Tiempos violentos

 

En los últimos años, la protesta social en el país, como en el resto de América Latina, ha estado vinculada a lo que se conoce como reacciones antimercado, sea que se trate de protestas por demanda de derechos (defensa de la provisión de agua, protección de los campos agrícolas) o protestas por demanda de servicios (educación, salud, agua potable, carreteras).  

 

Los paros, movilizaciones y luchas sociales en general han estado ligadas a la privatización o extracción de recursos naturales y a la exigencia de derechos económicos y sociales. Desde la década de los noventa, cuando empezó en el Perú la aplicación de políticas liberales, y aun cuando su intensidad fue variable —alguna de ellas muy duras y violentas— las protestas surgían, se desarrollaban y desaparecían encapsuladas en el ámbito subnacional.

 

Las protestas que vemos hoy en día, en cambio, han roto esa cápsula y poco a poco empiezan a tener una dimensión nacional. ¿Qué une a un poblador que protesta en Madre de Dios, en Arequipa, en Cusco, con uno de Lambayeque, Lima o Ica? Es difícil encontrar una causa. Hay multiplicidad de ellas. Hay razones políticas, sociales y económicas, culturales, pero el nervio que articula todas ellas es político.

 

No es un movimiento de pueblos originarios que busca conquistar el poder. No estamos ante un aumento o “nueva escala de la protesta” (McAdam, Tarrow &Tilly, 2001), en el que casos aislados se convierten en crecientes corrientes de movilización, protestas a nivel nacional, de vinculaciones étnicas, como las ocurridas en países vecinos como Ecuador y Bolivia (Arce, 2015). 

 

Tampoco se trata de “pueblos originarios alzados”, de inspiración separatista. Son más bien masas rurales campesinas y urbano populares empobrecidas secularmente, indignadas por una serie de acontecimientos diversos, que van desde un Estado ausente, pasando por un mercado desequilibrado y un futuro sin esperanza que se siente lejano y ajeno. Es, en suma, una violencia política que se retroalimenta del rechazo al establishment político.

 

El descontento popular de insatisfacción se enhebra además con la respuesta política de un sector importante de la sociedad (30 % en promedio nacional,  40 % en las zonas rurales) que defiende a Pedro Castillo, que lo siente uno de ellos, que cree que la presidenta Dina Boluarte lo ha traicionado; y que ve el golpe de Estado de Castillo no como un acto autoritario de ruptura de la democracia, sino como la respuesta de un hombre asediado, acorralado, al que no lo dejaron gobernar.

 

Las marchas sin fin, que vemos desde hace dos meses, reflejan el low level de las instituciones democráticas para un sector de la población. Somos una democracia de baja intensidad que para una mayoría solo está en la superficie de la sociedad, en Lima y algunas ciudades, sin que haya penetrado en el tejido social del llamado Perú profundo. 

 

Son tiempos violentos en los que ha colapsado el sistema de representación. El país estalla ante un inexistente sistema de partidos políticos. Ni los congresistas, ni los gobernadores, ni los alcaldes, logran canalizar la protesta social o siquiera establecer puntos de inicio de conversaciones. Y no pueden hacerlo porque la gente tampoco confía en ellos.

 

Estamos recogiendo los resultados de la falta de confianza institucional y personal que padecemos los peruanos. Ojalá encontremos pronto los espacios de diálogo y los interlocutores necesarios para salir de este estado de barbarie en el que estamos, y nos sentemos a procesar nuestras diferencias. No podemos aceptar que Lima siga siendo asediada por oleadas.

 

Si la violencia continua y el Gobierno no es capaz de detener la espiral de violencia, y cada vez se muestra más débil para devolver el orden y la tranquilidad pública que el país necesita, entonces, la renuncia de la presidenta Boluarte debiera ponerse sobre la mesa. Antes, por supuesto, tiene la posibilidad de quemar el fusible general para evitar que se incendie toda la casa.

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Foto: Víctor Ch. Vargas

La democracia bajo asedio

Al final, estallaron las movilizaciones. No las que reclamaban la renuncia de Pedro Castillo por las denuncias de corrupción, sino las del interior del país que exigían su liberación, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones generales y nueva asamblea constituyente.

 

El alto grado de violencia y destrucción de estos estallidos, los ataques a objetivos estratégicos precisos en diversos puntos del país y los mensajes instigadores de políticos extremistas denotan un bien montado plan para socavar el orden público, mezclado con espontáneas y legítimas manifestaciones de protesta. 

 

Las turbas atacaron aeropuertos e incendiaron locales del Ministerio Público, Poder Judicial, comisarías; e irrumpieron en empresas privadas como Danper y Laive, en Arequipa; asaltaron la planta de gas en Kepashiato, la central hidroeléctrica del Mantaro; apedrearon tiendas, comercios; quemaron garitas de peaje, buses y autos particulares; interrumpieron la red vial nacional; generaron disturbios y saqueos.  

