El centro político y el Estado centrado

En un país fraccionado y de extremos como el Perú, de profundas desigualdades económicas y sociales, no es raro que las posiciones políticas se radicalicen. Hasta se podría decir que es el curso natural de las cosas. El quintil rico es una franja estrecha, mientras los quintiles pobres son espacios anchos y desbordados. ¿Por qué habrían de pensar igual o defender los mismos intereses? 

 

La pandemia no ha hecho más que agravar esta diferencia. 

 

¿Qué pueden esperar los pobres en una situación apremiante y angustiante como la que viven a diario? ¿Defender la democracia, la libertad, el equilibrio de poderes, la Constitución? No es su prioridad. Su prioridad pasa por buscar el alimento para sobrevivir. Curar la salud. Sin educación, sin trabajo, enfermos y casi sin oportunidades, la necesidad extrema los empuja a soluciones radicales, extremas, desesperadas. 

 

Los valores y fundamentos de la democracia, siendo imprescindibles, carecen en la desesperanza de la fuerza del convencimiento objetivo para fortalecer el sistema. Es como si la angustia y la preocupación por el diario vivir nublara la razón. Pero no es así, nada más lúcido que defender primero la vida. Aunque esta sea solo sobrevivir.

 

El centro político en estas circunstancias no puede entenderse como un punto geométrico, equidistante en el plano económico o social del país, porque la línea económico social no es equilibrada. Si el desbalance es desproporcional el punto de balance también lo es. Por eso, alcanzar el “justo medio” no es ubicarse en la mitad, sino un poco más abajo, allí donde están la mayoría de los ciudadanos y sus reclamos.

 

Ser de centro significa recoger y atender las demandas que tienen los pobres en educación, salud, justicia, trabajo, servicios básicos, infraestructura, lucha contra la anemia, discriminación. Por nombrar solo algunas de las carencias. Lo que pasa por dirimir el falso dilema de mercado versus Estado. No es posible pensar —como creen los ultraliberales— que el libre juego del mercado resolverá los problemas y que cualquier intromisión del Estado es perjudicial. Tampoco es posible irse al otro extremo —como creen los ultraizquierdistas— en un Estado interventor que distribuya riqueza, cuando todos sabemos que en realidad lo que hará será distribuir pobreza.

 

Lo que en verdad necesitamos es un Estado fuerte. Fuerte no en el sentido de Estado burocrático, sino fuerte en el sentido de que sea capaz de ofrecer resultados. Un Estado débil es aquel que no puede administrar con eficiencia su sociedad. Un Estado fuerte es, en cambio, un Estado eficaz, capaz de ofrecer buena educación y salud, así como buenos servicios. Un Estado fuerte es a la vez un Estado promotor de las iniciativas individuales y sociales, y al mismo tiempo, promotor de la igualdad de oportunidades. 

 

Necesitamos un Estado que allane la cancha para todos, no que la incline para unos pocos en detrimento de las mayorías. Eso es tener un Gobierno de centro. Un Gobierno centrado en atender y resolver las demandas urgentes de quienes nacen en desigualdad de condiciones para beneficio de todos.

Confianza: esa desconocida en América Latina

No es novedad decir que en esta parte del mundo “nadie confía en nadie”. Una reciente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo le pone indicador a esta frase. En América Latina solo una de cada 10 personas puede confiar en los demás. Es la cifra más alta de desconfianza en el mundo. 

No creemos en nada ni en nadie. Somos sociedades desconfiadas. La falta de confianza es a nivel interpersonal y a nivel de instituciones. La gente no cree ni en las personas ni en sus gobiernos.

En el periodo 2016-2020, los valores de confianza interpersonales, es decir, entre los vecinos, apenas llegó a 11%. El problema con ello es que la confianza es la argamasa de la cohesión social, una de las características de las sociedades prósperas. Cuando esta no existe se resquebraja todo.

Voy a la tienda y desconfío de los precios del bodeguero, este desconfía del proveedor, quien a su vez desconfía de su empresa, la cual desconfía del Gobierno. En este círculo vicioso cunde una conducta nefasta para la sociedad: el oportunismo. Y si tienes poder, el mercantilismo.

La conducta oportunista trata de ganar inmediatamente, elevando los precios o adulterando el peso, velando los ingresos reales, evadiendo impuestos, no pagando beneficios sociales. La conducta mercantilista ni qué decir, toca la ventana del poder y se mete hasta el techo en busca de favorecer sus intereses privados.

El problema es mayor cuando las instituciones que son las llamadas a generar confianza en los ciudadanos son parte del problema. La policía que no investiga o que cobra pequeñas coimas o que abusa de su poder genera desconfianza en el ciudadano. El médico que no atiende en el hospital para hacerlo en un consultorio privado mientras el Estado le paga, empuja a los pacientes a buscar medicina en “El Hueco”. Ni hablar del funcionario público cuyo único mérito para obtener el puesto es tener un saco que colgar en una silla.

