Indignados y conectados

América Latina es hoy un laboratorio abierto de procesos económicos, políticos y sociales en el que  la gente se ha volcado a las calles, indignada y violenta, generando una dinámica que requiere ser explicada para evitar confusiones y pescar a río revuelto.

Los países andinos -Venezuela, Ecuador Chile, Bolivia- parecen calentarse al punto de poner a prueba sus endebles democracias. ¿Qué produce esta ola de enfrentamientos? ¿Hay alguna explicación que sea común a todos estos estallidos?

Una primera hipótesis es que no sea un solo factor. Ni una sola mano. Que, por el contrario, existan razones distintas. Hambre y dictadura en Venezuela; autoritarismo y fraude electoral en Bolivia; costo de vida en Ecuador; desigualdad e insatisfacción en Chile. 

Es importante diferenciar el origen de las crisis para no confundir la respuesta a cada una de ellas. De hecho, con diferente tesitura y fórmulas, tras los estallidos sociales, el poder se conserva en Chile, Venezuela y Ecuador. En Bolivia, se destituyó al presidente y asumió una representante del radicalismo religioso.

A punta de bayoneta, bala, subsidios y populismo, Nicolás Maduro, sigue gobernando y conviviendo con un presidente reconocido por todos, pero que no manda. Sebastián Piñera, después de 22 muertos y tres semanas de multitudes desbocadas en las calles terminó por acordar, junto a las fuerzas políticas de oposición, la convocatoria a un plebiscito y encaminar a Chile hacia una nueva constitución; a cambio, se mantiene en el poder. Lenin Moreno, en Ecuador, abandonó Quito por unos días, pero tras llegar a un acuerdo con los indígenas, derogó el alza de combustible y regresó a Palacio. 

Las situaciones políticas que generaron las crisis no se parecen ni en su origen, ni en su tratamiento, ni en sus resultados. 

No es verdad entonces que en todos los países estemos ante una respuesta al decaimiento, vulnerabilidad o retroceso de la clase media. En Venezuela la crisis es transversal a todas las clases sociales. En Bolivia es más profunda la fractura étnica que la económica. Fueron los no indígenas quienes expulsaron a Evo. Por el contrario, en Ecuador fueron los indígenas quienes le perdonaron la vida a Moreno.

Desde hace muchos años el BID ha identificado a América Latina como la región con mayor desigualdad de ingresos. Entre el 2002 y 2012 más de 10 millones de latinoamericanos se incorporaron a la clase media. A ese ritmo, todo parecía indicar que América Latina fuera predominantemente una región de clase media el 2017, pero no ocurrió. A partir del 2014 solo 3 millones y medio de latinoamericanos ascendieron a la clase media cada año. 

¿Es esta realidad socioeconómica la que explica el estallido en Chile? La desaceleración del crecimiento económico, genera menos empleo, por lo tanto, menos ingresos, menos clase media y más pobres. La región entró a su quinto año consecutivo de desaceleración. Muchos de los que hoy protestan probablemente son miembros de esa clase media estancada, vulnerable, que no quiere, que tiene pavor, regresar a la pobreza.

Pero la pregunta inicial sigue en pie: ¿qué une a todos los estallidos sociales en los países andinos? ¿Hay un plan concertado para desarticular estas endebles democracias? Tendría que ser un súper cerebro que conozca qué botón apretar en cada país para soliviantar a las masas en contra de sus gobiernos. 

Lo único une todos estos estallidos quizás sea lo bien conectados que están los ciudadanos a la hora de salir a las calles. Y los límites de la democracia en estos lares para procesar el conflicto. Lo primero dinamiza el “fenómeno cascada” de replica y escalamiento del estallido, mientras lo segundo revela la debilidad institucional que padecen nuestros países ante masas desbordadas que no obedecen a nadie. 

El otro rasgo que une a estos ciudadanos conectados y enojados -que han hecho de la calle su tabladillo político- es el sentimiento de insatisfacción y hartazgo frente a la autoridad. El Estado debe prestar mejores servicios y no solo ser garante de la fuerza. La gente no solo quiere gobiernos que cumplan su tarea, sino sobre todo honestados con funcionarios y servicios públicos que atiendan sin prepotencia, humillación o indignidad.

