

No es un gabinete, por cierto. Ni siquiera llega a ser un círculo de poder. Es apenas una camarilla de asesores mediocres que de la noche a la mañana se encontró en las ligas mayores del poder. Y en ese nivel juega con las reglas que sirven para los niveles iniciales y torcidos de la política populista, patrimonialista, mercantilista e informal de la que provienen. 

 

Es una forma de manejo que tienen muchas instituciones populares. Un producto de la precarización de la política en la que estamos empantanados desde hace décadas, que perfora la democracia, donde vale el compadrazgo, el amiguismo, la componenda, las relaciones turbias, el arreglo al margen de la ley. 

 

El gabinete en la sombra debiera ser una forma de convocar a la intelligentsia partidaria, sea que funcione dentro de la organización política o en el Congreso. No puede ser una modalidad para medrar a costa del Estado. Estos furúnculos de poder deben ser extirpados de raíz. Si se les deja activos se reproducen en todo el sistema, atrofiándolo.

 

Un Gobierno requiere fortalecer su capacidad de tomar decisiones. Decisiones eficientes y eficaces para enfrentar y solucionar los problemas que demanda conducir el país. Más que ningún otro funcionario, el presidente de la república requiere un equipo de asesores o consejeros que lo ayuden a cumplir su misión, estableciendo con claridad las prioridades políticas, económicas y sociales de su gestión.

 

Las habilidades personales del jefe de Estado no bastan. Menos aun cuando el presidente carece de ellas. El presidente se nutre de sus asesores, quienes no reemplazan en modo alguno a los ministros. Los asesores facilitan la toma de decisiones presidenciales. No tienen ni desarrollan agenda propia. Son de perfil bajo, aunque, eventualmente, pueden cumplir alguna función encomendada por el presidente que los pone en el foco de la atención pública.

 

Un líder necesita un equipo de asesores o consejeros. No un gabinete en la sombra, ni una piara de aprovechadores.

El centro político y el Estado centrado

En un país fraccionado y de extremos como el Perú, de profundas desigualdades económicas y sociales, no es raro que las posiciones políticas se radicalicen. Hasta se podría decir que es el curso natural de las cosas. El quintil rico es una franja estrecha, mientras los quintiles pobres son espacios anchos y desbordados. ¿Por qué habrían de pensar igual o defender los mismos intereses? 

 

La pandemia no ha hecho más que agravar esta diferencia. 

 

¿Qué pueden esperar los pobres en una situación apremiante y angustiante como la que viven a diario? ¿Defender la democracia, la libertad, el equilibrio de poderes, la Constitución? No es su prioridad. Su prioridad pasa por buscar el alimento para sobrevivir. Curar la salud. Sin educación, sin trabajo, enfermos y casi sin oportunidades, la necesidad extrema los empuja a soluciones radicales, extremas, desesperadas. 

 

Los valores y fundamentos de la democracia, siendo imprescindibles, carecen en la desesperanza de la fuerza del convencimiento objetivo para fortalecer el sistema. Es como si la angustia y la preocupación por el diario vivir nublara la razón. Pero no es así, nada más lúcido que defender primero la vida. Aunque esta sea solo sobrevivir.

 

El centro político en estas circunstancias no puede entenderse como un punto geométrico, equidistante en el plano económico o social del país, porque la línea económico social no es equilibrada. Si el desbalance es desproporcional el punto de balance también lo es. Por eso, alcanzar el “justo medio” no es ubicarse en la mitad, sino un poco más abajo, allí donde están la mayoría de los ciudadanos y sus reclamos.

 

Ser de centro significa recoger y atender las demandas que tienen los pobres en educación, salud, justicia, trabajo, servicios básicos, infraestructura, lucha contra la anemia, discriminación. Por nombrar solo algunas de las carencias. Lo que pasa por dirimir el falso dilema de mercado versus Estado. No es posible pensar —como creen los ultraliberales— que el libre juego del mercado resolverá los problemas y que cualquier intromisión del Estado es perjudicial. Tampoco es posible irse al otro extremo —como creen los ultraizquierdistas— en un Estado interventor que distribuya riqueza, cuando todos sabemos que en realidad lo que hará será distribuir pobreza.

 

Lo que en verdad necesitamos es un Estado fuerte. Fuerte no en el sentido de Estado burocrático, sino fuerte en el sentido de que sea capaz de ofrecer resultados. Un Estado débil es aquel que no puede administrar con eficiencia su sociedad. Un Estado fuerte es, en cambio, un Estado eficaz, capaz de ofrecer buena educación y salud, así como buenos servicios. Un Estado fuerte es a la vez un Estado promotor de las iniciativas individuales y sociales, y al mismo tiempo, promotor de la igualdad de oportunidades. 

