La primera contradicción que salta en la entrega de alimentos a los pobres es la gravedad de la inflación. Si, como dice el gobierno, no hay escalada de precios, sino un aumento pasajero producto de factores externos, por qué entonces sobre reacciona repartiendo comida.
¿Hay inflación o no?
Segundo, ¿cómo evitará el gobierno politizar la entrega de alimentos, si hoy en cada inauguración lleva su portátil aprista con globos, pancarta y fanfarria de “La vida es un carnaval” incluida?
Las organizaciones sociales de base contribuyeron en su momento a paliar el hambre de un sector pobre de la sociedad; nacieron bajo el espíritu solidario de la unidad en la carencia.
Se fomentaron lazos de sociabilidad importantes y se desarrollaron experiencias micro empresariales exitosas; pero hoy por hoy nadie puede negar que al igual que otras organizaciones de la sociedad tienen un alto componente de politización, filtración y corrupción.
Los comedores populares, los comités de Vaso de Leche y los comedores autogestionarios han sufrido un fuerte deterioro en sus valores primigenios y, lo que es peor, diversos estudios muestran que no son cien por ciento efectivos en llevar a los pobres del asistencialismo a la gestión productiva.
Enrique Vásquez señalaba hace poco que de los cinco millones de beneficiarios que tiene el Vaso de Leche, no más del 11%, o sea 550 mil, son de extrema pobreza. “El resto son pobres, necesitan, pero hay más de un millón de pobres extremos que no reciben esa ayuda”.
Un informe del Banco Mundial revelaba el fracaso de los programas sociales en la lucha contra la desnutrición infantil pese a que existe una buena cobertura.
"Son pocos los programas alimentarios que muestran haber sido bien diseñados. Su bajo impacto sobre la nutrición se debe a que no están focalizados en los niños pequeños y a que se concentran excesivamente en el reparto de alimentos antes que en monitorear el crecimiento de los pequeños y en enseñar a las madres cómo alimentarlos y cuidarlos", señala el informe.
Hay experiencias exitosas de comedores que se han transformado en panaderías, talleres de metal-mecánica o talleres textiles; organizaciones generadoras de empleo e ingresos sostenidos.
Pero una gran mayoría ha sido víctima de copamiento familiar, grupal o político partidario.
¿Dejará el gobierno que sea la Iglesia la que entregue estos alimentos o lo hará a través de sus cúpulas partidarias anidadas en las organizaciones sociales de base?
¿A cuál de los dos Jorge del Castillo le creemos: al que dijo en Lurín que primero se atendería a los que votaron por Alan García, o al que se preocupa por la comida de las madres solteras?
Si alguna experiencia tiene el partido de gobierno es en cooptar organizaciones sociales de base. ¿Se entregarán los víveres en una bolsa con la foto de Alan? Quizás más que en paliar el hambre de los pobres, el gobierno esté pensando en subir los bonos del presidente, un tráfico indigno por donde se le mire.
Inflación Perú
Alan Garcia
Precios de alimentos
25 marzo, 2008
19 marzo, 2008
Control o competencia de precios
(Desde Piura) Parecía que despertaba de una pesadilla. El Premier Del Castillo anunciaba que le declaraba la “guerra a la especulación de precios”; la ministra Fernández pedía sanción para los especuladores; el ministro Rey iría a los muelles a vigilar el precio del pescado; Indecopi recorrería hoy mercados y hasta la policía levantaría atestados y encerraría a criminales minoristas por esta guerra de precios altos.
Una vez más, el gobierno yerra en tratar el tema inflacionario. Y volvemos a las fallidas recetas ochentistas cuando Del Castillo iba, en efecto, a los mercados a pesar papas y camotes, y defender el fallido sistema de control de precios.
En el Perú del 2008 no hay delito de especulación de precios, porque ya no existen “precios oficiales” que controlar. El precio es libre y se pacta en cada transacción a lo largo de la cadena de producción y comercialización.
No es tarea de los ministros vigilar los mercados, ha dicho Del Castillo, soplándole esa responsabilidad a los alcaldes distritales. Tampoco. Los alcaldes no pueden ir vara en mano a controlar el precio de los huevos, las papas y los tomates.
Lo que deben hacer las autoridades locales es dar facilidades para fomentar la competencia de productos.
En ese caso, los alcaldes debieran alertar, comunicar, informar a la ciudadanía qué productos tienen precios atractivos en sus respectivos mercados para atraer, motivar, conquistar a los consumidores. En marketing, eso se llama BTL, impulsar un producto de manera directa.
El gobierno propone, en cambio, usar el garrote y golpear al más débil de la cadena: el minorista, que no hace, sino protegerse ante el factor psicológico que prima en toda ola alcista.
Perseguir a los minoristas puede generar un problema mayor; escasez.
Los minoristas para protegerse de la autoridad y para defender sus precios altos podrían esconder sus productos.
Peor aún, la escasez ficticia de los alimentos puede devolvernos a los días oscuros del uso del caramelo para endulzar el té.
Sí eso ocurre, será muy complicado salir del hoyo inflacionario.
Y en ese caso, ya no tendremos sólo la sensación de estar en una pesadilla, sino que la viviremos en carne propia... aterrador.
Inflación
Alan García
Control de Precios Perú
Una vez más, el gobierno yerra en tratar el tema inflacionario. Y volvemos a las fallidas recetas ochentistas cuando Del Castillo iba, en efecto, a los mercados a pesar papas y camotes, y defender el fallido sistema de control de precios.
En el Perú del 2008 no hay delito de especulación de precios, porque ya no existen “precios oficiales” que controlar. El precio es libre y se pacta en cada transacción a lo largo de la cadena de producción y comercialización.
No es tarea de los ministros vigilar los mercados, ha dicho Del Castillo, soplándole esa responsabilidad a los alcaldes distritales. Tampoco. Los alcaldes no pueden ir vara en mano a controlar el precio de los huevos, las papas y los tomates.
Lo que deben hacer las autoridades locales es dar facilidades para fomentar la competencia de productos.
En ese caso, los alcaldes debieran alertar, comunicar, informar a la ciudadanía qué productos tienen precios atractivos en sus respectivos mercados para atraer, motivar, conquistar a los consumidores. En marketing, eso se llama BTL, impulsar un producto de manera directa.
El gobierno propone, en cambio, usar el garrote y golpear al más débil de la cadena: el minorista, que no hace, sino protegerse ante el factor psicológico que prima en toda ola alcista.
Perseguir a los minoristas puede generar un problema mayor; escasez.
Los minoristas para protegerse de la autoridad y para defender sus precios altos podrían esconder sus productos.
Peor aún, la escasez ficticia de los alimentos puede devolvernos a los días oscuros del uso del caramelo para endulzar el té.
Sí eso ocurre, será muy complicado salir del hoyo inflacionario.
Y en ese caso, ya no tendremos sólo la sensación de estar en una pesadilla, sino que la viviremos en carne propia... aterrador.
Inflación
Alan García
Control de Precios Perú
16 marzo, 2008
Alza de precios desmorona a García
(DPA) .- La popularidad del presidente peruano Alan García disminuyó tres puntos hasta el 28%, frente a un 68% que desaprueba su gestión iniciada en julio del 2006, indicó hoy una encuesta de la empresa Apoyo.
El sondeo de opinión, realizado en Lima y 15 ciudades representativas del país, entre el 11 y 13 de marzo, señala que la caída en el respaldo a la administración de García continúa, pues en enero contaba con 32% y en febrero bajó a 31%.
García, líder del gobernante Partido Aprista Peruano, alcanzó su mayor nivel de popularidad en octubre del 2006 con 57% y en diciembre del 2007 descendió a 33%, para ubicarse en marzo de 2008 en 28%.
En una reciente encuesta nacional de la Compañía Peruana de Investigación (CPI), la desaprobación de García se incrementó de 61,9% en diciembre pasado a 64,7% en marzo frente a un 28,2% que lo respalda.
Entre las causas de la perdida de popularidad del político socialdemócrata, Apoyo menciona el alza de precios de los productos de primera necesidad, el incumplimiento de las promesas electorales y la falta de trabajo.
Un 64%, asimismo, sostiene estar muy afectado por el incremento de la inflación (1,13% en los primeros dos meses) y durante el 2007 alcanzó 3,93%, en tanto un 45% dice padecer por la caída del dólar (3,50 soles por dólar en 2001 a 2.80 soles actual).
La imagen de las instituciones también está mermada, de acuerdo a Apoyo, ya que tienen alta desaprobación los Poderes Legislativos (78%), Judicial (76%) y Ejecutivo (68%). El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, es criticado por el 64%.
Para el 87% de los consultados, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, debe renunciar al cargo y el 62% le atribuye responsabilidad por la muerte de cuatro campesinos durante un paro agrario en febrero pasado.
Inflación Perú
Popularidad
Alan García
El sondeo de opinión, realizado en Lima y 15 ciudades representativas del país, entre el 11 y 13 de marzo, señala que la caída en el respaldo a la administración de García continúa, pues en enero contaba con 32% y en febrero bajó a 31%.
García, líder del gobernante Partido Aprista Peruano, alcanzó su mayor nivel de popularidad en octubre del 2006 con 57% y en diciembre del 2007 descendió a 33%, para ubicarse en marzo de 2008 en 28%.
En una reciente encuesta nacional de la Compañía Peruana de Investigación (CPI), la desaprobación de García se incrementó de 61,9% en diciembre pasado a 64,7% en marzo frente a un 28,2% que lo respalda.
Entre las causas de la perdida de popularidad del político socialdemócrata, Apoyo menciona el alza de precios de los productos de primera necesidad, el incumplimiento de las promesas electorales y la falta de trabajo.
Un 64%, asimismo, sostiene estar muy afectado por el incremento de la inflación (1,13% en los primeros dos meses) y durante el 2007 alcanzó 3,93%, en tanto un 45% dice padecer por la caída del dólar (3,50 soles por dólar en 2001 a 2.80 soles actual).
La imagen de las instituciones también está mermada, de acuerdo a Apoyo, ya que tienen alta desaprobación los Poderes Legislativos (78%), Judicial (76%) y Ejecutivo (68%). El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, es criticado por el 64%.
Para el 87% de los consultados, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, debe renunciar al cargo y el 62% le atribuye responsabilidad por la muerte de cuatro campesinos durante un paro agrario en febrero pasado.
Inflación Perú
Popularidad
Alan García
13 marzo, 2008
Inflación, dólar y agua salada
El gobierno del presidente García se acaba de anotar dos nuevos logros esta semana: el dólar llegó a 2.81 soles, el nivel más bajo de los últimos diez años, y la inflación anualizada a febrero se elevó a 4.8%, la más alta desde 1999. La inflación de alimentos se disparó ese mismo mes a 8%.
Han salido a explicar la crisis el presidente del BCR, el ministro de Economía y hasta el propio presidente García. Le han ehcado la culpa a factores externos, a las lluvias y huaycos y hasta Indecopi investigará si no hay concertación de precios.
Pero de lo que no hay duda es que el desarreglo económico es un hecho. Muy pocos han reparado en la crítica del economista Juan José Marthans, quien sostiene que la inflación peruana no obedece sólo a factores externos, sino a medidas internas desfavorables.
Una de ellas es el aumento del gasto público no financiero hecho por –escuchen bien- el propio Gobierno que en un afán por aparecer en la foto gasta a tientas y locas soltando soles a la calle. Otra es la burbuja de créditos a sola firma que realiza la banca privada ¿acaso no reciben a diario al menos tres llamadas ofreciendo plata para comprar cualquier cosa?
Y la más osada, señalada por Marthans, es la especulación que genera ganancias oscuras con el manejo de la tasa de cambio del dólar. “Sí, los primeros beneficiados con el programa económico de este gobierno son los especuladores y los importadores”, dijo hoy en RPP el economista de la Universidad del Pacífico. ¿Quién está ganando con el manejo de la paridad cambiaria?
El precio oficial del dólar no existe hoy en el Perú. Los exportadores ponen el grito al cielo porque reciben menos soles por los dólares que ganan vendiendo afuera. Pero ¿qué hay de los pobres?.
Se calcula que las remesas de peruanos que trabajan en el exterior suman alrededor de 3 mil millones de dólares. De esta cantidad, al menos la mitad, 1.500 millones de dólares, va a provincias. Entre inflación y tipo de cambio, estos dólares se han depreciado en 10%, lo que equivale a decir que los más pobres perdieron unos 150 millones de dólares de su capacidad adquisitiva.