La brecha entre las aspiraciones de la gente y la realidad que no cambia podría estar generando desesperanza y frustración. Y cuando el ciudadano no encuentra satisfacción, se queja por las redes sociales. Estamos ante un ciudadano empoderado y anárquico en las redes. 

Las generaciones jóvenes viven las crisis en la vida real y también en el mundo digital. Ambos mundos conviven y se traslapan, retroalimentándose. Y cada vez es más difícil diferenciarlos. Así, la chispa del descontento social se enciende y extiende mucho más rápida, descontrolada y hasta irracionalmente, sin que ello no signifique que existe una dosis de realidad amplia y aumentada. Las redes amplifican el malestar de la gente, aunque lo real sigue siendo la angustia de vivir al límite, la frustración, los sueños truncos, la  desesperanza. 

Cuando se afecta la calidad de la democracia

La democracia puede definirse de varias formas. Como un proceso que regula el acceso al poder político, como un tipo de régimen, como la relación entre el Estado y sus ciudadanos o de estos entre sí.

Puede verse también como la relación, equilibrio e independencia entre los poderes del Estado, como el sistema de pesos y contrapesos existente en un modelo de organización política o como el sistema que mejor asegura el control político del poder.

Pero sea cual fuere el tipo de definición que se prefiera, una cosa es clara: No hay dos democracias iguales en el mundo. Ni estas existen en estado puro e ideal.

Lo que en realidad tenemos son niveles, grados, de democracia en diferentes medidas. Procesos políticos que se acercan o se alejan de las definiciones clásicas de democracia y sociedades que avanzan o retroceden en los indicadores que componen la definición de democracia.

Es probable que en países con más tradición democrática que otros o con una más extendida y antigua clase media y con partidos políticos más institucionalizados, la democracia sea mucho más permanente e inalterable.

Pero, en países como los nuestros, en determinado momento, dependiendo de circunstancias políticas, económicas y sociales específicas de cada país, la democracia sufre afectaciones. Y así, habrá más o menos libertades fundamentales; más o menos control de pesos o contrapesos, más o menos transparencia en los mecanismos de control, más o menos respeto de las mayorías a las minorías, más o menos equidad en los procesos de justicia.

Esto viene pasando en Venezuela con procesos electorales deslegitimados, paralelismo legislativo y violación de los derechos humanos, pero también en el Perú, con un sistema judicial del que difícilmente se pueda hoy afirmar que exista seguridad jurídica o garantías para un proceso de investigación justo.

Informaciones periodísticas serias acaban de demostrar que fiscales y jueces en el Caso Odebrecht, cuando menos, han usado raseros diferentes para medir a los investigados.  Mientras para unos hay diligencias inmediatas y prisiones preventivas, para otros hay silencio y ocultamiento de información.

Un sistema de justicia no confiable o, peor aún, uno parcializado políticamente, es letal para el estado de derecho. Rompe la seguridad jurídica y perfora el sistema democrático. Afecta la calidad de la democracia.

La calidad de la democracia se daña tanto si es que se atacan las garantías democráticas de acceso al poder -elecciones, libertad de expresión, sistema de partidos-, o si se alteran los límites al ejercicio del poder político -independencia de poderes-, como si las instituciones que la conforman se salen de su marco constitucional y caen en el abuso del poder. 

Una justicia parcializada, politizada o encarnizada contra los rivales políticos, lesiona, pervierte, trastoca y subvierte la calidad de la democracia.

Venezuela: ¿en el nombre del padre o del hijo?

¿Puede la política separar al padre del hijo?

Sí, por supuesto, y allí están los cientos –acaso miles– de historias de familias venezolanas desgarradas por la insania de un gobierno que no lo detiene ni el rechazo, ni las movilizaciones, ni la sangre.

Más de 120 muertos, estudiantes universitarios en su mayoría, pero también menores de edad y hasta infantes. Todo el horror necesario para mantenerse en el cargo y sustituir una a una las piezas de poder.

Hijos que salen a las calles a protestar. Padres sometidos al poder de turno.

Es el caso del recientemente nombrado fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ex defensor del Pueblo de ese país, enfrentado y distanciado políticamente de su hijo, Yibram Saab.

