El paro de julio

Julio no solo es el mes de las Fiestas Patrias, los desfiles militares y el circo, sino también el mes de los paros. El del 79, que marcó el inicio de la apertura hacia la democracia, tuvo lugar un 19 de este mes. Dos décadas después, la marcha de los cuatro suyos, nuevamente para recuperar la democracia, fue también en julio.

 

Si agosto es el mes de los vientos y octubre de los temblores, ¿por qué no considerar a julio como el mes de los paros y las movilizaciones?

 

Como mencioné en estas mismas páginas en julio de 2008, el paro es un instrumento político y una oportunidad para medir fuerzas entre el gobierno y los instigadores del paro, ya sea a nivel nacional o local. 

 

Entre estos dos antagonistas se encuentra la gran mayoría de la sociedad, que se mantiene al margen de los paros y los asuntos políticos más elementales. "Es una mayoría silenciosa que observa los acontecimientos en la televisión. Y eso".

 

Si bien este razonamiento sigue siendo válido, en esencia, existen diferencias entre el paro del 19 de julio de 1979 y el convocado para el 19 de julio de 2023. La diferencia no solo radica en el tipo de gobierno que vivimos en ambos periodos (dictadura versus democracia), sino también en las características de la sociedad que soporta ambas formas de protesta.

 

En los años setenta, el Perú experimentaba los estragos ideológicos de la Guerra Fría y, tanto en la política como en la sociedad, los sindicatos eran organizaciones sociales representativas. La gente aspiraba a tener empleos formales y, de ser posible, se sindicalizaba.

 

Hoy en día, con una economía informal que supera el 80%, los trabajadores sindicalizados son una especie de rara avis. Tanto es así que los sindicatos ya no convocan a paros nacionales, sino a jornadas de protesta.

 

La prueba ácida de la sociedad informal en la que vivimos la experimentamos en la pandemia. La idea de parar la economía cerrando centros de producción y oficinas para frenar el contagio, fracasó.

 

Las millones de personas que viven del día a día no pueden permitirse el lujo de detenerse o encerrarse en sus hogares. Para estos compatriotas desprotegidos, el dilema consiste en arriesgarse y salir a trabajar o encerrarse y morir.

 

Algo parecido sucede con los paros. Una medida de fuerza solo es contundente si existe una plena conciencia de la necesidad de parar, no en los organizadores del paro, sino en la mayoría silenciosa. 

 

Nadie está obligado a hacerlo, pero tampoco se le puede impedir. No es necesaria la violencia, ni siquiera la manifestación pública de salir a marchar. Basta simplemente con la voluntad de parar.

 

No parece ser ese el ánimo de la gente hoy en día. ¿Qué podría cambiar esta situación y hacer que un paro no masivo tenga consecuencias políticas? El nivel de violencia (y muertes) que se genere. Estamos todos advertidos.

 

 

 

Diálogo democrático

El diálogo es consustancial a la democracia. Es el mecanismo mediante el cual las civilizaciones procesan sus desacuerdos, dirimen posiciones y alcanzan acuerdos. Es uno de los pilares de las sociedades modernas, que permite la convivencia social. 

 

No hay diálogo en una autocracia. Al romperse el principio de separación de poderes no hay con quién dialogar. La concentración del poder anula el diálogo entre las partes, pero también con la ciudadanía. Aparece el monólogo.

 

Los filósofos encontraron en el diálogo el mecanismo para ejercer de manera libre la defensa de una posición. El lenguaje desbroza el camino. La argumentación razonada da paso al debate y luego al consenso o disenso pacífico. Si el diálogo se rompe puede dar paso a la violencia. 

 

Por eso, es saludable que en medio de la crisis política que atravesamos se haya convocado a un diálogo en el Acuerdo Nacional. Este es un espacio para debatir los grandes objetivos nacionales, pero en ocasiones de emergencia, como las que pasamos, sirve de foro para proponer y encontrar una agenda mínima. 

 

El intercambio de opiniones entre individuos y colectividades es necesario, sobre todo en un país donde el sistema de partidos políticos colapsó hace por lo menos tres décadas. Sin estas correas de transmisión, el diálogo encuentra otras vías, surgen nuevas colectividades que representan intereses grupales, sectoriales, gremiales, religiosos, muchas veces contrapuestos, a los que también se debe escuchar.

