Poder y dinero

Es un terremoto político. Dos placas tectónicas chocaron entre sí: el poder y el dinero. Su epicentro es el Brasil, pero sus repercusiones cruzan toda América Latina, con efectos en Europa, y quien sabe qué otros paraísos financieros del mundo. Su efecto será devastador.

La manera de hacer negocios de Odebrecht, probablemente, sea similar a otras grandes corporaciones en el mundo. Es decir, colocando como principio de negocio, la rentabilidad a cualquier precio, incluida la corrupción.

Este afán desmedido por lucrar, sin principios éticos o morales, está en casi toda empresa que contacta con el Estado para hacer negocios. Para estas empresas, la corrupción está incluida en los costos fijos. Son parte de la ciega y ramificada transnacional Corrupción S.A.

Los políticos que delinquen, traman, siguen, se confabulan, o caen en este juego sucio, no son tampoco la excepción. El caso Odebrecht demuestra que son la regla.

Odebrecht no hacía distingos ideológicos o políticos al momento de romper la mano y obtener los contratos y obras del Estado. El dinero sucio llegaba tanto al de derecha como al de izquierda, al liberal como al socialista.

El daño ya está hecho. La peor sanción para un político, no es la cárcel —depósito natural para quien delinque—,sino el repudio ciudadano, el señalamiento público de su traición, la memoria manchada que herederá en la Historia. 

La traición de un político a su pueblo se pagaba en la antigüedad con el ostracismo. No la muerte, sino la muerte civil.

El terremoto político llamado Odebrecht arrasará con una casta de políticos. Ojalá que como todo movimiento telúrico de grado superlativo destruya todo lo que esté corrompido. La única virtud será reconstruir todo. Todo nuevo. No, todo de nuevo. 

Entonces surgirán nuevos políticos y nuevas formas de hacer política. Nuevas empresas y nuevas formas de hacer empresas. Hombres y mujeres que no sean dominados por el poder ni por el dinero. ¿O será inevitable que estas placas —poder y dinero— acumulen nuevamente energía y cada cierto tiempo colisionen?

Diálogo y sinceramiento económico

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El diálogo iniciado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa opositora que controla el Congreso, Keiko Fujimori, es positivo para la salud política del país. Aun cuando la intermediación y la puesta en escena –con monseñor Cipriani–, no hayan sido la mejor, lo importante es que se retomó la comunicación directa entre quienes el pueblo decidió repartir el poder.

Es igualmente importante el llamado al diálogo con las restantes fuerzas políticas, las reuniones con las bancadas del Congreso y la próxima convocatoria al Acuerdo Nacional. El diálogo por definición involucra a todos.

Con estos contactos iniciales podemos decir que el gobierno superó la crisis y retomó la iniciativa política que, sin duda, lo ayudará a salir del estado de debilidad y sometimiento en que lo dejó la censura al ministro de Educación Jaime Saavedra.

El trabajo ahora es ordenar nuevamente la agenda, priorizar y consensuar los temas. Pero sobre todo, sincerar cifras y establecer escenarios realistas sobre los cuales se moverán los acuerdos. En ese camino, ¿debe presentar el gobierno una agenda legislativa para implementar reformas o debe primero informar la real situación que nos espera a los peruanos el 2017 y acordar los mecanismos necesarios para hacerle frente?

El premier ha anunciado temas como la lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana y formalización. Todos importantes, por cierto, pero similares a los esbozados  en la primera ronda de diálogo que inició en julio para solicitar el apoyo de las fuerzas políticas a la investidura del gabinete ministerial.

Sin embargo, un tema que debe estar sobre el tablero de toda conversación es el panorama económico del 2017. Creemos que es fundamental que los ministros de Economía y de Agricultura sinceren primero las perspectivas del país en ambos sectores. Así como se sanea la salud política del país, es importante también encarar la salud económica.