En abril de este año, cuando la violencia arreciaba en diversos puntos de Venezuela, y los disparos de las fuerzas de seguridad cobraban vidas de inocentes jóvenes universitarios, el joven Yibram, estudiante de Derecho, salió a protestar a las calles.

Y, de paso, se enfrentó a su padre.

Tras ser agredido por las fuerzas de seguridad, Yibram preparó un comunicado en el que protestó por la muerte del joven Juan Carlos Pernalete.

Lo escribió, lo grabó con su teléfono y lo subió a las redes.  (http://www.bbc.com/mundo/media-39738732)

“Ese pude haber sido yo”, acusó Yibram.

Allí mismo le pedía a su padre que reflexionara sobre la situación de violencia que vivía su país e “hiciera lo correcto”, para ponerle fin.

Tarek William Saab era en ese momento el defensor del Pueblo, sumiso al régimen de Maduro.

Padre e hijo marcaron posiciones diferentes. Enfrentados por principios antagónicos.

Yibram representa a todos los hijos que salen hoy a las calles en Venezuela para reclamar que su país reencuentre su cauce democrático.

Tarek es el padre que no escuchó, ni respondió al hijo, y que acaba de renunciar a la Defensoría del Pueblo para ser nombrado fiscal general por una Asamblea Constituyente espuria.

El problema es la perversión de la política, su transformación en dictadura pura y dura.

Quien mancha el poder con sangre; corrompe, degrada, envilece, el fin supremo de la sociedad que es el ser humano, es decir, la política.

Entonces, ¿puede la política separar al padre del hijo? Si se envilece, claro que puede. Pero también puede reivindicarse, separar al hijo del padre y recuperar los valores en la política. 

La levedad de la política peruana

Ha habido confusión y tergiversaciones interesadas sobre la posición de Perú Posible en el caso Venezuela. Es producto de la levedad de la política peruana, esa manera ligera de entender las cosas y actuar en caliente.

No se ha querido entender la posición principista de Alejandro Toledo de respetar la atribución presidencial de viajar al exterior con su opinión de fondo sobre el proceso electoral venezolano.

Haciendo una cabriola increíble, algunos saltaron de aprobar en el Congreso la salida del presidente a Venezuela a respaldar la elección de Maduro.

Y así resultó que fujimoristas aparecían como “defensores de la democracia en Venezuela”, mientras que los peruposibilistas eran empujados, casi, casi, a ser cómplices del chavismo. De locos.

La carta de Alejandro Toledo aclara las intenciones malsanas de sus enemigos de siempre.

Allí el líder de Perú Posible señala que una cosa es ser  respetuoso de la Constitución y coincidir en que el presidente tiene el derecho de solicitar permiso a la representación nacional para viajar fuera del país, y otra muy distinta es “inferir que con esa acción se avala o se entrega carta blanca a un proceso electoral irregular y a todas luces no transparente”.

Toledo ha sido uno de los pocos que alzó su voz tempranamente sobre el proceso electoral venezolano. Junto a un grupo de ex presidentes de la Región, lideró esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil latinoamericana para exigir elecciones limpias y transparentes, sin trampas, en Venezuela con presencia de observadores internacionales.

Firmó una carta en ese sentido y dio entrevistas a diversos medios principalmente de Venezuela, Colombia y España. Los medios en el Perú estaban en otra cosa, ocupados en temas  locales.

“Si el Presidente de la República quiere viajar a Venezuela que asuma su responsabilidad política ante el país. Que asuma los costos de apoyar a un gobierno ilegítimo cuyo dudoso origen ha sido denunciado por las fuerzas democráticas de Venezuela y de la comunidad internacional”, ha referido Toledo en su carta.

Y esa es una posición correcta.

De aquí en adelante corresponde analizar el rol que jugará el Perú en el contexto geopolítico regional y ver de qué lado se coloca. Es el papel del presidente y su partido. Para eso ganó las elecciones. Pero también es su responsabilidad.

Corresponde al resto de fuerzas políticas expresarse públicamente sobre este rol. Y siempre se podrá estar a favor o en contra. Si se discrepa, se dirá. Si se cree conveniente pasar de la crítica a la acción, se hará.