 

La finalidad de la política es regular esos intereses de grupo y otros, no para evitar el conflicto, sino para asumirlo, procesarlo y encontrar solución a las controversias y los desacuerdos. Si la política es la respuesta colectiva al desacuerdo, el diálogo es el mecanismo para lograr que la política dé resultados.  

 

Por eso, en política, la finalidad del diálogo no solo debe permitir que los grupos en conflicto se expresen, sino que lleguen a acuerdos, pacten compromisos realizables y los pongan en práctica. Nunca más firmar acuerdos de mesas de diálogo para levantar la medida de fuerza, que luego se incumplen.

 

El diálogo político, asumido entre posiciones discordantes, o aún contrapuestas, para ser efectivo debe ser democrático y estratégico. Es decir, ser una práctica democrática y tener una finalidad clara. No un momento, sino una característica de gobernar. Dialogo, luego gobierno.

 

Mediante el diálogo se disipan las tensiones producto de la exclusión, la fragmentación o la violencia. Fortalecer el sistema democrático implica, por eso, ejercerlo con tolerancia, realismo y concreción, como expresión sincera y permanente de hacer política.

 

 

* Magister en Ciencia Política.

Artículo publicado en el Diario El Peruano, 2 de enero de 2023.

Partidos 4.0 *

La aparición de Coalición Ciudadana (CC), formada por más de 200 organizaciones sociales, es una bocanada de aire fresco en el sistema de representación política en el Perú, que da signos de agotamiento en toda América Latina. 

Según datos de Graph for Trought de Naciones Unidas, los partidos políticos en la región sufren una crisis de desconfianza y descontento de parte de la población. Los ciudadanos votan más “en contra de” que “a favor de”, como una forma de castigar el sistema político. 

En el Perú los partidos sufren además una crisis de representatividad y de estructura por lo que necesitan transformarse, reconvertirse, agionarse, si desean ser competitivos y mantenerse como opciones válidas. 

La participación de CC en el debate político con propuestas de reformas institucionales, apariciones en medios y colaboración ciudadana mediante plataformas digitales, es un llamado de atención a los partidos clásicos de todo el espectro ideológico. Ninguno de estos nuevos activistas en red encuentran espacio en algún partido político desde donde puedan proponer y actuar. 

Hace tiempo que los partidos han perdido esa conexión con la ciudadanía. No son ni espacios de articulación de intereses colectivos ni enlaces de canalización de las demandas ciudadanas. Tampoco son centros del pensamiento o escuelas de estudio y propuestas de solución de los principales problemas del país. 

Los nuevos espacios de discusión pública como los foros on line, los debates abiertos, los webinar, y la actividad en redes sociales, canalizan el diálogo en diversos temas de interés. Lo que los partidos hicieron cuando surgieron a fines del siglo XIX —activar el debate público—, lo hacen hoy las nuevas plataformas digitales. 

Los partidos necesitan con urgencia ser más permeables a los cambios sociales y tecnológicos. Ello incluye revisar la estructura organizacional del viejo partido de masas creado hace más de 200 años. ¿Secretario de disciplina, de Ideología, de Juventud? Por qué no secretarías de Gobierno local, de regiones y una secretaría por cada ministerio del Gobierno nacional. De lo que se trata es de preparar y especializar a los militantes para convertirlos primero en cuadros y luego en funcionarios probos de Gobierno. 

Si la tecnología puede asegurar el principio de igualdad, transparencia, democracia, participación horizontal y meritocracia, bienvenida sea. La administración política del siglo XIX no sirve en el siglo XXI. El voto de descontento expresado en las ánforas solo da como resultado ciudadanos frustrados con el sistema democrático. 

La democracia se asienta en partidos políticos. Los grupos de interés —como el que acaba de salir— pueden ayudar a presionar la modernización de los viejos partidos. Y quizás hasta los empujen hacia su reconversión en partidos 4.0.

* Artículo publicado en el Diario El Peruano, 24 de noviembre de 2022.

La dignidad del cargo

 

La dignidad de la primera magistratura no puede estar en duda, si queremos ser respetados como Nación. Su deterioro, liviandad o su absoluta falencia, afecta no solo el valor del propio cargo representativo, sino el alma colectiva de los ciudadanos. Degradada la cabeza ¿qué se puede esperar del cuerpo?