Algunas preguntas que debiera tener claro el gobierno al momento de sentarse a conversar: ¿Se reducirá el IGV uno, dos o tres puntos como se había prometido? ¿Responderá la caja fiscal a los nuevos dispositivos tributarios aprobados? ¿Qué impacto tendrá la sequía en la producción de alimentos? ¿Se necesitará importar alimentos, se disparará el precio de estos, rebrotará la inflación?

Si no abordamos estos temas y sobre todo, si no se toman las previsiones para paliar sus consecuencias, cualquier debate en torno a reformas institucionales, modificaciones constitucionales o aspectos meramente legales, no serán respaldados por la calle que buscará soluciones directas e inmediatas a sus necesidades.

Bien sabemos que cuando se reducen los ingresos del Estado y la plata no alcanza para asumir emergencias,  aumentan la presión política, las protestas sociales y las demandas ciudadanas en general. Todo ello genera a su vez un agudo estrés sobre el sistema democrático. El diálogo está muy bien, pero debe ir acompañado de un sinceramiento económico. Y de soluciones realistas para asumir los costos, cualquiera que estos sean. En esto sí, se necesita el esfuerzo y la compresión de todos.

¿Co-Gobierno?

La censura al ministro de Educación, aprobada por el voto contundente de 78 congresistas,  deja en situación de debilidad al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. 

El resultado inmediato de la caída de Saavedra ha sido casi obligar al Presidente a sentarse a  dialogar ­–de igual a igual–, con la lideresa de oposición. 

Aun cuando hay quienes creen que esto revela una vocación democrática del jefe del Estado, que sin duda lo es, quien gana con esa foto es Keiko Fujimori.

Con esta movida, promovida por la Iglesia, la lideresa de Fuerza Popular pasa de la oscura trastienda donde se encontraba desde su derrota electoral, al primer escenario del poder.

En el pulseo entre Ejecutivo y Legislativo, ha ganado el Congreso. Que sea una victoria pírrica dependerá de la reacción que tenga el Ejecutivo. Sobre todo, en el nombramiento del reemplazo de Saavedra.

Si Kuczynski acepta coordinar con su principal opositor, el relevo en el Ministerio de Educación, habrá profundizado su debilidad y dependencia.

Esperar luz verde de una fuerza política contraria para tu equipo ministerial sería reconocer, ipso facto, la capacidad de veto de tu opositor. Y una invitación candorosa a ir por más. Es lo que pasaría con el nombramiento de cualquier tecnócrata, sin convicción ni firmeza política.

Si, en cambio, el gobierno decide nombrar a alguien identificado con la reforma educativa,  ducho en los avatares políticos y pechador ­–como Daniel Mora, por ejemplo–, el mensaje sería otro: quien gobierna soy yo.

A no ser que se proponga un co-gobierno.

En ese caso, sí, se convoca al mayor oponente, se hace una matriz de coincidencias a partir los planes de gobierno ­–agenda mínima de consenso, se puede llamar–, se abre el espacio a otras fuerzas políticas para no dar la impresión absoluta de que se ha  pactado, y se reconfigura el gobierno.

No es nada descabellado en política. Puede ser un mecanismo de sobrevivencia. Bien sabemos que el objetivo de la política no solo es ganar o acceder al poder, sino mantenerse.

El problema sería explicarle a tu electorado las razones de ese cambio. Pero, para entonces, tendrías el respaldo del otro sector con el que pactas. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Entonces, prepárate para la guerra que en política es lo mismo que prepárate para gobernar.

Compartir o partir el poder

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Confirmada la posición del gobierno de NO presentar la Cuestión de Confianza en la censura al ministro de Educación Jaime Saavedra, solo quedan dos caminos viables para resolver esta crisis.

1) El gobierno le pide la renuncia al ministro y evita el tránsito bochornoso de que el Congreso lo censure. 

2) El gobierno deja que el Congreso lo censure y que asuma ante la opinión pública la consecuencia política de esta acción.

Todo indica que el gobierno seguirá esta segunda opción y deberá buscar un reemplazo. El ministro será censurado por el Congreso. La consecuencia inmediata será que el Ejecutivo quedará debilitado. Pero puede que logre su cometido de cargarle al fujimorismo el costo político de su decisión.