Para el común de los mortales el dólar hace rato que dejó de tener un solo precio. Ya no sólo existe el dólar del mercado negro y el bancario. También el dólar de ventanillas está alterado. Veamos:
El dólar oficial está cotizado en 2.81 soles; pero si vas comprar a Saga Fallabella, ese mismo dólar vale 2.80. Si decides echarle gasolina a tu carro, ese dólar representa 2.78 soles y si tienes una deuda en SCI tu dólar vale 2.75 soles. Pero si pagas el recibo de luz de tu casa en el BCP, el mismo dólar se cotiza en 2.74 soles. Una locura.
Y encima, el gobierno quiere construir megaedificios para albergar burócratas y el presidente García dice que desalinizar el agua de mar es más barato que traerla de la sierra. Ya pues. Que alguien ponga orden en casa.
Han salido a explicar la crisis el presidente del BCR, el ministro de Economía y hasta el propio presidente García. Le han ehcado la culpa a factores externos, a las lluvias y huaycos y hasta Indecopi investigará si no hay concertación de precios.
Pero de lo que no hay duda es que el desarreglo económico es un hecho. Muy pocos han reparado en la crítica del economista Juan José Marthans, quien sostiene que la inflación peruana no obedece sólo a factores externos, sino a medidas internas desfavorables.
Una de ellas es el aumento del gasto público no financiero hecho por –escuchen bien- el propio Gobierno que en un afán por aparecer en la foto gasta a tientas y locas soltando soles a la calle. Otra es la burbuja de créditos a sola firma que realiza la banca privada ¿acaso no reciben a diario al menos tres llamadas ofreciendo plata para comprar cualquier cosa?
Y la más osada, señalada por Marthans, es la especulación que genera ganancias oscuras con el manejo de la tasa de cambio del dólar. “Sí, los primeros beneficiados con el programa económico de este gobierno son los especuladores y los importadores”, dijo hoy en RPP el economista de la Universidad del Pacífico. ¿Quién está ganando con el manejo de la paridad cambiaria?
El precio oficial del dólar no existe hoy en el Perú. Los exportadores ponen el grito al cielo porque reciben menos soles por los dólares que ganan vendiendo afuera. Pero ¿qué hay de los pobres?.
Se calcula que las remesas de peruanos que trabajan en el exterior suman alrededor de 3 mil millones de dólares. De esta cantidad, al menos la mitad, 1.500 millones de dólares, va a provincias. Entre inflación y tipo de cambio, estos dólares se han depreciado en 10%, lo que equivale a decir que los más pobres perdieron unos 150 millones de dólares de su capacidad adquisitiva.
Para el común de los mortales el dólar hace rato que dejó de tener un solo precio. Ya no sólo existe el dólar del mercado negro y el bancario. También el dólar de ventanillas está alterado. Veamos:
El dólar oficial está cotizado en 2.81 soles; pero si vas comprar a Saga Fallabella, ese mismo dólar vale 2.80. Si decides echarle gasolina a tu carro, ese dólar representa 2.78 soles y si tienes una deuda en SCI tu dólar vale 2.75 soles. Pero si pagas el recibo de luz de tu casa en el BCP, el mismo dólar se cotiza en 2.74 soles. Una locura.
Y encima, el gobierno quiere construir megaedificios para albergar burócratas y el presidente García dice que desalinizar el agua de mar es más barato que traerla de la sierra. Ya pues. Que alguien ponga orden en casa.
09 marzo, 2008
Cumbre de Río Declaración de Santo Domingo
Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política -Grupo de Río- reunidos en ocasión de la XX Reunión Cumbre en Santo Domingo, República Dominicana, atentos a la situación que prevalece entre Ecuador y Colombia, hemos convenido en emitir la siguiente Declaración:
1. Son motivo de profunda preocupación para toda la región los acontecimientos que tuvieron lugar el primero de marzo de 2008 cuando fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia incursionaron en territorio de Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del Gobierno de Ecuador para realizar un operativo en contra de miembros de un grupo irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraba clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano.
2. Rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador, y por consiguiente reafirmamos el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal.
3. Tomamos nota, con satisfacción, de las plenas disculpas que el Presidente Álvaro Uribe ofreció al Gobierno y al pueblo de Ecuador, por la violación del territorio y la soberanía de esta hermana nación, el primero de marzo de 2008, por parte de la fuerza pública de Colombia.
4. Registramos también el compromiso del presidente Álvaro Uribe en nombre de su país de que estos hechos no se repetirán en el futuro bajo ninguna circunstancia, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA.
5. Tomamos nota de la decisión del Presidente Rafael Correa de recibir la documentación ofrecida por el Presidente Alvaro Uribe y que habría llegado a poder del Gobierno de Colombia luego de los hechos del 1° de marzo, a fin de que las autoridades judiciales ecuatorianas investiguen eventuales violaciones a la ley nacional.
6. Recordamos también los principios, consagrados por el derecho internacional, de respeto a la soberanía, de abstención de la amenaza o el uso de la fuerza y de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, destacando que el artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos prescribe que “Ningún Estado o Grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos, y culturales que lo constituyen.”
7. Reiteramos nuestro compromiso con la convivencia pacífica en la región, basada en los preceptos fundamentales del derecho internacional contenidos en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, así como en los objetivos esenciales del Grupo de Río, de manera destacada la solución pacífica de las controversias internacionales y su vocación para la preservación de la paz y la búsqueda conjunta de soluciones a los conflictos que afectan a la región.
8. Reiteramos nuestro firme compromiso de combatir las amenazas a la seguridad de todos sus Estados, provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular de aquellas vinculadas a actividades del narcotráfico. Colombia considera a esas organizaciones criminales como terroristas.
9. Respaldamos la resolución aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el 5 de marzo de 2008. Asimismo, expresamos nuestro apoyo al Secretario General en el cumplimiento de las responsabilidades que le acaban de ser asignadas mediante dicha resolución para encabezar una Comisión que visitará ambos países recorriendo los lugares que las partes le indiquen y elevará un informe de sus observaciones a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y propondrá fórmulas de acercamiento entre ambas naciones.
10. Exhortamos a las partes involucradas a mantener abiertos canales respetuosos de comunicación y a buscar fórmulas de distensión.
11. Teniendo en cuenta la valiosa tradición del Grupo de Rio, como un fundamental mecanismo para la promoción del entendimiento y la búsqueda de la paz en nuestra región, manifestamos el total apoyo a todo esfuerzo de acercamiento. En tal sentido, ofrecemos a los gobiernos de Colombia y Ecuador los buenos oficios del Grupo para contribuir a una solución satisfactoria, para lo cual la Troika del Grupo permanece atenta a los resultados de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.
Santo Domingo, República Dominicana
7 de marzo de 2008
Colombia Ecuador Venezuela
Declaración de Santo Domingo
Grupo de Río 2008
1. Son motivo de profunda preocupación para toda la región los acontecimientos que tuvieron lugar el primero de marzo de 2008 cuando fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia incursionaron en territorio de Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del Gobierno de Ecuador para realizar un operativo en contra de miembros de un grupo irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraba clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano.
2. Rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador, y por consiguiente reafirmamos el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal.
3. Tomamos nota, con satisfacción, de las plenas disculpas que el Presidente Álvaro Uribe ofreció al Gobierno y al pueblo de Ecuador, por la violación del territorio y la soberanía de esta hermana nación, el primero de marzo de 2008, por parte de la fuerza pública de Colombia.
4. Registramos también el compromiso del presidente Álvaro Uribe en nombre de su país de que estos hechos no se repetirán en el futuro bajo ninguna circunstancia, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA.
5. Tomamos nota de la decisión del Presidente Rafael Correa de recibir la documentación ofrecida por el Presidente Alvaro Uribe y que habría llegado a poder del Gobierno de Colombia luego de los hechos del 1° de marzo, a fin de que las autoridades judiciales ecuatorianas investiguen eventuales violaciones a la ley nacional.
6. Recordamos también los principios, consagrados por el derecho internacional, de respeto a la soberanía, de abstención de la amenaza o el uso de la fuerza y de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, destacando que el artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos prescribe que “Ningún Estado o Grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos, y culturales que lo constituyen.”
7. Reiteramos nuestro compromiso con la convivencia pacífica en la región, basada en los preceptos fundamentales del derecho internacional contenidos en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, así como en los objetivos esenciales del Grupo de Río, de manera destacada la solución pacífica de las controversias internacionales y su vocación para la preservación de la paz y la búsqueda conjunta de soluciones a los conflictos que afectan a la región.
8. Reiteramos nuestro firme compromiso de combatir las amenazas a la seguridad de todos sus Estados, provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular de aquellas vinculadas a actividades del narcotráfico. Colombia considera a esas organizaciones criminales como terroristas.
9. Respaldamos la resolución aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el 5 de marzo de 2008. Asimismo, expresamos nuestro apoyo al Secretario General en el cumplimiento de las responsabilidades que le acaban de ser asignadas mediante dicha resolución para encabezar una Comisión que visitará ambos países recorriendo los lugares que las partes le indiquen y elevará un informe de sus observaciones a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y propondrá fórmulas de acercamiento entre ambas naciones.
10. Exhortamos a las partes involucradas a mantener abiertos canales respetuosos de comunicación y a buscar fórmulas de distensión.
11. Teniendo en cuenta la valiosa tradición del Grupo de Rio, como un fundamental mecanismo para la promoción del entendimiento y la búsqueda de la paz en nuestra región, manifestamos el total apoyo a todo esfuerzo de acercamiento. En tal sentido, ofrecemos a los gobiernos de Colombia y Ecuador los buenos oficios del Grupo para contribuir a una solución satisfactoria, para lo cual la Troika del Grupo permanece atenta a los resultados de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.
Santo Domingo, República Dominicana
7 de marzo de 2008
Colombia Ecuador Venezuela
Declaración de Santo Domingo
Grupo de Río 2008
06 marzo, 2008
Resolución de la OEA 930 - Territorio del Estado es inviolable
CONVOCATORIA DE LA REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES Y NOMBRAMIENTO DE UNA COMISIÓN
(Aprobada en la sesión celebrada el 5 de marzo de 2008)
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
TENIENDO EN CUENTA:
Que la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene plena competencia para conocer de hechos y acontecimientos que ponen en riesgo la paz y seguridad hemisférica;
Que en los propósitos de la Organización de los Estados Americanos constan, entre otros, el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados, así como el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional;
Que el artículo 15 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que “el derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia no lo autoriza a ejecutar actos injustos contra otros Estados”;
Que el artículo 19 de la Carta prescribe que “Ningún Estado o grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”;
Que el artículo 21 de la Carta enfatiza que “el territorio de un Estado es inviolable, no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal”;
Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 28, expresa que “Toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del territorio o contra su soberanía o la independencia política de un Estado americano, será considerada como un acto de agresión contra los demás Estados americanos;
Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reafirma el principio de que “las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos”; y
Que “afianzar la paz y la seguridad del Continente” y “asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados Miembros”, figuran entre los propósitos esenciales de la Carta de la OEA,
CONSIDERANDO:
Que en la madrugada del sábado 1º de marzo de 2008 fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia incursionaron en territorio del Ecuador, en la Provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del Gobierno del Ecuador para realizar un operativo en contra de miembros de un grupo irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraba clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano;
Que el hecho ocurrido constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de principios del derecho internacional;
Que este hecho ha producido una grave crisis entre estos dos países, provocando la ruptura de relaciones entre ambos Estados y una grave tensión en la región;
Que de acuerdo con el artículo 84 de la Carta, es función de la OEA velar por el mantenimiento de relaciones de amistad entre los Estados Miembros, utilizando los procedimientos que esa misma Carta señala; y
Que se cumplen en este caso los requisitos para la convocatoria a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a la luz de los artículos 61 y siguientes de la Carta de la OEA,
RESUELVE:
1. Reafirmar el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal.
2. Constituir una Comisión encabezada por el Secretario General e integrada por cuatro embajadores designados por éste, que visite ambos países recorriendo los lugares que las partes le indiquen, eleve el correspondiente informe a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y proponga fórmulas de acercamiento entre ambas naciones.
3. Convocar, al amparo de lo dispuesto en los artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la OEA, a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para el lunes 17 de marzo de 2008, en la sede de la OEA, con el fin de que examine los hechos y formule las recomendaciones pertinentes.
