Carta abierta al alcalde George Forsyth

Municipalidad de La Victoria

Sr. George Forsyth.

Alcalde distrital.

Apreciado Alcalde,

La labor que usted ha emprendido en Gamarra es destacable por varios motivos. Principalmente, porque acomete una tarea que ninguna autoridad municipal se atrevió a realizar, por lo menos, en los últimos cincuenta años.

Y por la forma en que ha empezado su gestión revela decisión, coraje y claridad de objetivos. Su propuesta es simple, directa y por lo mismo encomiable: ley y orden. Respeto a las normas. Cero corrupción.

Sorprende, por cierto, su juventud, pero a la vez la madurez con la que entiende la función que le corresponde como alcalde. Usted primero que nada es autoridad y debe hacerse respetar.

Las mafias que intenta combatir en Gamarra viven de lotizar la calle, el espacio de todos. El Estado no puede ceder a la fuerza de organizaciones privadas, menos delincuenciales, por lo que hace bien en recuperar el espacio público; hoy privatizado en puestos fijos de venta callejera, zonas de comercio ambulante y lugares para estacionamiento de vehículos.

El Perú no es más el Jirón de la Unión, si alguna vez lo fue realmente. Hoy el Perú es Gamarra. Todas sus potencialidades y virtudes, pero también todos sus vicios y antivalores están allí.

Gamarra es un emporio comercial nacido de la fuerza del migrante, sin acceso al crédito, de gran espíritu emprendedor, capaz de hacer empresa. Pero al mismo tiempo es un conglomerado de informalidad, con ventas sin factura, con trabajadores sin protección social y con un entorno inseguro, plagado de mafias donde la autoridad local llegó a coludirse con la delincuencia.

En Gamarra convive hoy la formalidad y la informalidad comercial, social y cultural.  Más de 31 mil establecimientos comerciales que dan empleo a más de 71 mil trabajadores (INEI, 2016), requiere de una autoridad firme que respete y haga respetar la ley. La tierra prometida del comercio no puede ser más tierra de nadie. Y para eso se necesita presencia del Estado.

Hace bien, señor alcalde, en solicitar el auxilio de la fuerza pública, de la Policía en este caso, para recuperar las calles y facilitar el comercio ordenado en locales adecuados. Si el trabajo no es sostenido, estratégico e inteligente, cualquier esfuerzo se diluirá en el tiempo. Esta es una guerra de resistencia, como usted bien dijo.

Resista alcalde. No descarte colocar en su momento en las 16 entradas que tiene Gamarra en sus 75 manzanas con más de 150 galerías, piquetes combinados de la Policía y el Ejército que le permitan acceso ordenado y seguro a esa colmena humana productiva donde todos buscan —en la luz y en la sombra—, ganarse la vida.

Gamarra es hoy el más importante centro comercial textil del Perú. El tercer distrito en aporte al PIB de Lima, después de San Isidro y Miraflores. No es posible que La Victoria sea el distrito con calles y servicios públicos colapsados. Aquí, junto a cholos emprendedores de todas las regiones del país hay también comerciantes judíos, árabes, italianos, chinos, coreanos (y ahora último venezolanos), que en conjunto generaron ventas por más de 6 mil 600 millones de soles (INEI, 2016).

Si usted tiene éxito, señor alcalde, no solo se lo agradecerá La Victoria y Lima. Se lo agradecerá el país. Hacer que la ley y el orden convivan en Gamarra y desterrar la corrupción, es un imperativo en todo el Perú. Un espejo para cualquier autoridad. Imponer el orden, respetando la ley y los derechos humanos, es algo que la democracia debe ser capaz de proveer.

Una cosa final, alcalde. Cuidese. Cuide también a su gerente de Fiscalización, Susel Paredes. Están chocando con mafias peligrosas. Éxitos en su tarea y que no le quepa duda que su  trabajo por la ciudad será más que valorado. Inicia usted su carrera política de manera expectante. SI logra lo que se propone no solo habrá recuperado su distrito, sino la forma original de hacer política, que es resolver los problemas de la gente.

Propuesta servida

Como una señal de los tiempos que vive el país –asqueados por la corrupción–, el miasma afloró esta semana. La matriz de alcantarillado que corre de forma paralela a la línea 2 del Tren Eléctrico, se rompió a la altura del paradero Pirámide del Sol y las aguas negras inundaron cuatro manzanas de San Juan de Lurigancho. 2 mil personas lo perdieron todo.