 

Y, sin embargo, nos encontramos en esa anomia del poder político. La denuncia de la Fiscalía de la Nación contra el jefe del Estado —independientemente de sus consecuencias legales o constitucionales en el Congreso— es un documento que desnuda la miseria misma del poder.

 

El gobierno elegido democráticamente se presenta como una malformación congénita del arte para gobernar. Una organización pervertida en sus fines que tiene como obejtivo administrar el poder sacando provecho de él; un lúpulo amargo que fermenta cualquier acto lícito de gobernar.

 

La dignidad se tiene o se gana. Empieza por el respeto que uno tiene de sí mismo, y se refleja en el que las personas tienen sobre uno. La dignidad no puede ser sustituida por nada. Ni se compra ni se vende. Es incanjeable.

 

Cuando se ejerce un cargo, la dignidad da como resultado el honor y el respeto. Nadie con más autoridad sobre su pueblo que un gobernante íntegro. He ahí el origen de la palabra “dignatario”. 

 

La actual crisis política que vive el país nos revela que este principio se ha deteriorado. En todo nivel, en toda nuestra clase política, desde el regidor hasta la presidencia de la República, en provincias como en la capital.

 

De manera persistente y progresiva, las inconductas, tropelías, arreglos, repartijas y delitos revelados, reducen el valor y estatus del cargo representativo; y, al mismo tiempo, lo vuelve más apetitoso para los carentes de valores, horadando el valor mismo de la democracia representativa.  

 

Deshonrar el cargo público es traicionar la voluntad popular. Comprar lealtades con puestos públicos, desfalcar el erario nacional, amañar licitaciones, obstruir la función de los órganos juridisccionales, desaparecer pruebas, ocultar cómplices, incoar a quienes lo investigan, ha desbordado todo límite. 

 

La inconducta funcional, la degradación del cargo, le hace daño al país. La lección que debemos extraer de todo esto es simple: quien pretenda ejercer un cargo público debe ser digno de él. 

 

Lo anunció en 1821 Faustino Sánchez Carrión cuando unió dignidad a la condición de vida republicana. Lo que el tribuno quiso decirnos es que, si aspirábamos a ser República, no podía ejercerse representación sin honor. “Elevar nuestros sentimientos a la altura de este título”. 

Dignidad en la vida y —de ser electo— también en la función pública. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempos de hambre y de ira

El más recinte número de la revista británica The Economist trae en su portada, en un fondo negro, el mapa de Latinoamérica en forma de una hoja de uva que empieza a amarillearse en sus contornos, en señal de su decrepitud. How democracies decay es el titular: Cómo decaen las democracias. No es novedad que la democracia retroceda en la región, más como expresión de gestión de gobierno que como sistema político. Una mezcla de desazón, frustración e impotencia podrían explicar este fenómeno que, en verdad, no es propio de América Latina. Ese sentimiento de rechazo se expresa cada vez con más fuerza en la colectividad social, especialmente entre los más jóvenes. La insatisfacción democrática avanza en ausencia de líderes, partidos políticos e instituciones. Y es el espejo en el que el mundo occidental teme mirarse. The warning from Latin American.

 

La corrupción, la violencia delincuencial, la falta de empleo y oportunidades, así como la rapacidad de quienes llegan al gobierno, parecen estar en la base de ese sentimiento negativo hacia el modelo de occidente para gobernar. Frente a regímenes que no logran reactivar del todo la economía, la inflación que vuelve a levantar cabeza, sistemas de salud que no se reforman pese a las debilidades mostradas en la pandemia, y tasas de desempleo y subempleo lastradas por dos años de parálisis, el apoyo a los sistema de gobierno es precario cuando no frágil. Los ciudadanos no se sienten comprometidos en defender la democracia. Lo grave es que esa incapacidad en la gestión gubernamental puede terminar arrastrando el modelo mismo de organización política.

 

En febrero de este año, el Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, con apoyo del LAPOP Lab de la Universidad Vanderbilt (Estados Unidos), y el Barómetro de las Américas, realizó un análisis de la opinión de los latinoamericanos sobre la democracia y encontró razones poderosas que ligan el futuro de esta en la región al desempeño y eficacia de los gobiernos de turno. Una síntesis muy básica sería: si al gobierno le va bien, a la democracia también. O, si el gobierno lo hace bien, la democracia se fortalece. Lo contrario también es cierto. 