Crisis Diplomática
Ecuador, Colombia, Venezuela
OEA
(Aprobada en la sesión celebrada el 5 de marzo de 2008)
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
TENIENDO EN CUENTA:
Que la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene plena competencia para conocer de hechos y acontecimientos que ponen en riesgo la paz y seguridad hemisférica;
Que en los propósitos de la Organización de los Estados Americanos constan, entre otros, el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados, así como el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional;
Que el artículo 15 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que “el derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia no lo autoriza a ejecutar actos injustos contra otros Estados”;
Que el artículo 19 de la Carta prescribe que “Ningún Estado o grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”;
Que el artículo 21 de la Carta enfatiza que “el territorio de un Estado es inviolable, no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal”;
Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 28, expresa que “Toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del territorio o contra su soberanía o la independencia política de un Estado americano, será considerada como un acto de agresión contra los demás Estados americanos;
Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reafirma el principio de que “las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos”; y
Que “afianzar la paz y la seguridad del Continente” y “asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados Miembros”, figuran entre los propósitos esenciales de la Carta de la OEA,
CONSIDERANDO:
Que en la madrugada del sábado 1º de marzo de 2008 fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia incursionaron en territorio del Ecuador, en la Provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del Gobierno del Ecuador para realizar un operativo en contra de miembros de un grupo irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraba clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano;
Que el hecho ocurrido constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de principios del derecho internacional;
Que este hecho ha producido una grave crisis entre estos dos países, provocando la ruptura de relaciones entre ambos Estados y una grave tensión en la región;
Que de acuerdo con el artículo 84 de la Carta, es función de la OEA velar por el mantenimiento de relaciones de amistad entre los Estados Miembros, utilizando los procedimientos que esa misma Carta señala; y
Que se cumplen en este caso los requisitos para la convocatoria a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a la luz de los artículos 61 y siguientes de la Carta de la OEA,
RESUELVE:
1. Reafirmar el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal.
2. Constituir una Comisión encabezada por el Secretario General e integrada por cuatro embajadores designados por éste, que visite ambos países recorriendo los lugares que las partes le indiquen, eleve el correspondiente informe a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y proponga fórmulas de acercamiento entre ambas naciones.
3. Convocar, al amparo de lo dispuesto en los artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la OEA, a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para el lunes 17 de marzo de 2008, en la sede de la OEA, con el fin de que examine los hechos y formule las recomendaciones pertinentes.
Crisis Diplomática
Ecuador, Colombia, Venezuela
OEA
05 marzo, 2008
Ecuador y la soberanía vulnerada
El principio de defensa de la soberanía se ha impuesto a la condena al terrorismo. Casi unánimemente los países miembros de la OEA han rechazado la actuación del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano. Solo Estados Unidos ha expresado su apoyo a Colombia; subrayando así su política de lucha internacional, sin fronteras, contra el terrorismo.
El derecho internacional se ha impuesto a la seguridad nacional. Ecuador ha logrado que la región rechace el método de vulnerar el territorio de un país vecino en nombre del combate al terrorismo, política que ha venido desarrollándose en otras partes del mundo.
Se ha preservado así el concepto de la soberanía del Estado, entendida como el derecho que tienen los pueblos a ejercer el poder dentro de un territorio. Sin soberanía no hay Estado. El territorio, la Nación y el poder son la esencia del Estado soberano.
Pero así como para el Derecho, el Estado sigue siendo soberano, para la Economía y la Tecnología hace mucho tiempo que dejó de serlo.
Los capitales penetran los débiles Estados-Nación trasladando dinero y mercancías sin tomar en cuenta autonomías o independencias.
Lo mismo ocurre con el avance en las comunicaciones. Los países son vigilados, vulnerados, penetrados, en su soberanía de forma permanente por las superpotencias.
De hecho, se afirma que Colombia actuó en Ecuador con información proporcionada por satélites norteamericanos.
Hay una soberanía de derecho y otra de hecho. La primera es incuestionable. La segunda es relativa.
Mientras un país no ocupe ni desarrolle plenamente su territorio, difícilmente podrá ejercer plena soberanía sobre él. Es lo que pasa con nuestra Amazonia y Mar, por ejemplo.
Pero aún con estas deficiencias, la lección que nos queda es que en el contexto de las naciones democráticas, la convivencia pacífica de los Estados demanda respeto al derecho internacional; respeto a nuestros Estados soberanos.
Ahora bien, ¿es el Estado finalmente invulnerable, impenetrable? Ya hemos visto que al menos para la economía y la ciencia, no. Tampoco para poderes oscuros como el narcotráfico o el terrorismo. Estas organizaciones criminales perforan Estados y conciencias.
¿Puede un fin como la lucha contra el terrorismo justificar una acción extra-estatal?... La OEA ha dicho que no, al menos por ahora.
Ecuador
Presidente Correa
Terrorismo Ecuador
El derecho internacional se ha impuesto a la seguridad nacional. Ecuador ha logrado que la región rechace el método de vulnerar el territorio de un país vecino en nombre del combate al terrorismo, política que ha venido desarrollándose en otras partes del mundo.
Se ha preservado así el concepto de la soberanía del Estado, entendida como el derecho que tienen los pueblos a ejercer el poder dentro de un territorio. Sin soberanía no hay Estado. El territorio, la Nación y el poder son la esencia del Estado soberano.
Pero así como para el Derecho, el Estado sigue siendo soberano, para la Economía y la Tecnología hace mucho tiempo que dejó de serlo.
Los capitales penetran los débiles Estados-Nación trasladando dinero y mercancías sin tomar en cuenta autonomías o independencias.
Lo mismo ocurre con el avance en las comunicaciones. Los países son vigilados, vulnerados, penetrados, en su soberanía de forma permanente por las superpotencias.
De hecho, se afirma que Colombia actuó en Ecuador con información proporcionada por satélites norteamericanos.
Hay una soberanía de derecho y otra de hecho. La primera es incuestionable. La segunda es relativa.
Mientras un país no ocupe ni desarrolle plenamente su territorio, difícilmente podrá ejercer plena soberanía sobre él. Es lo que pasa con nuestra Amazonia y Mar, por ejemplo.
Pero aún con estas deficiencias, la lección que nos queda es que en el contexto de las naciones democráticas, la convivencia pacífica de los Estados demanda respeto al derecho internacional; respeto a nuestros Estados soberanos.
Ahora bien, ¿es el Estado finalmente invulnerable, impenetrable? Ya hemos visto que al menos para la economía y la ciencia, no. Tampoco para poderes oscuros como el narcotráfico o el terrorismo. Estas organizaciones criminales perforan Estados y conciencias.
¿Puede un fin como la lucha contra el terrorismo justificar una acción extra-estatal?... La OEA ha dicho que no, al menos por ahora.
Ecuador
Presidente Correa
Terrorismo Ecuador
03 marzo, 2008
Colombia, Terrorismo y Soberanía
La incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano para aniquilar un foco terrorista que amenaza su seguridad nacional vulnera el principio de soberanía de los Estados, vigente desde la fundación misma del Estado-Nación.
De hecho, siempre es relativa la soberanía estatal ante la desproporción de fuerzas económicas, políticas y militares existentes. Pero vivir en equilibrio entre países de similar rango de poder implica reconocer y respetar las fronteras de cada uno.
Este es uno de los desafíos que impone la lucha contra el terrorismo. A diferencia de las guerras en el pasado, entre Estados, esta es una lucha ideológica-militar.
Responder a una fuerza militar no estatal puede desencadenar situaciones como la que hemos visto, es decir, desarrollar combates en territorio no permitido.
Por principio, los países latinoamericanos y europeos han rechazado la incursión de tropas colombianas en territorio ecuatoriano. Pero muy pocos –por no decir nadie, excepto Estados Unidos- han rechazado el accionar de grupos insurrectos que buscan imponer un nuevo modelo de gobierno vía la lucha armada.
El número dos de las FARC, “Raúl Reyes”, muerto en el asalto militar colombiano, negociaba desde territorio ecuatoriano la liberación de Ingrid Betancourt con el gobierno francés.
El combate al terrorismo debe ser claro. Las fronteras agrestes de los países vecinos no pueden servir de refugio a quienes pretenden acabar con el sistema democrático.
Los Estados tienen la obligación de mantener el principio de protección de su soberanía, pero también de neutralidad ante conflictos internos de otros países.
Se tiene que aclarar el papel de algunos Estados vecinos en la lucha que libran las FARC contra el Estado colombiano. ¿Reciben las FARC apoyo económico y logístico de Venezuela y Ecuador?
Sería muy grave que se confirmaran contactos y ayudas económicas de Estados vecinos con grupos terroristas de un tercer país cuyo objetivo es precisamente destruir el sistema democrático para imponer otro por la fuerzas de las armas, el chantaje, el secuestro y el terror.
Tanto Venezuela como Ecuador se han apresurado a movilizar sus tropas a la frontera colombiana. Colombia, en cambio, ha preferido no responder de la misma forma.
Sería un contrasentido hacerlo. La guerra colombiana no es contra otro Estado, sino contra el terrorismo.
Colombia terrorismo FARC
Ecuador Correa
Venezuela Chávez
De hecho, siempre es relativa la soberanía estatal ante la desproporción de fuerzas económicas, políticas y militares existentes. Pero vivir en equilibrio entre países de similar rango de poder implica reconocer y respetar las fronteras de cada uno.
Este es uno de los desafíos que impone la lucha contra el terrorismo. A diferencia de las guerras en el pasado, entre Estados, esta es una lucha ideológica-militar.
Responder a una fuerza militar no estatal puede desencadenar situaciones como la que hemos visto, es decir, desarrollar combates en territorio no permitido.
Por principio, los países latinoamericanos y europeos han rechazado la incursión de tropas colombianas en territorio ecuatoriano. Pero muy pocos –por no decir nadie, excepto Estados Unidos- han rechazado el accionar de grupos insurrectos que buscan imponer un nuevo modelo de gobierno vía la lucha armada.
El número dos de las FARC, “Raúl Reyes”, muerto en el asalto militar colombiano, negociaba desde territorio ecuatoriano la liberación de Ingrid Betancourt con el gobierno francés.
El combate al terrorismo debe ser claro. Las fronteras agrestes de los países vecinos no pueden servir de refugio a quienes pretenden acabar con el sistema democrático.
Los Estados tienen la obligación de mantener el principio de protección de su soberanía, pero también de neutralidad ante conflictos internos de otros países.
Se tiene que aclarar el papel de algunos Estados vecinos en la lucha que libran las FARC contra el Estado colombiano. ¿Reciben las FARC apoyo económico y logístico de Venezuela y Ecuador?
Sería muy grave que se confirmaran contactos y ayudas económicas de Estados vecinos con grupos terroristas de un tercer país cuyo objetivo es precisamente destruir el sistema democrático para imponer otro por la fuerzas de las armas, el chantaje, el secuestro y el terror.
Tanto Venezuela como Ecuador se han apresurado a movilizar sus tropas a la frontera colombiana. Colombia, en cambio, ha preferido no responder de la misma forma.
Sería un contrasentido hacerlo. La guerra colombiana no es contra otro Estado, sino contra el terrorismo.
Colombia terrorismo FARC
Ecuador Correa
Venezuela Chávez
02 marzo, 2008
Ecuador, las ballenas y las orlas de la costa
No hay límites marítimos entre el Perú y Ecuador, como tampoco los hay entre el Perú y Chile. Esta es la realidad. Lo que existe es un criterio acordado por las partes –vía tratados internacionacionales tripartitos- señalando la extensión del paralelo geográfico como refenrencia para limitar la frontera marítima entre nuestro país y el vecino del norte. Pero esto no significa que Ecuador se mire en el espejo chileno en esta materia, pues sus casos son distintos.
La historia se remonta a 1952, cuando los tres países del Pacífico Sur, Ecuador, Perú y Chile, acordaron lanzar al mundo una propuesta para defender su derecho a preservar los recursos naturales de sus 200 millas marítimas.
Más que geopolítica, lo que motivó la defensa de las 200 millas fue económica. Por esa época había decenas de buques de bandera internacional cazando en el Pacífico, de manera desmesurada, la ballena. El objeto de la reunión de 1952 que dio origen a la Declaración de Santiago fue el derecho de los tres países a proteger los recursos naturales marinos hasta una distancia de 200 millas.
En la redacción final de los documentos, el delegado ecuatoriano Jorge Fernández, solicitó la modificación del artículo 3 de la Declaración para cautelar los intereses de su país, debido a que la proyección del mar peruano por las orlas del perfil costero hasta las 200 millas marinas se superponía a tres islas ecuatorianas cuya soberanía y pertencia al Ecuador no se discutía: Puná, Santa Clara y De la Plata.
Para el Ecuador, la redacción original en este punto, propuesta por el delegado chileno, Cruz Ocampo, no señalaba con claridad este concepto al comprender el espacio marítimo de cada país como “la zona que comprende todas las aguas que quedan dentro del perímtero formado por las costas de cada país y una paralela matemática proyectada en el mar a 200 millas marinas de distancia de territorio continental, siguiendo las orlas de las costas”.
