Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

24 abril, 2013

Bolivia presenta demanda a Chile ante La Haya


En un hecho histórico, Bolivia demandó hoy a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por su centenario reclamo de una salida soberana al océano Pacífico. La demanda pide que este organismo obligue a Chile a sentarse a dialogar sobre una “pronta” y "efectiva" solución a este diferendo. Chile respondió que esta "no tiene fundamento jurídico".

La comisión boliviana encabezada por el canciller David Choquehuanca presentó la demanda aproximadamente a las 9.30, hora boliviana, y al salir de la sede de la CIJ, la autoridad leyó un comunicado oficial en el que se explican los argumentos de la acción judicial.

“La demanda boliviana solicita a la Corte Internacional de Justicia falle y declare que Chile  tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al océano Pacífico. Esta solicitud no se basa en el Tratado de 1904”, dijo Choquehuanca.

Explicó que los argumentos fueron elaborados durante dos años de trabajo y aclaró que la acción ante La Haya no implica un acto de provocación contra el gobierno ni el pueblo chileno.

“Bolivia aclara que la presente  demanda no es un acto inamistoso contra Chile ni su pueblo, busca encontrar una solución definitiva a un centenario problema de interés hemisférico. Bolivia acude a esta vía luego de agotar todos los medios de  diálogo y debido a las constantes dilaciones de los gobiernos chilenos en relación al justo reclamo del derecho boliviana a retornar al mar de manera soberana”, se lee en el comunicado oficial.

También se explica que el requerimiento fue presentado en el marco de la integración y la complementariedad que debe haber entre las naciones y con el objetivo de resolver el "injusto" enclaustramiento que fue impuesto a los bolivianos tras la Guerra del Pacífico.

"Bolivia, convencida de que la paz, la amistad, la buena vecindad y la complementariedad deben primar entre las naciones, hace conocer con dignidad, humildad y espíritu integracionista su decisión a toda  la comunidad internacional, a fin de que acompañen esta demanda, que en derecho y en justicia busca restablecer los derechos de un país injustamente enclaustrado y privado por más de 100 años de la cualidad marítima con que nació".

Minutos después de haber presentado la demanda, el expresidente y agente de Bolivia en este proceso, Eduardo Rodríguez Veltzé, hizo conocer su confianza en la decisión que se asuma en La Haya. "Bolivia deposita confianza en procedimientos CIJ donde debatirá su demanda", publicó en su cuenta de Twitter. Agregó que la CIJ publicará en las próximas horas el texto completo de la demanda, "una vez notificada Chile".

El presidente Evo Morales también expresó su confianza en el proceso y felicitó a la comisión que se trasladó a La Haya. "A nombre del gobierno nacional y de todo el pueblo bolivino expresar nuestro saludo a nuestra delegación a la cabeza de nuestor canciller David Choquehuanca...Bolivia tiene derecho a volver al océano Pacífico con soberanía, ahora esta en manos del Tribunal y estamos confiados", dijo durante un breve encuentro con periodistas.

RESPUESTA DE CHILE

Mientras, desde el Palacio de la Moneda, el ministro del Interior de Chile,Andrés Chadwik, opinó la demanda boliviana no tiene "ningún fundamento jurídico" que la sostenga, por lo que su gobierno la recibió con "absoluta tranquilidad".
"El tratado que nos rige de 1904 sigue siendo y seguirá siendo el tratado permanente que regule y establezca las relaciones con Bolivia y que nos da plena y total garantía de nuestra soberanía sobre el mar de nuestra patria", declaró, según publicaron medios chilenos.

Dijo que su país se encuentra abierto a conversar sobre la base del Tratado de 1904, "pero si se trata de conversar sobre la soberanía marítima, que es lo que ellos pretenden, no hay diálogo posible", ya que "la soberanía marítima de Chile no está sujeto a ningún tipo de negociación".

(Fuente: La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz/09:52 /

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23 abril, 2013

La coherencia de una decisión



Todavía hay muchos dentro y fuera de casa a quienes cuesta creer que la conducta de Alejandro Toledo de proponer la autorización de viaje del Presidente de la República y defender la democracia en Venezuela es perfectamente coherente.

Quizás es difícil explicarlo debido no solo al escaso conocimiento en derecho constitucional de muchos políticos, sino a la presión que existe en diversos sectores para dinamitar el apoyo a la gobernabilidad que asumió Perú Posible.