La falta de confianza en general carcome la sociedad y la empuja a la informalidad; un terreno donde todos tratan de sacar provecho propio e inmediato. Si desconfío de todos, lo único que queda es mandar a todos a la porra y confiar en mí mismo. Una conducta así lo único que genera es que sigamos cavando el pozo de la desconfianza.

Y como dijo el presidente del BID, si no se confía en los demás, no se invierte, no se produce, no se compra y no se vende.

Para revertir el círculo vicioso habría que empezar por reformar la educación. El civismo crece con ciudadanos mejor formados. Como señala el informe, el aprendizaje de los alumnos mejora cuando los maestros son más confiables y pasan menos tiempo ausentes. Lo mismo puede decirse para el resto de los funcionarios públicos.

En el caso de los Gobiernos, habría que empezar por pedirles que cumplan sus promesas. Y si no lo pueden hacer que comuniquen sus nuevas opciones a los ciudadanos, descartando la impredictibilidad.

Una conducta cívica adecuada, confiable, contribuye a cumplir con las políticas públicas, incluyendo el pago de impuestos y la obediencia a la ley. Lo contrario dificulta la concreción de proyectos colectivos. Sin civismo, rige la ley de la jungla, la sociedad se desintegra, aumenta el descontento y será más difícil erradicar la informalidad.

La próxima vez que pienses en una política pública, un servicio cualquiera o una transacción comercial, piensa en cómo está tu nivel de confianza interpersonal e institucional. Y no te desalientes si descubres que estás entre esas 9 personas que no confía en nadie. Al menos ya lo sabes. Y todo cambio comienza con saber dónde estamos.

El Estado informal

Parece un oxímoron —la figura retórica que nace de la combinación de dos palabras de significado opuesto—, pero en el Perú no lo es. El Estado, la organización jurídica de la nación, la definición más ajustada a lo formal, alcanza en nuestro país dimensiones de todo lo contrario. 

 

Un Estado informal es la realidad de todos los días, que por lo mismo ya no llama la atención. Atraviesa la estructura orgánica de cabo a rabo. 

 

El Estado informal está en el cuaderno de ocurrencias de la comisaría de barrio, que anota el robo de tu celular o de los espejos de tu carro sin que se despliegue investigación alguna.

 

Está en la receta médica que prescribe un galeno en el hospital público y que no existe en la farmacia, sino en la cadena de boticas privadas que se disputan a los clientes frente al nosocomio.

 

Está también en las precarias carpas que se levantan en las afueras del hospital infantil donde durante semanas pernoctan los padres que vienen de provincias para asistir a sus hijos enfermos.

 

Está en el policía de tránsito que recibe un sencillo del infractor antes que cumplir con su deber y colocar la papeleta o perdonar al que transgrede la ley si la falta es leve.

 

Está en el secretario de juzgado que se reúne por lo bajo con alguna de las partes y coloca o reacomoda el expediente según sea el arreglo al que haya llegado.

 

Está, por cierto, en el Congreso de la República cuando aprueba proyectos alargando el uso de colectivos informales en corredores viales destinados —¡qué sorpresa!— para empresas de transporte formal.

 

Y está en el propio Poder Ejecutivo cuando nombra sendos funcionarios en cargos de primera importancia sin que tengan la experiencia ni las credenciales para el buen desempeño de la función pública. 

 

Pero, sobre todo, está en todos los mecanismos en donde lo que campea es la corrupción.

 

Antes de la pandemia ya teníamos más del 73% de nuestra economía en la informalidad (OIT, 2020). Hoy, ese porcentaje se ha disparado a más del 80%. 

 

En Chile, a propósito del debate presidencial que definió a su futuro presidente, se debatía con asombro el crecimiento de la informalidad económica en ese país al 30%. ¿Se imaginan al Perú con esos indicadores de informalidad?

 

El fenómeno informal en la economía es claramente, sobre todo al comienzo, una forma de subsistir. En la política, en cambio, es una señal de disfuncionalidad.

 

Nadie puede cuestionar que la informalidad económica ha resuelto el problema del empleo. Pero del empleo precario. La informalidad ha sido una válvula de escape de sociedades al límite como la nuestra.

 

Pero la informalidad política, desde el Estado, revela algo peor que la precariedad del puesto de trabajo. Revela la precariedad del sistema.

 

Un Estado que no puede proveer servicios públicos de calidad tiene un problema mayor que solo tener malos funcionarios. Un Estado informal retrae, desfavorece el propio desarrollo nacional.

 

El Estado informal perfora la confianza en el sistema. Y como todo sistema que falla y cuyo final es el desmoronamiento, un Estado informal es el paso más seguro a un Estado fallido.