La proyección de esta fórmula dejaba a las islas ecuatorianas dentro de la zona marítima peruana. Por esta razón, su delegado propuso una redacción alternativa: “En el caso del territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará a todo el contorno de la isla o grupo de islas. Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países estuviere a menos de 200 millas de la zona marítima general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los estados respectivos”.
Fue por esta razón que se introdujo el paralelo geográfico como punto de referencia para solucionar la superposición de la zona marítima general de un país sobre el territorio insular perteneciente a otro país. Para un caso específico reclamado por Ecuador.
Sobre esa base se puede, sin eufemismos, afirmar que Perú Y Ecuador acordaron un mecanismo de delimitación marítima. Pero strictu sensu, nunca firmaron un Tratado Fronterizo Marítimo que haya sido ratificado por sus respectivos congresos. Lo que no impide que se realice.
Ahora bien, Ecuador no quiere porque dice que para él los límites fronterizos marítimos con el Perú están definidos, cerrados, etc. Muy bien. También es correcto. En el fondo no hay temas pendientes de delimitación marítima con Ecuador. Estos se solucionaron en 1952. Pero lo que ambos países no pueden mostrar es un mapa oficial en el que se establezcan las coordenadas geográficas de esta delimitación. Este instrumento tampoco se ha depositado en las Naciones Unidas como corresponde, porque no existe. Esa es la verdad.
Delimitación Marítima Fronteriza
Perú, Chile, Ecuador
Límites marítimos Perú Ecuador
La historia se remonta a 1952, cuando los tres países del Pacífico Sur, Ecuador, Perú y Chile, acordaron lanzar al mundo una propuesta para defender su derecho a preservar los recursos naturales de sus 200 millas marítimas.
Más que geopolítica, lo que motivó la defensa de las 200 millas fue económica. Por esa época había decenas de buques de bandera internacional cazando en el Pacífico, de manera desmesurada, la ballena. El objeto de la reunión de 1952 que dio origen a la Declaración de Santiago fue el derecho de los tres países a proteger los recursos naturales marinos hasta una distancia de 200 millas.
En la redacción final de los documentos, el delegado ecuatoriano Jorge Fernández, solicitó la modificación del artículo 3 de la Declaración para cautelar los intereses de su país, debido a que la proyección del mar peruano por las orlas del perfil costero hasta las 200 millas marinas se superponía a tres islas ecuatorianas cuya soberanía y pertencia al Ecuador no se discutía: Puná, Santa Clara y De la Plata.
Para el Ecuador, la redacción original en este punto, propuesta por el delegado chileno, Cruz Ocampo, no señalaba con claridad este concepto al comprender el espacio marítimo de cada país como “la zona que comprende todas las aguas que quedan dentro del perímtero formado por las costas de cada país y una paralela matemática proyectada en el mar a 200 millas marinas de distancia de territorio continental, siguiendo las orlas de las costas”.
La proyección de esta fórmula dejaba a las islas ecuatorianas dentro de la zona marítima peruana. Por esta razón, su delegado propuso una redacción alternativa: “En el caso del territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará a todo el contorno de la isla o grupo de islas. Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países estuviere a menos de 200 millas de la zona marítima general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los estados respectivos”.
Fue por esta razón que se introdujo el paralelo geográfico como punto de referencia para solucionar la superposición de la zona marítima general de un país sobre el territorio insular perteneciente a otro país. Para un caso específico reclamado por Ecuador.
Sobre esa base se puede, sin eufemismos, afirmar que Perú Y Ecuador acordaron un mecanismo de delimitación marítima. Pero strictu sensu, nunca firmaron un Tratado Fronterizo Marítimo que haya sido ratificado por sus respectivos congresos. Lo que no impide que se realice.
Ahora bien, Ecuador no quiere porque dice que para él los límites fronterizos marítimos con el Perú están definidos, cerrados, etc. Muy bien. También es correcto. En el fondo no hay temas pendientes de delimitación marítima con Ecuador. Estos se solucionaron en 1952. Pero lo que ambos países no pueden mostrar es un mapa oficial en el que se establezcan las coordenadas geográficas de esta delimitación. Este instrumento tampoco se ha depositado en las Naciones Unidas como corresponde, porque no existe. Esa es la verdad.
Delimitación Marítima Fronteriza
Perú, Chile, Ecuador
Límites marítimos Perú Ecuador
28 febrero, 2008
Cusco un error más del Gobierno
El Gobierno ha abdicado de su derecho a presentar un Estado unitario, regido por la ley y el orden, capaz de mostrar al mundo lo mejor de la herencia de sus antepasados: Cusco y sus riquezas. Machu Picchu y su portentosa presencia milenaria.
Ante la arremetida violentista en los últimos días de un sector del pueblo cusqueño, protestando en el paro agrario y por la ley de concesiones de terrenos arqueológicos, el gobierno ha respondido con un exhabrupto: dejar a Cusco fuera de las sedes de las reuniones de la APEC.
El Presidente García – se dice- tiene en sus manos una lista de ciudades alternativas y decidirá en solitario cuál de ellas será finalmente la elegida.
A estas alturas que la noticia ya dio vuelta al mundo, seguramente habrá participantes que preguntarán qué está pasando en Perú que no puede organizar una cita internacional en Cusco.
La respuesta del Ejecutivo indica claramente que este Gobierno no quiere dialogar. No le gusta escuchar, ni consensuar. Busca imponerse a cómo de lugar, sin importar el daño que pueda causar su decisión. Por lo pronto la Cámara de Comercio de Cusco calcula en 2 millones de dólares las pérdidas.
No es la primera vez que hay protestas, actos vandálicos y violencia ad portas de un evento de magnitud importante. El Perú no puede pretender mostrar una tendencia distinta a la que ocurre en el mundo. En todas partes se cuecen habas y se tiran piedras. Pero a nadie se le ocurre cambiar una sede por eso.
La Policía Nacional conoce procedimientos de seguridad y tiene amplia experiencia en el control del orden público. Ocho presidentes y representantes de otros cuatro gobernantes inauguraron en diciembre del 2004 en Cusco la III Cumbre Sudamericana.
Igual hubo protestas, desmanes y actos de pillaje, pero todo fue controlado. Se hicieron hasta tres cercos de seguridad para garantizar la tranquilidad del evento. Se restringió el libre tránsito, se chequearon las casas cuadra por cuadra. Pero principalmente, se conversó políticamente con la dirigencia regional. En otras palabras, se ejerció autoridad; se gobernó.
Lo que ahora se ha hecho es retraer la autoridad. El razonamiento del gobierno parece ser: como en este lugar no puedo garantizar orden público me mudo a otra parte. Y sanseacabó, adios los cusqueños.
No es una medida acertada. La lección que pretende imponer el gobierno puede resultar al revés. ¿Qué garantiza que las protestas no se trasladen a las otras sedes? ¿Qué harán en ese caso? ¿construirán una isla flotante en medio del Titicaca?.
Cumbre Apec Perú
Cusco
Protestas sociales
Ante la arremetida violentista en los últimos días de un sector del pueblo cusqueño, protestando en el paro agrario y por la ley de concesiones de terrenos arqueológicos, el gobierno ha respondido con un exhabrupto: dejar a Cusco fuera de las sedes de las reuniones de la APEC.
El Presidente García – se dice- tiene en sus manos una lista de ciudades alternativas y decidirá en solitario cuál de ellas será finalmente la elegida.
A estas alturas que la noticia ya dio vuelta al mundo, seguramente habrá participantes que preguntarán qué está pasando en Perú que no puede organizar una cita internacional en Cusco.
La respuesta del Ejecutivo indica claramente que este Gobierno no quiere dialogar. No le gusta escuchar, ni consensuar. Busca imponerse a cómo de lugar, sin importar el daño que pueda causar su decisión. Por lo pronto la Cámara de Comercio de Cusco calcula en 2 millones de dólares las pérdidas.
No es la primera vez que hay protestas, actos vandálicos y violencia ad portas de un evento de magnitud importante. El Perú no puede pretender mostrar una tendencia distinta a la que ocurre en el mundo. En todas partes se cuecen habas y se tiran piedras. Pero a nadie se le ocurre cambiar una sede por eso.
La Policía Nacional conoce procedimientos de seguridad y tiene amplia experiencia en el control del orden público. Ocho presidentes y representantes de otros cuatro gobernantes inauguraron en diciembre del 2004 en Cusco la III Cumbre Sudamericana.
Igual hubo protestas, desmanes y actos de pillaje, pero todo fue controlado. Se hicieron hasta tres cercos de seguridad para garantizar la tranquilidad del evento. Se restringió el libre tránsito, se chequearon las casas cuadra por cuadra. Pero principalmente, se conversó políticamente con la dirigencia regional. En otras palabras, se ejerció autoridad; se gobernó.
Lo que ahora se ha hecho es retraer la autoridad. El razonamiento del gobierno parece ser: como en este lugar no puedo garantizar orden público me mudo a otra parte. Y sanseacabó, adios los cusqueños.
No es una medida acertada. La lección que pretende imponer el gobierno puede resultar al revés. ¿Qué garantiza que las protestas no se trasladen a las otras sedes? ¿Qué harán en ese caso? ¿construirán una isla flotante en medio del Titicaca?.
Cumbre Apec Perú
Cusco
Protestas sociales
26 febrero, 2008
Lourdes, la anfitriona
Lourdes Flores ha invitado al presidente García a departir una cena en su casa en reciprocidad a una invitación que tuvo hace unos meses en Palacio de Gobierno. La tarjeta de invitación cursada no es precisamente una dulzura de estilo, pero está muy bien empaquetada en términos políticos.
“Ha aprendido Ud. bien algunas reglas básicas de la economía de mercado que antes se negaba a pesar de su brillantez e inteligencia, pero en 20 meses no ha aprendido cómo hacer funcionar el Estado”, le ha dicho la lideresa del PPC al presidente de la República.
Pero acaso demasiada atención se ha prestado a la tarjeta de invitación en lugar de al menú sugerido por la anfitriona, es decir, la agenda del encuentro. ¿De qué podrían conversar García y Lourdes, además de repasar aspectos de política nacional e internacional?
La propia Lourdes se encargó de sugerir el tema a tratar: ¿Qué es lo que pueden hacer juntos el PPC y el Apra para que el Estado funcione bien?, afirmó ante una pregunta de La República.
Algunos analistas han visto esto como la posibilidad remota (Lauer) de un acercamiento o pacto entre la derecha tradiconal simbolizada por el PPC y la neoderecha que encarna el Partido Aprista. Previo aumento de la cuota de poder en los ministerios y acaso en la Mesa Directiva del Congreso.
Lo cierto es que la definición de Lourdes ha centrado el debate en el déficit de gestión que tiene el actual gobierno. Esta es una experiencia de manejo de la cosa pública que privilegia lo mediático, con propuestas altisonantes, pero sin estrategia, sin rumbo. Mucho ruido y pocas nueces.
El caso de los programas sociales es clamoroso. La cacareada fusión de estos programas en la práctica es un simple plumazo en el papel. Se han eliminado rótulos de oficinas, se han dejado de usar logotipos y papel membretado, pero el grueso del aparato público sigue allí. Es más, se han reemplazado funciones, cargos y personas, pero no se ha ahorrado en planillas. Hay edificios enteros donde la gente sólo va a pasar el tiempo y cobrar su cheque.
He aquí un punto para empezar a hablar de reforma del Estado. Pero, pensándolo bien, ¿conoce Lourdes más que Alan el manejo del Estado? Una forma de aclarar esta duda sería que Lulú asuma el premeriato. Aunque esta fórmula ya requiere de una alta cocina y de otros fogones.
Lourdes Flores
Alan García
PPC + APRA
“Ha aprendido Ud. bien algunas reglas básicas de la economía de mercado que antes se negaba a pesar de su brillantez e inteligencia, pero en 20 meses no ha aprendido cómo hacer funcionar el Estado”, le ha dicho la lideresa del PPC al presidente de la República.
Pero acaso demasiada atención se ha prestado a la tarjeta de invitación en lugar de al menú sugerido por la anfitriona, es decir, la agenda del encuentro. ¿De qué podrían conversar García y Lourdes, además de repasar aspectos de política nacional e internacional?
La propia Lourdes se encargó de sugerir el tema a tratar: ¿Qué es lo que pueden hacer juntos el PPC y el Apra para que el Estado funcione bien?, afirmó ante una pregunta de La República.