Pero, como dijimos en un post anterior, la postura de Toledo es coherente con la defensa de la Constitución y la Democracia.

Los viajes del presidente se relacionan a las actividades generales del primer mandatario. Es un mecanismo procedimental que ha estado en todas las constituciones que ha tenido el Perú. El espíritu de esta norma no está relacionada a la capacidad de ejercer control político sobre la política exterior, pues esta materia es una atribución presidencial.

El permiso del Congreso al presidente para ausentarse del país está relacionado con nuestra historia de posibles fugas. Como sostiene el especialista Mario Castillo Freyre, citado por Juan de la Puente, “es un mecanismo de previsión frente a probable dispendios de los recursos del Estado y a la falta de decoro del presidente en su comportamiento fuera del país”.

Los medios y los políticos con cabeza caliente han interpretado el poder de autorización que tiene el Congreso sobre los viajes del presidente como un poder de veto. Es decir, un mecanismo para decidir qué puede o no puede hacer el jefe del Estado en materia de política exterior. Eso puede funcionar –y de hecho así ha sido– para las tribunas. Pero es una postura demagógica, no constitucional.

El otro punto es que el propio presidente Alejandro Toledo en su momento fue víctima de este exceso parlamentario-mediático. Los grupos opositores de entonces ponían mil y un trabas y se negaban a concederle permiso para viajar al exterior y realizar gestiones y lograr el Tratado de Libre Comercio con diversos países.

Las razones que aducían los opositores de entonces eran de orden ideológico. Decían que el TLC era entreguista, parte de la política imperialista global, que sería un desastre para los agricultores locales. Es decir, proponían impedir que el presidente de la República llevara adelante no solo un aspecto sustantivo de su política comercial exterior, sino de la base económica. Cada solicitud de permiso para salir del país era un parto. Pero jamás se le pudo negar un permiso. Esto no ha ocurrido en toda la historia republicana.

Por supuesto que el control politico del Congreso se puede ejercer en todas las materias. Y por supuesto que corresponde a los grupos opositores expresar su desacuerdo en cómo el gobierno maneja la política exterior o la política comercial. Fue en base a este derecho que la oposición de entonces se opuso a la firma del TLC e incluso hubo un candidato que prometió retirar la firma del presidente Toledo, cosa que finalmente no hizo, sino que puso la suya al costado.

El Congreso tiene expedito el camino para interpelar al ministro en cuestión, invitarlo a informar, llevarlo a la estación de preguntas o, eventualmente, proponer su censura. Lo que ahora hay que analizar es si esto conviene o no al país, pero, ese es el camino que tiene el Congreso para ejercer el control político en esta materia. No cabe, por tanto, inferir que el Congreso puede negar el viaje al exterior del Presidente de la República como parte del control político de las relaciones exteriores. Eso no es control político. Eso es pose para las cámaras y las tribunas.

En resumen, al gobierno hay que fiscalizarlo por sus actos. Por sus acciones y resultados. Teniendo en cuenta nuestra porpia experiencia en la materia, no se puede impedir que el Presidente de la República viaje al exterior. Es una prerrogativa que el primer mandatario puede usar o no. Eso fue lo que dijo Toledo. Dejó la decisión en manos del presidente. El presidente Humala pudo no viajar. Prefirió hacerlo. Ahora tendrán que activarse los mecanismos de control politico que existen. Eso es asumir los costos políticos de esa decisión. Y eso es también respetar los mecanismos de la democracia.

Por último, se han cargado injustamente las tintas contra Perú Posible señalando que sus votos fueron decisivos para otorgarle el permiso al Presidente. Falso. Los votos de Perú Posible no hubieran cambiado el curso de la votación así se hubieran expresado en contra. El resultado de la votación fue 53 votos a favor versus 36 votos en contra. Ese día votaron 5 congresistas de Perú Posible. Si se hubieran abstenido la votación hubiera sido 48 votos a 36. Viaje aprobado. Y si hubieran votado en contra el resultado hubiera sido 43 votos a favor versus 41 contra. De todas formas, el presidente Humala viajaba.



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19 abril, 2013

La levedad de la política peruana


Ha habido confusión y tergiversaciones interesadas sobre la posición de Perú Posible en el caso Venezuela. Es producto de la levedad de la política peruana, esa manera ligera de entender las cosas y actuar en caliente.