Una comisión especial del Colegio de Ingenieros determinará las causas del daño y las responsabilidades del caso. Las preguntas inmediatas flotan por sí solas. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue un problema de ingeniería? ¿O un problema de corrupción? ¿Se hicieron trabajos apurados? ¿Se festinaron trámites para firmar el contrato de la Línea 2 del Tren Eléctrico? ¿Es el Consorcio Tren Eléctrico (Odebrecht – Graña Montero), el que movió y reinstaló la tubería el responsable? ¿Fue Sedapal negligente al recepcionar la obra y dar su conformidad?

Pero hay otras preguntas algo más sedimentadas que también debieran responderse: ¿Se puede prever un desastre técnico de esta magnitud? ¿Existen sistemas de vigilancia seguros de las alcantarillas? ¿Estamos preparados para responder a un desastre de esta magnitud?

Los atoros y daños en redes de alcantarillado dependen de  diversos factores. El nivel de pendiente, el material de construcción usado, el tiempo de construcción de la obra y la política de mantenimiento de la misma.  Las autoridades indican que el atoro de la matriz se produjo en 20 metros de tubería. Las primeras imágenes captadas por cámaras de video introducidas al área obstruida permiten calcular la acumulación de piedras y tierra de casi un metro de alto en un tubo de 1.5 metros de diámetro. ¿Entró el material por alguna rajadura o rotura del tubo o no hubo la gradiente adecuada lo que permitió el sedimento y acumulación de material y posterior atoro de la tubería matriz?

Para monitorear el nivel de material acumulado en el interior del sistema de alcantarillado se utilizan unas cámaras de televisión que, mediante boyas o balsas, se sueltan cada cierto tiempo en el interior de las alcantarillas para verificar el interior de las redes. También se usa la inspección visual a través de buzones y tuberías en las que se miden el nivel de sedimentación de materiales y velocidad de la corriente generada. Los cruces y las conexiones de intersección las tuberías son los puntos de mayor interés.

El ingeniero Manuel Luque Casanave, investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y especialista en automatización señala que para generar una alerta temprana y evitar futuros colapsos de la red de colectores y alcantarillas, se puede colocar sensores ultrasónicos (no contactantes) de nivel en las tuberías de desagüe en los puntos críticos de de la red principal.

En el caso de la matriz colapsada en San Juan de Lurigancho estos sensores ultrasónicos de flujo se colocarían por pares, uno en un buzón y el otro en el siguiente buzón aguas abajo. El resultado es un sistema de monitoreo que permite detectar a tiempo si hay un atoro o una elevación significativa de nivel de aguas servidas, activando una alarma si encuentra valores por encima del promedio.

La ingeniería resuelve los problemas; ofrece soluciones. Que el desastre medioambiental de San Juan de Lurigancho sirva no solo para buscar responsables (que está bien hacerlo), sino que también ofrezca la oportunidad para mejorar la calidad de los servicios, usando la tecnología. Que afloren las ideas.

Recuerdos de la campiña española

Azorín decía que el alma castellana se explicaba por la meseta llana y la tierra elevada en la que habitaban sus pueblos, de sol canicular, tierra seca, tempestades inesperadas, vientos cortantes y chubascos repentinos que han marcado el carácter de su población.

Al hablar de La Mancha, el escritor se preguntaba si acaso existía otro pueblo “más castizo, más manchego, más típico”, donde las campiñas son rasas, las horas pasan lentas y las calles lucen vacías, estremecidas por el viento que brama impetuoso.

Algo parecido se puede decir de Artajona, Olite y Javier, tres pueblitos aledaños a Pamplona, capital de Navarra, donde el tiempo parece haberse detenido. La vida del campo, las calles vacías y el tañido a lo lejos de las campanadas de la iglesia le otorgan a estos lugares ese aire bocólico, denso y amarillo tan característico de la vida rural.

Caminar hoy por las calles empinadas de estos pueblos rurales de España es como convivir con la soledad, recuperar la fascinación por el silencio y ser de vez en cuando perturbado por el suave balido y el campaneo de un rebaño de ovejas que cruza sin preocupaciones las bien cuidadas carreteras que tiene la campiña española.

En estos tres pueblos que logramos recorrer existen castillos-fortaleza, construidos sobre promontorios de piedra que representan el dominio de las diversas castas feudales que dominaron estas tierras; una región poblada por los vascones que soportó las invasiones de diversas culturas: los romanos, los visigodos, los musulmanes y los francos, y cuyos descendientes, al final, lograron vivir de manera armónica, especialmente en Toledo, ese laberinto portentoso, pueblo de armeros y comerciantes, también conocida como la ciudad de las tres culturas.