Pero que nadie se rasgue las vestiduras presentando muñecos donde no los hay o armando situaciones inverosímiles donde solo hay principios y coherencia en la forma de ejercer la política.

Como ha remarcado Toledo, “La defensa de la Democracia es mi compromiso de vida y sobre eso nunca cambio, ni cambiaré”.

La nueva crisis venezolana

El papel de la comunidad internacional y de UNASUR

(Editorial Diario La República, 17 de abril de 2013) El resultado de las elecciones venezolanas muestra un país partido en dos, aunque con una muy ligera ventaja electoral del candidato oficialista Nicolás Maduro. No obstante, el pedido de un recuento de votos del candidato opositor Henrique Capriles, el líder chavista se ha proclamado presidente y luego confirmado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El inesperado escenario a tan pocas semanas de la muerte de Hugo Chávez desdice la presunción de que el chavismo iba a revalidar su mandato con una holgada victoria. El proyecto de Chávez evidencia serias dificultades para transcender a este y la pérdida de la mayoría política por sus herederos coloca a Venezuela en la disputa por una nueva hegemonía, una compleja transición donde lo que se pone en debate ahora son los tiempos, el protagonismo de la calle y el papel que jugarán las Fuerzas Armadas.

Este resultado corona una campaña en un país tomado por la institucionalidad chavista, cuyo uso de los resortes del poder fue exageradamente visible; de ahí las 3.000 denuncias de irregularidades electorales y la necesidad de que el resultado sea confirmado solo después del recuento de votos. Esta demanda opositora no fue escuchada y a las elecciones le siguen una disputa que ya supera las competencias de los organismos electorales y la Misión de Observadores de UNASUR. En las últimas horas, la clave del proceso venezolano es sustantivamente política a pesar de la elevación del tono y de las amenazas.

Una victoria de solo 1,5 puntos de diferencia luego de un proceso repleto de irregularidades y con una oposición en alza, constituyen los elementos de una crisis en la que las elecciones son un punto de partida. En esta clave política ya se aprecian los primeros matices: mientras que los gobiernos de la región, de derecha e izquierda, han saludado la victoria de Maduro, y varios presidentes se aprestan a participar en la toma de posesión de este, la oposición democrática venezolana se organiza para una batalla nacional e internacional con pocos aliados todavía fuera de sus fronteras. Solo Estados Unidos ha tomado posición contra Maduro, en tanto que en la OEA desplazada del protagonismo por UNASUR carece de capacidad de incidencia.

En la perspectiva cercana, el principal riesgo es la radicalización del gobierno a partir del uso de la fuerza pública y de los tribunales. En ese sentido, como se ha demostrado en episodios recientes, UNASUR está llamado, más allá de las formalidades diplomáticas, a jugar un papel en la recuperación del diálogo en Venezuela para impedir un ajuste de cuentas con la oposición democrática. El año 2000, la OEA desperdició la oportunidad de incidir activa y creadoramente en el marco de la reelección fraudulenta de Alberto Fujimori. Meses después debió rectificarse aun cuando sus omisiones pasadas le restaron legitimidad en relación a conflictos de esta naturaleza.

En Venezuela se han desatado las fuerzas y van camino a la colisión; el gobierno propone una línea de mano dura y la oposición una estrategia de beligerancia democrática. No existen a la vista espacios y mecanismos que acerquen a las partes y esa búsqueda debería ser la principal labor de UNASUR. Con ese propósito sería ideal que el Perú, que ejerce la presidencia pro tempore de UNASUR, analice su papel en la promoción del diálogo.

Ecuador y la soberanía vulnerada

El principio de defensa de la soberanía se ha impuesto a la condena al terrorismo. Casi unánimemente los países miembros de la OEA han rechazado la actuación del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano. Solo Estados Unidos ha expresado su apoyo a Colombia; subrayando así su política de lucha internacional, sin fronteras, contra el terrorismo.

El derecho internacional se ha impuesto a la seguridad nacional. Ecuador ha logrado que la región rechace el método de vulnerar el territorio de un país vecino en nombre del combate al terrorismo, política que ha venido desarrollándose en otras partes del mundo.

