Hay que tener el sombrero bien puesto. Quedó claro que el tema de Las Bambas no es un asunto de privados. El Estado tiene un rol fundamental: cumplir y hacer cumplir la ley, proteger la inversión privada, asegurar el libre tránsito, brindar seguridad, pero, fundamentalmente, defender a los ciudadanos.
No hay Estado sin ciudadanía. El Estado garantiza las reglas de una convivencia pacífica. Cuando esta no es posible, existen los tribunales. Allí se dirimen las diferencias entre privados; en uno de los poderes del Estado.
El problema es cuando el Estado se quita el gorro de garante y se pone del lado de una de las partes, generalmente de los poderosos. Así ha ocurrido con las comunidades campesinas o rurales desde siempre.
En Las Bambas se trató, desde el principio, de hacer las cosas de manera diferente. A los campesinos de Fuerabamba se les pagó por las tierras que ocupaban, se les construyó un pueblo completo en Nueva Fuerabamba, y se les permutó tierras agrícolas y de pasturas en Villa Villa. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué llegamos al punto de estallar un nuevo conflicto social?
La respuesta tiene varias aristas. Es verdad que el Ministerio de Transportes no expropió los terrenos ni le pagó el justiprecio a la comunidad por sus tierras donde ahora pasan centenares de camiones diarios. Pero también es cierto que los comuneros se han negado a que el Ministerio de Transporte tase esas tierras. Lo que ellos quieren ahora es que la empresa les pague un peaje por derecho de uso de la vía. Y probablemente, sientan que fueron engañados y quieren replantear los acuerdos firmados con la minera.
En el entramado de pasiones humanas que explican las posiciones extremas que vemos hoy están desconfianza, el engaño y también algo de codicia. ¿Fueron las comunidades engañadas por la empresa en el momento en que tasaron sus tierras? ¿Negociaron en igualdad de condiciones? ¿Cumplió el Estado con organizar, consensuar y ejecutar planes de desarrollo para las comunidades impactadas por la minería?
Por lo que hasta ahora vamos conociendo, parece que no. ¿Cómo asegurar entonces que las comunidades -cualquiera que esta sea- que se encuentren dentro de una zona con recursos naturales explotables, conviva y procese sus expectativas dentro de un clima de paz?
Lo ideal sería convertirlas en socias de las empresas. Pero si eso no se puede, al menos el Estado debe asegurarles un adecuado asesoramiento legal para acompañarlas y ayudarlas a decidir en el momento que la empresa realice su oferta.
Además de los sectores Energía, Ambiente y Transporte, la Defensoría del Pueblo, que tiene oficinas regionales descentralizadas, podría ser el ente que brinde este tipo de asesoría legal especializada a las comunidades que lo requieran.
Un segundo paso sería no solo tener planes de desarrollo para las zonas de influencia, sino comités de desarrollo local, que administren los fondos que adelanta la empresa minera, con participación de las propias comunidades, debidamente asesoradas, por supuesto.
Si el Estado no cautela el interés de las comunidades, estas buscarán algún tipo de asesoría legal o económica y podrían encontrar a profesionales inescrupulosos que lucran con la ignorancia de la gente, como estamos viendo. Al Estado habría que recordarle en este caso que: al que le sirva el sombrero, que se lo ponga.
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