 

Necesitamos un Estado que allane la cancha para todos, no que la incline para unos pocos en detrimento de las mayorías. Eso es tener un Gobierno de centro. Un Gobierno centrado en atender y resolver las demandas urgentes de quienes nacen en desigualdad de condiciones para beneficio de todos.

El Estado informal

Parece un oxímoron —la figura retórica que nace de la combinación de dos palabras de significado opuesto—, pero en el Perú no lo es. El Estado, la organización jurídica de la nación, la definición más ajustada a lo formal, alcanza en nuestro país dimensiones de todo lo contrario. 

 

Un Estado informal es la realidad de todos los días, que por lo mismo ya no llama la atención. Atraviesa la estructura orgánica de cabo a rabo. 

 

El Estado informal está en el cuaderno de ocurrencias de la comisaría de barrio, que anota el robo de tu celular o de los espejos de tu carro sin que se despliegue investigación alguna.

 

Está en la receta médica que prescribe un galeno en el hospital público y que no existe en la farmacia, sino en la cadena de boticas privadas que se disputan a los clientes frente al nosocomio.

 

Está también en las precarias carpas que se levantan en las afueras del hospital infantil donde durante semanas pernoctan los padres que vienen de provincias para asistir a sus hijos enfermos.

 

Está en el policía de tránsito que recibe un sencillo del infractor antes que cumplir con su deber y colocar la papeleta o perdonar al que transgrede la ley si la falta es leve.

 

Está en el secretario de juzgado que se reúne por lo bajo con alguna de las partes y coloca o reacomoda el expediente según sea el arreglo al que haya llegado.

 

Está, por cierto, en el Congreso de la República cuando aprueba proyectos alargando el uso de colectivos informales en corredores viales destinados —¡qué sorpresa!— para empresas de transporte formal.

 

Y está en el propio Poder Ejecutivo cuando nombra sendos funcionarios en cargos de primera importancia sin que tengan la experiencia ni las credenciales para el buen desempeño de la función pública. 

 

Pero, sobre todo, está en todos los mecanismos en donde lo que campea es la corrupción.

 

Antes de la pandemia ya teníamos más del 73% de nuestra economía en la informalidad (OIT, 2020). Hoy, ese porcentaje se ha disparado a más del 80%. 

 

En Chile, a propósito del debate presidencial que definió a su futuro presidente, se debatía con asombro el crecimiento de la informalidad económica en ese país al 30%. ¿Se imaginan al Perú con esos indicadores de informalidad?

 

El fenómeno informal en la economía es claramente, sobre todo al comienzo, una forma de subsistir. En la política, en cambio, es una señal de disfuncionalidad.

 

Nadie puede cuestionar que la informalidad económica ha resuelto el problema del empleo. Pero del empleo precario. La informalidad ha sido una válvula de escape de sociedades al límite como la nuestra.

 

Pero la informalidad política, desde el Estado, revela algo peor que la precariedad del puesto de trabajo. Revela la precariedad del sistema.

 

Un Estado que no puede proveer servicios públicos de calidad tiene un problema mayor que solo tener malos funcionarios. Un Estado informal retrae, desfavorece el propio desarrollo nacional.

 

El Estado informal perfora la confianza en el sistema. Y como todo sistema que falla y cuyo final es el desmoronamiento, un Estado informal es el paso más seguro a un Estado fallido.

 

 

Los primeros 100 ó 200 días de gobierno

Definir el rumbo de un Gobierno en los 100 primeros días es un número fortuito de la comunicación política. No es una medida exacta ni un plazo perentorio. Es más bien el resultado del pragmatismo y mercadotecnia de Franklin D. Roosevelt, quien en 1933 logró despertar en la ciudadanía confianza, esperanza y optimismo de que la crisis económica y la gran depresión se iban a solucionar.

Entre otras cosas, el Gobierno logró en ese periodo de tiempo armar un conjunto de 15 proyectos de ley que fueron luego explicados en detalle y de manera persuasiva en discursos, entrevistas y plazas, y empaquetados con el sugerente título de “The New Deal”. Los medios de comunicación respaldaron con entusiasmo las medidas. No fueron palabras inspiradoras solamente, sino acciones concretas de cambio, nuevas reglas de juego y una fresca inyección de dinero público.

De ahí en adelante, los marketeros políticos han considerado esos primeros 100 días como el tiempo suficiente para que un Gobierno defina aquellos rasgos que definirán el tipo de relación que tendrá con la ciudadanía. Lo que hizo Roosevelt en esos primeros 100 días fue un auténtico cambio de rumbo político y económico.