Algunos analistas han visto esto como la posibilidad remota (Lauer) de un acercamiento o pacto entre la derecha tradiconal simbolizada por el PPC y la neoderecha que encarna el Partido Aprista. Previo aumento de la cuota de poder en los ministerios y acaso en la Mesa Directiva del Congreso.
Lo cierto es que la definición de Lourdes ha centrado el debate en el déficit de gestión que tiene el actual gobierno. Esta es una experiencia de manejo de la cosa pública que privilegia lo mediático, con propuestas altisonantes, pero sin estrategia, sin rumbo. Mucho ruido y pocas nueces.
El caso de los programas sociales es clamoroso. La cacareada fusión de estos programas en la práctica es un simple plumazo en el papel. Se han eliminado rótulos de oficinas, se han dejado de usar logotipos y papel membretado, pero el grueso del aparato público sigue allí. Es más, se han reemplazado funciones, cargos y personas, pero no se ha ahorrado en planillas. Hay edificios enteros donde la gente sólo va a pasar el tiempo y cobrar su cheque.
He aquí un punto para empezar a hablar de reforma del Estado. Pero, pensándolo bien, ¿conoce Lourdes más que Alan el manejo del Estado? Una forma de aclarar esta duda sería que Lulú asuma el premeriato. Aunque esta fórmula ya requiere de una alta cocina y de otros fogones.
Lourdes Flores
Alan García
PPC + APRA
21 febrero, 2008
Violencia y crisis de crecimiento
Cinco muertos, un país convulsionado, tres zonas de emergencia, Cusco paralizado, ataques a turistas, revela algo más que una ola de protesta instigada por grupos agrarios o regionales radicales o “manos extranjeras”.
La raíz de los conflictos sociales no está en la ideología, sino en algo más real, la economía.
El crecimiento macro económico del Perú oficial no se traduce en lo que reclama el otro Perú: atención a sus demandas, oportunidades de desarrollo, trabajo.
El Reporte Anual de Economía y Desarrollo RED 2007-2008, denominado "Oportunidades en América Latina: hacia una mejor política social" de la Corporación Andina de Fomento da luces al respecto. No existe igualdad de oportunidad para todos los sectores sociales. No digo redistribución, sino oportunidad.
Apenas el 10 por ciento del quintil peruano más pobre tiene acceso a Educación de calidad en los primeros años de vida. En el quintil más rico esta cifra sube a 50 por ciento.
El agua domiiliaria llega a 30 por ciento del quintil más pobre, versus el 90 por ciento que goza de este recurso en el quintil más rico. En alcantarillado la diferencia es aún más notoria: 97 por ciento del quintil más rico dispone de este servicio, contra un 7 por ciento del quintil más pobre.
El crecimiento no llega a todos. Un bolsón de peruanos está al margen de los buenos resultados que alegran a Wall Strett pero que siguen alterando a Rural Road.
Contrariando al dicho popular, en el Perú la gente parece percibir que cuando llueve no todos se mojan. Hay quienes se empapan, pero hay otros a los que no les llega ni una gota.
Los puntos de descontento los revelan las recientes encuestas. La desaprobación del Presidente García crece sostenidamente. En los primeros dos meses de este año, pasó de 59% a 64%. Apenas en 20 meses casi ha llegado a sus niveles de aceptación de la primera vuelta.
La consecuencia de este desencuentro económico lo paga la política.
La intermediación democrática canalizada en teoría través del sistema de poderes y sus representantes, los políticos y funcionarios públicos, ha sido rebasada por los manifestantes.
Hoy las masas presionan y perforan al sistema democrático con la fuerza de la protesta y las movilizaciones. Las tensiones sociales se resuelven en las calles.
Se ha perdido la intermediación, por eso el Congreso es desbordado por los acontecimientos y se muestra incapaz de atender los problemas sociales.
Frente a esto, el Gobierno responde acentuando su poder represivo, como ha ocurrido a la vista de todos. Cinco muertos, dos de ellos con disparos a la cabeza y nadie responde oficialmente por ellos. Cuidado que la espiral de violencia termine nuevamente devorándonos a todos.
Economía Perú
Conflictos Sociales Perú
Política Perú
La raíz de los conflictos sociales no está en la ideología, sino en algo más real, la economía.
El crecimiento macro económico del Perú oficial no se traduce en lo que reclama el otro Perú: atención a sus demandas, oportunidades de desarrollo, trabajo.
El Reporte Anual de Economía y Desarrollo RED 2007-2008, denominado "Oportunidades en América Latina: hacia una mejor política social" de la Corporación Andina de Fomento da luces al respecto. No existe igualdad de oportunidad para todos los sectores sociales. No digo redistribución, sino oportunidad.
Apenas el 10 por ciento del quintil peruano más pobre tiene acceso a Educación de calidad en los primeros años de vida. En el quintil más rico esta cifra sube a 50 por ciento.
El agua domiiliaria llega a 30 por ciento del quintil más pobre, versus el 90 por ciento que goza de este recurso en el quintil más rico. En alcantarillado la diferencia es aún más notoria: 97 por ciento del quintil más rico dispone de este servicio, contra un 7 por ciento del quintil más pobre.
El crecimiento no llega a todos. Un bolsón de peruanos está al margen de los buenos resultados que alegran a Wall Strett pero que siguen alterando a Rural Road.
Contrariando al dicho popular, en el Perú la gente parece percibir que cuando llueve no todos se mojan. Hay quienes se empapan, pero hay otros a los que no les llega ni una gota.
Los puntos de descontento los revelan las recientes encuestas. La desaprobación del Presidente García crece sostenidamente. En los primeros dos meses de este año, pasó de 59% a 64%. Apenas en 20 meses casi ha llegado a sus niveles de aceptación de la primera vuelta.
La consecuencia de este desencuentro económico lo paga la política.
La intermediación democrática canalizada en teoría través del sistema de poderes y sus representantes, los políticos y funcionarios públicos, ha sido rebasada por los manifestantes.
Hoy las masas presionan y perforan al sistema democrático con la fuerza de la protesta y las movilizaciones. Las tensiones sociales se resuelven en las calles.
Se ha perdido la intermediación, por eso el Congreso es desbordado por los acontecimientos y se muestra incapaz de atender los problemas sociales.
Frente a esto, el Gobierno responde acentuando su poder represivo, como ha ocurrido a la vista de todos. Cinco muertos, dos de ellos con disparos a la cabeza y nadie responde oficialmente por ellos. Cuidado que la espiral de violencia termine nuevamente devorándonos a todos.
Economía Perú
Conflictos Sociales Perú
Política Perú
17 febrero, 2008
El Tercio Superior
El D.S.004 que establece como requisito el pertenecer al tercio superior para ser contratados como maestro es una medida loable en el fondo, pero criticable en la forma.
Nadie puede oponerse a mejorar la calidad educativa eligiendo entre los mejores alumnos egresados de las Universidades e Institutos Pedagógicos.
De hecho, este requisito lo exigen empresas del sector privado para contratar sus profesionales; igualmente instituciones académicas para otorgar becas.
Pertenecer al tercio superior tiene en la vida real su recompensa. Es perfectamente práctico y rentable que el Estado quiera contratar a sus mejores alumnos.
El problema es que hacemos con los dos tercios restantes.
¿Los evaluamos y el día que le entregamos su diploma de egresado les decimos que la tire al tacho porque no podrá acceder a una plaza abierta en el sector público?
¿Por qué un chico que recién sale de un centro de formación académica –dentro del tercio superior- asegurará una mejor enseñanza que otro que no estando en el tercio ha acumulado un número de años enseñando en una escuela?
El maestro, lo saben los entendidos, se forma en base a conocimientos y experiencia.
Sin cambiar el objetivo del ministro –mejorar la calidad de la educación-, el decreto supremo del tercio superior debiera rectificarse en el sentido de ser considerado como una bonificación especial en la evaluación general.
Igualmente suma puntos el hecho de haber seguido cursos de perfeccionamiento o maestrías.
De esta manera, los dos tercios restantes tendrían la misma opción de postular a una vacante.
El tercio superior ha logrado dividir al país. Si el gobierno no corrige el dispositivo, en lugar de sumar, restará.
En todas las profesiones hay egresados del tercio superior que no necesariamente refrendan su éxito académico universitario en el campo laboral. Y viceversa. Hay egresados del tercio inferior incluso, que luego destacan el campo profesional.
No hay pues por qué ser dogmáticos en este tema. Después de todo, como dicen los viejos taurinos, a los toros se les conoce en el ruedo.
Ministro Chang
Educación peruana
Tercio Superior Perú
Nadie puede oponerse a mejorar la calidad educativa eligiendo entre los mejores alumnos egresados de las Universidades e Institutos Pedagógicos.
De hecho, este requisito lo exigen empresas del sector privado para contratar sus profesionales; igualmente instituciones académicas para otorgar becas.
Pertenecer al tercio superior tiene en la vida real su recompensa. Es perfectamente práctico y rentable que el Estado quiera contratar a sus mejores alumnos.
El problema es que hacemos con los dos tercios restantes.
¿Los evaluamos y el día que le entregamos su diploma de egresado les decimos que la tire al tacho porque no podrá acceder a una plaza abierta en el sector público?
¿Por qué un chico que recién sale de un centro de formación académica –dentro del tercio superior- asegurará una mejor enseñanza que otro que no estando en el tercio ha acumulado un número de años enseñando en una escuela?
El maestro, lo saben los entendidos, se forma en base a conocimientos y experiencia.
Sin cambiar el objetivo del ministro –mejorar la calidad de la educación-, el decreto supremo del tercio superior debiera rectificarse en el sentido de ser considerado como una bonificación especial en la evaluación general.
Igualmente suma puntos el hecho de haber seguido cursos de perfeccionamiento o maestrías.
De esta manera, los dos tercios restantes tendrían la misma opción de postular a una vacante.
El tercio superior ha logrado dividir al país. Si el gobierno no corrige el dispositivo, en lugar de sumar, restará.
En todas las profesiones hay egresados del tercio superior que no necesariamente refrendan su éxito académico universitario en el campo laboral. Y viceversa. Hay egresados del tercio inferior incluso, que luego destacan el campo profesional.
No hay pues por qué ser dogmáticos en este tema. Después de todo, como dicen los viejos taurinos, a los toros se les conoce en el ruedo.
Ministro Chang
Educación peruana
Tercio Superior Perú
10 febrero, 2008
Erre con erre reelección
Sin querer queriendo, el Presidente Alan García ha adelantado el calendario electoral. En Trujillo, ante una masa de militantes empleados del gobierno, se preguntó por qué están condenados los apristas a irse el 2011, si hacían bien las cosas podían quedarse.
Un despistado reportero local lanzó un despacho atribuyendo al presidente la posibilidad de una reelección inmediata, lo que fue desvirtuado de inmediato por el propio García que llamó a la radio para aclarar la confusión.
La pregunta que queda flotando, sin embargo, es a quién representará el Apra el 2011, ¿a los mineros que tienen como su interlocutor en el Gobierno al Premier Jorge Del Castillo? Y lo más importante, ¿podrá García apoyar a alguien de su partido que le cierre la posibilidad de tentar una tercera oportunidad el 2016?
Nadie ha olvidado al García del 90 apoyando a un desconocido Fujimori en contra del candidato de su partido, Luis Alva Castro. El mantenimiento de su partido en el poder no es precisamente una de las preocupaciones de García.
El escenario ideal de García es borrar el pésimo recuerdo del 85 manteniendo el crecimiento económico en este periodo y esperar que fracase el gobierno siguiente para seguir soñando con regresar. Un gobernante del Apra –sea que fracase o tenga éxito- es un problema para el propio García.
El otro aspecto a tener en cuenta es el espectro político que tenemos actualmente en el país. Con García convertido al libre mercado -bendecido por Mario Vargas Llosa que de haber votado por él tapándose la nariz ha pasado a no arrepentirse de su voto en segunda vuelta por el mal menor-, la derecha se ha repoblado, dejando un espacio de centro izquierda que nadie, por el momento, ha logrado conquistar.
García se siente cómodo ocupando hoy el mismo espacio de Lourdes Flores, Vargas Llosa, Hernando de Soto, Antero Flores, Rafael Rey, pero nada asegura que se encuentre en la misma posición el 2011. Ya demostró en las últimas elecciones que puede hablar desde la izquierda y oponerse al TLC, y gobernar sin preocupaciones desde la derecha y firmarlo.
Si alguna virtud ha tenido el anuncio presidencial sobre las aspiraciones de su partidario a mantenerse en el poder ha sido definir -de una vez por todas- que no será García el que intente quedarse y que se irá el 28 de julio del 2011 a las 12 del mediodía.
