Elecciones y pandemia

 

Cada vez es menos inusual que se posterguen elecciones debido a la pandemia. 34 países lo hicieron a fines de marzo de este año cuando el pico de la enfermedad estaba en Europa. Elecciones generales, parlamentarias, plebiscitos; el covid-19 paró la democracia en seco.

 

Un repaso por Las Américas preparado por IDEA Internacional demuestra que el fenómeno es global. En Río Cuarto, Argentina, se postergaron las elecciones municipales previstas el 29 de marzo para realizarlas el 27 de septiembre 2020.

 

En Bolivia, las elecciones generales se reprogramaron hasta en tres oportunidades. Ahora se anuncia el 18 de octubre de 2020 como nueva fecha para elegir presidente de la República. En Mato Grosso, Brasil, se postergó una elección suplementaria para elegir a un senador; de abril de 2020 se trasladó al 15 de noviembre 2020.

 

El referéndum constitucional en Chile planteado para abril, recién se podrá realizar el 25 de octubre de este año. Las elecciones primarias en Paraguay  que iban a ser en julio se movieron para noviembre 2020; y las elecciones locales se pasaron para octubre del 2021.

 

Algo similar pasó en Uruguay. Las elecciones locales (departamentales y municipales), previstas para el 10 de mayo de 2020 han sido reprogramadas para el 27 de septiembre 2020. 

 

De ahí que sean sumamente importante las recientes declaraciones del nuevo jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, elegido por la Junta Nacional de Justicia, en  medio de un proceso con algunas sorpresas, en el sentido de que las elecciones generales en nuestro país convocadas para el 11 de abril próximo se llevarán a cabo de todas maneras.

 

En una reciente entrevista (El Comercio 28/8/2020), ante la pregunta de si cree posible una postergación de las elecciones generales, el nuevo jefe de la ONPE responde: “No, de ninguna manera. Nosotros tenemos el compromiso de hacer la primera vuelva el 11 de abril (del 2021) y el 11 de abril se hará la primera vuelta. Estamos trabajando para ello y seguiremos trabajando y lo vamos a lograr, no tenga ninguna duda. Cualquier escollo que exista lo vamos a superar”.

 

En la misma entrevista anuncia algunos cambios que podrían ser determinantes en el resultado electoral. El más importante es la incorporación del voto adelantado para militares y policías, y el voto electrónico no presencial para peruanos en el exterior. 1 millón 200 mil votos en juego más o menos.

 

Cerca de 900 mil peruanos están habilitados para votar en el exterior. Y existen casi 300 mil uniformados con derecho a elegir. De estos últimos, entre 100 mil y 115 mil policías y militares no pueden hacerlo debido a que deben cumplir ese día con brindar seguridad al proceso electoral.

 

Si tenemos en cuenta que la diferencia por la que Pedro Pablo Kuczynski derrotó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta fue de menos de 50 mil votos, se entenderá la importancia que adquieren los cambios propuestos por Corvetto Salinas.

 

Coincidimos en que la pandemia no debe alterar el proceso de recambio constitucional de Gobierno. El Congreso ha hecho bien en extender el plazo de votación a doce horas (de 7 de la mañana a 7 de la noche); y está claro que se requerirá más presupuesto para incorporar medidas de bioseguridad para evitar que los centros de votación se conviertan en focos de contagio.

 

Está muy bien dejar que cada elector lleve su lapicero, acuda con mascarilla y alcohol y que se programe la convocatoria al centro votación, cerca del domicilio para evitar en lo posible el uso de transporte público, y programar por horas a los ciudadanos, teniendo en cuenta el último dígito del DNI o si tiene o no comorbilidades.

 

También deberá tomarse en cuenta el criterio de carga viral, que se eleva en ambientes cerrados, para pensar en ubicar mesas de sufragio en espacios abiertos: canchas deportivas, estadios, parques zonales, recreacionales, además de los colegios y universidades de siempre. En casos extremos podrían acordonarse algunas calles —como se hacía en la pre-pandemia los domingos para pasear con la familia— e instalar allí, al aire libre, mesas y cabinas de votación, debidamente protegidas por la seguridad pública.

 

Toda idea es bienvenida. Necesitamos renovar la conducción administrativa del país. Un nuevo equipo que conduzca la nave. La pandemia ya hizo demasiado daño como para prolongar la agonía y la desesperanza.