La frase del presidente Kuczynski en Arequipa "No quiero confrontación (con el Congreso), pero tampoco quiero que me chanquen", suena más a un pedido de un cuarto intermedio, un toque de campana que lo salve, antes que una advertencia en señal de poder.

Por otro lado, la propuesta de reunir a Keiko y Pedro Pablo para acordar un pacto sobre reformas puntuales o sobre políticas públicas o incluso acordar una especie de cogobierno –siendo teóricamente posible y políticamente deseable por el establishment–, ha sido desairada por el vocero de Fuerza Popular, el congresista Galarreta.

El fujimorismo no quiere un acuerdo en las alturas. Tampoco quiere compartir el poder. Reclama el poder que considera suyo a través de la fuerza mayoritaria de los votos que tiene en el Congreso.

Este es el nudo gordiano de la relación Ejecutivo-Legislativo.

Ampliar la base del gobierno, construir una alianza que reequilibre las fuerzas políticas, es un imperativo para el gobierno. El otro camino es pactar. Pero esto requiere la voluntad de dos. 

La gobernabilidad pasa por un equilibrio de poderes. El otro factor es la opinión pública. Sumar fuerzas y ganar la calle ayudará a emparejar la balanza. Dejar que el Congreso desequilibre las decisiones de gobierno es un juego peligroso. 

Pueden ir por más. Y eso no sería compartir el poder, sino partirlo. Estamos todos avisados.

Cuestión de Confianza

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Está claro que el gobierno no forzará el dispositivo constitucional que tiene para hacer cuestión de confianza sobre el resultado final de la interpelación al ministro de Educación Jaime Saavedra.

Ni siquiera si este resultado fuera la censura.

El mecanismo de activar los artículos 133 y 134 de la Constitución se debatió al inicio del gobierno, cuando se organizó el gabinete y se tuvo que enfrentar el voto de investidura y la aprobación de facultades legislativas delegadas.

En ese momento, se descartó la política de ir al choque con el Congreso. Y se optó por el mecanismo de convencimiento, de negociación bancada por bancada y, eventualmente, por el pragmático razonamiento de ceder y conceder espacios de poder a la bancada mayoritaria.

Todo, dentro de un juego democrático de lo que lo que se conoce en la democracia occidental como Check and Balance, controles y contrapesos.

El ligero cambio de humor percibido en la semana indica que –al menos en teoría–, el tema se puso nuevamente sobre la mesa. El propio jefe de Estado admitió que activar este mecanismo –la cuestión de confianza– era una posibilidad.

Pero fue más un ejercicio teórico que otra cosa. El Ejecutivo está en Modo On en su relación con el Legislativo. Su percepción es que no estamos ni de lejos en un escenario de conflicto total o quiebre institucional.

Y no le falta razón. Estamos apenas en un pulseo de fuerzas, moderado con la reciente publicación de los resultados de la prueba PISA que si bien no son para saltar en un pie, al menos, indica claramente el camino a seguir.

A estas alturas sería necio que el resultado de la interpelación al ministro de Educación sea la censura.  No solo le haría daño el gobierno que perdería un alfil, sino que sería contraproducente para la propia bancada mayoritaria que no podría sostener su victoria ante la opinión pública.

De todas formas habrá que estar atentos para el debate no se salga de cauce. Aquietar las pasiones.

El ministro Saavedra deberá tener la paciencia de Job para no pisar el palito frente a los ataques que soportará mañana; de todo calibre, incluso a nivel personal con el trabajo de su esposa en la SBS.

Responder el pliego interpelatorio con solvencia y serenidad es su boleto a conservar su puesto en el Ejecutivo. No la componenda por lo bajo, ni el chantaje por puestos públicos, a que nos tienen acostumbrados algunos "políticos profesionales".