 

No es la manera como se reclama en una democracia. Es más bien una forma de asonada contragolpista de grupos que no creen en el sistema democrático en contubernio con guetos financiados por una economía ilegal que viven de la informalidad, la ilegalidad, la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato. 

 

Estos grupos radicales son los que ponen hoy la democracia bajo asedio, a quienes el Estado debe identificar y diferenciar de quienes legítimamente salen a protestar exigiendo nuevas elecciones generales. No es lo mismo pedir el cierre del Congreso que disparar un arma hechiza contra un policía o soldado.

 

Hasta el momento se cuentan veinticinco víctimas civiles por enfrentamientos con las Fuerzas del Orden. Es lamentable y doloroso conocer este saldo luctuoso. El uso de la fuerza debe ser proporcional. Y cualquier exceso debe ser investigado y castigado. 

 

El Estado es el propietario del uso legítimo de la fuerza. Nosotros, los civiles, le entregamos esa responsabilidad cuando decidimos vivir en sociedad y dejamos de usar la violencia para resolver nuestras diferencias entre individuos. 

 

Cuando grupos violentos rebasan el poder de la policía nacional, cuando se bloquean carreteras, aeropuertos y se atenta contra la propiedad pública y privada paralizando las actividades económicas, conculcando derechos civiles y sociales, el Estado debe recurrir al uso extremo y legal de su fuerza. Y esta, en estado de emergencia, como sabemos, la ejercen las Fuerzas Armadas.

 

Por supuesto que se condenan los excesos. Ningún soldado en democracia debe apuntar sus armas contra sus ciudadanos. Pero tampoco los ciudadanos pueden irrumpir de manera violenta contra el orden y tranquilidad pública, e imponer su poder a costa del terror. 

 

No se puede tomar un aeropuerto, dañar sus instalaciones y pretender que la democracia no actúe en defensa inmediata de la gran mayoría de ciudadanos afectados por esa conducta criminal. Para eso existe la fuerza pública. Si la democracia es puesta bajo asedio, debe defenderse. 

 

 

Congreso: los no agrupados

Por decisión de los peruanos, dos fuerzas han sido seleccionadas para dirimir la segunda vuelta: Perú Libre y Fuerza Popular. Entre ambas, suman el 26% del total de votos emitidos. Es decir, ambas agrupaciones representan, strictu sensu, las dos primeras minorías.

 

Por consiguiente, existe al menos un 74% de peruanos que no votó por alguna de estas dos fuerzas políticas. Esta es la gran mayoría dispersa que tomará una decisión final el próximo 6 de junio. Juntos, pero no agrupados.

 

Desde las instituciones civiles han salido propuestas para ayudar a encausar ese proceso de dirimir. Gustavo Gorriti, por ejemplo, plantea fortalecer la sociedad civil y obligar a que los dos candidatos esclarezcan aspectos puntuales en torno a mantener y fortalecer el sistema democrático.

 

El politólogo Alberto Vergara, aplicando el minimalismo eficaz, ha reducido a cuatro palabras la necesidad de arrancar un acuerdo para hacer viable la gobernabilidad en los próximos cinco años: “No vacar, no disolver”.

 

Max Hernández acaba de anunciar que el Acuerdo Nacional puede ser el escenario para que los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta inicien el proceso de comprometerse con el país a una agenda viable y realista. 

 

En realidad, todas las propuestas se complementan con una sola condición: en ese proceso de construir y fortalecer la gobernabilidad deben participar las fuerzas políticas que ya componen el Congreso 2021-2026.

 

La sociedad civil organizada será siempre una fuerza decisiva para generar los cambios. Pero la democracia tiene sus mecanismos de representación, que exigen a las fuerzas políticas responsabilidad en el ejercicio de su tarea.

 

Con los resultados que ya tiene la ONPE, la distribución de escaños sería así: Perú Libre (37), Fuerza Popular (24), Acción Popular (16), Alianza para el Progreso (15), Renovación Popular (13), Avanza País (7), Podemos Perú (5), Juntos por el Perú (5), Somos Perú (5), y Partido Morado (3). 

 

Esto coloca, sin acuerdo alguno, a Perú Libre con 37 curules, Fuerza Popular con 24 y al resto de fuerzas políticas con 69. ¿Es posible que estas fuerzas, dispersas, diversas y numéricamente mayoritarias, se unan para formar un bloque democrático (de izquierda, centro y derecha), y proponer una agenda legislativa?

 

Sería lo ideal. La suma de las fuerzas minoritarias haciendo mayoría con la sola decisión de unirse y proponer una agenda legislativa nacional puntual que se comprometen a defender, independientemente de quién asuma la presidencia. Pero, no. No somos Suiza. Y ver a Mendoza y López Aliaga juntos es algo no solo surrealista, sino utópico. Así que por allí no va la cosa. 