Preguntas a boca de urna

¿Cómo llegaremos los peruanos a las urnas el 2021 ? ¿Con qué espíritu iremos a votar? ¿Con qué ánimo encararemos el futuro? ¿En quién confiaremos? O mejor, ¿en qué creeremos?

Es crucial responder estas y otras preguntas. En términos económicos y sociales, el país llegará casi a rastras. Los cálculos más optimistas esperan una recuperación al nivel  pre-pandemia recién  el segundo semestre. Pero el rumbo del país y sus consecuencias, acaso, ya se definieron.

 

La recaudación tributaria será una primera dificultad. En unas semanas tendremos el presupuesto del próximo año. Será la primera vez en veinte años que disminuya en términos reales.

 

Con las arcas afectadas, el próximo gobierno será austero. Y los equipos que administren la cosa pública, sumamente eficientes y con una alta vocación de servicio.

 

En esas circunstancias, la corrupción deberá ser castigada de manera drástica, ejemplar, de paje a rey. Necesitamos recuperar, en este sentido, la decencia de gobernar.

 

No habrá más dinero para bonos. Y la deuda pública cuyo ratio oscilaba entre el 20 y 25% del PBI, -lo que nos enorgullecía- podría dispararse. Los organismos de crédito internacional estarán dispuestos a prestarnos dinero. El problema es cómo les pagaremos sin despellejarnos.

 

Pero si las dificultades económicas serán acuciantes, lo serán más las demandas sociales. Se requerirá estimular el empleo para todos, pero, especialmente para los jóvenes. Son las principales víctimas sociales de la pandemia. Han perdido sus precarios trabajos y muchos también sus estudios.

 

Llegaremos enfermos y con hambre. Habrá más pobres y desempleados. 

¿Qué tipo de gobierno necesitaremos entonces? ¿Qué cualidades deberá tener el gobernante que escogeremos esa tercera semana de abril del próximo año? 

 

En primer lugar, no debe ser uno solo -basta ya de caudillismos egoístas-, sino un equipo. Un conjunto de hombres y mujeres que nos diga con claridad y sencillez qué se proponen hacer desde el primer día para atender la emergencia-país.

 

Ese equipo debe tener liderazgo para ejecutar las cosas y para contagiar el estado de ánimo de la gente. 

 

Un gobierno que no confunda marketing con capacidad de gestión. 

Y que primero que nada reconozca la deuda social que tenemos como Nación y cierre las brechas abiertas que tenemos desde la fundación de la República, como bien anota James A. Robinson en una entrevista reciente. 

 

Somos una República histórica y estructuralmente desigual, decíamos en un post anterior. Suturemos, entonces, cerremos, soldemos, esas heridas.

 

¿Escogeremos con la razón o como siempre con la emoción? ¿Votaremos por la esperanza o con desolación?, son preguntas o dudas a boca de urna.

 

Necesitaremos un shock de endorfinas sociales para recuperar el alma nacional. La vacuna puede ayudar a devolver el ánimo colectivo de la gente. Ojalá para entonces esté clara su llegada al país. 

 

No necesitamos más por el momento. Visión y objetivos claros. Gente capacitada para gobernar. Decencia. Y vocación de servicio.

Recuperar la confianza es la base. El optimismo lo construimos a punche. Que las nuevas autoridades sepan qué hacer y no decepcionen ayudaría bastante.

Nos necesitamos todos

A estas alturas nadie duda de la cifras catastróficas que dejará la pandemia. Disputamos el primer lugar en el mundo con más muertos por millón, más número de contagiados y el de la peor recesión económica, resultado directo de la cuarentena obligatoria. 

 

Frente a esta situación, el gobierno decidió cambiar de estrategia. Pero, contra todo pronóstico, lo que hizo fue regresar a fórmulas ya probadas que no funcionaron: prohibir las visitas familiares y la circulación los domingos, y multar a quienes infrinjan las normas. 

 

Las críticas en diversos sectores no se han hecho esperar. Se sigue insistiendo en un modelo punitivo que encasilla la responsabilidad en la ciudadanía. Es decir, coloca a la población en el lado del problema, en lugar de convocarla a ser parte de la solución. 

 

Pero si en plano social no hay mayor cambio, en el aspecto comunicacional no hay siquiera una estrategia que cambiar. Las conferencias presidenciales de mediodía simplemente se agotaron. En el tema de las cifras, entre la fría pulcritud del Sistema Nacional de Defunciones y el cambiante comportamiento del Ministerio de Salud, más éxito han tenido Marco Loret de Mola de MatLab y Ragi Y. Burhum en comunicar curvas y tendencias, y martillazos y huaynos; de manera clara y consistente. 