Si de cuestión de confianza se trata, el ministro Saavedra ya tiene ganada la de la opinión mediática. Y la de la calle, con los jóvenes movilizados a favor de la reforma universitaria. Esperemos que el Congreso entienda este mensaje.

Despachos y despechos

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Remedios de Escalada, la esposa del general José San Martín, no pudo ayudar a su marido en las tareas administrativas del poder. Murió de tuberculosis dos años después de decretarse la independencia del Perú. Pero lo hubiera hecho. Ayudó a recolectar fondos y joyas para la formación del ejército patriótico.

Las esposas de los poderosos no son mujeres que solo atiendan el hogar. En ninguna época. Aún cuando el derecho de género ni se conocía. Ni qué se diga de la compañera de Bolívar, Manuelita Sáenz, la Libertadora del Libertador.

Eso no quiere decir que la cónyuge comparta el poder. No, nada de eso. Pero negar que las esposas de los poderosos formen parte –en la casi mayoría de casos– del primer anillo del poder es negar la historia. Y negar la realidad.

El asunto es rayar bien la cancha. Formalizar ese poder. Evitar que opere en la sombra y que sea objeto de investigación, fiscalización y sanción pública, si fuera el caso. Es mil veces mejor visibilizar y normar las funciones de la cónyuge que dejar en el limbo jurídico sus actividades y roles.

En el país, todas las esposas de presidentes –de facto o no– han centrado sus labores en diversos ámbitos de lo que puede llamarse "ayuda social".

Consuelo de Odría realizaba reuniones, festivales y actividades con el fin de recaudar fondos para "ayudar a las barriadas". Violeta Correa de Belaúnde se dedicó no solo a abrir comedores familiares, regalando equipos de cocina con ayuda privada y pública. Hizo más, por supuesto, pero siempre con discresión.

Susana Higuchi de Fujimori terminó en problemas con el despacho a su cargo al revelar que familiares del Presidente traficaban con las donaciones que recibían del extranjero. Su hija Keiko ocupó su lugar.

Al llegar Alejandro Toledo al poder, no existía una administración civil de Palacio de Gobierno. Todo estaba en manos de la Casa Militar. Por eso, lo primero que se hizo fue crear el pliego presupuestal Despacho Presidencial. Luego se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones  (ROF) y dentro de el, se formó el Despacho de la Primera Dama como órgano de apoyo al trabajo presidencial.  

Eliane Karp orientó su trabajo a visibilizar las comunidades indígenas y afroperuanas y a poner en valor la riqueza material e inmaterial de nuestras culturas milenarias.

Al llegar el presidente García, eliminó este despacho. Sin embargo, asignó a su esposa, oficinas y apoyo administrativo y logístico para que opere dentro de Palacio de Gobierno.

El presidente Humala no restituyó el despacho para la Primera Dama, pero sí creó la Dirección General de Bienestar y Acción Social (DGBAS), desde donde su esposa comandaba las actividades que realizaba.

Hoy, el nuevo inquilino de Palacio decidió modificar el ROF del Despacho Presidencial y crear una Oficina de Apoyo al cónyuge del Presidente con funciones, tareas y presupuestos específicos.

Es lo mejor. Normar es transparentar. Y, de paso, fiscalizar.

Las funciones específicas dependerá del estilo de cada cónyuge. Pero, si la señora del jefe del Estado va a realizar alguna actividad en apoyo al esposo-presidente, es mejor que la ley establezca los alcances, límites y responsabilidades. El despacho va. El despecho, la ojeriza y la crítica malsana, no.

Poderes que se respetan

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No hay un choque de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo. Todavía. Lo que hay es un Congreso que busca imponer su juego de local frente a un Ejecutivo que por ahora no busca ni quiere confrontar. Uno propone, el otro dispone, digamos.

No hay por qué alarmarse. Es el natural reflejo del peso político que dejó la campaña electoral. Un poder fracturado, cada quien comandando o la Plaza de Armas o la Plaza Bolívar, pero con corredores que comunican o pretenden hacerlo uno y otro espacio. 