No se ha querido entender la posición principista de Alejandro Toledo de respetar la atribución presidencial de viajar al exterior con su opinión de fondo sobre el proceso electoral venezolano.

Haciendo una cabriola increíble, algunos saltaron de aprobar en el Congreso la salida del presidente a Venezuela a respaldar la elección de Maduro.

Y así resultó que fujimoristas aparecían como “defensores de la democracia en Venezuela”, mientras que los peruposibilistas eran empujados, casi, casi, a ser cómplices del chavismo. De locos.

La carta de Alejandro Toledo aclara las intenciones malsanas de sus enemigos de siempre.

Allí el líder de Perú Posible señala que una cosa es ser  respetuoso de la Constitución y coincidir en que el presidente tiene el derecho de solicitar permiso a la representación nacional para viajar fuera del país, y otra muy distinta es “inferir que con esa acción se avala o se entrega carta blanca a un proceso electoral irregular y a todas luces no transparente”.

Toledo ha sido uno de los pocos que alzó su voz tempranamente sobre el proceso electoral venezolano. Junto a un grupo de ex presidentes de la Región, lideró esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil latinoamericana para exigir elecciones limpias y transparentes, sin trampas, en Venezuela con presencia de observadores internacionales.

Firmó una carta en ese sentido y dio entrevistas a diversos medios principalmente de Venezuela, Colombia y España. Los medios en el Perú estaban en otra cosa, ocupados en temas  locales.

“Si el Presidente de la República quiere viajar a Venezuela que asuma su responsabilidad política ante el país. Que asuma los costos de apoyar a un gobierno ilegítimo cuyo dudoso origen ha sido denunciado por las fuerzas democráticas de Venezuela y de la comunidad internacional”, ha referido Toledo en su carta.

Y esa es una posición correcta.

De aquí en adelante corresponde analizar el rol que jugará el Perú en el contexto geopolítico regional y ver de qué lado se coloca. Es el papel del presidente y su partido. Para eso ganó las elecciones. Pero también es su responsabilidad.

Corresponde al resto de fuerzas políticas expresarse públicamente sobre este rol. Y siempre se podrá estar a favor o en contra. Si se discrepa, se dirá. Si se cree conveniente pasar de la crítica a la acción, se hará.

Pero que nadie se rasgue las vestiduras presentando muñecos donde no los hay o armando situaciones inverosímiles donde solo hay principios y coherencia en la forma de ejercer la política.

Como ha remarcado Toledo, “La defensa de la Democracia es mi compromiso de vida y sobre eso nunca cambio, ni cambiaré”.


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17 abril, 2013

La nueva crisis venezolana

El papel de la comunidad internacional y de UNASUR

(Editorial Diario La República, 17 de abril de 2013) El resultado de las elecciones venezolanas muestra un país partido en dos, aunque con una muy ligera ventaja electoral del candidato oficialista Nicolás Maduro. No obstante, el pedido de un recuento de votos del candidato opositor Henrique Capriles, el líder chavista se ha proclamado presidente y luego confirmado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El inesperado escenario a tan pocas semanas de la muerte de Hugo Chávez desdice la presunción de que el chavismo iba a revalidar su mandato con una holgada victoria. El proyecto de Chávez evidencia serias dificultades para transcender a este y la pérdida de la mayoría política por sus herederos coloca a Venezuela en la disputa por una nueva hegemonía, una compleja transición donde lo que se pone en debate ahora son los tiempos, el protagonismo de la calle y el papel que jugarán las Fuerzas Armadas.
Este resultado corona una campaña en un país tomado por la institucionalidad chavista, cuyo uso de los resortes del poder fue exageradamente visible; de ahí las 3.000 denuncias de irregularidades electorales y la necesidad de que el resultado sea confirmado solo después del recuento de votos. Esta demanda opositora no fue escuchada y a las elecciones le siguen una disputa que ya supera las competencias de los organismos electorales y la Misión de Observadores de UNASUR. En las últimas horas, la clave del proceso venezolano es sustantivamente política a pesar de la elevación del tono y de las amenazas.
Una victoria de solo 1,5 puntos de diferencia luego de un proceso repleto de irregularidades y con una oposición en alza, constituyen los elementos de una crisis en la que las elecciones son un punto de partida. En esta clave política ya se aprecian los primeros matices: mientras que los gobiernos de la región, de derecha e izquierda, han saludado la victoria de Maduro, y varios presidentes se aprestan a participar en la toma de posesión de este, la oposición democrática venezolana se organiza para una batalla nacional e internacional con pocos aliados todavía fuera de sus fronteras. Solo Estados Unidos ha tomado posición contra Maduro, en tanto que en la OEA desplazada del protagonismo por UNASUR carece de capacidad de incidencia.
En la perspectiva cercana, el principal riesgo es la radicalización del gobierno a partir del uso de la fuerza pública y de los tribunales. En ese sentido, como se ha demostrado en episodios recientes, UNASUR está llamado, más allá de las formalidades diplomáticas, a jugar un papel en la recuperación del diálogo en Venezuela para impedir un ajuste de cuentas con la oposición democrática. El año 2000, la OEA desperdició la oportunidad de incidir activa y creadoramente en el marco de la reelección fraudulenta de Alberto Fujimori. Meses después debió rectificarse aun cuando sus omisiones pasadas le restaron legitimidad en relación a conflictos de esta naturaleza.
En Venezuela se han desatado las fuerzas y van camino a la colisión; el gobierno propone una línea de mano dura y la oposición una estrategia de beligerancia democrática. No existen a la vista espacios y mecanismos que acerquen a las partes y esa búsqueda debería ser la principal labor de UNASUR. Con ese propósito sería ideal que el Perú, que ejerce la presidencia pro tempore de UNASUR, analice su papel en la promoción del diálogo.