 

Pensamos que es momento de cambiar de estrategia comunicacional. 

 

El gobierno debiera desarrollar una campaña de comunicación masiva y afectiva con la población a través de multicanales, en horarios prime time, y redes sociales, cambiar el mensaje y el eje de comunicación, y dirigirse a los jóvenes para que protejan a sus familias.

 

El sistema sanitario, simplemente ha colapsado. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos,  viajó esta semana a Puno para supervisar el Plan Tayta, pero se encontró con un grupo de mujeres llorando por la pérdida de familiares y hombres que reclamaban a voz en cuello la inoperancia del gobernador regional. Importencia, rabia, dolor. Todo junto.

 

Estamos perdiendo la guerra no solo en el campo sanitario y económico, sino también en el terreno psicológico. No es posible que después de haber tenido la mejor barra en el campeonato mundial de Rusia, tengamos ahora a un grupo  de desadaptados agitando banderolas y esparciendo el virus irresponsablemente. No estamos tomando verdadero conciencia de la virulencia del contagio.

 

Necesitamos un giro. Un shock comunicacional. Una campaña que nos sacuda. Y apele a empoderar a los jóvenes y niños a cuidar a sus padres y abuelos. El amor y la vida deben vencer a la muerte. El gobierno debiera convocar a las principales agencias de publicidad para trabajar en esta tarea. Lo harían con gusto y sin costo económico. Los medios de comunicación también deben colaborar. 

 

“Nos cuidamos todos”, se llamó la campaña que desplegó Uruguay apenas llegó la pandemia a estas tierras. Allí no hubo confinamiento obligatorio, ni uso obligatorio de mascarillas. Apelaron a la responsabilidad del ciudadano. Cerraron las escuelas y las fronteras, sí. Pero principalmente, ofrecieron información veraz, oportuna, masiva y preventiva. 

 

Algo así requerimos. Cuidémonos todos. Basta de perder a más familiares, amigos, vecinos. Los necesitamos a todos. Nos necesitamos todos.

 

 

 

 

¡Tayta Martos!

Que el general Walter Martos vaya al Congreso de la República este martes —día consagrado al dios de la guerra—a pedir el voto de confianza para su gabinete es solo un simbolismo. La guerra no es con el Parlamento, ni con la oposición política; es contra la pandemia. Y para hacerle frente, cinco meses después de los magros resultados sanitarios y económicos obtenidos, es necesario cambiar de estrategia.

 

En cierto sentido, el general se adelantó en este nuevo procedimiento desde el ministerio de Defensa al organizar la búsqueda de los contagiados, identificar a los enfermos y prevenir el contagio de la población vulnerable entregando, casa por casa, kits de medicinas en lugar de esperar a los enfermos en los hospitales.

 

Esta política de focalización, detención y seguimiento de los enfermos, denominada Operación Tayta, en el caso de adultos mayores, es la que recomiendan los organismos internacionales de salud para evitar el colapso del sistema sanitario.

 

Pero pasar de una política sectorial del Ministerio de Defensa a una política de salud transversal requiere la participación de otros actores, no solo del gobierno nacional, regional o municipal. Es necesaria la presencia activa de sectores organizados de la sociedad como la empresa privada, las iglesias, los comedores y ollas populares.

 

Ese fue el mecanismo que dio resultado en Guayaquil, Ecuador, que pasó de tener enfermos que se desvanecían en las calles y muertos que esperaban ser recogidos a pacientes tratados de manera inicial en sus propias casas.

 

En el vecino país del norte se logró formar un equipo operativo que diseñó una estrategia en varios frentes, centrada en el tratamiento inicial de la enfermedad, aún cuando en esos momentos se discutía el efecto de fármacos como la Ivermectina, el Dexacort, la Azitromicina o la Hidroxicloroquina.

 

Surtieron efecto también los respiradores personales de un solo uso, sistema descartable de respiración mecánica-automática utilizada por el Ejército de los Estados Unidos en las guerras de oriente para socorrer a sus heridos. 

 

Como experto en planeamiento estratégico y toma de decisiones de la Escuela Superior de Guerra, el presidente del Consejo de Ministros sabe el Congreso es solo el primer obstáculo que deberá sortear para iniciar maniobras. El verdadero teatro de operaciones que tiene es la propia calle.