El reparto de la baraja del poder.

Esto genera el natural tira y afloje de la acción política. Un Ejecutivo que solicita facultades legislativas antes que vencer a su vecino, debe convencer, interceder... y, por qué no, ceder.

Contra lo que puede suponerse, esto es positivo, siempre que no se exagere en el uso de la fuerza de los votos. Ceder no solo por conceder, sino para recibir.

Un Legislativo duro en otorgar las facultades obliga al Ejecutivo a prepararse mejor. Esta alta calificación en la defensa técnica y política del pedido de facultades, obliga por su parte a los congresistas, a exigirse más frente al tercer espacio en el que se dirimen finalmente todos los esfuerzos políticos: la opinión pública.

El Legislativo es consciente del límite que tiene su rol fiscalizador, reglamentarista o procedimentalista, en el debate parlamentario. Pasarse de la raya puede hacerlos ver como obstruccionistas.

De manera que, en el fondo, los poderes del Estado vienen desplegando sus mejores esfuerzos y en medio de tires y aflojes, declaraciones altisonantes o reactivas, reclamando respeto o acusando la falta de él, Ejecutivo y Legislativo compiten entre sí por la aprobación de la opinión pública.

Los poderes del Estado están en pleno movimiento, activando la tensión y dinámica propias de su expresión y peso político específico, para llegar a ese punto de equilibrio y verdadero respeto que otorga el mecanismo constitucional de checks and balances (controles y contrapesos).

La reciente encuesta del poder de IPSOS refleja lo intrincado que ha resultado la madeja del poder: los primeros dos lugares lo encabezan los líderes del Ejecutivo y Legislativo, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, respectivamente. Tercero en la línea del poder, se ubica el Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala y cuarto, la Presidenta del Congreso Luz Salgado.

Esto indica que el poder no solo se parte y se reparte. También se respeta. El pulseo ha comenzado. Veremos hasta cuando se mantienen las buenas formas.

UIF... ¡Uf!

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Hay un problema con el tema de la delegación de facultades para reformar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Pero no es su inconstitucionalidad.

Lo peor es un larvado movimiento de Jiu-Jitsu que podría estar gestando el otro lado del poder anclado en el Legislativo. Veamos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es un órgano técnico, de línea, dependiente de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Se encarga de recibir, detectar, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la prevención y detección del lavado de activos y/o del financiamiento del  terrorismo.

Es una especie de radar de movimientos financieros y/o bancarios sospechosos. Detecta, informa, pero no investiga. Tampoco denuncia. Menos, persigue.

Elabora informes de inteligencia financiera y comunica al titular de la acción penal, el Ministerio Público, si encuentra algún patrón sospechoso de lavado de activos.

Puede igualmente informar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) si descubre información que pueda atentar contra la seguridad  nacional.

No informa a los organismos electorales. Ni a los medios de comunicación. Que el juez autorice hacerlo tiene también un problema. El juez no puede actuar de oficio. Tiene que actuar en el marco de una investigación.

Pero la titularidad de la investigación es del Ministerio Público. No del juez. Ni de la UIF. 

La UIF no puede abrir una investigación. Tampoco puede solicitar al juez iniciar un proceso. Quien debe hacerlo es el fiscal.

El secreto bancario es un derecho constitucional. El juez, el Fiscal de la Nación o una Comisión Investigadora del Congreso, pueden, en efecto, quebrar este derecho, dentro de una investigación.

Pero decíamos que este no es el problema mayor. Lo más grave es que el Congreso aproveche este tema de la delegación de facultades para reformar el origen mismo de la UIF. Y le de vuelta al asunto.

No aprobar la delegación de facultades en este caso podría significar que el Congreso pretenda debatir in extenso las funciones y alcances de la UIF.

Aprovechando el peso de los votos, podría incluso decidir "elevar" la autonomía funcional de la UIF y terminar aprobando que el titular del organismo ya no sea designado por la SBS, sino "elegido democráticamente"... ¡por el propio Congreso!