Es difícil medir con esos parámetros de éxito cualquier otro proceso de iniciación de gobierno. De hecho, los primeros 100 días del Gobierno del presidente peruano, Pedro Castillo, han sido todo lo contrario a lo que señala la praxis política. El gabinete de inicio fue cambiado, la solicitud de iniciativa legislativa para aprobar medidas tributarias no se ha aprobado, los escándalos en el nombramiento de funcionarios públicos han estado a la orden del día, la bancada oficialista se ha partido en dos, la popularidad del presidente decae y los medios de comunicación parecen todos estar alineados, pero en contra del Gobierno.

La sensación en los sondeos de opinión es que más bien estamos ante un Gobierno que no parece estar a la altura de las necesidades del país. La propuesta de nueva Constitución a través de una asamblea constituyente se encuentra en las últimas prioridades de la gente. Primero están la recuperación del empleo, la salud, la educación y la inseguridad ciudadana.

La pregunta en este caso sería: ¿y si en lugar de 100 se necesitaran 200 días? ¿Es posible cambiar la percepción? De lo que se trata en este caso es de despertar en la gente la sensación de confianza y optimismo. Confianza en que los actores políticos son los adecuados y conocen a dónde dirigir el barco, y optimismo de que llegaremos a buen puerto o, al menos, no sucumbiremos en el intento.

El Gobierno, como cualquier otro que recién empieza, tiene el poder necesario para rediseñar una política de comunicación que lo vuelva creíble, confiable y eficaz. No se trata solo de aspectos comunicacionales, claro está, sino de gestión y recursos humanos ad hoc. Es como construir una pirámide. Deberás colocar bien las bases desde el comienzo, de lo contrario, con seguridad, esta se desmoronará. 

Los errores, las rectificaciones y los colaboradores no calificados son la peor combinación que puede tener un Gobierno en cualquier periodo que se encuentre y, a la vez, el mejor escenario para cualquier medio de comunicación independiente. Los escándalos se venden solos.

El mejor recurso que tiene un Gobierno para comunicar y edificar la gran pirámide es el presidente. Y la mejor forma de llegar que tiene un presidente es hacerlo directamente a la población. Ahora, si el presidente decide no hablar o cuando lo hace se equivoca, estamos ante un problema mayor, que excede los primeros 100, los 200 o todos los días de cualquier mandato. Al final, como dice la teoría política, lo que los ciudadanos recordarán será todo lo que se hizo o no se hizo en esos primeros días de gobierno.

 

Comunicación (des) ordenada

Tres de cuatro peruanos quiere un cambio de gabinete. La misma proporción de personas cree que el presidente tiene una mala relación con la prensa. No solo porque no declara, sino porque cuando lo hace el mensaje luce desarticulado, débil, desordenado. 

 

¿Tiene el presidente un problema de comunicación o un problema político?

 

Ambos. Hay un problema de no comunicación en primer lugar y de falta de una relación fluida con los medios de prensa; y hay también un problema de puesta en escena del mensaje: de construcción, exposición y orden.

 

En la base hay, por supuesto, un problema mayor que es de naturaleza política relacionado directamente con lo desastroso que ha resultado la conformación de su primer gabinete. 

 

Las encuestas no son el problema, por lo que no hay razón para irse contra ellas porque los resultados no nos gustan. Ellas reflejan el sentir de la población en un momento dado. Sus resultados son el diagnóstico de un problema, no la receta.

 

Detectado el problema político el Gobierno deberá resolverlo en ese campo. Si no lo hace, probablemente, el Congreso lo obligará a hacerlo. 

 

Una abstención mayoritaria en el voto de investidura, por ejemplo, obligará sin duda al gobierno a reajustar el gabinete. Salvo que su propósito político sea extremar posiciones.

 

En el plano estricto de la comunicación, esta semana la cabeza del Gobierno, el presidente de la República, empezó a salir del estado de encierro y silencio en el que se encontraba. 

 

Se han programado actividades oficiales muy temprano. En ellas el presidente realiza alocuciones y declaraciones que son tomadas por la prensa, responde brevemente algunas preguntas, aunque aún no se atreve a una conferencia de prensa o entrevista en profundidad con un medio de comunicación.

 

Es un primer avance. Lo que falta en esta primera etapa es algo más simple: orden y transparencia en la comunicación de gobierno. 

 

En busca de ambos objetivos se podrían adoptar algunos mecanismos sencillos que permitirían ir solucionando y atemperando ese estado de exaltación y desorden que se nota cada vez que algún vocero declara a los medios en las inmediaciones de Palacio de Gobierno.

 

En primer lugar, sería adecuado que se reabra la Sala de Cronistas de Palacio de Gobierno, creada como espacio de trabajo de los hombres y mujeres de prensa que cubren las actividades oficiales del presidente de la República. Esto debiera ir acompañado del nombramiento de un secretario de prensa que mantenga relaciones cordiales y fluidas con los periodistas.

 

También sería de utilidad designar un vocero temático o político que declare a los medios en el frontis de Palacio de Gobierno, cerca de la Sala de Cronistas, en lugar de hacerlo en la parte trasera del edificio como ocurre ahora.