Un despistado reportero local lanzó un despacho atribuyendo al presidente la posibilidad de una reelección inmediata, lo que fue desvirtuado de inmediato por el propio García que llamó a la radio para aclarar la confusión.
La pregunta que queda flotando, sin embargo, es a quién representará el Apra el 2011, ¿a los mineros que tienen como su interlocutor en el Gobierno al Premier Jorge Del Castillo? Y lo más importante, ¿podrá García apoyar a alguien de su partido que le cierre la posibilidad de tentar una tercera oportunidad el 2016?
Nadie ha olvidado al García del 90 apoyando a un desconocido Fujimori en contra del candidato de su partido, Luis Alva Castro. El mantenimiento de su partido en el poder no es precisamente una de las preocupaciones de García.
El escenario ideal de García es borrar el pésimo recuerdo del 85 manteniendo el crecimiento económico en este periodo y esperar que fracase el gobierno siguiente para seguir soñando con regresar. Un gobernante del Apra –sea que fracase o tenga éxito- es un problema para el propio García.
El otro aspecto a tener en cuenta es el espectro político que tenemos actualmente en el país. Con García convertido al libre mercado -bendecido por Mario Vargas Llosa que de haber votado por él tapándose la nariz ha pasado a no arrepentirse de su voto en segunda vuelta por el mal menor-, la derecha se ha repoblado, dejando un espacio de centro izquierda que nadie, por el momento, ha logrado conquistar.
García se siente cómodo ocupando hoy el mismo espacio de Lourdes Flores, Vargas Llosa, Hernando de Soto, Antero Flores, Rafael Rey, pero nada asegura que se encuentre en la misma posición el 2011. Ya demostró en las últimas elecciones que puede hablar desde la izquierda y oponerse al TLC, y gobernar sin preocupaciones desde la derecha y firmarlo.
Si alguna virtud ha tenido el anuncio presidencial sobre las aspiraciones de su partidario a mantenerse en el poder ha sido definir -de una vez por todas- que no será García el que intente quedarse y que se irá el 28 de julio del 2011 a las 12 del mediodía.
01 febrero, 2008
La orquesta de la Muerte
Al llegar las camionetas a la puerta del callejón salió un niño. Vio que un grupo de hombres bajaba raudo portando un saco pesado que bajaron de sus vehículos.
-¿Quiénes son ustedes?-, preguntó el niño acercándose a ayudarlos.
- Somos los de la orquesta- dijo uno de ellos.
El niño intentó cargar el saco, pero no pudo. Los “instrumentos” pesaban demasiado.
Los “músicos” ingresaron a la fiesta y un hombre preguntó desde el balcón
-Qué pasa, jefe?
Un disparo seco fue la respuesta que recibió, con lo que empezó la danza de la muerte. Era el Destacamento Colina en acción y su jefe, Martín Rivas, había empezado a ejecutar la partitura macabra que acabó con 15 personas, incluido el niño.
Pasajes sórdidos como éste han sido narrados en el juicio a Fujimori por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos.
De manera truculenta pero sin dramatismo, los agentes-colina van revelando detalles de sus operativos, cuya misión –conocemos ahora- no era capturar sospechosos, sino eliminarlos. Era la forma cómo desde el Estado se decidió responder la estrategia senderista de provocar a los representantes del orden emboscando, torturando o aniquilando, autoridades políticas, militares, policías, dirigentes partidarios o campesinos que se resistían a seguirlos.
Habrá quienes pese a lo que vienen viendo y escuchando justificarán el accionar de este grupo de soldados frente al horror perpetrado por Sendero Luminoso. Su razonamiento los lleva a señalar cosas simples como “no había otra forma”, “si eran terroristas está bien que se los haya eliminado”, hasta formas más elaboradas como “el Estado tiene que defenderse”, “Lo hicieron para preservar la democracia”.
El juicio televisado nos revela hasta dónde llega un Estado cuando se desvía y corrompe producto del control absoluto del poder. El Destacamento Colina, integrante del Ejército Peruano, actuó al amparo del gobierno de turno y aplicó métodos vedados de guerra de baja intensidad.
Bajo la fachada de crear un organismo especializado de inteligencia para luchar contra la subversión, se dio vida a una maquinaria encargada de realizar asesinatos extrajudiciales contra senderistas o sospechosos de senderistas. Por los testimonios escuchados, hubo momentos en que este grupo operó como un sicariato.
De los testimonios ofrecidos hasta ahora resulta imposible que los altos mandos del Ejecutivo –incluido el Jefe del Estado- hubieran desconocido su existencia. Y si verdaderamente el presidente de la República estuvo ajeno a su accionar, es culpable de negligencia punible, cuando menos.
Pero todo indica que no fue así. Como dice el informe de la Comisión de la Verdad “No sólo se impidió deliberadamente la investigación del crimen mediante una imposición de mecanismos legislativos y judiciales, encubriendo y obstaculizando la sanción de los responsables. Como consecuencia de ello, se protegió una política de violación de los derechos humanos al inobservar el Estado obligaciones internacionales, sancionándose, para ese propósito, leyes cuyo único objeto era la impunidad”.
Todo esto lo podemos ver ahora en vivo y en directo por el canal de cable. Una pregunta que cruza todos los testimonios es: ¿puede el Estado en nombre de la seguridad nacional cometer un crimen contra quien a mano armada subvierte el orden con terror? Hubo entre Los colina quienes creyeron que sí. Y me temo que no sólo entre los colina...
Grupo Colina
Martin Rivas
Alberto Fujimori
-¿Quiénes son ustedes?-, preguntó el niño acercándose a ayudarlos.
- Somos los de la orquesta- dijo uno de ellos.
El niño intentó cargar el saco, pero no pudo. Los “instrumentos” pesaban demasiado.
Los “músicos” ingresaron a la fiesta y un hombre preguntó desde el balcón
-Qué pasa, jefe?
Un disparo seco fue la respuesta que recibió, con lo que empezó la danza de la muerte. Era el Destacamento Colina en acción y su jefe, Martín Rivas, había empezado a ejecutar la partitura macabra que acabó con 15 personas, incluido el niño.
Pasajes sórdidos como éste han sido narrados en el juicio a Fujimori por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos.
De manera truculenta pero sin dramatismo, los agentes-colina van revelando detalles de sus operativos, cuya misión –conocemos ahora- no era capturar sospechosos, sino eliminarlos. Era la forma cómo desde el Estado se decidió responder la estrategia senderista de provocar a los representantes del orden emboscando, torturando o aniquilando, autoridades políticas, militares, policías, dirigentes partidarios o campesinos que se resistían a seguirlos.
Habrá quienes pese a lo que vienen viendo y escuchando justificarán el accionar de este grupo de soldados frente al horror perpetrado por Sendero Luminoso. Su razonamiento los lleva a señalar cosas simples como “no había otra forma”, “si eran terroristas está bien que se los haya eliminado”, hasta formas más elaboradas como “el Estado tiene que defenderse”, “Lo hicieron para preservar la democracia”.
El juicio televisado nos revela hasta dónde llega un Estado cuando se desvía y corrompe producto del control absoluto del poder. El Destacamento Colina, integrante del Ejército Peruano, actuó al amparo del gobierno de turno y aplicó métodos vedados de guerra de baja intensidad.
Bajo la fachada de crear un organismo especializado de inteligencia para luchar contra la subversión, se dio vida a una maquinaria encargada de realizar asesinatos extrajudiciales contra senderistas o sospechosos de senderistas. Por los testimonios escuchados, hubo momentos en que este grupo operó como un sicariato.
De los testimonios ofrecidos hasta ahora resulta imposible que los altos mandos del Ejecutivo –incluido el Jefe del Estado- hubieran desconocido su existencia. Y si verdaderamente el presidente de la República estuvo ajeno a su accionar, es culpable de negligencia punible, cuando menos.
Pero todo indica que no fue así. Como dice el informe de la Comisión de la Verdad “No sólo se impidió deliberadamente la investigación del crimen mediante una imposición de mecanismos legislativos y judiciales, encubriendo y obstaculizando la sanción de los responsables. Como consecuencia de ello, se protegió una política de violación de los derechos humanos al inobservar el Estado obligaciones internacionales, sancionándose, para ese propósito, leyes cuyo único objeto era la impunidad”.
Todo esto lo podemos ver ahora en vivo y en directo por el canal de cable. Una pregunta que cruza todos los testimonios es: ¿puede el Estado en nombre de la seguridad nacional cometer un crimen contra quien a mano armada subvierte el orden con terror? Hubo entre Los colina quienes creyeron que sí. Y me temo que no sólo entre los colina...
Grupo Colina
Martin Rivas
Alberto Fujimori
27 enero, 2008
Ecos del Andahuaylazo
El “Andahuaylazo” del 2005 fue una operación político-militar destinada a provocar la vacancia del poder de Alejandro Toledo. Buscaba generar una respuesta violenta del gobierno a través de la intervención de las Fuerzas Armadas para motivar a su vez la intervención del Congreso y aprobar la remoción inmediata del presidente de la República por incapacidad moral.
El movimiento insurreccional de Antauro Humala estuvo -en varios momentos de esas difíciles horas vividas- a punto de lograr su cometido. Las Fuerzas Armadas estaban ya, armas en ristre, en posición de ataque, pero la decisión política fue negociar con los insubordinados, rescatar con vida a los rehenes y recuperar el Estado de Derecho, evitando un baño de sangre que hubiera dado a los enemigos políticos del régimen la excusa que buscaban para derrocar a Toledo.
La acción armada de Antauro, apoyada por su hermano Ollanta, presentó un plan político de tres puntos: renuncia del presidente de la República, instalación de una asamblea constituyente y adelanto de elecciones. Los políticos de entonces callaron en siete idiomas. En los primeros minutos de la incursión, algunos medios de comunicación sirivieron de cajas de resonancia de la asonada.
A las pocas horas de haber sido ocupada la Comisaría de Andahuaylas, Antauro Humala se comunicó con Radioprogramas del Perú. Por esta misma vía, Ollanta leyó un comunicado desde Seúl, Corea, en el que demandó la renuncia inmediata del presidente Toledo, su sucesión y su sometimiento a un juicio de residencia. En el comunicado Ollanta Humala hizo un llamado “a los reservistas a nivel nacional, en condiciones de actuar organizadamente en defensa de la población y por la recuperación de nuestras instituciones”.
Antauro al tomar conocimiento del comunicado de su hermano llamó a la insurrección general desde Andahuaylas. Sólo después de haberse enterado de la muerte de cuatro policías, Ollanta pidió a su hermano deponer las armas. Hubo medios que se negaron a leer los comunicados oficiales del Gobierno.
El Presidente convocó al Consejo del Estado para comunicar a todos los órganos su decisión de utilizar la fuerza para mantener el orden democrático. El presidente del Congreso Antero Flores Aráoz respaldó la propuesta.
La asonada humalista no obtuvo el respaldo ni de unidades militares ni de organizaciones civiles, políticas o institucionales. Antauro se quedó sólo con sus hombres y fue capturado al tercer día, en una hábil maniobra desplegada por el general Felix Murazzo, quien lo convenció para conversar y al final, por orden del Presidente de la República –vía telefónica, tras un tenso diálogo desde Salón Bolognesi en Palacio de Gobierno donde se congregó el comando general de operaciones-, lo detuvo con presencia del fiscal de turno respectivo.
Fue una operación limpia, que evitó más muerte de la que los humalistas provocaron. El comando militar se quedó con sus chalecos antibalas puestos y se logró que los rebeldes entregaran las armas en presencia de autoridades. La chispa que incendiara la pradera no prendió y el Presidente Toledo terminó su periodo de gobierno sin haber manchado sus manos de sangre, como se buscó con insistencia en la asonada de Andahuaylas, el primer día de enero de 2005.
Etnocacerismo
Antauro Humala
Ollanta Humala
El movimiento insurreccional de Antauro Humala estuvo -en varios momentos de esas difíciles horas vividas- a punto de lograr su cometido. Las Fuerzas Armadas estaban ya, armas en ristre, en posición de ataque, pero la decisión política fue negociar con los insubordinados, rescatar con vida a los rehenes y recuperar el Estado de Derecho, evitando un baño de sangre que hubiera dado a los enemigos políticos del régimen la excusa que buscaban para derrocar a Toledo.
La acción armada de Antauro, apoyada por su hermano Ollanta, presentó un plan político de tres puntos: renuncia del presidente de la República, instalación de una asamblea constituyente y adelanto de elecciones. Los políticos de entonces callaron en siete idiomas. En los primeros minutos de la incursión, algunos medios de comunicación sirivieron de cajas de resonancia de la asonada.