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10 abril, 2013

Respuesta al Diario Correo


10 de Abril de 2013.
Diario Correo
Sr. Iván Slocovich
Director
Lima.

Estimado Iván,

Permíteme discrepar con tu columna de hoy titulada “Pobre Toledo” en la que a la luz de medias verdades proyectas comentarios equivocados sobre el papel del Ex Presidente Alejandro Toledo y su rol en el apoyo a la gobernabilidad.

En primer lugar, no es verdad que “desde el día siguiente de su derrota en la primera vuelta electoral del 2011” nos hayamos convertido, como dices, en “aliados de Ollanta Humala”. Tampoco es cierto que “al cabo de 20 meses de alianza estamos a punto de romper palitos con el oficialismo ante el temor a la candidatura de Nadine Heredia”.

La decisión de apoyar a Ollanta Humala en la segunda vuelta electoral fue profundamente meditada al interior del partido. Fue una decisión difícil de adoptar y que puso sobre la mesa lo que para nosotros significaba un retroceso para el país: el retorno del fujimorismo.

Asumimos el rol de garantes no de una persona o un gobierno, sino de la gobernabilidad del país, que debe ser entendida como el respeto a la institucionalidad democrática, la independencia de poderes, la libertad de expresión y los derechos humanos. Por encima del hombre está la ley, que es igual para todos.

En esa línea, la presidencia del Congreso del nacionalista Víctor Isla, no fue una componenda o intercambio de favores. Creímos firmemente en la necesidad de que el gobierno mantuviera su cuota de poder en el Congreso como la tuvimos nosotros cuando fuimos gobierno. Y creemos, por cierto, que esta cuota de poder no es eterna. Puede cambiar si las circunstancias lo requieren. Como también nos pasó a nosotros en el cuarto año de gobierno.

Respecto al "tema Nadine", lo hemos dicho con claridad: no está en nuestra agenda. Ha sido puesta en debate por el Ex Presidente Alan García. No es parte de nuestra estrategia. Forma parte más bien de la estrategia de un adversario politico que busca desesperadamente responder con maniobras distractivas las acusaciones de la Megacomisión.

Por supuesto que en nuestro partido existe libertad de pensamiento y los congresistas y dirigentes son libres de expresar sus puntos de vista al respecto. No somos estalinistas de la opinión.

En esencia, nosotros confiamos en lo que ha dicho el presidente Humala en el sentido de que no se quedará más allá del 28 de Julio del 2016. Cualquier intento de transgredir este mandato sería respondido con absoluta coherencia por nuestro partido en estricto respeto a la ley y en defensa de la institucionalidad democrática. De eso no te quepa la menor duda.

Un abrazo Iván y felicitaciones por tu nueva tarea al frente de Correo. Nos conocemos desde que cubríamos el Congreso de la República y sabes que aprecio tu trabajo.