 

Estas declaraciones son siempre al final de la reunión y no al inicio como se desesperan ahora los medios que están en “transmisión en vivo” de forma permanente en sus múltiples plataformas.

 

Las declaraciones de los voceros serán utilizando un micrófono de pie y un buen sistema de sonido para evitar que la prensa se agolpe alrededor del entrevistado y lo aturda con preguntas simultáneas y de toda índole.

 

Para que exista la sensación de orden y transparencia, es posible ponerse de acuerdo con los periodistas y sortear turnos para que los colegas realicen sus preguntas de manera pausada y sin perturbaciones. 

 

La comunicación política en la sede de gobierno es fundamental para transmitir y fortalecer confianza en la ciudadanía. No hablar con la prensa o esconderse de ella es siempre la peor receta. En lenguaje sencillo, es mejor con prensa o con la prensa en contra que sin prensa. Si tenemos prensa al frente, la tarea es cuidar solo lo que decimos. 

 

 

Hambre y olla de presión

Mientras el Ejecutivo y el Congreso atizan el fuego político aumentando la olla de presión entre ambos poderes, la olla de los pobres no solo no hierve, sino que cada día luce más vacía frente al alza del costo de vida.

 

Las malas decisiones políticas generan efectos perniciosos en la economía, crea desconfianza en los actores, lo que a su vez termina expresándose en el desequilibrio y aumento de precios en alimentos, combustible y transporte. 

 

Frente a una economía convaleciente, en recuperación, no hay nada más letal que la especulación. En julio de este año, las Naciones Unidas habían advertido que el hambre y la desnutrición se agravarían este año como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. El año pasado, el 10% de la población mundial estuvo subalimentada. 

 

América Latina es la región donde más se sintió el dolor que genera el hambre: 60 millones de personas sufren hambre y, en general, unas 267 millones de personas enfrentan una situación de inseguridad alimentaria. 

 

En el Perú, lo vemos a diario en las ollas comunes que se abren en los asentamientos humanos que empiezan a cocinar con leña debido al excesivo costo del gas propano.

 

El economista David Tuesta calcula que actualmente entre 3 y 4 millones de peruanos sufren hambre. Los políticos, por sus incompetencias gerenciales o por sus anteojeras ideológicas, no pueden permanecer impávidos frente a esta situación. 

 

Una persona o familia con hambre es un condenado civil. Es susceptible de contraer enfermedades, lo que disminuye su potencialidad como ser humano.  El deterioro constante de su calidad de vida limita severamente su desarrollo personal, familiar y su aporte a la sociedad.

 

En julio del año pasado ya advertíamos esta situación en estas mismas páginas. Temporadas de hambre hemos tenido siempre, decíamos. Incluso antes de la pandemia, miles de familias padecían de subalimentación y hambre. 

 

“(...) las ollas comunes se multiplican en la periferia de Lima. No hay gas ni querosene para cocinar. Se cocina a leña o con pequeños restos de madera. Avena en las mañanas para el desayuno. Arroz, menestras y torrejas de verduras para el almuerzo. Los niños y los ancianos primero. Los mayores, si alcanza”, señalamos. Hoy ya no hay ni torrejas, solo menestra y aderezo de cebollita y tomate.

 

Como bien señala Carolina Trivelli, atender la emergencia del hambre es prioritario, pero insuficiente. Se requiere de una política de Estado que cubra las necesidades nutricionales básicas de los individuos. Y una entidad responsable de la seguridad alimentaria y nutricional que dirija dicha política 

 

Cualquier respuesta que se elabore debe pasar por el reconocimiento de las ollas comunes, considerándolas núcleos ejecutores para que sean sujetos de un bono económico directo.

 

Debe, asimismo, incorporarse en primera línea a los profesionales de la nutrición para que asistan a las ollas comunes y se mejore la dieta alimenticia.

 

El esfuerzo del sector privado debe ser mejor canalizado para evitar duplicidades. La experiencia del Banco de Alimentos en ese sentido es valiosísima. Ellos saben cómo organizar y distribuir mejor la ayuda aplicando criterios territoriales por zonas y cuadrantes.

 

El sistema de monederos virtuales tipo Yape, Luquita, Tunki, Plin y otros, de amplia difusión en los sectores populares, sería también una manera directa de hacer llegar el efectivo a las madres organizadas en las ollas. 

 

El Congreso y el Ejecutivo se encargan todos los días de atizar el fuego y aumentar la olla de presión política, mientras en los barrios más necesitados los pobres sufren pa’ parar la olla por el incesante, persistente y criminal aumento del costo de vida. 

 

Ojalá alguien recuerde aún a Napoleón: “Un ejército marcha sobre su estómago”. Una sociedad también.