A las pocas horas de haber sido ocupada la Comisaría de Andahuaylas, Antauro Humala se comunicó con Radioprogramas del Perú. Por esta misma vía, Ollanta leyó un comunicado desde Seúl, Corea, en el que demandó la renuncia inmediata del presidente Toledo, su sucesión y su sometimiento a un juicio de residencia. En el comunicado Ollanta Humala hizo un llamado “a los reservistas a nivel nacional, en condiciones de actuar organizadamente en defensa de la población y por la recuperación de nuestras instituciones”.
Antauro al tomar conocimiento del comunicado de su hermano llamó a la insurrección general desde Andahuaylas. Sólo después de haberse enterado de la muerte de cuatro policías, Ollanta pidió a su hermano deponer las armas. Hubo medios que se negaron a leer los comunicados oficiales del Gobierno.
El Presidente convocó al Consejo del Estado para comunicar a todos los órganos su decisión de utilizar la fuerza para mantener el orden democrático. El presidente del Congreso Antero Flores Aráoz respaldó la propuesta.
La asonada humalista no obtuvo el respaldo ni de unidades militares ni de organizaciones civiles, políticas o institucionales. Antauro se quedó sólo con sus hombres y fue capturado al tercer día, en una hábil maniobra desplegada por el general Felix Murazzo, quien lo convenció para conversar y al final, por orden del Presidente de la República –vía telefónica, tras un tenso diálogo desde Salón Bolognesi en Palacio de Gobierno donde se congregó el comando general de operaciones-, lo detuvo con presencia del fiscal de turno respectivo.
Fue una operación limpia, que evitó más muerte de la que los humalistas provocaron. El comando militar se quedó con sus chalecos antibalas puestos y se logró que los rebeldes entregaran las armas en presencia de autoridades. La chispa que incendiara la pradera no prendió y el Presidente Toledo terminó su periodo de gobierno sin haber manchado sus manos de sangre, como se buscó con insistencia en la asonada de Andahuaylas, el primer día de enero de 2005.
Etnocacerismo
Antauro Humala
Ollanta Humala
23 enero, 2008
Perú – Chile: las cuerdas separadas
Cada vez que las relaciones se tensan con el vecino del sur, irremediablamente sale a relucir el argumento de las cuerdas separadas. Esto quiere decir que las acciones que discurren en el campo político-diplomático internacional no deben mezclarse con las relaciones comerciales o de negocios que mantienen ambos países.
El gobierno defiende esta tesis, lo mismo que organizaciones empresariales, políticos de diversos partidos y medios de comunicación importantes como El Comercio. Posición contraria sostienen políticos como Carlos Ferrero, líderes del Partido Nacionalista y académicos como Alan Fairlie.
En realidad la política de cuerdas separadas en las relaciones peruano-chilenas nace de la Cancillería y se basa principalmente en una postura pragmática, una visión económica liberal que bien puede resumirse en la frase “bussines are bussines”.
En el fondo es una manera de ganar tiempo.
Chile tiene actualmente alrededor de 6 mil millones de dólares de inversión en nuestro país. El Perú no pasa de 300 millones de dólares invertidos en Chile. Pero, además de la asimetría económica, quizás, lo que en verdad preocupe, es la evidente asimetría militar.
Los economistas liberales señalan que hacer negocios en países fronterizos ayuda a mejorar las percepciones entre los vecinos y disminuye el riesgo de posibles conflictos bélicos debido a que las fuerzas económicas son las primeras que se ven afectadas por las guerras. Fairlie ataca este planteamiento señalando que eso no ocurre cuando las asimetrías económicas entre los pasies vecinos son abismales. Por el contrario -señala- esta asimetría puede ser factor de conflicto.
En el caso de las diferencias en Defensa, sólo resta ganar tiempo y esperar que el Fondo de Defensa creado en nuestro país el 2004 -que ya permitió comprar cuatro fragatas Lupo- permita programar la recuperación de nuestras Fuerzas Armadas. Mientras, ya se viene aplicando el nuevo concepto de “Núcleo Básico Eficaz” y “Guerra Asimétrica”
Para ser sinceros, la política de cuerdas separadas es algo que también se escucha en círculos oficiales chilenos. Lo ha afirmado el propio canciller Foxley en reiteradas oportunidades, aunque ayer llegó un ruido en este aspecto. La noticia daba cuenta de que el gobierno chileno había quitado el carácter de urgente al trámite que el Senado debía iniciar sobre la firma de un TLC con Perú, una semana después de que nuestro país presentara la demanda limítrofe contra Chile en La Haya.
La información consignaba unas declaraciones del senador derechista opositor Hernán Larraín: “Está claro que las relaciones con Perú no pueden ser igual que antes, cuando reinaba otro espíritu... El gesto inamistoso del Perú debe ser respondido". Es decir, no más política de cuerdas separadas. Foxley se encargó de desmentir tal posición, pero queda siempre el rintintín de la duda.
El canciller peruano, por su parte, ha reiterado que la demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la delimitación marítima con Chile, es un tema que circula por un carril separado debido a que se trata de un tópico eminentemente jurídico y jurisdiccional. "Y allí debe quedar y no debe trasladarse a los otros campos de la relación bilateral".
Hasta el momento el discurso de las cuerdas separadas ha servido para ambos gobiernos. Lo que nadie sabe es que pasará cuando uno de los dos países vea que en realidad la economía y la política son en efecto dos cuerdas, pero, no separadas, sino trensadas por la idiosincracia de los pueblos.
Defensa
Perú Chile Fronteras
Economía Negocios
El gobierno defiende esta tesis, lo mismo que organizaciones empresariales, políticos de diversos partidos y medios de comunicación importantes como El Comercio. Posición contraria sostienen políticos como Carlos Ferrero, líderes del Partido Nacionalista y académicos como Alan Fairlie.
En realidad la política de cuerdas separadas en las relaciones peruano-chilenas nace de la Cancillería y se basa principalmente en una postura pragmática, una visión económica liberal que bien puede resumirse en la frase “bussines are bussines”.
En el fondo es una manera de ganar tiempo.
Chile tiene actualmente alrededor de 6 mil millones de dólares de inversión en nuestro país. El Perú no pasa de 300 millones de dólares invertidos en Chile. Pero, además de la asimetría económica, quizás, lo que en verdad preocupe, es la evidente asimetría militar.
Los economistas liberales señalan que hacer negocios en países fronterizos ayuda a mejorar las percepciones entre los vecinos y disminuye el riesgo de posibles conflictos bélicos debido a que las fuerzas económicas son las primeras que se ven afectadas por las guerras. Fairlie ataca este planteamiento señalando que eso no ocurre cuando las asimetrías económicas entre los pasies vecinos son abismales. Por el contrario -señala- esta asimetría puede ser factor de conflicto.
En el caso de las diferencias en Defensa, sólo resta ganar tiempo y esperar que el Fondo de Defensa creado en nuestro país el 2004 -que ya permitió comprar cuatro fragatas Lupo- permita programar la recuperación de nuestras Fuerzas Armadas. Mientras, ya se viene aplicando el nuevo concepto de “Núcleo Básico Eficaz” y “Guerra Asimétrica”
Para ser sinceros, la política de cuerdas separadas es algo que también se escucha en círculos oficiales chilenos. Lo ha afirmado el propio canciller Foxley en reiteradas oportunidades, aunque ayer llegó un ruido en este aspecto. La noticia daba cuenta de que el gobierno chileno había quitado el carácter de urgente al trámite que el Senado debía iniciar sobre la firma de un TLC con Perú, una semana después de que nuestro país presentara la demanda limítrofe contra Chile en La Haya.
La información consignaba unas declaraciones del senador derechista opositor Hernán Larraín: “Está claro que las relaciones con Perú no pueden ser igual que antes, cuando reinaba otro espíritu... El gesto inamistoso del Perú debe ser respondido". Es decir, no más política de cuerdas separadas. Foxley se encargó de desmentir tal posición, pero queda siempre el rintintín de la duda.
El canciller peruano, por su parte, ha reiterado que la demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la delimitación marítima con Chile, es un tema que circula por un carril separado debido a que se trata de un tópico eminentemente jurídico y jurisdiccional. "Y allí debe quedar y no debe trasladarse a los otros campos de la relación bilateral".
Hasta el momento el discurso de las cuerdas separadas ha servido para ambos gobiernos. Lo que nadie sabe es que pasará cuando uno de los dos países vea que en realidad la economía y la política son en efecto dos cuerdas, pero, no separadas, sino trensadas por la idiosincracia de los pueblos.
Defensa
Perú Chile Fronteras
Economía Negocios
19 enero, 2008
Perú - Chile: escenarios no deseados
El Perú tiene la razón, pero Chile tiene la fuerza. Partiendo de esta realidad, los países desarrollarán sus estrategias privilegiando sus respectivas fortalezas. Pero eso no quiere decir que las cosas se mantengan inalterables en el tiempo. Todo lo contrario. Sin desesperación, pero invariablemente, nuestro país deberá avanzar en potenciar equipos y sistemas de defensa. Las negociaciones en Itamaraty enseñaron que una cosa es sentarse a conversar sin respaldo militar y otra muy distinta es hacerlo con ventaja operativa.
El tiempo que gane la diplomacia en este juego lo agradecerá la defensa. Teniendo esto claro podrán reorientarse los presupuestos y las prioridades para garantizar un respaldo militar adecuado que nadie quiere usar, pero que no se puede dejar de pensar.
Los chilenos están en lo mismo. El pensamiento profundo de la presidenta Bachelet no deja dudas. "Chile hará lo que corresponde en la Corte de La Haya, defenderá con mucha fuerza su postura, porque estamos convencidos de que no solo tenemos la razón, sino que tenemos todos los elementos para mostrar con claridad la postura chilena", ha dicho ayer la presidenta. ¿Cuáles son todos esos elementos que mostrarán con claridad la postura chilena?,¿son todos de carácter legal? ¿O hay también argumentos extra-jurídicos?
Chile hace alarde de su fuerza como elemento disuasorio en la confrontación abierta y jurídica que se acaba de abrir en La Haya porque, como bien dice uno de sus ex cancilleres hoy en El Mercurio, Hernán Felipe Errázuriz, “las partes se han comprometido a un juicio pacífico. Pero las conductas y confianzas cambian a partir de las demandas judiciales y tienden a complicarse”.
A diferencia de nosotros, a la hora de defender su posición, Chile no hace distingos entre sus colaboradores. Y convoca a sus profesionales sin preguntar si tienen credenciales democráticas o si han servido a la dictadura. Es el caso de Errázuriz, economista de ala dura, integrante de la dictadura pinochetista, primero como presidente del Banco Central de Reserva, ministro de Minería y secretario general del Gobierno, embajador de Chile en los Estados Unidos (periodo de Ronald Reagan) y canciller pinochetista en las postrimerías del régimen militar chileno.
Errázuriz es uno de los seis ex cancilleres convocados por la presidencia de Michelle Bachelet para defender la tesis chilena de que el límite marítimo con el Perú no sólo está establecido, sino que es inmodificable. El ex canciller pinochetista considera que planteada la litis ante la Corte está trabada y si bien los jueces resolverán “eso no basta”. Por lo tanto, “hay que armonizar y abordar factores extrajudiciales, coordinar medios y precaver con prudencia eventos no deseados por las partes”.
Las voces de prudencia van y vienen de uno y otro lado. Pero acudir a La Haya abre una puerta que puede trascender el ámbito jurídico. Para esos "otros escenarios" es que debemos prepararnos desde ahora. En relaciones internacionales, diplomacia y defensa son caras de una misma moneda.
Perú Chile La Haya
Frontera Perú Chile
Hernán Felipe Errázuriz
El tiempo que gane la diplomacia en este juego lo agradecerá la defensa. Teniendo esto claro podrán reorientarse los presupuestos y las prioridades para garantizar un respaldo militar adecuado que nadie quiere usar, pero que no se puede dejar de pensar.
Los chilenos están en lo mismo. El pensamiento profundo de la presidenta Bachelet no deja dudas. "Chile hará lo que corresponde en la Corte de La Haya, defenderá con mucha fuerza su postura, porque estamos convencidos de que no solo tenemos la razón, sino que tenemos todos los elementos para mostrar con claridad la postura chilena", ha dicho ayer la presidenta. ¿Cuáles son todos esos elementos que mostrarán con claridad la postura chilena?,¿son todos de carácter legal? ¿O hay también argumentos extra-jurídicos?