Además de enfrentar la pandemia, el nuevo timonel del gobierno deberá atender la emergencia social que se viene como resultado del colapso económico. La caída de dos dígitos que la ministra de Economía resiste con medidas de apoyo parece inevitable. Esto ocasionará no solo desempleo, sino hambre. No hay salud ni economía con estómagos crujientes. 

 

Los esfuerzos, por tanto, deben igualmente orientarse a recuperar la economía. Quizás el orden de las prioridades sea la principal diferencia con el caído gabinete Cateriano. Primero la emergencia de Salud, luego la emergencia Social y enseguida la emergencia Económica.

 

Con el panorama claro, el general tendrá que disponer de un recurso que no se aprende en las Fuerzas Armadas. En el Congreso, como en política, no se trata de mandar, ni obedecer; sino de escuchar, pulsear, consensuar y tolerar. Por esta razón, el despliegue no es tanto de fuerzas, sino de esfuerzo, mucho esfuerzo.

 

Repensar la política social

La política social es una responsabilidad del Estado. Se trata de canalizar recursos públicos de manera eficiente hacia los más necesitados para mejorar sus capacidades o para ayudarlos por la situación de emergencia en la que viven. Aunque son políticas permanentes, las cíclicas crisis económicas las convierten en necesarias.  La actual crisis sanitaria y económica que vivimos con la pandemia nos obliga a repensar su orientación y gestión. 

En la primera mitad de los ochenta el Fenómeno El Niño originó un primer escenario para el diseño de políticas sociales, tanto a nivel de salud como de alimentación e infraestructura básica. La hiperinflación en la segunda mitad de esa misma década obligó a generar programas de emergencia para recuperar el ingreso de los más vulnerables. 

En los noventa, el sinceramiento de la economía, los programas de ajustes estructurales permanentes y el proceso de privatización del sector público obligó a crear criterios de focalización de la pobreza para los más afectados. En esta etapa se avanzó también en la universalización de la educación y en obras de mejoramiento de la infraestructura en zonas rurales.

Sin embargo, la debilidad de la política social fue no haberse convertido en una estrategia integrada de largo plazo. Hubo, además, duplicidad de funciones, politización de los programas sociales —especialmente los ligados a la alimentación— y concentración de los mismos, lo que originó deficiencias y malos manejos.

Se pensó entonces que la transferencia de competencias y funciones sería una solución. El proceso de descentralización de la década del 2000 entregó el funcionamiento y ejecución de los programas sociales a los gobiernos regionales y municipales. Si bien el gasto social aumentó, los resultados indican que los problemas de desarticulación, desfocalización y superposición de programas continuaron, cuando no se profundizaron. 

Falta una cabeza que dirija y articule la función social del Estado. El Consejo Interministerial de Asuntos Sociales, presidido por el presidente del Consejo de Ministros, es por ley a quien le corresponde, pero el MIDIS debe ser el órgano rector. Urge que el gobierno analice la política social que tenemos y la replantee para enfrentar estos tiempos de pandemia. No podemos seguir haciendo lo mismo, porque ni el país, ni el presupuesto, ni la economía son los mismos.

Un enfoque integral, multisectorial, focalizado y territorial debiera ser la base para una nueva manera de encarar la ayuda social. Hay servicios universales como salud y educación que deben reforzarse, y programas focalizados dirigidos a la población vulnerable (alimentación, por ejemplo) que deben ser replanteados para atender a los nuevos pobres. 

Los programas universales buscan el desarrollo del capital humano, mientras los programas focalizados son indispensables para salvar a las personas en momentos de crisis que de otro modo perecerían. En este último aspecto se debería pensar en crear un Programa de Alimentación Nacional (PAN) que pueda ayudar a las ollas comunes que empiezan a multiplicarse en los asentamientos urbano-populares, organizándolos en Núcleos Ejecutores Comunales encargados de administrar los alimentos que reciban o de comprarlos ellos mismos.  

Eso requiere de una autoridad responsable del gasto social dentro del gabinete ministerial. Una persona tan fuerte —empoderada como el sector Economía— encargada de planificar, orientar y evaluar la política social. Un personaje no solo con sensibilidad ante la pobreza, sino con eficiencia en gerencia social. 

(Foto: Paul Vallejos, Diario El Comercio)