Desde lo alto de los castillos, donde el viento golpea sin piedad, puede verse los pueblos con sus calles sinuosas, de casas de piedra y argamasa, techos a dos aguas y ventanas de madera, agrupadas en medio de campiñas, viñedos y pastizales.

El cielo es de un azul intenso como un tapiz en el que se dibujan las nubes blancas, grises o negras, que los lugareños reconocen y saben —horas más, horas menos —, si habrá lluvia o no.

No es difícil imaginar la vida campesina en estos apacibles lugares. Una naturaleza imprevisible, por momentos extrema, intensa. Y un grupo de hombres y mujeres del campo acostumbrados a mirar la vida con tranquilidad, a trabajar la tierra de manera sosegada, y a disfrutar de un buen vino de temporada, una hogaza de pan recién salido del horno y un pedazo de queso manchego; mientras una guitarra rompe en el silencio y el viento hace danzar el polvo de las calles empedradas que señalan un destino conocido, desde siempre.

Poder es querer

El fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, ha perdido toda legitimidad para seguir encabezando el Ministerio Público. Carece de superioridad jerárquica. Manda pero no gobierna. Ni él mismo se obliga. Un día saca a los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela y al día siguiente los repone.

El daño que le hace a la institucionalidad del Ministerio Público, sin embargo, no se resuelve con un caballazo jurídico del Ejecutivo. Es una situación de emergencia, pero aún en estas circunstancias, se debe respetar la constitucionalidad de las normas y la autonomía de los poderes.

Montesquieau decía que los tres poderes del Estado no podían estar en una sola mano o grupo de personas porque, sino, caemos en tiranía. Tampoco podía intervenir un poder en otro, sin afectar el balance y equilibrio necesario para gobernar sin abuso. La separación de poderes es básico para el funcionamiento democrático y para asegurar el respeto a las libertades y garantías procesales del ciudadano frente al Estado.

La propuesta del Ejecutivo propone mediante una ley que los fiscales supremos adjuntos reemplacen temporalmente a la Junta de Fiscales Supremos, expectorando a estos últimos de un plumazo. Esto, en tanto se forma la nueva Junta Nacional de Justicia que reemplaza al liquidado Consejo Nacional de la Magistratura. Eso no se puede hacer. No está previsto en la Constitución.

Esa vía de solución no existe, como bien lo han explicado diversos constitucionalistas. Pero, entonces, ¿qué hacer para recuperar la conducción jerárquica en el Ministerio Público?, ¿cómo apartar al fiscal Chávarry de su función respetando los cánones institucionales?, ¿Qué hacer si no renuncia voluntariamente al MP?

La respuesta pasa nuevamente por el Espíritu de las Leyes. Poner en funcionamiento la separación de poderes. Es decir, que cada uno de los poderes, despliegue su función, realice su tarea, y asuma su responsabilidad, en esta hora complicada.

Y para ello hay dos mecanismos. Si la denuncia es por infracción a la Constitución, el Congreso resuelve de manera autónoma. Si la denuncia es por delitos de función, el Congreso actúa como sala de antejuicio y dispone la suspensión del funcionario para que este sea denunciado por el Ministerio Público y sancionado por el Poder Judicial.

El fiscal Chávarry tiene actualmente cuatro denuncias en la SubComisión de Acuscaciones Constitucionales del Congreso de la República. Esta instancia debe procesarlas de inmediato, establecer el debido proceso y la legítima defensa, dictaminarlas, votarlas y elevarlas al pleno para su debate y aprobación final. La Comisión Permanente del Congreso puede igualmente presentar una nueva acusación constitucional.

La pelota está, pues, en la cancha del Congreso.

La reciente suspensión del fiscal Chávarry de su licencia como abogado en el CAL, tiene una doble instancia procesal que deberá ser resuelta en el Tribunal de Honor del colegio para que sea efectiva; pero inicia un proceso para que cualquier persona que se considere agraviada invoque el Art. 99 de la Constitución y pueda presentar una acusación ante la Comisión Permanente del Congreso por infracción constitucional.

El camino es largo, tedioso y complicado. Pero es el mecanismo legal que debemos respetar. Optar por la vía rápida de la intervención de un poder sobre otro es abrir una puerta peligrosa y poner un pie en el terreno fangoso de la inconstitucionalidad; una frontera oscura que celebran las masas, pero que al final, resulta contraproducente porque implica la supremacía de un poder sobre otro.

Al Congreso hay que decirle con todas sus letras que, en este caso, poder es querer.