Jiu-Jitsu político. El poder del número. Tal como se hizo con el Defensor del Pueblo y se pretende hacer con el jefe del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional.

Homo pragmaticus

El pragmatismo no es una corriente filosófica, pero sí una vía anchurosa del pensamiento. En política, obedece a tomar decisiones no en base a ideologías o doctrinas rígidas u ortodoxas, sino a criterios amplios, heterodoxos, no historicistas ni deterministas, sino más bien prácticos, funcionales.

El pragmático político analiza lo que funciona en un contexto y tiempo determinado. Toma decisiones en base a resultados, a lo que considera es mejor para conducir la nave al puerto deseado.

En lugar de analizar las ideas, los postulados o su raíz política y su grado de cercanía, convergencia o distanciamiento, el pragmático prefiere centrarse en el estudio concreto de las circunstancias.

No tiene rivales permanentes –tipo capitalistas versus comunistas o izquierdistas versus derechistas–. Sus diferencias son solo temporales, mientras dure la lucha política electoral, por ejemplo. 

Entendiendo esto,  no es raro que llegue a acuerdos con sus adversarios. El pragmático se pregunta primero qué necesita para gobernar, antes que a quién. Su palabra favorita es: Gobernabilidad.

Puede formar una coalición política sin firmar documento alguno, o sin que se note en el debate, si llega a la conclusión que necesita una mayoría para gobernar. Así, puede ceder organismos como la Defensoría del Pueblo, la Sunat o más, si considera que eso ayuda al bien mayor: llevar adelante su plan de gobierno.

Todo entra en el juego de las conversaciones políticas a la hora de formar un acuerdo o coalición. Aún cuando en la práctica nadie hable de acuerdos o coaliciones, bien sabemos que éstas pueden formarse por coincidencias o cercanías programáticas, o en base a la pragmática distribución de puestos públicos.

No es un toma y daca. O una repartija. No. Es pragmatismo duro y puro. El resultado simple y racional de una forma de pensar y actuar: no hay experiencia del pasado que valga. Toda experiencia es nueva, pertenece a un tiempo determinado y cambiará con seguridad en un futuro próximo.

El pragmático vive el momento. Es el Carpe Diem de la política. Vive de la acción y los resultados en tiempo presente. No del pasado y su visión determinista y/o pesimista.

Siendo el presente su fortaleza es al mismo tiempo su mayor debilidad. El homo pragmaticus absoluto puede incubar y desarrollar una cierta incapacidad para prever lo que ocurrirá en el largo plazo. De tanto mirar siempre el momento que vive, puede desarrollar una miopía que le impida ver a la distancia, en un futuro cercano, las consecuencias de sus acciones presentes. 

La Tecno Sociedad

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Las nuevas tecnologías generan cambios no solo en el campo científico, sino en nuestra vida diaria. Muchas veces, estos cambios irrumpen en la sociedad sin regulación, generando un cierto caos por el choque de derechos.

Y es que el derecho camina a la zaga de la innovación. Y es natural que así sea. No se puede legislar lo que no existe.

Sucede ahora con la incursión de Uber, un negocio electrónico por Aplicación del servicio de taxi. Y ocurre también con Pokemón Go, el popular juego de Realidad Virtual Aumentada, cuya práctica se ha visto regulada por un alcalde distrital.

Para nuestro estándar de taxis informales, descuidados y hasta peligrosos, Uber es, en efecto, un mejor sistema de transporte privado de pasajeros. Su problema no es de precio, unidades o calidad de servicio. Su dificultad es que los vehículos que ofrecen este servicio no cuentan con la autorización municipal y demás requisitos que demanda la ley. Y eso se llama competencia desleal.

En el caso del juego de Pokémon Go, la Municipalidad de La Punta, en el Callao, reguló a través de una ordenanza los horarios y lugares específicos donde se puede activar este juego. Para quienes violen la ley, se establece una multa de  395 soles e incluso la retención del teléfono celular.