Se ha preservado así el concepto de la soberanía del Estado, entendida como el derecho que tienen los pueblos a ejercer el poder dentro de un territorio. Sin soberanía no hay Estado. El territorio, la Nación y el poder son la esencia del Estado soberano.

Pero así como para el Derecho, el Estado sigue siendo soberano, para la Economía y la Tecnología hace mucho tiempo que dejó de serlo.

Los capitales penetran los débiles Estados-Nación trasladando dinero y mercancías sin tomar en cuenta autonomías o independencias.

Lo mismo ocurre con el avance en las comunicaciones. Los países son vigilados, vulnerados, penetrados, en su soberanía de forma permanente por las superpotencias.

De hecho, se afirma que Colombia actuó en Ecuador con información proporcionada por satélites norteamericanos.

Hay una soberanía de derecho y otra de hecho. La primera es incuestionable. La segunda es relativa.

Mientras un país no ocupe ni desarrolle plenamente su territorio, difícilmente podrá ejercer plena soberanía sobre él. Es lo que pasa con nuestra Amazonia y Mar, por ejemplo.

Pero aún con estas deficiencias, la lección que nos queda es que en el contexto de las naciones democráticas, la convivencia pacífica de los Estados demanda respeto al derecho internacional; respeto a nuestros Estados soberanos.

Ahora bien, ¿es el Estado finalmente invulnerable, impenetrable? Ya hemos visto que al menos para la economía y la ciencia, no. Tampoco para poderes oscuros como el narcotráfico o el terrorismo. Estas organizaciones criminales perforan Estados y conciencias.

¿Puede un fin como la lucha contra el terrorismo justificar una acción extra-estatal?... La OEA ha dicho que no, al menos por ahora.

Ecuador
Presidente Correa
Terrorismo Ecuador

No, mi comandante

El resultado electoral en Venezuela marca el inicio de la cuenta regresiva del Presidente Chávez en el poder. Sus sueños de permanecer indefinidamente en el sillón presidencial tienen ahora el plazo fijo que el pueblo le confió y que no ha querido extender. En cinco años más, Chávez debe ceder la posta. No hacerlo sería su suicidio político.

¿Cumplirá el presidente bolivariano este designio democrático? Difícil afirmarlo por ahora. Los resultados del plebiscito constitucional lo han frenado un poco, pero no lo han detenido del todo. Ahí está esa frase sarcástica con tufillo a venganza “por ahora, no pudimos”.

Venezuela rechazó en las urnas el modelo socialista planteado por Chávez. Dijo no a los cambios en la propiedad privada, a la reforma de la Fuerza Armada, al fin de la autonomía del Banco Central de Reserva y, por supuesto, dijo no a la reelección indefinida.

Venezuela se negó a pasar de la democracia a la autocracia.

El aire fresco de la oposición vino de los jóvenes universitarios, quienes fueron los primeros en salir a las calles a protestar primero por el cierre de RCTV y por el cambio del modo de vida consagrado en la Constitución después.

Sus marchas callejeras recordaron al fenómeno estudiantil peruano ocurrido tras el cierre del Tribunal Constitucional. Los jóvenes tomaron las calles y desde allí sirvieron de catalizador para otros grupos sociales que se unieron a las protestas.

Este sentimiento de rechazo debe dar paso ahora a una propuesta más orgánica que consolide el bloque opositor en el próximo proceso electoral. Ese es el reto que tienen ante sí quienes expresaron en las urnas su rechazo al modelo chavista.

Chávez no se quedará con los brazos cruzados y sus seguidores ya le han sugerido que presente sus proyectos de reformas estructurales a través de iniciativas legislativas. Como él mismo se ha encargado de recordar a todos “la batalla será larga”.

Será un camino también largo para la oposición. Venezuela deberá demostrar que puede salir algo nuevo de este triunfo electoral. Algo que no sea el regreso a los partidos políticos de antaño. Tiene que ser algo fresco, distinto. Una plataforma de confluencia democrática que renueve la política partidaria del Orinoco.

Una cosa al menos es segura. Chávez no podrá ser el sucesor de Fidel.

Hugo Chávez
Elecciones + Venezuela
Democracia + América Latina