 

En esa línea, la subida de precios de los combustibles, la crisis en el abastecimiento de alimentos, la inseguridad ciudadana, la disparada de precios, la precaria educación, son factores de gestión de gobierno que, independientemente de las ideologías o del sesgo político de los gobiernos de turno,  inciden en el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema democrático. Las protestas, si bien son parte del sistema, a la larga, cuando son persistentes, sostenidas, violentas y concurrentes, es decir, que provienen de origen distinto, pero simultáneo, pueden terminar afectando la esencia del régimen político, buscando salidas desesperadas cuando no respuestas populistas y autoritarias.

 

El estudio citado señala que si bien la democracia como concepto es apoyada mayoritariamente en las Américas, “esta actitud está disminuyendo rápidamente en la gran mayoría de los países”. El problema es mayor en los niveles socioeconómicos y educativos más bajos. ¿Qué razones tendrían los menos favorecidos y excluidos en apoyar un sistema que les ofrece cambio cada cierto tiempo y no solo no les entrega resultados, sino malos manejos? 

 

El sentimiento negativo incide también en personas que fueron víctimas de la delincuencia o la corrupción. Pensemos en una señora de una olla común que no toma desayuno, se alimenta una sola vez al día, se priva de comer los fines de semana, sin trabajo, sin educación, enferma, que no le llega un bono solidario y que en el mercado tiene que hurgar entre la basura para conseguir alimento. ¿De qué democracia podemos hablarle o pedirle que la apoye? Con hambre y con frío es difícil pensar en defender la democracia. 

 

Y, sin embargo, no existe otra salida. La democracia debe prevalecer y los gobiernos deben ser eficientes y honrados para robustecerla. The Economist lo señala de esta manera: “Los latinoamericanos necesitan reconstruir sus democracias desde cero. Si la región no redescubre la vocación por la política como servicio público y no recupera el hábito de forjar consensos, su destino será peor”. La política debe recuperar su real sentido, dirimir los conflictos, acortar las desigualdades, administrar con eficiencia y eficacia los recursos de todos; contrapesar las necesidades y equilibrar las oportunidades. Debemos salir del circulo vicioso en el que parecemos entrar a toda velocidad y recuperar el circulo virtuoso del crecimiento, pero con equidad. Si no lo logramos equilibrar la cancha seremos víctimas de nuestras propias iras y frustraciones.

 

 

 

 

Una dosis de grandeza

 

Grandeza y desprendimiento no son palabras que por ahora puedan asociarse a la política. Suenan raras, extrañas, ajenas, a uno de los oficios más antiguos de la humanidad. Sin embargo, existieron en no muy lejanas etapas de nuestra vida republicana. Y hoy las necesitamos con urgencia. 

 

Surgen de vez en cuando en la historia. Aparecen como claraboyas en las casi siempre aguas infectas de la política peruana. A veces pueden ser actos pensados, reflexionados, resultado de contraponer el interés general al siempre pequeño interés personal. Otras, quizás fueron impulsos, corazonadas, impromptus. Pero fueron.

 

Hubo acto de grandeza y desprendimiento en Carlos Ferrero Costa cuando aceptó dejar la presidencia del Congreso de la República —que le correspondía— y ceder el puesto al correcto congresista Valentín Paniagua. Fueron tiempos en los que se necesitaba recuperar la sensatez y el equilibrio de poderes que se perdieron en los noventa e inicios del 2000.

 

Ferrero tenía los votos y su decisión no debe haber sido fácil. Había que estar a la altura de las circunstancias y tener amor al país para asumir una medida de esa magnitud. La historia refrendará que actuó correctamente y se le reconocerá el gesto de abdicar a una natural aspiración personal por un bien mayor.

 

Hubo también nobleza en el gesto de Luis Bedoya Reyes al proponer y apoyar la candidatura de Víctor Raúl Haya de la Torre a la presidencia de la Asamblea Constituyente en 1978. Las componendas y los cubileteos estaban a la orden del día y Haya de la Torre no tenía asegurada la votación al negarse entablar negociaciones con el PPC. El propio Bedoya entendió que ese puesto no sería jamás para él mismo, entre otras cosas, porque Víctor Raúl no lo apoyaría.