La pregunta es: ¿puede cualquier persona esgrimir su derecho al libre tránsito, perjudicando el derecho a la tranquilidad de los vecinos en su propiedad? No. No hay derecho absoluto. El derecho de uno termina cuando se vulnera el del otro. La autoridad debe regular este derecho pensando en el bienestar general. El decomiso del teléfono sí parece un exceso.

Las nuevas tecnologías, siempre que no estén orientadas a la guerra, son por lo general, para mejorar u optimizar la calidad de vida de la gente. Pero, como hemos visto en estos dos ejemplos recientes, sus implicancias en la vida diaria pueden traer dificultades impensadas.

En el mundo desarrollado se realizan intensos debates sobre el número de desempleo que generará la robotización o automatización completa de los procesos de producción en las grandes fábricas.

La tecnología a lo largo de la historia ha tenido un impacto positivo o negativo en nuestra sociedad, pero no se puede negar su proceso indetenible, ni su evolución inherente al desarrollo humano.

Estamos en la era del conocimiento. La microelectrónica, la biotecnología, la tecnología química, la investigación genética, la nanotecnología, la robótica, son parte de nuestras vidas y cambiarán nuestra forma de ver y entender el mundo. 

La realidad aumentada cambiará la industria del entretenimiento y ojalá también el de la cultura y nuestra forma de aprender. El cibersexo será la evolución tecnológica de la pornografía y al mismo tiempo, la expresión de nuestra más terrible orfandad y desintegración como seres sociales.

Ahora mismo, en Sillicon Valley, se prueba el primer vehículo conducido sin chofer, manejado completamente por una computadora. Su ingreso al mercado es solo cuestión de tiempo. Cuando eso ocurra, desaparecerán los taxistas, incluidos los ahora modernos de Uber. Entonces, habremos ingresado a un nuevo estado evolutivo: la tecno sociedad.

El muro que nos separa

El muro es un monumento al miedo. Levantamos una barricada para defendernos o protegernos, aislarnos. Es una muralla a lo desconocido.

Los seres humanos lo han hecho todo el tiempo.

Las primeras culturas se asentaron y aislaron en las alturas, en las colinas, al borde de los precipicios, para evitar el asalto de comunidades enemigas.

Hicieron muros de piedra y torreones para vigilar y mantener ventaja estratégica a distancia.

Los chinos construyeron su muralla para defenderse de los hunos.

Los castillos medievales cavaron fosos y levantaron puentes levadizos para aislarse del pueblo.

Los nazis construyeron el muro de Berlín para dividir políticamente la nación germana.

En Israel existe un muro que divide a su pueblo de los palestinos.

Trump insiste en levantar un muro entre México y Estados Unidos.

En Las Casuarinas (Lima, Perú), existe un muro que separa a los vecinos pobres de San Juan de Miraflores.

En diversos distritos de Lima y del interior del país, se tapian ventanas, se cierran barrios con rejas, tranqueras, y se colocan alambradas de púas o eléctricas para defenderse de la delincuencia.

Cuando el miedo nos invade, elevamos muros de fierro, cemento o piedra.

Pero, Daron Acemoglu y James Robinson, demostraron hace tiempo que lo que separa  a los pueblos no es algo que podamos construir.

En "Por qué caen las Naciones", los profesores de MIT y Harvard demostraron que lo que divide a Sonora (Estados Unidos) de Sonora (México), no es el idioma, ni la geografía, ni la cultura, ni la religión, ni la música.

Ni un muro o alambrada. Ni siquiera una frontera o accidente geográfico.

Lo que divide y diferencia a los pueblos es la naturaleza de sus instituciones. El modelo político y el tipo de economía –inclusiva o extractiva– que desarrollan.

Nos divide el miedo y la estupidez.

Los muros físicos no impedirán que los pueblos busquen mejores oportunidades de vida.

Los muros de fierro y cemento caerán, como cayó el muro de Berlín, a combazo limpio.

Más difícil será derribar el muro mental que históricamente separa al hombre del hombre.