Chile hace alarde de su fuerza como elemento disuasorio en la confrontación abierta y jurídica que se acaba de abrir en La Haya porque, como bien dice uno de sus ex cancilleres hoy en El Mercurio, Hernán Felipe Errázuriz, “las partes se han comprometido a un juicio pacífico. Pero las conductas y confianzas cambian a partir de las demandas judiciales y tienden a complicarse”.
A diferencia de nosotros, a la hora de defender su posición, Chile no hace distingos entre sus colaboradores. Y convoca a sus profesionales sin preguntar si tienen credenciales democráticas o si han servido a la dictadura. Es el caso de Errázuriz, economista de ala dura, integrante de la dictadura pinochetista, primero como presidente del Banco Central de Reserva, ministro de Minería y secretario general del Gobierno, embajador de Chile en los Estados Unidos (periodo de Ronald Reagan) y canciller pinochetista en las postrimerías del régimen militar chileno.
Errázuriz es uno de los seis ex cancilleres convocados por la presidencia de Michelle Bachelet para defender la tesis chilena de que el límite marítimo con el Perú no sólo está establecido, sino que es inmodificable. El ex canciller pinochetista considera que planteada la litis ante la Corte está trabada y si bien los jueces resolverán “eso no basta”. Por lo tanto, “hay que armonizar y abordar factores extrajudiciales, coordinar medios y precaver con prudencia eventos no deseados por las partes”.
Las voces de prudencia van y vienen de uno y otro lado. Pero acudir a La Haya abre una puerta que puede trascender el ámbito jurídico. Para esos "otros escenarios" es que debemos prepararnos desde ahora. En relaciones internacionales, diplomacia y defensa son caras de una misma moneda.
Perú Chile La Haya
Frontera Perú Chile
Hernán Felipe Errázuriz
Cronología del diferendo marítimo Perú - Chile
La Agencia Reuters publica esta reseña cronológica que resume paso a paso el diferendo marítimo entre nuestro país y Chile. A partir de ahora se abre un largo proceso cuyos resultados se verán con seguridad en el próximo gobierno.
• 19 julio 2004: Perú informa que entregó a Chile una propuesta formal para iniciar en un plazo de 60 días negociaciones y solucionar la "controversia jurídica" sobre la delimitación marítima.
• 12 septiembre 2004: La Cancillería peruana dice que se agotó la posibilidad de buscar una solución al diferendo a través de negociaciones directas y que el país andino puede recurrir a los medios de solución pacífica de controversias previstos en el derecho internacional.
• 31 octubre 2005: Chile lanza una ofensiva diplomática para convencer a sus socios sudamericanos de que es ilegal un proyecto del Congreso de Perú que fija una línea fronteriza marítima distinta a la reconocida por Santiago.
• 3 noviembre 2005: El entonces presidente peruano Alejandro Toledo promulga una ley aprobada horas antes por el Congreso que sienta las bases para negociar una frontera marítima con su vecino del sur. Chile dice que la norma no tiene efecto internacional y que hará respetar acuerdos vigentes.
• 4 octubre 2006: El Gobierno peruano dice que agotará la vía diplomática antes de recurrir a la corte de La Haya para solucionar la diferencia limítrofe con Chile.
• 10 abril 2007: Perú anuncia que ratificó ante Naciones Unidas su posición en torno a los límites marítimos con Chile y presentó las líneas de base que definen su frontera.
• 9 junio 2007: Perú presenta una nota de protesta a Chile por su pretensión de "confundir" la delimitación marítima, que Lima considera pendiente, con la frontera terrestre ya fijada por un tratado de 1929.
• 28 julio 2007: El presidente peruano, Alan García, dice que ya comunicó al Gobierno chileno la decisión de su país de acudir a la corte internacional de La Haya para resolver el diferendo sobre la frontera marítima.
• 12 agosto 2007: Perú publica un mapa oficial en el que define su límite marítimo en el sur, un documento que considera clave para sustentar su posición respecto del diferendo con Chile.
• 13 agosto 2007: Chile llama a su embajador en Perú luego de protestar por la publicación del mapa. A los pocos días, el Gobierno chileno anuncia su regreso a Perú para coordinar ayuda tras un terremoto en el sur de Lima.
• 23 agosto 2007: Chile asegura que la publicación del mapa peruano es un obstáculo para entregar una eventual solución a la histórica demanda de Bolivia de un acceso al Océano Pacífico.
• 9 noviembre 2007: García y la presidenta chilena, Michelle Bachelet, conversan en Santiago "muy de pasada" sobre la controversia que tienen ambos países por sus límites marítimos, aprovechando la participación de ambos en la XVII Cumbre Iberoamericana en la capital chilena.
• 28 diciembre 2007: Perú oficializa la designación de su ex ministro de Defensa y ex canciller Allan Wagner como agente diplomático del Estado peruano ante la corte internacional de La Haya.
• 9 enero 2008: El Gobierno peruano designa a los integrantes de su delegación ante el tribunal internacional.
• 10 enero 2008: La estrategia de Perú para zanjar el diferendo en La Haya recibe el respaldo unánime de diversos sectores políticos y sociales del país. Chile constituye un consejo de ex cancilleres para que lo asesore en su defensa.
• 14 enero 2008: Bachelet asegura que Chile está preparado para defenderse en la Corte Internacional de Justicia frente a una demanda peruana. El subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, asumirá como líder del grupo que defenderá la posición de Chile.
• 16 enero 2008: Perú anuncia que presentó ante La Haya una demanda para solucionar la controversia sobre su frontera marítima con Chile.
• 17 enero 2008: Chile llama a consulta a su embajador en Perú, Cristián Barros, para analizar la agenda bilateral tras la demanda peruana.
• 19 julio 2004: Perú informa que entregó a Chile una propuesta formal para iniciar en un plazo de 60 días negociaciones y solucionar la "controversia jurídica" sobre la delimitación marítima.
• 12 septiembre 2004: La Cancillería peruana dice que se agotó la posibilidad de buscar una solución al diferendo a través de negociaciones directas y que el país andino puede recurrir a los medios de solución pacífica de controversias previstos en el derecho internacional.
• 31 octubre 2005: Chile lanza una ofensiva diplomática para convencer a sus socios sudamericanos de que es ilegal un proyecto del Congreso de Perú que fija una línea fronteriza marítima distinta a la reconocida por Santiago.
• 3 noviembre 2005: El entonces presidente peruano Alejandro Toledo promulga una ley aprobada horas antes por el Congreso que sienta las bases para negociar una frontera marítima con su vecino del sur. Chile dice que la norma no tiene efecto internacional y que hará respetar acuerdos vigentes.
• 4 octubre 2006: El Gobierno peruano dice que agotará la vía diplomática antes de recurrir a la corte de La Haya para solucionar la diferencia limítrofe con Chile.
• 10 abril 2007: Perú anuncia que ratificó ante Naciones Unidas su posición en torno a los límites marítimos con Chile y presentó las líneas de base que definen su frontera.
• 9 junio 2007: Perú presenta una nota de protesta a Chile por su pretensión de "confundir" la delimitación marítima, que Lima considera pendiente, con la frontera terrestre ya fijada por un tratado de 1929.
• 28 julio 2007: El presidente peruano, Alan García, dice que ya comunicó al Gobierno chileno la decisión de su país de acudir a la corte internacional de La Haya para resolver el diferendo sobre la frontera marítima.
• 12 agosto 2007: Perú publica un mapa oficial en el que define su límite marítimo en el sur, un documento que considera clave para sustentar su posición respecto del diferendo con Chile.
• 13 agosto 2007: Chile llama a su embajador en Perú luego de protestar por la publicación del mapa. A los pocos días, el Gobierno chileno anuncia su regreso a Perú para coordinar ayuda tras un terremoto en el sur de Lima.
• 23 agosto 2007: Chile asegura que la publicación del mapa peruano es un obstáculo para entregar una eventual solución a la histórica demanda de Bolivia de un acceso al Océano Pacífico.
• 9 noviembre 2007: García y la presidenta chilena, Michelle Bachelet, conversan en Santiago "muy de pasada" sobre la controversia que tienen ambos países por sus límites marítimos, aprovechando la participación de ambos en la XVII Cumbre Iberoamericana en la capital chilena.
• 28 diciembre 2007: Perú oficializa la designación de su ex ministro de Defensa y ex canciller Allan Wagner como agente diplomático del Estado peruano ante la corte internacional de La Haya.
• 9 enero 2008: El Gobierno peruano designa a los integrantes de su delegación ante el tribunal internacional.
• 10 enero 2008: La estrategia de Perú para zanjar el diferendo en La Haya recibe el respaldo unánime de diversos sectores políticos y sociales del país. Chile constituye un consejo de ex cancilleres para que lo asesore en su defensa.
• 14 enero 2008: Bachelet asegura que Chile está preparado para defenderse en la Corte Internacional de Justicia frente a una demanda peruana. El subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, asumirá como líder del grupo que defenderá la posición de Chile.
• 16 enero 2008: Perú anuncia que presentó ante La Haya una demanda para solucionar la controversia sobre su frontera marítima con Chile.
• 17 enero 2008: Chile llama a consulta a su embajador en Perú, Cristián Barros, para analizar la agenda bilateral tras la demanda peruana.
17 enero, 2008
Comunicado de Perú Posible sobre delimitación marítima con Chile
Pensando en el Perú
La defensa de la soberanía nacional es una política de Estado; formada en el tiempo al amparo de sucesivos gobiernos. Los hombres pasan, pero los altos intereses del país permanecen.
La delimitación de la frontera marítima con el vecino país de Chile es una controversia de naturaleza jurídica, pacífica y justa.
Respaldamos la iniciativa del actual gobierno de buscar la solución definitiva al diferendo en la Corte Internacional de La Haya.
Esto no se hubiera concretado si nuestro Gobierno de Perú Posible no hubiera realizado las siguientes acciones dentro de una política de Estado:
- Reconocimiento de la competencia de la Corte de La Haya.
- Identificación del Pacto de Bogotá como la base jurídica que habilite el juicio en la Corte.
- Retiro de las reservas que el Perú tenía al Pacto de Bogotá.
- Definición del límite marítimo externo del Perú a través de la Ley de Líneas de Base.
Pensando en el Perú, el 2002, durante su visita de Estado a Chile, el Presidente Alejandro Toledo planteó directamente el tema de la controversia marítima al Presidente Lagos, la cual, de mutuo acuerdo, se hizo pública en la conferencia de prensa al final de la visita de Estado.
Dos años después, el 19 de julio del 2004, se invitó formalmente al Gobierno de Chile a establecer el límite marítimo a través de negociaciones diplomáticas, agotando así las tratativas bilaterales y abriendo a su vez las puertas del escenario internacional en que ahora nos encontramos.
El 13 de febrero de 2007 Perú Posible publicó un pronunciamiento manifestando que las negociaciones diplomáticas con Chile estaban agotadas y que por tanto debía acudirse al Tribunal de La Haya.
Un sólo norte, una misma conducta, una convicción: el Perú.
La Comisión Política
Lima, 17 de enero de 2008
La defensa de la soberanía nacional es una política de Estado; formada en el tiempo al amparo de sucesivos gobiernos. Los hombres pasan, pero los altos intereses del país permanecen.
La delimitación de la frontera marítima con el vecino país de Chile es una controversia de naturaleza jurídica, pacífica y justa.
Respaldamos la iniciativa del actual gobierno de buscar la solución definitiva al diferendo en la Corte Internacional de La Haya.
Esto no se hubiera concretado si nuestro Gobierno de Perú Posible no hubiera realizado las siguientes acciones dentro de una política de Estado:
- Reconocimiento de la competencia de la Corte de La Haya.
- Identificación del Pacto de Bogotá como la base jurídica que habilite el juicio en la Corte.
- Retiro de las reservas que el Perú tenía al Pacto de Bogotá.
- Definición del límite marítimo externo del Perú a través de la Ley de Líneas de Base.
Pensando en el Perú, el 2002, durante su visita de Estado a Chile, el Presidente Alejandro Toledo planteó directamente el tema de la controversia marítima al Presidente Lagos, la cual, de mutuo acuerdo, se hizo pública en la conferencia de prensa al final de la visita de Estado.
Dos años después, el 19 de julio del 2004, se invitó formalmente al Gobierno de Chile a establecer el límite marítimo a través de negociaciones diplomáticas, agotando así las tratativas bilaterales y abriendo a su vez las puertas del escenario internacional en que ahora nos encontramos.
El 13 de febrero de 2007 Perú Posible publicó un pronunciamiento manifestando que las negociaciones diplomáticas con Chile estaban agotadas y que por tanto debía acudirse al Tribunal de La Haya.
Un sólo norte, una misma conducta, una convicción: el Perú.
La Comisión Política
Lima, 17 de enero de 2008
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