 

Bedoya reflexionó junto a Roberto Ramírez del Villar y reconoció la dedicación de Haya a la política. Ingresó a ella a los 23 años, fundó un partido y sufrió destierro a raíz de sus ideas.  Había sido el constituyente más votado. Era un acto de justicia entregarle la presidencia del poder soberano. 

 

En diferentes circunstancias es posible encontrar actos de desprendimiento similares. Se necesita grandeza, pero también espíritu cívico y una cuota de realismo para entender lo más conveniente para el país.

 

La política está llena de actos egoístas, de traiciones, de triquiñuelas y de cotidianos actos de bajeza. Tal parece que solo las sombras la alimentaran. Pero por más oscura que parezca, son estos fugaces chispazos de luz que irradian los auténticos políticos los que hacen posible que esta actividad tenga un brillo de nobleza.

 

Estamos en uno de esos momentos. Requerimos que aparezcan los sentimientos políticos más nobles: desprendimiento, altruismo, serenidad, reflexión y decisión. Se requiere escuchar la voz interior que nos permite renunciar al poder en aras de un ideal mayor. Grandeza no es un hecho grandilocuente. Ni estrambótico. Ni heroico, siquiera. En política, grandeza es un pequeño gesto que adquiere esa dimensión cuando pasa a la historia.

¿Y dónde están los políticos?

En circunstancias diferentes la crisis política permanente que atraviesa el Perú debería provocar un realineamiento de las fuerzas democráticas para arribar a un pacto que ponga freno al evidente deterioro no solo del gobierno, sino del sistema institucional.

Es un momento como para que los líderes políticos tomen la batuta y conduzcan el país hacia una solución o insurjan nuevos liderazgos con ideas claras sobre el qué hacer y con capacidad para armar una propuesta, comunicar bien el mensaje y movilizar y persuadir a las masas.

Pero no. Ni uno ni otro aparecen. 

Los líderes que necesitamos no existen más, y los nuevos tampoco. Es como si hubiéramos caído en un estado profundo de crisis de representación, de anomia de líderes carismáticos, huérfanos de ideas y deseos.

El Gobierno es más un intento fallido que un gobierno. Y sin embargo, dirige el país. Lo zarandea, lo resquebraja y, por fin, lo coopta de medianía. Mientras las instituciones languidecen, los poderes informales y lumpenescos ganan el forcejo al Estado y obtienen amnistía en multas y papeletas.

Y una vez más: ¿dónde están los profesionales de la política para ayudarnos a salir del atolladero? Paralizados en una especie de catatonia política. El campamento de Cuajone no tiene agua hace más de 40 días y nadie parece interesado en solucionar este problema. Esta falta de criterio en el manejo del Estado pone en riesgo la institucionalidad democrática que los peruanos —haciendo de tripas corazón— hemos amalgamado en los últimos años. 

La crisis política permanente que el Gobierno provoca amenaza con disolver este tejido institucional. Y, lo que es peor, deslegitima la democracia como sistema de gobierno. A tal punto que se empieza a vender la idea de que el descalabro de precios que padecemos se soluciona con un cambio de Constitución. 

Es como si se quisiera activar con calzador el “momento constituyente” cuando en realidad no estamos, sino, ante un “momento desfalleciente”. Desfallecen nuestros políticos, desfallecen las propuestas, desfallecen las ganas.

El problema con esta incapacidad en todos los frentes es que se puede provocar el abatimiento del propio sistema democrático. Si las soluciones al problema que vivimos no vienen de la civilidad, en un momento de máxima tensión, podría salir de los cuarteles. 

¿Qué esperan para empezar a mirar el cambio de la Mesa Directiva del Congreso y preparar la sucesión constitucional con criterio e incorporar en ella a congresistas como Roberto Chiabra o Gladys Echaíz?

¿Por qué no se autoconvoca el Acuerdo Nacional y firman de una vez todas las reformas mínimas que necesita el país no solo para pasar la página actual, sino para escribir en serio las que vienen?

¿Por qué nadie ha asumido la propuesta de Sagasti de juntar 76 mil firmas para reformar la Constitución y adelantar el proceso electoral?

¿Por qué no se discute en serio el proyecto de ley de la congresista Adriana Tudela para recortar el mandato de los congresistas a la mitad del actual periodo y aprobar su reelección?