Atte,

Luis Alberto Chávez
Secretario de Prensa de Perú Posible
Miembro del CEN y la Comisión Política

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04 abril, 2013

La Haya y el jurel


(Por: Diego García Sayán, Jueves, 04 de abril de 2013 | 4:30 am)  Sea cual sea el contenido de la sentencia de La Haya, tanto Chile como Perú se han comprometido  a cumplirla. Esa reiteración ha probado ser muy útil pues ha contribuido a generar un ambiente de tranquilidad en los dos países y a no exacerbar pasiones. Ahora todo está en manos de los jueces internacionales.
Habrá después un contexto diferente al quedar resuelto el único contencioso pendiente entre los dos países abriéndose muchos temas y avenidas a explorar. Podrían ser, entre otros, la dinamización de las conversaciones en el ámbito militar y de la seguridad. Apuntando, entre otros aspectos, a una completa y total limpieza de las minas antipersonales sembradas en la zona de frontera, por ejemplo. También hacia acuerdos de integración energética de manera que, por ejemplo, el Perú le pudiera vender energía eléctrica al vecino del sur. Digo esto solo a modo de ejemplo.

Lo más acuciante y tangible, sin embargo, puede ser definir políticas comunes para preservar los recursos pesqueros precisamente en la zona marítima materia del actual contencioso. Con el objetivo, doble, de preservarlos y de generar un espacio sostenido de cooperación bilateral. La clave allí está en el jurel, por banal que pueda esto sonar a algunos. Esta es la especie para consumo humano de mayores niveles de captura en el Perú. Y la pesquería del jurel es, a la vez, la principal en Chile, usándose esta especie también para harina. Enfrentar la perspectiva de depredación de la principal riqueza pesquera de esa zona que es el jurel, es vital y se anclaría en el papel pionero que los dos países tuvieron en la historia en la protección de los recursos pesqueros.

Es grave lo que viene ocurriendo con el jurel, otrora abundante en nuestro Pacífico Sur. Su biomasa pasó de 30 millones de toneladas a solo tres millones en apenas veinte años.
Espeluznante. Todo por una pesca con controles deficientes. Cierto es que existen disposiciones internas  y acuerdos multilaterales de distinto orden, de los que son parte los dos países. Eso puede haber tenido alguna modesta incidencia en evitar que el daño sea mayor. Los dos más relevantes son la Comisión Permanente del Pacífico Sur y la más reciente Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP- PS) regulada por una Convención que ya fue firmada por Chile, China, Colombia, Nueva Zelanda, Islas Cook, Islas Feroe, Perú y la Unión Europea pero ratificada por casi nadie.
El hecho es que estos mecanismos son obviamente insuficientes. Por eso, es una ocasión de dimensiones históricas para que Perú y Chile emprendan acciones conjuntas pensando en la historia y en las futuras generaciones. Primero, estableciendo en esta área una “zona de colaboración y de protección pesquera” que podría servir de ejemplo en el mundo en la cooperación bilateral. Abarcando tanto la zona económica exclusiva (ZEE) de ambos países como la zona adyacente de “alta mar” (el jurel es una especie que migra). Allí se debería condensar una agresiva política bilateral de conservación del jurel en esos espacios marítimos.

Estableciendo, por ejemplo, topes anuales de captura muy conservadores para las flotas nacionales, controlando de cerca a las extranjeras y concordando en una talla mínima de la especie para que proceda su pesca. Hoy es de 31 cm de LH –longitud de horquilla– en el Perú y de 26 cm en Chile; debería ser no menor de 31 cm en ambos casos.
Además de ello se debería dinamizar una acción conjunta – apuntando a “una sola voz”– en los acuerdos internacionales a cargo de este tema. Por ejemplo, en espacios como la OROP- PS, en donde nuestros países no actúan de manera muy “convergente” que digamos. Además, completando los pasos para que los dos países ratifiquen la Convención sobre Recursos Pesqueros de Alta Mar del Pacífico Sur y apuntando a que las políticas de Estado en esta materia sean semejantes. Tanto en la diplomacia como en el mar con la preservación del recurso frente a flotas de terceros países.

Con pasos como este nuestros países estarían cosechando, mutuamente, para el beneficio e interés de ambos pueblos. Sentando, además, una ejemplar pauta de definición de políticas de Estado conjuntas conservacionistas.  

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