Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

04 septiembre, 2013

¿Comisión de Fiscalización o de Festinación?



La Comisión de Fiscalización que dirije el solidario Vicente Zeballos, en el encargo de investigar a Alejandro Toledo, viene actuando con celeridad asombrosa. Apura el paso. Aprieta el tiempo.

No es que siga un procedimiento prolijo que permite que sus decisiones y directivas fluyan sin contratiempo. No.

Su velocidad deriva de su rapidez para festinar trámites. Para saltar y vulnerar la ley.

En la primera sesión, sin que los congresistas diseñaran un plan de trabajo, una agenda de invitados y, peor aún, sin precisar las razones por las cuales se comprende a las personas en un proceso investigatorio, en sesión reservada, se aprobó el levantamiento del secreto bancario de un grupo de personas consideradas sospechosas.

En esa misma sesión, el presidente de Fiscalización acordó distribuir a los miembros de la comisión un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera conocido por la fiscalía que investiga los mismos hechos, por lo menos, desde hace tres meses.

El segundo párrafo de dicho documento afirma que: “Es preciso señalar que el destinatario de la presente se encuentra bajo el Deber de Reserva y deberá guardar la debida confidencialidad que establecen las normas vigentes sobre el contenido de las comunicaciones de la UIF-Perú”.

El destinatario hizo todo lo contrario. El mismo día que lo obtuvo, un congresista miembro de la comisión, entregó el documento a la prensa y originó tremendo escándalo mediático. Ruido, porque el informe de la UIF ya fue respondido en la fiscalía.

En la segunda sesión, la Comisión de Fiscalización ha seguido pisando el acelerador. Sin mayor explicación, sustentación, ni rigurosidad jurídica, que la mera sospecha, acordó levantar el secreto de las comunicaciones a los mismos personajes, incluido el ex presidente Alejandro Toledo.

Eso en cualquier parte se llama abuso de poder. O vulneración del debido proceso. El levantamiento del secreto bancario y las comunicaciones debe ser consecuencia de una investigación previa. No el acto primero.

La Comisión de Fiscalización está saltando todo el procedimiento. No ha precisado quienes son los investigados, ni el orden ni alcance de la investigación.

El Congreso le entregó poderes para investigar el origen de los fondos con los que se realizaron las inversiones inmobiliarias, pero su afán inquisidor la está llevando a otros caminos. Dispara para todos lados, atropellando el derecho a la intimidad, y a la reserva de las comunicaciones y operaciones bancarias, que tienen las personas.

El presidente de la Comisión de Fiscalización debe serenarse y llevar con prolijidad y altura este proceso. Y por supuesto debe guardar la reserva del caso. Cada vez que ofrece entrevistas, adelanta opinión. O utiliza adjetivos calificativos, condenatorios.

Producto de su inexperiencia, se está dejando llevar por los enemigos de Toledo. Y su accionar apresurado está viciando el proceso. La ley puede ser dura, pero también tiene que ser justa. Y correctamente aplicada.

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