Señores políticos, pónganse el alma. 

 

 

 

 

 

 

Gabinete en la sombra

 

No es el shadow cabinet del parlamento inglés, formado por legisladores de la oposición que fiscalizan cada uno de los ministerios del Gobierno de Su Majestad. Tampoco es una idea que circuló hace un tiempo en el sentido de formar en los partidos políticos comités espejo del Poder Ejecutivo para hacerle seguimiento a las políticas sectoriales del Gobierno de turno. No. 

 

El sentido de gabinete en la sombra que se ha conocido esta semana en el Perú alude a un poder paralelo dentro del propio Gobierno, que suplanta las funciones ministeriales, administra la agenda presidencial y ejecuta por sí y ante sí decisiones que franquean la delgada línea de lo indebido y lo ilegal.

 

Se trata de un grupo de asesores presidenciales que funcionan, en efecto, en la sombra, aconsejando al jefe del Estado, tomando decisiones del más alto nivel, ejecutando acciones por encima o al margen de los ministros, sin tener por ello responsabilidad alguna. Usurpando el poder, diría la historiadora Carmen Mc Evoy.

 

No es un gabinete, por cierto. Ni siquiera llega a ser un círculo de poder. Es apenas una camarilla de asesores mediocres que de la noche a la mañana se encontró en las ligas mayores del poder. Y en ese nivel juega con las reglas que sirven para los niveles iniciales y torcidos de la política populista, patrimonialista, mercantilista e informal de la que provienen. 

 

Es una forma de manejo que tienen muchas instituciones populares. Un producto de la precarización de la política en la que estamos empantanados desde hace décadas, que perfora la democracia, donde vale el compadrazgo, el amiguismo, la componenda, las relaciones turbias, el arreglo al margen de la ley. 

 

El gabinete en la sombra debiera ser una forma de convocar a la intelligentsia partidaria, sea que funcione dentro de la organización política o en el Congreso. No puede ser una modalidad para medrar a costa del Estado. Estos furúnculos de poder deben ser extirpados de raíz. Si se les deja activos se reproducen en todo el sistema, atrofiándolo.

 

Un Gobierno requiere fortalecer su capacidad de tomar decisiones. Decisiones eficientes y eficaces para enfrentar y solucionar los problemas que demanda conducir el país. Más que ningún otro funcionario, el presidente de la república requiere un equipo de asesores o consejeros que lo ayuden a cumplir su misión, estableciendo con claridad las prioridades políticas, económicas y sociales de su gestión.

 

Las habilidades personales del jefe de Estado no bastan. Menos aun cuando el presidente carece de ellas. El presidente se nutre de sus asesores, quienes no reemplazan en modo alguno a los ministros. Los asesores facilitan la toma de decisiones presidenciales. No tienen ni desarrollan agenda propia. Son de perfil bajo, aunque, eventualmente, pueden cumplir alguna función encomendada por el presidente que los pone en el foco de la atención pública.

 

Un líder necesita un equipo de asesores o consejeros. No un gabinete en la sombra, ni una piara de aprovechadores.

El centro político y el Estado centrado

En un país fraccionado y de extremos como el Perú, de profundas desigualdades económicas y sociales, no es raro que las posiciones políticas se radicalicen. Hasta se podría decir que es el curso natural de las cosas. El quintil rico es una franja estrecha, mientras los quintiles pobres son espacios anchos y desbordados. ¿Por qué habrían de pensar igual o defender los mismos intereses? 

 

La pandemia no ha hecho más que agravar esta diferencia. 

 

¿Qué pueden esperar los pobres en una situación apremiante y angustiante como la que viven a diario? ¿Defender la democracia, la libertad, el equilibrio de poderes, la Constitución? No es su prioridad. Su prioridad pasa por buscar el alimento para sobrevivir. Curar la salud. Sin educación, sin trabajo, enfermos y casi sin oportunidades, la necesidad extrema los empuja a soluciones radicales, extremas, desesperadas. 

 

Los valores y fundamentos de la democracia, siendo imprescindibles, carecen en la desesperanza de la fuerza del convencimiento objetivo para fortalecer el sistema. Es como si la angustia y la preocupación por el diario vivir nublara la razón. Pero no es así, nada más lúcido que defender primero la vida. Aunque esta sea solo sobrevivir.