 

Lo único concreto es que quien gane la segunda vuelta necesitará para gobernar los votos de este bloque caleidoscópico. La pregunta es, entonces, ¿cuál de los dos candidatos de segunda vuelta asegura una mejor conjunción de votos dentro del Congreso para gobernar? ¿Puede Castillo asegurar los 66 u 87 votos que requerirá para aprobar sus iniciativas legislativas en caso sea el próximo presidente? ¿Es Keiko la que mejor asegura esta necesidad? 

 

¿No sería bueno escuchar YA a estos grupos que gobernarán el país el próximo quinquenio? Hasta ahora solo APP lo ha hecho con una propuesta bastante sensata: no tocar lo de la asamblea constituyente hasta el 2022 y centrarse en los temas de lucha contra la pandemia y reactivación económica.

 

Estamos de acuerdo en que los candidatos a segunda vuelta se comprometan a un mínimo de puntos que asegure el mantenimiento de la democracia, la libertad y la gobernabilidad. Pero también es necesario que todas las fuerzas políticas representadas en el futuro Congreso fijen una posición. 

 

Después de todo, los votos para todo propósito se trabajan y se definen allí. 

La República ausente

 

No es casualidad que el voto del profesor Pedro Castillo recorra las nervaduras del Ande, sumando adhesiones en el norte, centro y sur. Su voto es principalmente serrano. Sucedió lo mismo en las elecciones pasadas. No sorprende, digo, que las poblaciones históricamente menos integradas al Estado nación reclamen inclusión gritando su descontento cada cinco años en las urnas. 

 

Lo que sorprende es que sigan haciéndolo democráticamente. Desafección hay en las urbes. En las zonas rurales lo que hay es abandono, pobreza y un futuro incierto. En estas zonas donde no hay carreteras, ni reservorios de agua, ni conectividad, es imposible que se quiera convencer a la gente con una campaña por redes sociales.

 

Las redes sociales que existen allí son las de carne y hueso: la familia, la comunidad, la junta de regantes, las rondas, la escuela, las Fuerzas Armadas en menor medida, y la Iglesia en sus diferentes expresiones. Y la radio y televisión.

 

Lo que este grupo de peruanos busca es respuesta a sus principales necesidades. Una agenda concreta que los haga sentir no solo compatriotas, contigo Perú, sino ciudadanos con derechos. En todos los procesos electorales esta población exige inclusión real. Son hijos de la República. Pero no reconocidos aún. Estos connacionales tienen madre patria, pero no un padre estado. Son hijos de La República ausente.

 

La descentralización que se pensó como una medida para desconcentrar la gestión, y mejorar la presencia del Estado en las regiones, lo único que repartió fue la corrupción. Las escuelas nacionales son hoy edificios fantasmales. Ni hablar de los hospitales, abandonados e insuficientes. 

 

La crisis para todos es tremenda, pero en algunos lugares del Perú es colosal y permanente. Por eso, más que la forma cómo votaron las regiones, que, repito, no es novedad, lo que debe preocuparnos es el débil respaldo que tuvieron quienes pasaron a segunda vuelta. 

 

Como señala muy bien Martín Hidalgo hoy en El Comercio, el pase a la segunda vuelta de Pedro Castillo y Keiko Fujimori es el más bajo de los últimos 40 años. Descontando el ausentismo electoral, los votos blancos y viciados, Castillo pasa con 10,6% de votos reales y Keiko con 7,4%. Con esos resultados ninguno podría haber disputado la segunda vuelta en los últimos procesos electorales democráticos. 

 

El desplome es en todos los candidatos. Keiko obtuvo 6 millones de votos el 2016 y Pedro Pablo Kuczynski 3 millones. Ahora, Castillo obtiene alrededor de 3 millones de votos y Keiko no llega a 2 millones. La explicación no puede ser solo la crisis pandémica o la sola desafectación por la política. 

 

Podríamos estar ante algo más profundo. Parodiando la jerga de los abogados sería una especie de conjunto real de razones que tiene como resultado un resentimiento del sistema. O como señaló César Hildebrandt hace unas semanas, quizás estemos ante la primera señal del surgimiento de una auténtica oclocracia, el gobierno de las muchedumbres, en la definición de Aristóteles.

 

Las razones para llegar a esa nueva realidad son muchas, pero en la base, de todas maneras, está la combinación letal de corrupción y pandemia. Una respuesta al canibalismo político observado en plena pandemia. Políticos insensibles, capaces de arrancarse el poder a dentelladas. Angurrientos de poder y fortuna, carentes de eficacia para comprar oxígeno o vacunas, e incapaces para escuchar y resolver los problemas permanentes del Ande.