 

El centro político en estas circunstancias no puede entenderse como un punto geométrico, equidistante en el plano económico o social del país, porque la línea económico social no es equilibrada. Si el desbalance es desproporcional el punto de balance también lo es. Por eso, alcanzar el “justo medio” no es ubicarse en la mitad, sino un poco más abajo, allí donde están la mayoría de los ciudadanos y sus reclamos.

 

Ser de centro significa recoger y atender las demandas que tienen los pobres en educación, salud, justicia, trabajo, servicios básicos, infraestructura, lucha contra la anemia, discriminación. Por nombrar solo algunas de las carencias. Lo que pasa por dirimir el falso dilema de mercado versus Estado. No es posible pensar —como creen los ultraliberales— que el libre juego del mercado resolverá los problemas y que cualquier intromisión del Estado es perjudicial. Tampoco es posible irse al otro extremo —como creen los ultraizquierdistas— en un Estado interventor que distribuya riqueza, cuando todos sabemos que en realidad lo que hará será distribuir pobreza.

 

Lo que en verdad necesitamos es un Estado fuerte. Fuerte no en el sentido de Estado burocrático, sino fuerte en el sentido de que sea capaz de ofrecer resultados. Un Estado débil es aquel que no puede administrar con eficiencia su sociedad. Un Estado fuerte es, en cambio, un Estado eficaz, capaz de ofrecer buena educación y salud, así como buenos servicios. Un Estado fuerte es a la vez un Estado promotor de las iniciativas individuales y sociales, y al mismo tiempo, promotor de la igualdad de oportunidades. 

 

Necesitamos un Estado que allane la cancha para todos, no que la incline para unos pocos en detrimento de las mayorías. Eso es tener un Gobierno de centro. Un Gobierno centrado en atender y resolver las demandas urgentes de quienes nacen en desigualdad de condiciones para beneficio de todos.

El Estado informal

Parece un oxímoron —la figura retórica que nace de la combinación de dos palabras de significado opuesto—, pero en el Perú no lo es. El Estado, la organización jurídica de la nación, la definición más ajustada a lo formal, alcanza en nuestro país dimensiones de todo lo contrario. 

 

Un Estado informal es la realidad de todos los días, que por lo mismo ya no llama la atención. Atraviesa la estructura orgánica de cabo a rabo. 

 

El Estado informal está en el cuaderno de ocurrencias de la comisaría de barrio, que anota el robo de tu celular o de los espejos de tu carro sin que se despliegue investigación alguna.

 

Está en la receta médica que prescribe un galeno en el hospital público y que no existe en la farmacia, sino en la cadena de boticas privadas que se disputan a los clientes frente al nosocomio.

 

Está también en las precarias carpas que se levantan en las afueras del hospital infantil donde durante semanas pernoctan los padres que vienen de provincias para asistir a sus hijos enfermos.

 

Está en el policía de tránsito que recibe un sencillo del infractor antes que cumplir con su deber y colocar la papeleta o perdonar al que transgrede la ley si la falta es leve.

 

Está en el secretario de juzgado que se reúne por lo bajo con alguna de las partes y coloca o reacomoda el expediente según sea el arreglo al que haya llegado.

 

Está, por cierto, en el Congreso de la República cuando aprueba proyectos alargando el uso de colectivos informales en corredores viales destinados —¡qué sorpresa!— para empresas de transporte formal.

 

Y está en el propio Poder Ejecutivo cuando nombra sendos funcionarios en cargos de primera importancia sin que tengan la experiencia ni las credenciales para el buen desempeño de la función pública. 

 

Pero, sobre todo, está en todos los mecanismos en donde lo que campea es la corrupción.

 

Antes de la pandemia ya teníamos más del 73% de nuestra economía en la informalidad (OIT, 2020). Hoy, ese porcentaje se ha disparado a más del 80%. 

 

En Chile, a propósito del debate presidencial que definió a su futuro presidente, se debatía con asombro el crecimiento de la informalidad económica en ese país al 30%. ¿Se imaginan al Perú con esos indicadores de informalidad?

 

El fenómeno informal en la economía es claramente, sobre todo al comienzo, una forma de subsistir. En la política, en cambio, es una señal de disfuncionalidad.

 

Nadie puede cuestionar que la informalidad económica ha resuelto el problema del empleo. Pero del empleo precario. La informalidad ha sido una válvula de escape de sociedades al límite como la nuestra.

 

Pero la informalidad política, desde el Estado, revela algo peor que la precariedad del puesto de trabajo. Revela la precariedad del sistema.

 

Un Estado que no puede proveer servicios públicos de calidad tiene un problema mayor que solo tener malos funcionarios. Un Estado informal retrae, desfavorece el propio desarrollo nacional.

 

El Estado informal perfora la confianza en el sistema. Y como todo sistema que falla y cuyo final es el desmoronamiento, un Estado informal es el paso más seguro a un Estado fallido.

 

 

Corrupción, política y salmones

Hace por lo menos un mes se publicó una encuesta de IPSOS Internacional, que casi no ha tenido difusión en nuestro país. Se trata de un documento que toma el pulso a la situación política y económica en 25 países del mundo con la finalidad de conocer el estado de ánimo o sentimiento de la población respecto a lo que sucede en su país.

 

Los resultados indican que, en general, los países, las sociedades, están fracturadas:

 

§  En promedio, 71% piensa que la economía está amañada en favor de los ricos y poderosos.

 

§  72% piensa que la élite política y económica no se preocupa por las personas trabajadoras.

 

§  70% piensa que la principal división en nuestra sociedad es entre personas comunes y la élite política y económica.

 

§  65% piensa que los expertos locales no entienden las vidas de la gente trabajadora.

 

Esta percepción de una sociedad dual enfrentada entre sí, dividida por intereses económicos diferentes, opuestos, tiene un correlato que no beneficia a la democracia. 

 

Frente a esta situación de bipolaridad sociopolítica, no es de extrañar que:

 

§  64% desee “un líder fuerte que le quite el país a los fuertes y poderosos”.

 

Incluso que:

 

§  44% desee “un líder fuerte dispuesto a romper las reglas”. Es decir, un autócrata.

 

Los partidos políticos son las primeras organizaciones que pierden en la evaluación de la opinión pública:

 

§  68% piensa que los partidos y políticos tradicionales no se preocupan por la gente común.

 

§ 81% piensa que los políticos siempre terminan encontrando maneras de proteger sus privilegios.

 

§  60% dice que los temas políticos más importantes deberían ser decididos directamente por la gente, a través de referéndums, y no por quienes tienen cargos electos.

 

El Perú no escapa a esta sensación de pozo ciego, de callejón sin salida. Y en algunos ítems el promedio, incluso, es más elevado. Es muy sintomático que estos sentimientos populistas y antiélite vayan de la mano con los índices de corrupción que perciben los ciudadanos en sus países. A mayor corrupción, mayor desencanto.

 

En este contexto, proponer una salida razonable parece una tarea titánica, de apóstoles y feligreses, más que de gobernantes y gobernados. Las sociedades tienden a la polarización y al extremismo producto de la desesperación o del fracaso de quienes detentaron el poder. El balance de los actos de gobierno ha sido calamitoso. El resultado de la gestión puede haber sido bueno o regular, pero cualquier resultado mediano o grande termina diluyéndose frente a cómo terminaron los gobernantes. 

 

La corrupción degrada el acto político. El entusiasmo inicial se transforma en frustración y este sentimiento deviene pronto en desconfianza. Y cuando llega a este punto renace el populismo y el sentimiento autoritario.

 

Hay, sin embargo, un espacio para la batalla. Las elecciones recientes en el Perú no reflejan aún esa polarización, aunque el discurso oficial y la oposición más activa pretendan hacernos creer que sí. 

 

El debate político está polarizado, pero no la sociedad. Esta se posiciona casi en tres tercios. Lima mayoritariamente en contra del Gobierno, las provincias del sur a favor y las provincias de la costa y de la selva casi en un empate. 

 

El centro democrático es la salida sensata para no terminar dentro del pandemonio político extremo al que avanzamos a pasos agigantados.

 

Recomponer y recuperar el acto político como principio de conducta es un imperativo. Mientras caigamos en los vicios de siempre y no ventilemos la actuación e intereses públicos, diferenciándolo de los actos e intereses privados, será muy difícil. La política debe ser en esencia un acto decente. 

 

Eso es imposible, pensarán algunos. Es como nadar contra la corriente. Es verdad, pero eso hacen los salmones, y triunfan.